Jorge Raul Gonzalez Delgado

Expediente 279/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
279/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Jorge Raul Gonzalez Delgado
  • Fiscal General de Justica de la Ciudad de México

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IX. Agréguese a los autos el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al que acompaña copia certificada del juicio de amparo en que se actúa y de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el Recurso de Queja 89/2022. Ahora bien, dicho Tribunal resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: "PRIMERO. Se declara infundado el recurso de queja." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; sin que se acuse recibo, toda vez que como se advierte en el ocurso que se provee, éste no fue solicitado. Con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. Asimismo, tómese conocimiento de la certificación secretarial señalada con la letra B, relativa a la coincidencia de las constancias físicas y electrónicas que obran en los expedientes respectivos, para los efectos legales que haya lugar, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte. Este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; además, de que a consideración de esta autoridad no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno.

  2. Principal

    MESA IX.- Agréguese el oficio enviado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por el asesor jurídico del quejoso ***, contra el proveído de veintinueve de marzo pasado; quedando registrado con el número Queja 89/2022. Ahora bien, como se solicita, se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que de inmediato realice el ajuste correspondiente en la base de datos a su cargo, y relacione el presente asunto con el expediente del índice del citado tribunal.

  3. Principal

    MESA IX. Agréguese a los autos copia del escrito signado por ***, en su carácter de asesor jurídico del quejoso ***, por el que interpone recurso de queja contra el proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de impugnación indicado contra la precitada determinación. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, copia certificada del juicio en que se actúa, el escrito original de cuenta y copia de éste, e informe sobre la materia del mismo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por *****, en su carácter de asesor jurídico del quejoso *****, contra los actos de la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México y otras autoridades. RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número ****. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: La inconstitucional omisión de investigar de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, así como la falta de resolución o determinación de la carpeta de investigación **** En el caso este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Dicho precepto prevé el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga procesal del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio, tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. En el caso, se actualiza la causal en estudio, dado que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa quien se ostenta como víctima de hechos posiblemente constitutivos de delito, acudió a esta instancia constitucional a combatir, el acto reclamado consistente en "la inconstitucional omisión de investigar de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, así como la falta de resolución o determinación de la carpeta de investigación *****", por tanto, en su contra procede el recurso ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del cual puede ser modificado o revocado; por tanto, es la determinación que resuelva dicho medio de impugnación, la que en todo caso podrá impugnarse mediante el juicio de amparo biinstancial. Lo anterior es así, ya que la parte quejosa tenía la carga procesal, previamente a la presentación de la demanda de amparo, de interponer el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del citado artículo, se advierte que el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Ahora bien, de los artículos 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación en los términos previstos en ese código y demás disposiciones aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. En ese orden, este órgano jurisdiccional concluye que bajo el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de igual manera puede interpretarse la fracción XVII, del artículo 109 del código único, con los diversos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el 258 de la citada legislación procesal, para concluir que el acto reclamado debió analizarse por el juez de control previo a la promoción de este juicio de amparo. Así, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que inicie la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntivamente delictivos. Ante tales consideraciones, si en el caso, el acto reclamado consiste en "la inconstitucional omisión de investigar de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, así como la falta de resolución o determinación de la carpeta de investigación CI-FCJ/CUJ-1/UI-1 S/D/00253/02-2020" es innegable que tal determinación debe sujetarse a revisión del juez de control; por tanto, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales condiciones, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial.

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