Jorge Roberto Andrade Rivez
Expediente 919/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Roberto Andrade Rivez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 353/2019-VI, por los motivos que expone; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. En consecuencia, en cumplimiento al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, se ordena notificar el auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve a la parte quejosa, por medio de listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. aec
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 371/2019-VI, por los motivos que expone; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. En consecuencia, en cumplimiento al acuerdo de diecinueve de agosto del año en curso, se ordena notificar el auto de seis del mes y año en curso a la parte quejosa, por medio de listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario del Juzgado Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:... Cuernavaca, Morelos, seis de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual solicita se le informe el estado procesal que guarda el presente asunto, en consecuencia, como se le hizo del conocimiento de manera personal por el actuario en diligencia de cinco de julio de dos mil diecinueve, en esa propia fecha se tuvo por recibida la demanda que se previno en los términos ahí indicados; recibiendo copia tanto del ocurso como de la promoción de ahí que al no cumplir con la misma el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se tuvo por no presentada la demanda en relación a la materia de la prevención, tal y como se le indició el veintinueve de julio siguiente; proveyendo por los restantes autos y autoridades, respecto de lo cual se resolvió desechar en su totalidad el asunto inicial de amparo; proveído que se ordenó notificar por despacho girado al juez Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en Turno, con sede en Cuautla, que a la fecha no ha sido devuelto. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUAUTLA, en turno, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, asimismo le corra traslado con copia simple del mismo, hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá remitir las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. MEAM
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 362/2019-VI, por los motivos que expone; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Por otra parte de la diligencia practicada por la fedataria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado, se desprende que el quejoso Jorge Roberto Andrade Rivez Gutiérrez, el doce de agosto de la presente año y mediante oficio 644/2019 suscrito por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, así como por oficio 15448 suscrito por el Juez Segundo de Distrito Especializado en Ejecución de Penas de la Ciudad México, se ordenó su libertad absoluta. En mérito de lo anterior, y toda vez que el quejoso se encuentra en LIBERTAD ABSOLUTA, de conformidad con la fracción III, inciso a), del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación del auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.... ...SE NOTIFICA QUEJOSO EL AUTO QUE A LA LETRA DICE:---Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo 919/2019-VI, se advierte que por auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se requirió a la parte quejosa a efecto de que precisara si era su deseo combatir actos de la Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos y en su caso qué actos en específico le atribuye, sin que el quejoso desahogara tal requerimiento; por tanto, en auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se hizo efectivo el apercibimiento que le fue decretado y se tuvo por no presentada la demanda únicamente por lo que hace a la citada autoridad y actos a ella atribuibles. En consecuencia, como se indicó en el citado auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, únicamente se tiene como actos y autoridad responsable los reprochados por JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, al Agente del Ministerio Público de la Federación Orientador "B" de la Unidad de Atención Inmediata en Cuautla, Morelos. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: El quejoso reclama los siguientes actos: "Reclamo de la responsable las omisiones y negligencia que ha cometido en el desempeño de sus funciones de investigación, así como el incumplimiento de los deberes y obligaciones que le imponen los artículos 1º., párrafo tercero y 20 apartado C, fracciones II, V párrafo segundo de la Constitución Federal, cuyas circunstancias relataré más adelante". De un estudio integral de la demanda de garantías se advierte que la parte promovente controvierte en esta instancia diversas omisiones y violaciones en las que aduce incurrió la autoridad responsable, dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUAU/0000544/2019. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 258 permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Debe resaltarse que de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que fue espíritu del Legislador el establecer un medio sencillo y accesible para impugnar las decisiones u omisiones del Ministerio Público. Al respecto, encuentra sustento lo anterior en las tesis III.2o.P.123 P (10a.) y XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), del rubro "MINISTERIO PÚBLICO. LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE SON CONSIDERADOS POR EL DENUNCIANTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, SE EQUIPARA A UN ACTO DE ABSTENCIÓN, POR LO QUE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO)." y "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y, la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/1 P (10a.) de rubro "ACCIÓN PENAL. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN O ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 20, APARTADO C, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SI PREVIAMENTE NO SE INTERPONE LA QUEJA PREVISTA EN EL NUMERAL 226 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO." De igual forma, es de señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, resolvió por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017. En la cual, la Primera Sala sostuvo que los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el citado código. Por su parte, el artículo 258, también del Código Nacional de Procedimientos Penales, como fue indicado permite impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, al efectuar una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, la Primera Sala concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Lo que condujo a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, se precisó que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258. Ello es así, atendiendo a que dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora y, por ende, el eventual acuerdo de no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. Por lo anterior, se determinó que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido deben agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Indicado lo anterior, es de señalarse que la legislación aplicable al caso concreto, establece un medio de impugnación, por las decisiones del Ministerio Público, lo que en la especie acontece, ya que, el acto reclamado es diversas omisiones y violaciones en las que aduce incurrió la autoridad responsable dentro de la carpeta de investigación FED/MOR/CUAU/0000544/2019; por tanto, lo que jurídicamente procede, es el incidente innominado establecido en la Codificación Penal antes aludida, el cual no ha sido promovido por el peticionario a pesar de que está obligado a hacerlo previamente al juicio de amparo. En consecuencia, como en el caso no se cumple con el principio de definitividad que regula la procedencia del juicio de garantías, es indiscutible que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, puesto que a través del incidente innominado, se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto impugnado en este Juzgado Federal. Apoya lo anterior, por analogía y las razones que informa, la Jurisprudencia 1a. /J. 16/2011 (10a.), visible en la página 41, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, de la Primera Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro es "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU NO EJERCICIO PROCEDE EL RECURSO DE QUEJA, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO ALPRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).". Así como la Jurisprudencia 1ª./J. 118/2010, visible en la página 17, del Tomo XXXIII, marzo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008).". De lo anterior, esta sede constitucional concluye que la interposición del incidente innominado, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, que el quejoso debió agotar antes de acudir al juicio de amparo y, de esa forma obtener el resarcimiento de los derechos que estima afectados. En efecto, la suscrita juzgadora sostiene este aserto, con base en que el medio de impugnación en mención, tiene por objeto desaparecer la determinación que lesiona los intereses de los quejosos, precisamente porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y, sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, del rubro "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.". En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por tanto SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, en términos del artículo 113 de la Ley de la materia. Finalmente, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUAUTLA, en turno, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo al quejoso JORGE ROBERTO ANDRADE RIVEZ GUTIÉRREZ, quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, asimismo le corra traslado con copia simple del mismo, hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá remitir las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruiz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, asistida del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
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