Jorge Salazar Cuahutle
Expediente 1447/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1447/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Salazar Cuahutle
- JORGE SALAZAR CUAHUTLE y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de enero de dos mil diecisiete. Visto, el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, en atención a su contenido, téngase a la autoridad responsable Juez de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Acajete, Puebla acusando recibo del diverso oficio 1456, por el que se ordenó la notificación del acuerdo dictado el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y se devolvieron los anexos I y II que acompañó a su informe justificado (duplicado del proceso penal 2/2016). Por otra parte, intégrese a los autos el sobre devuelto por la oficina de correos con sede en San Andrés Cholula, Puebla, que contiene el oficio 1456-3 dirigido al 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Acajete, Puebla, con la razón que refiere la imposibilidad de entregarlo, asentando: "Rehusada a recibir por Lic, Nora Herrera Hernández, el 30/12/16"; en tales condiciones, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación del acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, por el cual quedó firme el auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, por haberse negado a recibir el oficio de que se trata, a la citada autoridad responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior, que a la fecha no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 1034.1 y 1034.3, mediante los cuales se ordenó notificar el referido auto a las autoridades 1. Juez de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Acajete, Puebla y 3. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Acajete, Puebla, toda vez que el sentido de la misma no les causa algún agravio y, por lo mismo, no se encuentran legitimadas para interponer recurso de revisión. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE.- Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual en atención a la petición realizada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 205 y 206), remite fotocopia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 757/2016 de su estadística, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, de las constancias que acompaña el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que mediante acuerdo de quince de noviembre de dos mil dieciséis, tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 757/2016 de su índice, con motivo del cumplimiento que dio la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla, al dictar el auto de formal prisión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en contra del aquí quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, por el delito de despojo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de RAYMUNDO LÓPEZ SANTOS o RAYMUNDO LÓPEZ SÁNCHEZ. De lo anterior se sigue que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. En este contexto, la interpretación relacionada del artículo 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aun sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2º, en lo de interés se advierte que: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, el trece de octubre pasado y recibido en este juzgado el día siguiente (foja 2), el quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, señaló como acto reclamado el auto de formal prisión dictado en autos del proceso 2/2016 del índice del Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Acajete, Puebla, emitido en cumplimiento a la sentencia de amparo que se concedió en autos del expediente 757/2016 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla. En el que señaló como acto reclamado el auto de formal prisión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla, dentro del proceso penal 2/2016, en contra del aquí quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 757/2016 del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Así las cosas, de las constancias que se solicitaron al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, se advierte que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 757/2016 de su índice, con el auto de formal prisión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, dictado en autos del proceso 2/2016 del Juzgado Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla, en contra del aquí quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, por el delito de despojo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de RAYMUNDO LÓPEZ SANTOS o RAYMUNDO LÓPEZ SÁNCHEZ. Cabe precisar que del anexo I que acompañó la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla a su informe justificado, se advierte el auto de formal prisión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, con el que pretendía dar cumplimiento a la sentencia de amparo que se concedió en autos del expediente de amparo 757/2016 del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla; sin embargo, el referido órgano jurisdiccional mediante auto de dieciocho de octubre pasado, requirió nuevamente a la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la resolución que emitió la responsable en autos del proceso 2/2016 por la que adujo dar cumplimiento, resultó carente de motivación. Así, se desprende que el auto de formal prisión dictado por el Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla, el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, en contra del aquí quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, por el delito de despojo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 408, fracción I en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, cometido en agravio de RAYMUNDO LÓPEZ SANTOS o RAYMUNDO LÓPEZ SÁNCHEZ, sustituyó al que se había emitido el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis -acto aquí reclamado-, por lo que, ahora es el auto de formal prisión de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis el que le causa perjuicio. Por tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad del auto de formal prisión aquí reclamado, el cual, como se dijo, quedó insubsistente al ser sustituido procesalmente por el diverso en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios, que no contravienen a la Ley de Amparo vigente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta" "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo" "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el juicio, de conformidad con el diverso normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las once horas con veinte minutos del nueve de diciembre de dos mil dieciséis. Comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). No pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que en autos del sumario en que se actúa no existe constancia sobre el emplazamiento del tercero interesado RAYMUNDO LÓPEZ SANTOS; sin embargo, tal circunstancia no impide el dictado de este acuerdo, pues dado el sentido de la misma (sobreseimiento), es inconcuso que dicha resolución no le causa ningún perjuicio. Cobra aplicación la tesis de datos siguientes: TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el veintiuno de octubre pasado (foja 71), se tuvo al Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, informando que el dieciocho de octubre del actual, requirió nuevamente a la autoridad responsable Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal de Acajete, Puebla el cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 757/2016 de su índice, pues la resolución que emitió la responsable en autos del proceso 2/2016 por la que adujo dar cumplimiento, resultó carente de motivación, sin que a la fecha dicha autoridad haya informado lo ocurrido. En tales condiciones, a fin de dar margen a que este juzgado cuente con las constancias antes descritas, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Por otra parte, agréguese a sus autos el escrito del quejoso JORGE SALAZAR CUAHUTLE, atento a su contenido, se provee: En términos del artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de Amparo, téngase al ocursante ofreciendo como pruebas de su parte las siguientes: La instrumental pública de actuaciones, consistente en todas y cada una de las actuaciones que integran el presente juicio; y, La documental pública, consistente en los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, intégrese a sus autos el oficio signado por Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla por medio del cual informa que el despacho 581/2016 del índice de este juzgado, fue devuelto el veintitrés de noviembre pasado, sin que haya lugar a realiza mayor proveído al respecto, pues mediante acuerdo de veinticinco de noviembre del actual, se tuvo por recibida la comunicación oficial de cuenta.
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