Jorge Rodolfo Romero Romero
Expediente 45/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- JORGE RODOLFO ROMERO ROMERO y Otros.
- Jorge Rodolfo Romero Romero
- Ignacio Cruz Lerma
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
PUBLICACIÓN DE AVISO: EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al quejoso el seis de agosto de dos mil veintiuno, la cual surtió el nueve de agosto siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diez al treinta de agosto de dos mil veintiuno, descontándose los días siete (sábado), ocho (domingo), catorce (sábado), quince (domingo), veintiuno (sábado), veintidós (domingo), veintiocho (sábado) y veintinueve (domingo) de agosto de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Cuatro discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el siete de enero, ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA; y, ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el tomo I de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su defensor particular y/o personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier vía de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control responsable.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la resolución dictada el dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha sido notificada a todas las partes y que el término genérico de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de inconformidad ha fenecido para todas ellas. Lo anterior, en virtud de que la última notificación se efectuó al quejoso el seis de agosto de dos mil veintiuno, la cual surtió el nueve de agosto siguiente y, por ende, el aludido plazo transcurrió del diez al treinta de agosto de dos mil veintiuno, descontándose los días siete (sábado), ocho (domingo), catorce (sábado), quince (domingo), veintiuno (sábado), veintidós (domingo), veintiocho (sábado) y veintinueve (domingo) de agosto de dos mil veintiuno, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido e insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la suspensión provisional y definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla -autoridad responsable- como justificación a su informe y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ordena devolverle lo siguiente: ( Cuatro discos en formato Versátil Digital (DVD), relativos a los registros de audio y video de las audiencias celebradas el siete de enero, ocho de enero, doce de enero y dieciséis de julio, todas de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA; y, ( Copia certificada de diversos registros escritos que obran dentro de la aludida causa penal, con la cual se formó el tomo I de pruebas del presente juicio de amparo. No ha lugar a solicitarle el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que la responsable se encuentra en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, y cerciorarse que lo acuse de dicha misiva, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Finalmente, se ordena agregar la certificación de desglose correspondiente en las fojas en donde obran las micas que contienen los discos antes aludidos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su defensor particular y/o personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por cualquier vía de comunicación interna al Actuario Judicial de la adscripción que le corresponda notificar el oficio dirigido al juez de control responsable.
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San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de julio pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso Ignacio Cruz Lerma, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en su contra en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla, así como por cuanto a su ejecución. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Ignacio Cruz Lerma, a través de su defensor particular Jorge Rodolfo Romero Romero, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-70/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno confirmó la sentencia recurrida. En ese tenor, por acuerdo emitido el doce de julio del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, para que diera cumplimiento a la misma. Mediante acuerdo de veinte de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el juez de control, por el cual, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 15/2021/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del citado oficio -número de registro interno 12808 de 2021- y su anexo (disco versátil digital), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional el auto de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en contra del quejoso Ignacio Cruz Lerma, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla, así como por cuanto a su ejecución. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: A. Que el estudio constitucional únicamente se concentró en la emisión del auto de vinculación a proceso, que incluyó la verificación de las formalidades esenciales del procedimiento, que el quejoso haya sido asistido por un licenciado en derecho, la formulación de la imputación y las consideraciones de la resolución, sin comprender los relativos a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; ello, en virtud de que el promovente del amparo, en acatamiento a la prevención formulada, manifestó que únicamente reclamaba la resolución que vinculó a proceso a su representado. B. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. C. Que el juez de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que el defensor privado Guillermo Arturo Gutiérrez Gayosso, nombrado por el quejoso e interviniente tanto en la audiencia inicial como en su continuación, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en las videograbaciones respectivas, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. D. Que no existe el registro audiovisual completo en donde el fiscal sustentó su solicitud de vinculación a proceso, lo que conculca con lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, Constitucional, tomando en consideración que la debida fundamentación y motivación del auto de vinculación a proceso no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir su decisión al Juez de Control, sino también efectuar la relatoría de los datos de prueba y su valoración para arribar a la decisión correspondiente. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: 1. Dejara sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla. 2. Señalara fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, efectuara lo siguiente: 2.1. Diera intervención y oportunidad a la fiscalía para que realizara la exposición de los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados en la videograbación de la audiencia de ocho de enero de dos mil veintiuno, justamente de las 14 horas con 12 minutos a las 15 horas con 13 minutos de ese día; sin embargo, previo a ello, el juez tendría que prevenirla para que se condujera con el deber de lealtad, previsto en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de que no expusiera datos de prueba ni argumentos novedosos que no fueron materia en la indicada audiencia; para verificarlo, el juez de control tendría que vigilar que los datos de prueba que se expusieran hayan sido tomados en consideración en su resolución de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno, pues de lo contrario, debían excluirse. 2.3. Una vez realizado lo anterior, dejara intocado y reiterara todo lo manifestado por las partes a partir de las 15 horas con 13 minutos de la audiencia ocho de enero de dos mil veintiuno, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno, lo que incluía sus resoluciones de imposición de medida cautelar y de plazo para el cierre de investigación complementaria. 2.4. Enseguida, dictara otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) fueron sustentadas en el diverso auto de término constitucional de doce de enero de dos mil veintiuno, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales, bajo el entendido de que esta nueva resolución no tendría una declaración de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es decir, no existiría cosa juzgada en sus consideraciones, al no haberse analizado el fondo del asunto. Además, se precisó que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad, sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que el juez de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Asimismo, se señaló que 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. Finalmente, debe decirse que dicho fallo protector se confirmó en todos sus términos mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-70/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en audiencia desahogada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: A. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamado. B. Dio intervención y oportunidad a la fiscalía para que realizara la exposición de los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados en la videograbación de la audiencia de ocho de enero de dos mil veintiuno, justamente de las 14 horas con 12 minutos a las 15 horas con 13 minutos de ese día y previo a ello, el juez previno a la misma para que se condujera con el deber de lealtad, previsto en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de que no expusiera datos de prueba ni argumentos novedosos que no fueran materia en la indicada audiencia; y para su verificación, el juez de control vigiló que los datos de prueba que se expusieron fueron tomados en consideración en su resolución de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno. C. Una vez hecho lo anterior, dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes a partir de las 15 horas con 13 minutos de la audiencia ocho de enero de dos mil veintiuno, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno, lo que incluye sus resoluciones de imposición de medida cautelar y de plazo para el cierre de investigación complementaria. D. Enseguida, dictó otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) que fueron sustentadas en el diverso auto de término constitucional de doce de enero de dos mil veintiuno, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) señaló fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo a dicha determinación; iii) dio intervención a la fiscalía para que expusiera los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados; iv) dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno; y, v) dictó otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) que fueron sustentadas en diverso auto de término constitucional de doce de enero del año en curso. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su defensor particular y/o personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 02 DE agosto DE 2021, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veinte de julio pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo al quejoso Ignacio Cruz Lerma, respecto a la determinación de vinculación a proceso, dictada en su contra en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla, así como por cuanto a su ejecución. Inconforme con dicha determinación, el quejoso Ignacio Cruz Lerma, a través de su defensor particular Jorge Rodolfo Romero Romero, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-70/2021, en donde mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno confirmó la sentencia recurrida. En ese tenor, por acuerdo emitido el doce de julio del año en curso, se tuvo por recibida la referida ejecutoria de amparo y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, para que diera cumplimiento a la misma. Mediante acuerdo de veinte de julio de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el juez de control, por el cual, comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para tal efecto, remitió un disco versátil digital en el que obra la audiencia de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, llevada a cabo en la causa penal 15/2021/PUEBLA. En consecuencia, con el contenido del citado oficio -número de registro interno 12808 de 2021- y su anexo (disco versátil digital), se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se declaró inconstitucional el auto de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno, dictado en contra del quejoso Ignacio Cruz Lerma, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por su probable responsabilidad en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla, así como por cuanto a su ejecución. Lo anterior, -medularmente- por lo siguiente: A. Que el estudio constitucional únicamente se concentró en la emisión del auto de vinculación a proceso, que incluyó la verificación de las formalidades esenciales del procedimiento, que el quejoso haya sido asistido por un licenciado en derecho, la formulación de la imputación y las consideraciones de la resolución, sin comprender los relativos a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada; ello, en virtud de que el promovente del amparo, en acatamiento a la prevención formulada, manifestó que únicamente reclamaba la resolución que vinculó a proceso a su representado. B. Que se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, previstas y reguladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por ejemplo que el auto de vinculación a proceso se emitió por autoridad jurisdiccional, que no se aplicó ley de forma retroactiva en perjuicio del quejoso y que satisfizo el procedimiento que los artículos 307 a 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén para el desahogo de la audiencia inicial y, en su caso, su continuación. C. Que el juez de control veló por el derecho del imputado de contar con la asesoría de un profesional del derecho, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, pues se cercioró de que el defensor privado Guillermo Arturo Gutiérrez Gayosso, nombrado por el quejoso e interviniente tanto en la audiencia inicial como en su continuación, fuera licenciado en dicha materia y que ello constara en las videograbaciones respectivas, actuación que repercutió en todas las decisiones que se tomaron en la indicada audiencia; lo anterior, en cumplimiento al criterio establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la contradicción de tesis 405/2017. D. Que no existe el registro audiovisual completo en donde el fiscal sustentó su solicitud de vinculación a proceso, lo que conculca con lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo, Constitucional, tomando en consideración que la debida fundamentación y motivación del auto de vinculación a proceso no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir su decisión al Juez de Control, sino también efectuar la relatoría de los datos de prueba y su valoración para arribar a la decisión correspondiente. En ese tenor, el amparo se concedió para el efecto de que el juez de origen: 1. Dejara sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso, dictada en la continuación de la audiencia inicial de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, por la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de los hechos con apariencia del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el supuesto de entregar bienes y formar parte de un esquema de simulación, previsto y sancionado por el artículo 453, fracción I, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad y del orden socioeconómico del Estado de Puebla. 2. Señalara fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo al dictado de esa determinación, para que con las formalidades de ley, efectuara lo siguiente: 2.1. Diera intervención y oportunidad a la fiscalía para que realizara la exposición de los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados en la videograbación de la audiencia de ocho de enero de dos mil veintiuno, justamente de las 14 horas con 12 minutos a las 15 horas con 13 minutos de ese día; sin embargo, previo a ello, el juez tendría que prevenirla para que se condujera con el deber de lealtad, previsto en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de que no expusiera datos de prueba ni argumentos novedosos que no fueron materia en la indicada audiencia; para verificarlo, el juez de control tendría que vigilar que los datos de prueba que se expusieran hayan sido tomados en consideración en su resolución de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno, pues de lo contrario, debían excluirse. 2.3. Una vez realizado lo anterior, dejara intocado y reiterara todo lo manifestado por las partes a partir de las 15 horas con 13 minutos de la audiencia ocho de enero de dos mil veintiuno, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno, lo que incluía sus resoluciones de imposición de medida cautelar y de plazo para el cierre de investigación complementaria. 2.4. Enseguida, dictara otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) fueron sustentadas en el diverso auto de término constitucional de doce de enero de dos mil veintiuno, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales, bajo el entendido de que esta nueva resolución no tendría una declaración de su constitucionalidad o inconstitucionalidad, es decir, no existiría cosa juzgada en sus consideraciones, al no haberse analizado el fondo del asunto. Además, se precisó que la protección constitucional concedida al quejoso, no tenía el alcance de dejarlo en libertad, sino que se limitaba a retrotraer las cosas al estado en que se encontraban al momento en que el juez de control procedió a emitir la resolución de vinculación a proceso, a efecto de restituirlo en el goce de los derechos fundamentales violados en su perjuicio. Asimismo, se señaló que 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, debía conducir la audiencia correspondiente hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado. Finalmente, debe decirse que dicho fallo protector se confirmó en todos sus términos mediante ejecutoria dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dentro del amparo en revisión R-70/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, la autoridad responsable 1. Aarón Hernández Chino, Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro del Estado de Puebla, con sede en la capital, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en audiencia desahogada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro de la causa penal 15/2021/PUEBLA, realizó lo siguiente: A. Dejó sin efectos únicamente la determinación de vinculación a proceso reclamado. B. Dio intervención y oportunidad a la fiscalía para que realizara la exposición de los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados en la videograbación de la audiencia de ocho de enero de dos mil veintiuno, justamente de las 14 horas con 12 minutos a las 15 horas con 13 minutos de ese día y previo a ello, el juez previno a la misma para que se condujera con el deber de lealtad, previsto en el artículo 128 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objeto de que no expusiera datos de prueba ni argumentos novedosos que no fueran materia en la indicada audiencia; y para su verificación, el juez de control vigiló que los datos de prueba que se expusieron fueron tomados en consideración en su resolución de vinculación a proceso de doce de enero de dos mil veintiuno. C. Una vez hecho lo anterior, dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes a partir de las 15 horas con 13 minutos de la audiencia ocho de enero de dos mil veintiuno, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno, lo que incluye sus resoluciones de imposición de medida cautelar y de plazo para el cierre de investigación complementaria. D. Enseguida, dictó otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) que fueron sustentadas en el diverso auto de término constitucional de doce de enero de dos mil veintiuno, a fin de no comprometer los principios de igualdad procesal, continuidad y concentración de actos procesales. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el auto de vinculación a proceso reclamado; ii) señaló fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del instante previo a dicha determinación; iii) dio intervención a la fiscalía para que expusiera los datos de prueba y argumentos que no quedaron registrados; iv) dejó intocado y reiteró todo lo manifestado por las partes, así como todo lo manifestado en audiencia de doce de enero de dos mil veintiuno; y, v) dictó otro auto de vinculación a proceso pero con las mismas consideraciones (fundamentación y motivación) que fueron sustentadas en diverso auto de término constitucional de doce de enero del año en curso. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso, por conducto de su defensor particular y/o personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo; y, por oficio a las autoridades responsables, a los fiscales terceros interesados y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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