Jorge Ricardo Manzanilla Mex
Expediente 518/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ricardo Manzanilla Mex
Actuaciones
- Principal
MESA II. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinticuatro de abril del presente año, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por JORGE RICARDO MANZANILLA MEX, contra actos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México. Fórmese el expediente 518/2019 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. De las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad, se advierten lo siguiente: 1. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, JORGE RICARDO MANZANILLA MEX, formuló una petición ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud, a efecto de que se le autorizara para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC( Tetrahidracannabinol, los isómeros A6 (10ª), A6a (7), A 7, A 8, A 9 (11) y sus variantes esqueteroquímicas (conjuntamente con marihuana o cannabis). 2. Mediante oficio 183301EL352414 signado por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, le informó que su solicitud no era procedente toda vez que en la Ley General de Salud no se establece la facultad de esta autoridad para otorgarle dicha autorización. 3. Motivo por el cual, el quejoso promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Precisión de los actos reclamados. En el caso, JORGE RICARDO MANZANILLA MEX, solicita que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre el acto siguiente: El oficio 183301EL352414, de seis de marzo de dos mil diecinueve, emitido por el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, por el cual informa al promovente que en la Ley General de Salud no se establece facultad alguna para otorgar la autorización requerida Fundamento de la improcedencia del juicio de amparo En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: ". El juicio de amparo es improcedente XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley Inclusive, en el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que en materia administrativa, previo a la promoción del juicio de amparo, es necesario agotar los medios de defensa, tal y como se advierte de la transcripción siguiente En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley Razones de la improcedencia En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos administrativos cuando previamente no se hace valer el medio ordinario de defensa que resulta procedente y que tenga por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo En la tesis 2a. X/2003, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal es aquella que constituye el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública y que puede tener como forma una como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial, sino que basta que contenga una determinación o decisión cuyas características impidan una modificación En efecto, para este Juzgador, la solicitud hecha por JORGE RICARDO MANZANILLA MEX, constituye una instancia, en la medida en que instó la actividad administrativa del Estado para obtener algo, por lo que es claro que la respuesta que le recayó a dicha solicitud constituye una resolución definitiva que le pone fin a una instancia Bajo esa tesitura, si el juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es procedente en contra de las resoluciones definitivas o actos administrativos que pongan fin a una instancia, como sucedió en el caso, entonces es claro que previamente a la promoción del juicio de amparo se debió agotar ese medio ordinario de defensa, ya que a través de éste se puede obtener la modificación, revocación o anulación de los oficios reclamados. En el entendido de que el vocablo instancia en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe entenderse como una petición o solicitud, mas no como una instancia derivada de un recurso, pues para este supuesto específico se establece la fracción XIII de ese precepto, en la que se prevé XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo Así al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo El medio ordinario cumple con las condiciones constitucionales y legales. Como se advierte del artículo 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, previamente a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar los medios de defensa legales siempre que ley que los prevea reúna las condiciones siguientes Que se suspendan los efectos del acto reclamado [con independencia de que el acto sea susceptible de ser suspendido conforme a la Ley de Amparo]. Que dicha suspensión tenga los mismos alcances que la Ley de Amparo. Que no exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva Que no prevea un plazo mayor que el establecido por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cumple con dichas condiciones tal y como se advierte de las jurisprudencias 2a./J. 130/2013 (10a.), 2a./J. 19/2015 (10a.) y 2a./J. 27/2016, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuyos rubros son, respectivamente, los siguientes PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Por tanto, es válido concluir que el juicio contencioso previsto en la Ley Orgánica el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no prevé mayores plazos no exige más requisitos ni establece menores alcances que los contemplados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión, razón por la cual cumple con las condiciones establecidas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución y 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por lo que es necesario agotarlo en atención al principio de definitividad No se actualiza alguna excepción al principio de definitividad Del análisis de la demanda este órgano jurisdiccional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad de las establecidas en el propio artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo ya que 1. Los actos no carecen de fundamentación. El quejoso exhibió el oficio reclamado y de su simple lectura se advierte que la autoridad que lo emitió citó diversos preceptos lo que permite concluir que no hay una falta absoluta de fundamentos. 2. No se alegan únicamente violaciones directas a la Constitución. De la simple lectura de la demanda se advierte que, entre otras cuestiones, el quejoso se duele de que, contrariamente a lo que sostuvo la autoridad administrativa en el oficio reclamado, sí tiene competencia para emitir la autorización que le fue requerida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º, fracciones XXI, XXII, 17 bis, de la Ley General de Salud, cuestión que constituye un planteamiento de mera legalidad, pues se trata de una violación indirecta a la norma constitucional Lo anterior implica que no se surte la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que en ese precepto se dispone No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia En dicha norma se utiliza la palabra "ólo como un adverbio de modo que significa únicamente De hecho así lo ha interpretado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que lleva por rubro RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. 3. El juicio no está previsto en un reglamento. El juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. Finalmente, es importante precisar que este Juzgador federal no desconoce las jurisprudencias emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal en las que declaró como inconstitucionales las normas de la Ley General de Salud que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana. No obstante, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la suplencia de la queja tratándose de normas declaradas inconstitucionales por jurisprudencia del Alto Tribunal, opera sólo respecto de cuestiones de fondo, es decir, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues es inadmisible que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo. Lo anterior se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2006, que lleva por rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS Incluso determinar si en el caso resultan aplicables las jurisprudencias que aluden a la inconstitucionalidad de las normas que establecen una prohibición absoluta para el consumo lúdico de marihuana es una cuestión de legalidad que de ningún modo justifica la procedencia del juicio de amparo sin agotar los medios ordinarios de defensa, sobre todo si en el caso, no se reclamaron normas generales Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 103/2011, establecida por la Primera Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro "URISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES Por ende, es evidente que previamente el quejoso debió agotar el juicio contencioso administrativo, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de amparo De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por manifiestose debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por indudable que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda de amparo son claros (ii) hay pruebas documentales [original del acto reclamado] que demuestran su naturaleza jurídica;(iii) deriva de la naturaleza del acto reclamado [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iv) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiaría Por tanto, el suscrito considera que analizar si se cumplió con el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo requiere un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial [no minucioso ni profundo], pues verificar la procedencia de un medio ordinario de defensa y si se está en alguno de los supuestos de excepción no depende de prueba alguna, pues las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios Por esa razón, no resulta aplicable la tesis aislada sin número, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que lleva por rubro DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE UN RECURSO CONTRA EL ACTO RECLAMADO, NO ES SUFICIENTE PARA DESECHARLA Como se advierte esa tesis alude a "la posibilidad de la existencia de un recurso"; sin embargo, en el caso que nos ocupa, la existencia de un medio ordinario de defensa no sólo es posible, sino que está plenamente evidenciada, esto es, no hay duda sobre la existencia del juicio contencioso administrativo como un medio ordinario de defensa contra actos de autoridades dependientes de la administración pública de la Ciudad de México Aunado a ello, como ya se ha demostrado, ese medio ordinario de defensa no solo es posible, sino que es idóneo y eficaz para lograr la anulación, revocación o modificación del acto aquí reclamado Dada la conclusión alcanzada, este Juzgador estima de vital importancia destacar que este pronunciamiento de ningún modo prejuzga sobre si JORGE RICARDO MANZANILLA MEX, tiene derecho a que la institución a la que acudió acceda a autorizar para el consumo individual del estupefaciente cannabis sativa, así como el psicotrópico THC( Tetrahidracannabinol, los isómeros A6 (10ª), A6a (7), A 7, A 8, A 9 (11) y sus variantes esqueteroquímicas (conjuntamente con marihuana o cannabis) No obstante, lo objetivamente cierto es que su escrito ya fue atendido y la validez de esa respuesta no se puede analizar en el juicio de amparo si previamente no se agotan los medios ordinarios de defensa Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su demanda de amparo, y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a GRISEL IVETH JUÁREZ MOGUEL así como con las limitaciones que establece la parte final del segundo párrafo del artículo antes citado hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a AMARILIS DEL CARMEN PALMA PÉREZ,JOSUÉ RAMÓN BRICEÑO CEBALLOS y ELOISA IVANOA MENDEZ RODRÍGUEZ De igual forma tómese nota que el aquí quejoso, manifiesta, que no se opone a la publicación de sus datos personales de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente
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