Jorge Raymundo Navarrete Hinojosa

Expediente 1793/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1793/2015
Año
2015
Actuaciones
9
Última actuación
05/04/2016

Partes del expediente

  • Jorge Raymundo Navarrete Hinojosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil dieciséis. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1793/2015-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto del seis de enero de dos mil dieciséis, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de marzo de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 5141 que remite el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 077/2016-III del índice de este Juzgado, derivado del presente juicio de amparo 1793/2015-III, por el cual se ordenó la notificación del acuerdo de seis de enero de dos mil dieciséis, al quejoso JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, asimismo, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, visto lo asentado por el Actuario adscrito al Juzgado exhortado en el sentido de que no pudo notificar a JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA el auto de seis de enero actual, en virtud de que al constituirse en el Centro de Reinserción Social "Lic. Eduardo Ruiz", el encargado del área jurídica le informó que el citado quejoso fue puesto en libertad el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a dicha parte el acuerdo de referencia, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado y los subsecuentes acuerdo, aún los de carácter personal, para todos los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe...auto que en lo conducente establece: ...Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que signa el DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL; por medio del cual, remite copia certificada de las constancias solicitadas mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa, es la omisión por parte de las autoridades responsables de ejecutar el traslado del directo quejoso JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ciudad Ayala al Centro de Reinserción Social Licenciado Eduardo Ruiz en la Ciudad de Uruapan, Michoacán. Ahora bien, tomando en consideración las constancias que remite la autoridad oficiante, se aprecia que por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/31482/2015 suscrito por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social en Suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Titular de la Coordinación General de Centros Federales; por medio del cual ordena al Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el traslado del aquí quejoso JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, al Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse realizado el traslado del quejoso del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial al Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para audiencia constitucional. La anterior consideración, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cabe destacar que dichas jurisprudencias resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." De conformidad con los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena girar exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN para que en auxilio de las labores de este Juzgado disponga la notificación del presente auto y el diverso de veintitrés de octubre de dos mil quince a JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de febrero de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 1639 que remite la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 004/2015-III del índice de este Juzgado, derivado del presente juicio de amparo 1793/2015-III; en atención a su contenido, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, asimismo, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, de conformidad con los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena girar exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN para que en auxilio de las labores de este Juzgado disponga la notificación del auto de seis de enero de dos mil dieciséis a JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio que signa el DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL; por medio del cual, remite copia certificada de las constancias solicitadas mediante auto de veintitrés de diciembre de dos mil quince. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que el acto del que se duele la parte quejosa, es la omisión por parte de las autoridades responsables de ejecutar el traslado del directo quejoso JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ciudad Ayala al Centro de Reinserción Social Licenciado Eduardo Ruiz en la Ciudad de Uruapan, Michoacán. Ahora bien, tomando en consideración las constancias que remite la autoridad oficiante, se aprecia que por oficio SEGOB/CNS/OADPRS/31482/2015 suscrito por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social en Suplencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y del Titular de la Coordinación General de Centros Federales; por medio del cual ordena al Director del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial el traslado del aquí quejoso JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, al Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán. Dichas constancias merecen eficacia probatoria plena, en virtud de ser copia certificada, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. De lo anterior se advierte que la molestia en la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fija la ley, reclamada por la parte quejosa, ha cesado, ya que al haberse realizado el traslado del quejoso del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial al Centro de Reinserción Social "Licenciado Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán, la autoridad hizo cesar las violaciones reclamadas respecto a la denegación de justicia que fue objeto la parte impetrante de garantías, con lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de la audiencia constitucional, por lo que se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para audiencia constitucional. La anterior consideración, encuentra apoyo en la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época cuyos rubro y texto son de la literalidad siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el mismo sentido, resulta aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyos rubro y texto se trascriben a continuación: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Cabe destacar que dichas jurisprudencias resultan aplicables al presente asunto, en virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." De conformidad con los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Penales, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena girar exhorto al JUEZ DE DISTRITO EN TURNO CON RESIDENCIA EN URUAPAN, MICHOACÁN para que en auxilio de las labores de este Juzgado disponga la notificación del presente auto y el diverso de veintitrés de octubre de dos mil quince a JORGE RAYMUNDO NAVARRETE HINOJOSA, quien se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social "Lic. Eduardo Ruiz" en Uruapan, Michoacán. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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