Jorge Rivera Becerril y Otros.
Expediente 139/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Amado Baez Martinez y Otros.
- Juan Manuel Moreno Carpio y Otros.
- Jorge Rivera Becerril y Otros.
- Procurador General de Justicia del Distrito Federal
- Amado Baez Martinez
- Jorge Rivera Becerril
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
MESA IV.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la resolución de veintiuno de abril pasado que sobreseyó fuera de audiencia el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la ley de la materia, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Con fundamento en el artículo 280, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Ampro, devuélvanse al Agente del Ministerio Público del Segundo Turno con detenido de la Fiscalía Central de Investigación de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los Tomos de pruebas que adjuntó al rendir su informe justificado.
- Incidental
MESA IV.- Visto el estado de autos, tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que en proveídos de dieciséis de febrero y treinta de marzo de dos mil quince, se otorgó la suspensión provisional de los actos reclamados; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:"Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno con Detenido de la Agencia Central de Investigación de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en atención a su contenido, se acuerda: Se tiene a la potestad suscriptora cumpliendo con el requerimiento de quince del actual y al efecto remite copia certificada de la audiencia de ampliación de declaración llevada a cabo el veintiocho de julio y trece de agosto de dos mil catorce, dentro de la causa penal, del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal. Sobre esa base, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, ya que de las constancias enviadas, se advierte que emerge una causa de improcedencia, aspecto que debe observarse de manera inicial, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En esa tesitura, respecto del acto consistente en el acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa, que niega el desahogo de probanzas ofrecidas por los quejosos, se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del invocado artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." De la porción normativa antes reproducida, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. En cuanto a su acepción gramatical, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, establece que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el vocablo "efecto" lo define, en su primera y tercera acepción, como aquello que sigue en virtud de una cosa y como el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra intitulada "Lecciones de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XVI, del artículo 73 -reproducido en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor-, es dable afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga.". Luego puntualiza, que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer a la parte quejosa en el goce de su derecho fundamental violado, ya que para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente". Esos razonamientos, llevan al jurista en cita a concluir que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, México 1997, página 467, expresa en relación con la causa de improcedencia que nos ocupa, que "el acto reclamado tiene como consecuencia inmediata la causación de una violación en los términos del artículo 103, Constitucional. La violación o las violaciones son, los efectos del acto reclamado. Entonces, cuando ha cesado la violación, cuando ha desaparecido la contravención, por haberlas reparado, por ejemplo, las propias autoridades responsables, el amparo deja de tener razón de ser, ya que perseguiría algo que ya está logrado: la reparación de la infracción". Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la entonces Tercera Sala, Tomo XCIX, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, visible en la página dos mil cuatrocientos cuarenta y tres, de epígrafe y sinopsis siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. De lo anterior, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, sustituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, es factible colegir que "cesación de efectos del acto reclamado" significa que la autoridad emisora deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se estima actualizada tal causa de improcedencia, ya que de las constancias incorporadas a este sumario, las cuales merecen pleno valor probatorio acorde a lo previsto en los numerales 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se conoce que el acto reclamado en este controvertido lo constituye el acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa, donde el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno con Detenido de la Agencia Central de Investigación de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, negó el desahogo de una documental ofrecida por los quejosos. Ahora, del informe justificado rendido por el Agente del Ministerio Público del Segundo Turno con detenido de la Fiscalía Central de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se conoce que la parte impetrante, ofreció dentro de la indagatoria de mérito, las siguientes pruebas: a) La documental pública, consistente en la copia certificada de la causa penal, del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto en Materia Penal en el Distrito Federal, en específico de la audiencia de desahogo de pruebas donde los quejosos comparecieron como testigos y el procesado Guerson Flores Juárez o Gerson Flores Juárez, afirmó no conocerlos. b) La testimonial. c) Cinco placas fotográficas. d) Videofilmaciones. En acuerdo de nueve de enero de dos mil quince (fojas 184 a 185), el Agente del Ministerio Público admitió las probanzas identificadas con los incisos b), c) y d); sin embargo, respecto a la prueba documental, consistente en la copia certificada de la causa penal, del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto en Materia Penal en el Distrito Federal, el Fiscal responsable, determinó que las constancias que integran la indagatoria, ponían en evidencia que el probable responsable Guerson Flores Juárez o Gerson Flores Juárez, hasta antes de la comisión del delito no conocía a los quejosos, por lo que estimó innecesario realizar el desahogo de esa probanza al no existir Litis. En esa tesitura, si en el caso, el impetrante de amparo acudió a esta instancia constitucional reclamando el acuerdo de nueve de enero de dos mil quince, dictado en la averiguación previa, que niega el desahogo de probanzas ofrecidas por los quejosos, en específico de la audiencia de desahogo de pruebas donde los quejosos comparecieron como testigos y el procesado Guerson Flores Juárez o Gerson Flores Juárez, afirmó no conocerlos y de la copia certificada remitida por el agente ministerial responsable, se advierte que recabó copias certificadas de las audiencias de ampliación de declaraciones de las personas que indica, dentro de la causa penal, del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, en relación a la averiguación previa; es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que se restituyó a la parte quejosa en el goce de derecho fundamental que estimaba vulnerado. En esa línea de pensamiento, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio constitucional en que se actúa, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo cuerpo legal. Sobreseimiento que también opera respecto de los actos reclamados, a la Fiscalía de la Agencia Central de Investigación Número Cincuenta del Ministerio Público en el Distrito Federal, ya que acorde a la razón plasmada por la fedataria adscrita el diecinueve de febrero pasado -foja 22-, no existe, por ende, menos puede existir el acto atribuido a ese ente. Con lo anterior, no se pasa por alto que en la diversa razón Actuarial de esa propia fecha -diecinueve de febrero pasado-, la fedataria haya hecho constar que el Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno en la Agencia Central de Investigación Número Cincuenta del Ministerio Público en el Distrito Federal José de Jesús Orta González, no existe, ya que basta remitirse a las actuaciones de este sumario, para advertir que en proveído de cinco de marzo de esta anualidad, se le tuvo rindiendo informe justificado -fojas 74 y 75-, aunado a que respecto del acto cuya certeza quedó comprobada, se estimó actualizada la causa de improcedencia destacada en líneas que preceden. En estrecha relación con lo anterior, cabe precisar que la Directora de Amparos en ausencia del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, el Director General de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales en ausencia del Jefe General de la Policía de Investigación, el Subdirector de Amparos Penales y Civiles en ausencia del Subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia y el Fiscal Central de Investigación de la citada Procuraduría residentes en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte impetrante ofreciera prueba en contrario, razón por la cual procede de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, decretar el sobreseimiento. En consecuencia, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de dicha audiencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite "
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio signado por el Agente del Ministerio Público adscrito al Segundo Turno con Detenido de la Agencia Central de Investigación de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en atención a su contenido, se acuerda: Se tiene a la potestad suscriptora informando que recabó copia certificada de las audiencias de desahogo de pruebas dentro de la causa penal ...del índice del Juzgado Quincuagésimo Quinto Penal en el Distrito Federal, así como desahogadas las ampliaciones de declaraciones de las personas que indica, en relación a la Averiguación ...En consecuencia, con apoyo en los artículos 62 y 64, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad, para que en el plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, remita copia certificada de las constancias antes referidas. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 251, del propio ordenamiento legal, se le impondrá multa
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