Jorge Ruiseco Molina

Expediente 261/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
261/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ruiseco Molina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De autos se advierte que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado; esto es, obran en autos las notificaciones a las partes de la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, así como del recurso de revisión interpuesto en autos por Director General Jurídico y de Representación Agraria, en representación de las autoridades responsables Procurador Agrario, Director General de Organización Agraria y Director de Apoyo Social Agrario de la Procuraduría Agraria con sede en la Ciudad de México. En esas condiciones, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo y en cumplimiento a lo ordenado en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se ordena remitir el citado juicio, así como el escrito original y copia de agravios, con cubierta postal con registro 18363, y un tomo de pruebas, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, a fin de que turne éstos autos al Tribunal que corresponda, para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Jorge Ruiseco Molina, Alfredo Hermelindo Ibañez Galicia e Irma Cerón Covarrubias, Presidente, Secretario y Tesorera del Comisariado Ejidal del Poblado de San José Novillero, municipio de Boca del Río, Veracruz, promovieron juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Admisión. Por auto de tres de abril de dos mil veintitrés (fojas 28-31) se acordó admitir la demanda; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito; se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional y se ordenó requerir a las autoridades responsables sus informes justificados en relación con los actos reclamados. TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibió el informe justificado que rindieron conjuntamente las autoridades responsables (fojas 40-44); así como la constancia de notificación de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado (foja 37) tuvo verificativo la audiencia constitucional del presente juicio, quedando el expediente en estado de resolución, y sin que hasta el momento conste que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 37, primer párrafo, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 04/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa promueve el presente juicio reclamando la dilación procesal para integrar y emitir el Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal al que pertenece el ejido aquí responsable, en el procedimiento seguido en sede administrativa; lo que, además, se atribuye a autoridades administrativas; de ahí que se trata de actos impugnables en amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo. Por analogía de razón, se comparte el criterio que se sostiene en la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que es del contenido siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO SE RECLAMA UNA DILACIÓN EN UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. Los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como derecho fundamental, el acceso a la justicia ante tribunales previamente establecidos que deberán impartirla en un plazo razonable. Por tanto, la demora prolongada e injustificada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio no puede considerarse sólo como una violación procesal que no pueda examinarse en el juicio de amparo indirecto, pues si el quejoso reclama por ejemplo, el señalamiento de la audiencia de pruebas que fijó la responsable para varios meses después, el acto reclamado no es propiamente procesal, pues se vincula directamente con el derecho fundamental mencionado e implica examinar si el plazo es uno de los requisitos de acceso a la justicia o un obstáculo al procedimiento y, con ello, determinar si existe o no la violación a ese derecho humano; de ahí la procedencia del juicio constitucional. Es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, actúa tanto como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, así como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Finalmente, también se es competente por cuestión del territorio, con base en lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, atento a que en el caso se reclama una dilación que no requiere de acto de ejecución material alguno, por lo que, si es derecho de la quejosa elegir el lugar en que promueve el juicio de amparo y, ésta lo presentó ante esta autoridad judicial, de ello deviene la citada competencia por territorio. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y conforme a la lectura integral de la demanda de amparo y las constancias que se allegaron al presente asunto, se considera que el acto reclamado en el presente juicio a las autoridades que fueron señaladas como responsables, según la estricta esfera de sus facultades, lo constituye: La dilación en la tramitación y resolución del procedimiento administrativo referente a la emisión del Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado San José Novillero del Municipio de Boca del Río, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia del acto reclamado antes señalado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por cierto el acto que la quejosa atribuye a las autoridades responsables, 1. Procurador de la Procuraduría Agraria; 2. Subprocurador General Agrario, y 3. Director General de Organización Agraria, todas con sede en la Ciudad de México. Lo anterior es así, pues aun cuando al rendir conjuntamente su informe justificado (fojas 40-44) dichas autoridades negaron los actos que se le atribuyen; sin embargo ésta se ve desvirtuada con el contenido del referido informe y anexos que acompañó (cuaderno de pruebas anexo a constancias) mismas que alcanzan pleno valor probatorio en los mismos términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su numeral 2°, según se dijo, pues de éstas se advierte que a la presente fecha aún no se ha emitido el dictamen solicitado por la parte aquí quejosa; de ahí que debe tenerse por cierta la dilación combatida, la cual será materia de análisis constitucional en lo sucesivo. Orientan a lo anterior las tesis que son de los rubros siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." y "DOCUMENTOS PUBLICOS. SU VALOR PROBATORIO." CUARTO. Procedencia. Las causas de improcedencia son de estudio preferente al análisis de fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, al no advertir causa de improcedencia que se actualice en la especie, y que las partes tampoco las señalan, se procede al estudio de los conceptos de violación, que se tienen por reproducidos en obvio de innecesarias repeticiones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." QUINTO. Estudio. Los conceptos de violación formulados por la parte quejosa que aquí serán analizados son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, aun cuando para ello haya que suplir parcialmente la queja en favor del ejido quejoso, en términos de lo dispuesto en la fracción IV, inciso b), del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se verá a continuación. MARCO NORMATIVO. En principio, se establece que la dilación procesal combatida subyace a la eventual trasgresión del derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional que es del contenido siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)." Respecto de dicho numeral, se ha destacado que éste contiene el derecho relativo a la administración de justicia y, en lo general, que los órganos materialmente encargados de impartir justicia, independientemente de su origen formal, se encuentran obligados a observar los principios que subyacen a ese derecho, consistentes en: 1. Resolver las controversias ante ellos planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes (justicia pronta); 2. Resolver sobre todos y cada uno de los aspectos debatidos (justicia completa); 3. Resolver de manera justa la controversia (justicia imparcial) y 4. Resolver sin que medie contraprestación económica o en especie de alguna de las partes (justicia gratuita). Ahora bien, no obsta a lo anterior que algunos recursos, así como procedimientos seguidos en sede administrativa, no implican una contención y tampoco la realización de una función jurisdiccional, ya que en él no existe un órgano independiente ante el que se dirima una controversia, sino que se trata de un mero control interno de legalidad de la propia administración responsable de los actos impugnados, en ejercicio de un control jurídico que tiende más a la eficacia de su actuación, que es de orden público, que a la tutela de intereses particulares, y por lo cual dentro de esos procedimientos, generalmente, no rigen los principios de igualdad de las partes ni de contradicción, puesto que no hay demandado, ni existe un Juez imparcial. Sin embargo, se considera que, en lo esencial, el derecho de impartición de justicia pronta y completa que consagra el citado artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sí los rigen, lo que implica que los principios que conforman ese derecho subjetivo público, deberán adecuarse a las diversas finalidades de esos procedimientos o medios de defensa. El criterio anterior, guarda correspondencia con las tesis 2a. L/2002 y 2a. LI/2002, ambas de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;y que son compartidos por el suscrito, y que son del contenido siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales. RECURSOS EN SEDE ADMINISTRATIVA. LOS PRINCIPIOS DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL DEBEN ADECUARSE A LA NATURALEZA DE INTERÉS PÚBLICO DE AQUÉLLOS. El recurso administrativo, en razón de su naturaleza, no implica la realización de una función jurisdiccional en tanto que en él no existe un órgano independiente ante el que se dirima una controversia, sino que se trata de un mero control interno de legalidad de la propia administración responsable de los actos impugnados, en ejercicio de un control jurídico que tiende más a la eficacia de su actuación, que es de orden público, que a la tutela de intereses particulares, de manera que dentro de los procedimientos recursales generalmente no rigen los principios de igualdad de las partes, ni de contradicción, puesto que no hay demandado, ni existe un Juez imparcial. En congruencia con lo anterior, se concluye que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, la garantía individual de impartición de justicia pronta y completa que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los principios que conforman ese derecho subjetivo público, deberán adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. De ahí que las reglas del debido proceso legal y que, ante su observancia, nada justifica el actuar de la autoridad para sustanciar un procedimiento en un plazo excesivo a la luz de la temporalidad establecida para tal efecto, lo que se traduce en un ineficaz el acceso a la justicia y de ahí que se considere una retardación irracional y extrema de ésta. Ahora, atendiendo a que la dilación impugnada está vinculada con la Declaratoria de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado San José Novillero del Municipio de Boca del Río, Veracruz, entonces conviene hacer las siguientes precisiones normativas en relación con ese tópico. El artículo 23, fracción XII, de la Ley Agraria dispone: "Artículo 23.- La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: (.) XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; (.)" En cuanto al Reglamento de dicha Ley, sus artículos 8, fracciones I, II y VII, 12, fracción XII, 13, 15, fracción VIII, 22, fracción VIII, y 60 a 65 que se ubican en la "Sección Cuarta.- Del Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal", de dicho Reglamento, disponen lo siguiente: "Artículo 8.- La Procuraduría está a cargo de un Procurador Agrario, nombrado y removido libremente por el Presidente de la República. El Procurador Agrario, para el desahogo de los asuntos de su competencia, cuenta con las siguientes unidades administrativas: I. Procurador Agrario; II. Subprocuraduría General; (.) VII. Dirección General de Organización Agraria; (.) Asimismo, la Procuraduría podrá contar con subprocuradurías para el conocimiento y atención de asuntos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten y con direcciones de área, subdirecciones, jefaturas de departamento y de oficina, abogados y visitadores agrarios, y demás personal técnico y administrativo que determine el Procurador Agrario, con base en el presupuesto autorizado y observando las disposiciones jurídicas aplicables." "Artículo 12.- Son atribuciones del Procurador Agrario: (.) XII. Emitir dictamen respecto de la terminación del régimen ejidal; (.)" "Artículo 13.- El Procurador Agrario podrá delegar sus facultades en los servidores públicos subalternos, con excepción de las señaladas en las fracciones II, III, IV, VII, IX, X, XIII a XVI y XIX del artículo anterior, y expedirá para tal efecto, los acuerdos relativos que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación." "Artículo 15.- El Subprocurador General tiene las siguientes facultades: (.) VIII. Proponer al Procurador Agrario el dictamen respecto de la procedencia y factibilidad de la terminación del régimen ejidal; (.)" "Artículo 22.- La Dirección General de Organización Agraria tiene las siguientes atribuciones: (.) VIII. Elaborar el anteproyecto de dictamen de terminación del régimen ejidal, a que se refiere el artículo 23, fracción XII de la Ley, a solicitud del Núcleo de Población Agrario correspondiente, y someter dicho anteproyecto a la consideración del Subprocurador General; (.)" "Artículo 60.- La Dirección General de Organización Agraria, emitirá el dictamen de terminación del régimen ejidal a que se refiere el artículo 23, fracción XII de la Ley, a solicitud de la asamblea en la que se observen las formalidades especiales señaladas en dicha Ley, con el objeto de que, en su caso, se determine la inexistencia de las condiciones para su permanencia." "Artículo 61.- La solicitud deberá efectuarla el órgano de representación del Núcleo de Población Agrario y presentarse en la Oficina de Representación en la Entidad Federativa correspondiente. A la misma se anexarán los documentos que acrediten la existencia de las condiciones para la terminación del régimen ejidal." "Artículo 62.- Dentro de los treinta días siguientes a su presentación, la Dirección General de Organización Agraria determinará si la solicitud reúne los requisitos necesarios para la integración del expediente. De no ser así, se prevendrá a los interesados sobre las deficiencias, para que en el plazo de treinta días siguientes sean subsanadas. Una vez subsanadas las deficiencias, el expediente relativo será remitido a la Dirección General de Organización Agraria para su opinión. Dicha Dirección podrá allegarse de la información que estime conveniente para la emisión de la misma." "Artículo 63.- El Subprocurador General, en el plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de recepción del expediente, formulará el anteproyecto de dictamen, para determinar sobre su procedencia y factibilidad. Este proyecto será sometido a consideración del Procurador Agrario para la emisión de la opinión correspondiente." "Artículo 64.- El Procurador Agrario, previa presentación del proyecto, emitirá el dictamen respecto de la terminación del régimen ejidal y, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación de la localidad en que se ubique el ejido de que se trate." "Artículo 65.- La Dirección General de Organización Agraria promoverá el procedimiento correspondiente para efectuar las cancelaciones de las inscripciones de los Núcleos de Población Agrarios, cuando de las inscripciones del Registro Agrario Nacional se determine que el núcleo de que se trate carezca de tierras." (.)" Ahora, el "Manual que establece el Procedimiento para la Emisión del Dictamen a que se refiere el artículo 23 fracción XII de la Ley Agraria", dispone en su fracción IV, el Procedimiento que deberá realizarse para la emisión del Dictamen de Terminación del régimen ejidal, lo que es de la trascripción siguiente: "IV. Procedimiento El procedimiento que el presente instrumento rige, deberá realizarse de conformidad con las siguientes etapas: 1. Recepción y calificación de la solicitud 1.1 Promovente El Comisariado Ejidal o el representante del núcleo que al efecto se acredite, en cumplimiento al acuerdo de Asamblea, presentará la solicitud de dictamen mediante escrito o comparecencia directa ante la Delegación o Residencia de la Procuraduría de la jurisdicción que corresponda, según la ubicación del núcleo ejidal de que se trate. 1.2 Requisitos de la solicitud o acta de comparecencia: La solicitud o el acta de comparecencia a través de la cual se solicite a la Procuraduría la emisión de un dictamen, deberá contener lo siguiente: a) Datos generales del núcleo de población; b) Nombre de los promoventes, señalando la fecha de la Asamblea en que hayan sido electos o donde se acordó otorgar el poder para tal efecto; c) Petición expresa del dictamen respecto del Ejido promovente; d) Mención del Acuerdo de Asamblea en el que se determinó solicitar a la Procuraduría el dictamen, indicando la fecha de su celebración; e) Mención de las causas conforme a las cuales la Asamblea haya estimado que ya no existen las condiciones necesarias o convenientes para la permanencia del núcleo agrario, así como la forma en que pretenden liquidar los remanentes que existan a su favor, y f) Firma o huella digital de los promoventes. 1.3 Documentos que deben agregarse a la solicitud: a) Acta de Asamblea del núcleo agrario, celebrada con las formalidades previstas por el artículo 76 del Reglamento en la que se solicite el Dictamen a la Procuraduría; b) Aquellos que acrediten la personalidad de los integrantes del órgano de representación del Ejido (copia certificada del Acta de Asamblea en que hayan sido electos, constancia o credencial expedida por el Registro Agrario Nacional, por ejemplo), o del poder notarial otorgado por el núcleo, así como del acta de asamblea celebrada para estos efectos; c) Carpeta Básica de cada una de las acciones agrarias que involucren al núcleo agrario; d) Padrón de Ejidatarios expedido por el Registro Agrario Nacional; e) Constancias de libertad de gravámenes de las tierras pertenecientes al Ejido, expedidas por el Registro Agrario Nacional y el público de la propiedad de la entidad federativa que corresponda; f) Constancia expedida por la Secretaría de la Reforma Agraria o cualquier otra institución en la que se acredite que el núcleo agrario promovente no tiene indemnizaciones pendientes de pago con motivo de la expropiación de tierras de su propiedad; g) Informe del Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal que exprese si existen o no, a favor del núcleo, fondos comunes o depósitos por expropiaciones; h) Informe de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto de la existencia, dentro de la superficie ejidal, de áreas naturales protegidas, reservas de la biosfera, bosques, selvas y zona federal, así como de cualquier concesión o permiso del cual el núcleo agrario o los ejidatarios sean titulares; i) Constancia de los Tribunales Agrarios que acredite que no existen juicios, acciones agrarias o recursos de revisión en trámite, que involucren derechos colectivos o individuales sobre tierras que sean propiedad del Ejido; j) Proyecto de liquidación de las obligaciones pendientes de cumplir a cargo del núcleo agrario, o bien, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que dicho núcleo no las tiene; así como de la forma de distribución de los remanentes que, en su caso, existan; k) Constancias de autoridad competente que aporten elementos de convicción sobre la inexistencia de condiciones para la permanencia del régimen ejidal; l) En su caso, los siguientes documentos: 1. Reglamento Interno del Ejido; 2. Acta de Asamblea de delimitación, destino y asignación de las tierras ejidales, con los planos correspondientes, en la que conste la asignación de solares en la zona de asentamiento humano o en la que se hubiese acordado la aportación de tierras al Municipio; 3. Acta de Asamblea en la que se haya autorizado a los ejidatarios la adopción del dominio pleno de sobre sus parcelas; 4. Acta de Asamblea en la que conste la transmisión de tierras de uso común a una sociedad civil o mercantil y en la que se determine que las acciones o partes sociales de la sociedad corresponden al núcleo de población ejidal o a los ejidatarios individualmente considerados; 5. Decretos expropiatorios o resoluciones jurisdiccionales que hayan afectado los bienes del núcleo agrario; 6. Acta notarial en donde conste la inspección ocular realizada a las parcelas con destino específico; 7. Normas o estatutos que rijan el funcionamiento de las parcelas con destino específico; 8. Constancias expedidas por instituciones crediticias que indiquen que no se tienen adeudos pendientes a cargo del núcleo y de sus integrantes, y 9. Constancia de la autoridad estatal o municipal en que se manifieste si las tierras del núcleo agrario están o no contempladas en los planes o proyectos de desarrollo urbano y que acredite, en su caso, el respeto del derecho de preferencia a que alude el artículo 89 de la ley. Los documentos que se acompañen deberán presentarse en original o copia certificada. 1.4 Examen de la Integración Documental La Delegación o Residencia contarán con un término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud para determinar si la misma y la documentación a ella anexa, reúnen los requisitos necesarios para tener por integrado el expediente. Si del examen de integración documental se desprende que los solicitantes no acreditan el interés jurídico con el que promueven o que existen deficiencias en la solicitud, el Delegado o Jefe de Residencia, dictarán acuerdo de prevención, señalando a los promoventes las omisiones que deban subsanarse y concediendo un término de treinta días hábiles para hacerlo. Si fenecido el término antes indicado no se ha desahogado la prevención, se desechará la solicitud y se dictará acuerdo de archivo, teniéndose el asunto como concluido, sin perjuicio de que éstos presenten de nueva cuenta su solicitud. Con el escrito o acta de comparecencia, así como con la documentación requerida y, en su caso, la aportada con motivo de la prevención, la Delegación o Residencia integrarán el expediente respectivo, procederán a emitir el acuerdo de admisión a trámite y ordenarán su remisión a la Dirección General. 2. Investigación Recibido el expediente por la Dirección General, se procederá a su análisis y calificación, dictando al efecto el Acuerdo de que el expediente se encuentra debidamente integrado o bien, solicitará los elementos de juicio adicionales que estime necesarios, dentro de los treinta días siguientes. Para el efecto anterior, la Dirección General podrá solicitar, entre otra, la siguiente documentación: a) Del Registro Agrario Nacional, los siguientes documentos en copia certificada: - Plano general del ejido y demás productos cartográficos; - Plano de la superficie excedente inscrita en posesión del núcleo; - Constancia que indique si existen convenios de ocupación previa inscritos, y - Documentos en los que consten los actos jurídicos que graven las tierras de núcleo agrario o las de sus integrantes. b) De la Secretaría de la Reforma Agraria: - Expediente de denuncia de excedentes; - Informe sobre expropiaciones en trámite y decretos de expropiación pendientes de ejecución; - Informe sobre indemnizaciones pendientes de pago por concepto de expropiaciones, e - Informe sobre juicios de amparo en trámite o ejecutorias pendientes de cumplimentar, en relación con los derechos colectivos o individuales del núcleo. c) De la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: - Documentación que especifique la clase o coeficiente de agostadero de las tierras del ejido; d) Del Instituto Nacional de Antropología e Historia: - Informes respecto de la existencia de zonas o monumentos arqueológicos comprendidos dentro de la superficie ejidal. e) De las Autoridades Estatales o Municipales: - Informes que determinen si las tierras del núcleo están o no comprendidas en algún plan o programa de desarrollo urbano, así como sobre los derechos que se hayan hecho valer sobre las mismas. Los documentos que se recaben en esta fase deberán tener el carácter de públicos. La Dirección General podrá solicitar a la Delegación los elementos documentales que a su juicio sean necesarios y que de manera complementaria deba ser requerida a los promoventes para integrar el expediente. 3. Diagnóstico Una vez que la Dirección General acuerde la integración del expediente y para ponderar si resulta jurídica, económica y socialmente procedente que subsista o no el Ejido, realizará el diagnóstico que corresponda dentro de los quince días siguientes. La fase de diagnóstico consiste en el análisis de las condiciones imperantes en el Ejido y su contraste con la normatividad agraria, la de uso del suelo o cualquier otra que resultare aplicable, así como con las variables de orden económico y social que el Ejido promovente haya invocado en su escrito de solicitud y que se encuentran debidamente probadas, mediante las constancias que integren el expediente relativo. En el proyecto de liquidación que adjunte el núcleo, es preciso señalar que respecto a las parcelas con destino específico, para los efectos de la terminación del régimen ejidal, éstas no pueden tener un trato igual que las tierras para el asentamiento humano, independientemente de que tengan la misma protección como establece el artículo 63 de la Ley Agraria, toda vez que la superficie destinada a su aprovechamiento, acorde con lo dispuesto por el artículo 29 de la ley antes mencionada, podrá ser igualmente asignada a los ejidatarios en dominio pleno en la proporción que conforme a sus derechos les correspondan, siempre y cuando no exista sobre las mismas algún proyecto productivo; en este caso se dividirá en partes iguales entre los miembros que las usufructúan. Asimismo, en cuanto a la Unidad Agrícola Industrial para la Mujer, si ésta se encuentra funcionando, se deberá constatar que se contemple cualquiera de las siguientes situaciones: - Que les sea otorgada a sus integrantes la superficie en dominio pleno, bajo el régimen de copropiedad, para el efecto de proceder a su explotación y aprovechamiento. - Que se constate que antes de la terminación de régimen ejidal, se constituya una figura asociativa por las mujeres que la integran, en términos de lo previsto en el artículo 2o. del Reglamento de la Ley Agraria para Fomentar la Organización y Desarrollo de la Mujer Campesina, a fin de estar en posibilidades de que se le asigne la parcela y que el proyecto productivo que realicen continúe, evitando en lo posible la pulverización de la parcela. En caso de que exista la Unidad Productiva para el desarrollo Integral de la Juventud, y toda vez que ésta la integran los jóvenes del núcleo agrario de manera transitoria, el proyecto debe reflejar la forma en que el núcleo la liquidará, la cual podría ser: - Como aportación a las entidades federativas o municipios, para que sea utilizada para el desarrollo de programas sociales, culturales, educativos, deportivos, recreativos y de capacitación para el trabajo en beneficio de la comunidad; - Asignada en dominio pleno entre los ejidatarios conforme a los derechos que les correspondan. En caso de que exista la parcela escolar, el proyecto de liquidación podrá reflejar alguna de las siguientes situaciones: - Como aportación a las entidades federativas, municipios, dependencias u organismos públicos, para el desarrollo de programas educativos con propósitos de investigación y de capacitación en actividades agropecuarias y forestales; - Asignada en dominio pleno entre los ejidatarios conforme a los derechos que les correspondan, previa liquidación de las obligaciones y derechos de esta parcela. Cuando el núcleo cuente con reserva de crecimiento, deberá acreditarse que la asignación que pretenda realizar la asamblea en dominio pleno a los ejidatarios sea conforme a sus derechos vigentes, y respetando al efecto la normatividad en materia de desarrollo urbano, federal, local o municipal. Dentro del plazo a que se refiere el primer párrafo de este numeral, la Dirección General, elaborará y enviará al C. Subprocurador General el Anteproyecto que deberá contener los elementos previstos en el siguiente apartado, así como el expediente que se haya conformado para tal efecto. 4. Dictamen El Dictamen es la culminación de este procedimiento administrativo y en él la Procuraduría definirá si debe o no subsistir el régimen ejidal, atendiendo a los argumentos expuestos por el promovente y a los elementos documentales que obren en el expediente. El Dictamen podrá ser de dos tipos: a) Procedente Cuando del estudio de las constancias que integran el expediente se desprenda, que efectivamente no existen las condiciones que motiven la permanencia del régimen ejidal. b) Improcedente Cuando del análisis de la documentación aportada se determine que sí existen los elementos que justifiquen la continuidad del régimen ejidal. El Dictamen revestirá la forma que la práctica ha consagrado para las sentencias judiciales y que permite al lector de ellas tener un entendimiento cabal del problema resuelto y de los alcances de la determinación tomada por el juzgador. Como consecuencia de lo anterior, los Dictámenes contarán con la siguiente estructura: - Resultando; - Considerando, y - Puntos resolutivos. 4.1 Resultando En esta parte del Dictamen se hará una narración del historial agrario del núcleo ejidal promovente y una descripción sucinta del trámite otorgado a la solicitud correspondiente. La finalidad que persiguen los Resultandos es la de plantear objetivamente el problema a dictaminar. 4.2 Considerando En el Considerando del Dictamen se deberá fundamentar la competencia del Procurador Agrario para la emisión del mismo, se razonará jurídicamente sobre el caso específico, expresando si las razones expresadas en la solicitud por las cuales se estima la terminación del régimen ejidal, son o no procedentes. 4.3 Puntos resolutivos Esta parte del documento contiene en estricto sentido, el Dictamen del Procurador Agrario acerca de la procedencia o improcedencia de la terminación del régimen ejidal en el caso del ejido promovente y establecerán la necesidad de someter el asunto al acuerdo de la Asamblea de formalidades especiales, según lo dispuesto por el artículo 23 fracción XII de la ley. El Subprocurador General, revisará y analizará el Anteproyecto, dentro de en un término de treinta días hábiles, de existir observaciones las informará a la Dirección General con el objeto de que se aclaren o, en su caso, se modifiquen. El Subprocurador General, formulará el Proyecto de Dictamen y lo someterá a consideración del Procurador Agrario, quien de considerarlo procedente, lo suscribirá. En caso contrario, lo devolverá al Subprocurador para que proceda conforme a lo previsto en el párrafo anterior. El Dictamen ya suscrito será remitido a la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria para que, de conformidad con sus atribuciones, certifique las copias que, en su caso, sean necesarias para su publicación, registro y archivo; las copias certificadas y el original se remitirán a la Dirección General quien realizará las siguientes actividades: a) Gestionará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en caso de que sea procedente; b) Remitirá a la Delegación que corresponda el original y copia certificada, con el objeto de que notifique con el primero al núcleo agrario y, gestione con la segunda, su publicación en el periódico de mayor circulación de la localidad en donde se ubique el Ejido solicitante, cuando sea procedente; c) Solicitar a la Secretaría General, trámite los recursos correspondientes para efectuar los pagos por la publicación del Dictamen en el Diario Oficial de la Federación y en el diario de mayor circulación de la localidad en donde se ubique el Ejido solicitante, y d) Integrará una copia certificada en el expediente que corresponda; e) Brindará el seguimiento correspondiente al asunto." En lo que al caso importa, de los numerales anteriores se destaca el procedimiento a seguir para la obtención de la Declaratoria de Terminación del Régimen Ejidal, el cual, sustancialmente consiste en lo siguiente: La solicitud de dictamen se presentará mediante escrito o comparecencia directa ante la Delegación o Residencia de la Procuraduría de la jurisdicción que corresponda, según la ubicación del núcleo ejidal de que se trate, por el Comisariado Ejidal o el representante del núcleo que al efecto se acredite, a la cual deberá contener los datos de identificación del núcleo de población, así como de su representante, entre otros, y se habrá de acompañar de los documentos que justifiquen la inexistencia de condiciones para la permanencia del régimen ejidal. Una vez recibida la solicitud, la Delegación o Residencia contarán con un término de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente de presentada la solicitud para determinar si la misma y la documentación a ella anexa, reúnen los requisitos necesarios para tener por integrado el expediente. Si se considera que los solicitantes no acreditan el interés jurídico con el que promueven o que existen deficiencias en la solicitud, el Delegado o Jefe de Residencia, dictarán acuerdo de prevención, señalando a los promoventes las omisiones que deban subsanarse y concediendo un término de treinta días hábiles para hacerlo. Si a la conclusión del término antes referido no se desahogó la prevención, se desechará la solicitud y se dictará acuerdo de archivo, teniéndose el asunto como concluido, sin perjuicio de que éstos presenten de nueva cuenta su solicitud. En cambio, de subsanar las omisiones, o que se considere que a ese momento se encuentra debidamente requisitado, la Delegación o Residencia integrarán el expediente respectivo, procederán a emitir el acuerdo de admisión a trámite y ordenarán su remisión a la Dirección General. Recibido el expediente, la Dirección General procederá a su análisis y calificación, dictando al efecto el Acuerdo de que el expediente se encuentra debidamente integrado o bien, solicitará de las diversas dependencias (Registro Agrario Nacional, Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Autoridades Estatales o Municipales) los elementos de juicio adicionales, o documentación que estime necesarios, dentro de los treinta días siguientes. Incluso, podrá la Dirección General podrá solicitar a la Delegación los elementos documentales que a su juicio sean necesarios y que de manera complementaria deba ser requerida a los promoventes para integrar el expediente. Una vez que la Dirección General acuerde la integración del expediente y para ponderar si resulta jurídica, económica y socialmente procedente que subsista o no el Ejido, realizará el diagnóstico que corresponda dentro de los quince días siguientes, y dentro de ese mismo plazo, la Dirección General, elaborará y enviará al C. Subprocurador General el Anteproyecto debidamente requisitado conforme a la norma ciada, así como el expediente que se haya conformado para tal efecto. El Subprocurador General, revisará y analizará el Anteproyecto, dentro de en un término de treinta días hábiles, de existir observaciones las informará a la Dirección General con el objeto de que se aclaren o, en su caso, se modifiquen. El Subprocurador General, formulará el Proyecto de Dictamen y lo someterá a consideración del Procurador Agrario, quien de considerarlo procedente, lo suscribirá. En caso contrario, lo devolverá al Subprocurador para que proceda conforme a lo previsto en el párrafo anterior. Así pues, el Dictamen es la culminación de este procedimiento administrativo y en él, la Procuraduría definirá si debe o no subsistir el régimen ejidal, atendiendo a los argumentos expuestos por el promovente y a los elementos documentales que obren en el expediente. El Dictamen ya suscrito será remitido a la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria para que, de conformidad con sus atribuciones, certifique las copias que, en su caso, sean necesarias para su publicación, registro y archivo; las copias certificadas y el original se remitirán a la Dirección General quien gestionará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en caso de que sea procedente; remitirá a la Delegación que corresponda el original y copia certificada, con el objeto de que notifique con el primero al núcleo agrario y, gestione con la segunda, su publicación en el periódico de mayor circulación de la localidad en donde se ubique el Ejido solicitante, cuando sea procedente; solicitar a la Secretaría General, trámite los recursos correspondientes para efectuar los pagos por la publicación del Dictamen en el Diario Oficial de la Federación y en el diario de mayor circulación de la localidad en donde se ubique el Ejido solicitante, e integrará una copia certificada en el expediente que corresponda. Así pues, la suma de los diversos plazos señalados para la sustanciación del procedimiento administrativo de referencia, corresponden a un total de ciento cuarenta y cinco días hábiles. Finalmente importa precisar que, en el año dos mil diecisiete, se computaron dos cientos cincuenta y cuatro días laborables en la República Mexicana. ANTECEDENTES Los antecedentes de los actos reclamados que se desprenden de las documentales que se allegaron al presente asunto en justificación de los actos de la autoridad judicial responsable (Cuaderno de pruebas anexo a constancias); así como de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa en la demanda del presente juicio, son de la relación siguiente. 1. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil dieciséis, la parte aquí quejosa presentó el escrito mediante el cual instó el procedimiento administrativo para obtener la emisión del Dictamen de Terminación de Régimen Ejidal, al cual pertenece la parte quejosa (fojas 1-2); acompañando para tal efecto las documentales que describió en dicho escrito. 2. El doce de diciembre de dos mil dieciséis, el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en Xalapa, Veracruz, emitió el acuerdo de admisión a trámite respecto de dicho procedimiento (foja 4) y tras la integración del mismo, éste envió el expediente correspondiente a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, quien lo recibió el dieciséis de enero de dos mil diecisiete (foja 3). 3. Mediante oficio DGAO/0197/2017 del seis de marzo de dos mil diecisiete, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en Xalapa, Veracruz (foja 336) las observaciones que se advirtió en la revisión del citado expediente, y le requirió para que aclarara la información y completara la documentación a la que hizo referencia en el citado oficio; respecto de lo cual se advierte que se envió el oficio PADV/3681/2017 de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recibido por la destinataria el veintinueve de ese mismo mes y año (foja 337). No obstante, a través del oficio DGAO/DASA/766/2018 del diecinueve de julio de dos mil dieciocho, la Directora de Apoyo social Agrario, dependiente de la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, devolvió al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en Xalapa, Veracruz (foja 360) el expediente de mérito y solicitó complementar y proporcionar la actualización de la documentación para la correcta integración de ese expediente; en torno a lo cual, el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en Xalapa, Veracruz, mediante oficio PADV/3942/2018 de veinticuatro de julio de dos mil dieciocho (foja 361) hizo externa su inconformidad con tal devolución, sobre todo, por lo que consideró una deficiente fundamentación y motivación de las consideraciones contenidas en aquel oficio; lo cual generó que la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, emitiera el diverso oficio DGAO/DASA/960/2018 del tres de agosto de dos mil dieciocho (fojas 363-367) mediante el cual precisó, fundó y motivó las deficiencias que advirtió en la integración de dicho expediente administrativo, así como los requerimientos que formuló en dicho oficio. Mediante oficio PADV/1152/2019 de siete de marzo de junio de dos mil diecinueve, y con sello de acuse de recibo del veinte siguiente (foja 368) envió a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, la documentación que le fue solicitada. A través del oficio DGAO/0383/2019 del dos de mayo de dos mil diecinueve, con acuse del trece siguiente, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, devolvió el expediente relativo al procedimiento administrativo referente a la emisión del Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado aquí quejoso, y requirió nuevamente al Delegado Federal de la Procuraduría Agraria, con sede en Xalapa, Veracruz (foja 373) la documentación que precisó en dicho oficio; entre esos, la constancia de inexistencia de juicios; acciones agrarias, o recursos de revisión pendientes de resolución, tramitados por el Ejido aquí quejoso ante los Tribunales Agrarios; así como también solicitó que se notificara al citado Ejido a fin de que tramitara la obtención de dicha constancia. Notificado que fuera el Ejido aquí quejoso (foja 375) éste entregó la documentación correspondiente, a través del escrito presentado directamente a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, el veinticuatro de junio posterior (foja 376) y por lo cual, a través del oficio DGAO/0810/2019 del quince de julio de dos mil diecinueve, dicha autoridad solicitó al Encargado de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, se le remitiera el referido expediente administrativo; lo que así fue cumplido el veinticuatro siguiente (foja 386) y para integrar el aludido expediente, entre el cinco y catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 387-414) se procedió a requerir de diversas autoridades la documentación respectiva. Previo requerimiento formulado el nueve de junio de dos mil veintiuno por la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México (foja 415) la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria con sede en esa ciudad, emitió el dieciocho de junio de ese mismo año, la "opinión Técnica" respecto de las "parcelas escolares" y de la infraestructura del Ejido aquí quejoso (416-419) que concluyeron con las observaciones allí asentadas; entre estas, la necesaria protocolización, ante Notario Público, respecto de la donación de parcelas que el Ejido quejoso realizó al Municipio de Boca del Río, Veracruz; por tal motivo, mediante oficio DGAO/619/2021 del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, solicitó al Encargado de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa (foja 443) para que requiriera a los aquí quejosos, a fin de que entregarán la documentación allí descrita, así como tramitaran la escritura correspondiente a la donación mencionada. Mediante correo electrónico enviado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, el Encargado de la Representación de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, envió la documentación que en ese correo describe (foja 444) y solicitó que se emitiera el anteproyecto del dictamen correspondiente y se enviara al 2. Subprocurador General Agrario, para su trámite necesario. No obstante, mediante el oficio PADV/0961/2021 con acuse de recibo de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno (foja 456) la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, solicitó a la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria con sede en esa ciudad, la diversa "opinión Técnica" respecto del anteproyecto del Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado aquí quejoso; por lo que en nueve de diciembre de dos mil veintidós emitió la Opinión Jurídica 020/2021 (fojas 458-466) en la que se asentaron como observaciones, entre otras, la falta de documentación allí descrita, entre esta, la protocolización de la donación de parcelas en favor del Municipio de Boca del Río, Veracruz. También aparece que mediante oficio DGAO/1105/2022 del trece de diciembre de dos mil veintidós, con sello de acuse del veintitrés siguiente, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, informó al 2. Subprocurador General Agrario con sede en la Ciudad de México (foja 468) que de la revaloración que hizo del expediente en trámite, el proyecto de Dictamen se emite en sentido negativo. No obstante lo anterior, y en atención a la Opinión Jurídica 020/2021 ya referida, mediante oficio DGAO/077/2022 del cuatro de febrero de dos mil veintidós la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, requirió al Representante de la Oficina de la Procuraduría Agraria en el Estado de Veracruz (foja 467) para que brindara asesoría al Municipio de Boca del Río, Veracruz, a fin de hacer de su conocimiento la importancia que reviste la protocolización de la donación de parcelas que hizo en su favor del Ejido aquí quejoso; lo cual fue notificado al citado Municipio el diez de febrero siguiente (foja 470). Mediante el oficio DGJRA/DAAPP/0101/2022 de catorce de febrero de dos mil veintidós (foja 472) la Dirección General Jurídica y de Representación Agraria con sede en la Ciudad de México, hizo del conocimiento de la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, la opinión en el sentido de que, a su consideración, y salvo la protocolización del convenio de donación de parcelas, el procedimiento para la emisión del Dictamen se encontraba debidamente integrado. A través del oficio PA/1177/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós, el 1. Procurador Agrario, con sede en la Ciudad de México, remitió a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, el escrito presentado por los aquí quejosos, en el que solicitaron la emisión del aludido dictamen (foja 474) en relación con lo cual, la citada Dirección informó a los Ejidatarios del estado que guarda dicho procedimiento, en el que se les indicó que dicho procedimiento se encontraba en revisión y análisis (foja 478); lo cual les fue notificado a los citados ejidatarios el tres de enero de dos mil veintitrés (foja 481). Así también se advierte del citado expediente, que obra el Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal, en sentido negativo, pero sin firma alguna (fojas 484-499). Nuevamente, mediante oficio DGAO/049/2023 del veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, informó al Ejido quejoso el estado que guarda dicho procedimiento, en el que se les indicó que fue remitida al Director General Jurídico y de Representación Agraria con sede en esa ciudad, un nuevo anteproyecto del Dictamen solicitado, a fin de su aprobación y trámite correspondiente (foja 504). Mediante oficio DGAO/164/2023 del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, notificado el siete de marzo siguiente (foja 509) la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, requirió al ejido aquí quejoso la documentación que se precisó en el mismo. Finalmente, a través del oficio CGOR/4T/DAA/139/2023 de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Directora de Asuntos Agrarios de la Coordinación General de Oficinas de Representación de la Procuraduría Agraria, remitió a la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, la documentación relativa a dicho Ejido, a fin de que fuera integrada al expediente administrativo de origen (foja 506). Hasta aquí los antecedentes que importan a los actos reclamados. SUBSUNCIÓN En el contexto anterior, se puede concluir que resulta patente la trasgresión al derecho a la administración de justicia a que se hace referencia en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues resulta es ostensible que el plazo de aproximadamente ciento cuarenta y cinco días hábiles previsto en el citado procedimiento administrativo para la emisión del Dictamen de Terminación del Régimen Ejidal, ha sido rebasado en exceso. Se concluye de tal forma, pues desde la fecha en que dicho procedimiento se promovió, esto es, desde el mes de noviembre de dos mil dieciséis y, por lo menos hasta la fecha en que se ha celebrado la audiencia constitucional en el presente juicio, han transcurrido aproximadamente siete años que, según promedio de doscientos cincuenta y cuatro días laborables por año, corresponde al número aproximado de mil setecientos setenta y ocho días hábiles, transcurrido desde entonces, sin que se haya emitido el dictamen correspondiente; de ahí la violación del derecho humano a que se ha venido haciendo referencia. Sin que obste a lo anterior, que de las constancias que se remitieron a este juzgado por las autoridades responsables, en justificación de sus actos, se destaquen las diversas actividades que han realizados las autoridades aquí responsables, entre estos, los requerimientos que se han formulado, incluso, a los aquí quejoso. Sin embargo se considera que aún bajo esa circunstancia, tal proceder no exime la dilación en la conclusión del procedimiento administrativo de origen, pues no se puede soslayar el lapso de tiempo que ha transcurrido, sin que se haya concluido el mismo, sea en el sentido que corresponde, es decir, favorable o desfavorablemente en relación con los intereses del ejido aquí quejoso. Por las razones que invoca, y que resultan aplicables en analogía de razón, sirve de apoyo a lo antes expuesto la siguiente jurisprudencia: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." CONCLUSIÓN En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación que aquí fue atendido, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos siguientes. EFECTOS Con apoyo en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, y toda vez que las autoridades responsables, conforme a la estricta esfera de sus facultades, han dilatado la integración y emisión de la Declaratoria de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado San José Novillero del Municipio de Boca del Río, Veracruz, que fue promovido el tres de noviembre de dos mil dieciséis, infringiendo el derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, por las razones expuestas, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las citadas autoridades, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, y conforme a los lineamientos marcados en el artículo 23, fracción XII, de la Ley Agraria, al Reglamento de dicha Ley y el "Manual que establece el Procedimiento para la Emisión del Dictamen a que se refiere el artículo 23 fracción XII de la Ley Agraria", dentro del plazo de quince días siguientes en que sean notificadas de esta sentencia, la 3. Dirección General de Organización Agraria, con sede en la Ciudad de México, elabore el anteproyecto del citado Dictamen y la remita en ese mismo plazo, junto con el expediente respectivo, al 2. Subprocurador General Agrario, quien los deberá revisar, analizar y elaborar el Dictamen que conforme a derecho corresponda al citado expediente corresponda y se ponga a consideración al 1. Procurador Agrario, con sede en la Ciudad de México, todo esto dentro del plazo de los quince días siguientes a su recepción, a fin de que a la conclusión de éste último plazo se emita la resolución que conforme a derecho corresponda, en torno a la Declaratoria de Terminación del Régimen Ejidal del Poblado San José Novillero del Municipio de Boca del Río, Veracruz. SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando pública en términos de la reforma al artículo 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de agosto del año dos mil veinte. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 107, fracción I, Constitucional, y 77 y 79, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Ruiseco Molina, Alfredo Hermelindo Ibañez Galicia e Irma Cerón Covarrubias, Presidente, Secretario y Tesorera del Comisariado Ejidal del Poblado de San José Novillero, municipio de Boca del Río, Veracruz, por lo que hace a los actos reclamados señalados en el considerando segundo de la presente resolución, por las razones y efectos vertidos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación del presente fallo, en los términos del considerando sexto de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito signado por Jorge Ruiseco Molina, Alfredo Hermelindo Ibañez Galicia e Irma Cerón Covarrubias, Presidente, Secretario y Tesorera del Comisariado Ejidal del Poblado de San José Novillero, municipio de Boca del Río, Veracruz, y en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista dada respecto del informe justificado rendido en proveído de veintisiete de junio de la presente anualidad, por el Director General Jurídico y de Representación Agraria con sede en la Ciudad de México, en representación de las responsables con arábigos 1, 2 y 3 y haciendo manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Igualmente, se tiene como PRUEBA DOCUMENTAL la que anexa a su escrito de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley de amparo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de cuenta signados por el Director General Jurídico y de Representación Agraria con sede en la Ciudad de México, en representación de las autoridades con arábigos 1, 2 y 3; en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho junio pasado. Igualmente, se tienen como PRUEBAS de su parte las documentales que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 119 de la ley en comento. Dadas las características del legajo de copias que acompaña el oficio que se atiende, se ordena formar con un cuaderno de pruebas por separado para el mejor manejo del presente asunto, para los efectos legales procedentes. Ahora, como lo anterior resulta ser en alcance a su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la Ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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