Jorge Rúben Ibañez Oropeza

Expediente 1802/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 27 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1802/2019
Año
2019
Actuaciones
27
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Jorge Rúben Ibañez Oropeza
  • Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación Y Arbitraje, Con Sede En Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, en específico el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector concedido en autos y se ordenó el archivo del presente expediente; sin embargo, se omitió proveer respecto de los legajos de pruebas que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda consistentes en copias certificadas del expediente laboral 385/2015 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en dos tomos; en consecuencia, al no ser necesarios por virtud del estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, devuélvanse los mismos a la parte quejosa. Luego, de conformidad con el párrafo segundo del precepto 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal con el propósito de recoger los tomos de pruebas que exhibió, en la hora y fecha que agende su comparecencia; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, los documentos en comento podrán ser destruidos junto con el expediente, una vez que transcurra un término de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del expediente, dado que todos los documentos indicados, serán destruibles, acorde a lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que establece que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General en cita, una vez que transcurra el lapso de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, para estar condiciones de hacer la entrega de las referidas documentales, así como su asistencia a este órgano jurisdiccional, deberá estarse a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece que las partes deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", cuyo link es: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; en el cual, al momento de agendar una cita en cualquiera de los días viernes que contenga el mes, en el entendido que deberá ser en día hábil, se le generará un código QR el cual deberá presentar para el ingreso a éste órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, en específico el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector concedido en autos y se ordenó el archivo del presente expediente; sin embargo, se omitió proveer respecto de los legajos de pruebas que acompañó la parte quejosa a su escrito de demanda consistentes en copias certificadas del expediente laboral 385/2015 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en dos tomos; en consecuencia, al no ser necesarios por virtud del estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, devuélvanse los mismos a la parte quejosa. Luego, de conformidad con el párrafo segundo del precepto 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, acuda a este juzgado federal con el propósito de recoger los tomos de pruebas que exhibió, en la hora y fecha que agende su comparecencia; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, los documentos en comento podrán ser destruidos junto con el expediente, una vez que transcurra un término de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del expediente, dado que todos los documentos indicados, serán destruibles, acorde a lo establecido en el Acuerdo General Número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que establece que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General en cita, una vez que transcurra el lapso de tres años contados a partir de la notificación del auto que ordenó el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, para estar condiciones de hacer la entrega de las referidas documentales, así como su asistencia a este órgano jurisdiccional, deberá estarse a lo dispuesto por la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que establece que las partes deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ", cuyo link es: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/home; en el cual, al momento de agendar una cita en cualquiera de los días viernes que contenga el mes, en el entendido que deberá ser en día hábil, se le generará un código QR el cual deberá presentar para el ingreso a éste órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este órgano jurisdiccional el nueve de julio y el veinticinco de agosto de año en curso, por el Presidente Interino de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nayarit, con sede en Mezcales, Bahía de Banderas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiséis de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada con el cumplimento aludido, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos de la concesión del amparo, para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias: Dejen sin efecto todo lo actuado en el juicio laboral 385/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, promovido por ****; y, repongan el procedimiento, a partir de la diligencia de emplazamiento a los demandados, aquí quejosos ***; y *****por sí y como representante legal y propietario de la fuente de trabajo ubicado en la****, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Apoya lo anterior la tesis 1a./J. 99/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En el entendido que quedan expeditos los derechos de la parte actora en juicio de origen, aquí tercero interesado, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio laboral del que se hace depender los actos reclamados; y, de estimarlo conducente, procurar que se verifique el correcto emplazamiento de las demandadas en el proceso de origen. Lo anterior considerando que el procedimiento del juicio natural es de carácter dispositivo; y, por ello, corresponde a las partes la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales a su cargo, teniendo como obligación velar por sus intereses procesales, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De ahí que los efectos que se impriman a la sentencia de amparo, no pueden ser de forma tal que conduzcan a este tribunal, o al juzgador de origen, a sustituirse en las cargas procesales que corresponden a una de las partes -la actora- ya que ello vincularía a la autoridad responsable a actuar en contravención al marco normativo que rige el procedimiento de origen y relevarían a la actora de las cargas procesales que le corresponden [.]". Inconforme con dicha resolución, el tercer interesado interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 332/2020, desechó por improcedente el medio de impugnación interpuesto. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, a través de los oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el nueve de julio y el veinticinco de agosto de año en curso, el Presidente Interino de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nayarit, con sede en Mezcales, Bahía de Banderas, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia certificada del auto de siete de julio del año en curso, dictado en el expediente laboral 385/2015 de su índice, de donde se aprecia, en lo que al caso interesa, que dejó insubsistente todo lo actuado y ordenó reponer el procedimiento desde la diligencia de emplazamiento y se ordenó la notificación y emplazamiento a las partes del citado conflicto laboral; de igual manera, remitió la constancia de notificación a la parte actora practicada el veinticuatro de agosto de la presente anualidad, y las constancias de imposibilidad para practicar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada. Sin que pase desapercibida la eventual circunstancia de que no haya podido emplazar a la parte demandada, pues como indicó el Juez de Distrito Auxiliar en el punto tres de la concesión al fallo protector, quedan expeditos los derechos de la parte actora en el juicio de origen, aquí tercero interesado, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio laboral del que se hace depender los actos reclamados; y, de estimarlo conducente, procurar que se verifique el correcto emplazamiento de las demandadas en el proceso de origen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su fracción I, inciso a) del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte, se negó y por otra, se concedió, respecto de los actos reclamados; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente laboral 385/2015 de su índice, en dos tomos, que remitió para el estudio del acto reclamado, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    EPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficios y anexos presentados en este órgano jurisdiccional el nueve de julio y el veinticinco de agosto de año en curso, por el Presidente Interino de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nayarit, con sede en Mezcales, Bahía de Banderas, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de veintiséis de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y a la tercera interesada con el cumplimento aludido, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, por sentencia terminada de engrosar el cinco de diciembre de dos mil diecinueve, por el Juez Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 fracción V y 77 de la Ley de Amparo, procede fijar los efectos de la concesión del amparo, para que las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas competencias: Dejen sin efecto todo lo actuado en el juicio laboral 385/2015, del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, promovido por ****; y, repongan el procedimiento, a partir de la diligencia de emplazamiento a los demandados, aquí quejosos ***; y *****por sí y como representante legal y propietario de la fuente de trabajo ubicado en la****, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Apoya lo anterior la tesis 1a./J. 99/2017 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de contenido: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." En el entendido que quedan expeditos los derechos de la parte actora en juicio de origen, aquí tercero interesado, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio laboral del que se hace depender los actos reclamados; y, de estimarlo conducente, procurar que se verifique el correcto emplazamiento de las demandadas en el proceso de origen. Lo anterior considerando que el procedimiento del juicio natural es de carácter dispositivo; y, por ello, corresponde a las partes la iniciativa, impulso y renuncia de los actos procesales a su cargo, teniendo como obligación velar por sus intereses procesales, so pena de soportar las consecuencias de su pasividad y la consecuente preclusión de sus derechos, como sucedería en el caso de la caducidad de la instancia. De ahí que los efectos que se impriman a la sentencia de amparo, no pueden ser de forma tal que conduzcan a este tribunal, o al juzgador de origen, a sustituirse en las cargas procesales que corresponden a una de las partes -la actora- ya que ello vincularía a la autoridad responsable a actuar en contravención al marco normativo que rige el procedimiento de origen y relevarían a la actora de las cargas procesales que le corresponden [.]". Inconforme con dicha resolución, el tercer interesado interpuso recurso de revisión contra la misma. Sin embargo, por ejecutoria emitida el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el Pleno del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, dentro del amparo en revisión número 332/2020, desechó por improcedente el medio de impugnación interpuesto. En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, a través de los oficios y anexos recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el nueve de julio y el veinticinco de agosto de año en curso, el Presidente Interino de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en Nayarit, con sede en Mezcales, Bahía de Banderas, manifestó dar cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, remitió copia certificada del auto de siete de julio del año en curso, dictado en el expediente laboral 385/2015 de su índice, de donde se aprecia, en lo que al caso interesa, que dejó insubsistente todo lo actuado y ordenó reponer el procedimiento desde la diligencia de emplazamiento y se ordenó la notificación y emplazamiento a las partes del citado conflicto laboral; de igual manera, remitió la constancia de notificación a la parte actora practicada el veinticuatro de agosto de la presente anualidad, y las constancias de imposibilidad para practicar la diligencia de emplazamiento a la parte demandada. Sin que pase desapercibida la eventual circunstancia de que no haya podido emplazar a la parte demandada, pues como indicó el Juez de Distrito Auxiliar en el punto tres de la concesión al fallo protector, quedan expeditos los derechos de la parte actora en el juicio de origen, aquí tercero interesado, para dar el impulso procesal que corresponda en el juicio laboral del que se hace depender los actos reclamados; y, de estimarlo conducente, procurar que se verifique el correcto emplazamiento de las demandadas en el proceso de origen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos constitucionales violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el artículo 18, fracción I, inciso b, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su fracción I, inciso a) del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar por una parte, se negó y por otra, se concedió, respecto de los actos reclamados; así, el duplicado respectivo, es destruible, por lo que, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado Finalmente, devuélvanse a la autoridad responsable las copias certificadas del expediente laboral 385/2015 de su índice, en dos tomos, que remitió para el estudio del acto reclamado, solicitándosele el acuse de recibo correspondiente.

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