Jorge Ricardo Azcorra Aldecua
Expediente 663/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 663/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Ricardo Azcorra Aldecua
Actuaciones
- Principal
III.- de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de ellos se advierte que mediante proveído de diecinueve de marzo de dos mil quince, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo en que se actúa como asunto definitivamente concluido. Atento a lo anterior, y de una revisión de las constancias que integran los autos del incidente de suspensión derivado de los presentes autos, se advierte que obra documento original consistente en el billete de depósito número N-467919, expedido a favor del quejoso VILLAS CONDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de diez mil pesos sin centavos moneda nacional, mismo que exhibió para garantizar los daños a terceros con motivo de la suspensión provisional concedida en los autos incidentales derivados del presente juicio de amparo; en consecuencia, prevéngase a la parte quejosa quejoso VILLAS CONDESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, acuda a este Tribunal con identificación oficial, a fin de recoger el documento original consistente en el billete de depósito número N-467919, que exhibió como garantía de su parte para que surtiera efectos la suspensión que en su oportunidad solicitó; apercibido que de no cumplir con lo anterior, una vez concluido el término que aquí se le otorga, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación, se declarara prescrito su derecho para exigir la devolución del referido billete de depósito y se remitirá el mismo a la Tesorería de la Federación
- Principal
MESA V. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por la Directora General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Fiscal de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual comunica que no se ha recibido en dicha oficina la sentencia correspondiente al presente juicio de amparo; por tal motivo, para evitar mayores dilaciones, remítase, vía estafeta a dicha Dirección, copia autorizada de la sentencia en comento, a fin de que al recibir la misma, acuse el recibo correspondiente.
- Principal
IV. Vista la demanda de amparo promovida por JORGE RICARDO AZCORRA ALDECUA, contra actos que reclama de la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán. Por tanto, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Ahora bien, de la misma se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, motivo por el cual, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina:"La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." En efecto la parte quejosa reclama del Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Motul, Yucatán, la resolución de dos de abril del año dos mil diecinueve, dictado en autos del Juicio Ordinario Civil número 322/2014, que promovió en contra de José Bernabé Aldecua Martín; la que confirmó el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en el que negó la petición de la actora, de declarar la rebeldía de la parte demandada, al considerar que no había dado contestación a la demanda dentro del término que le fue concedido. En el caso, este Juzgador Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia revista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En principio, cabe hacer énfasis sobre la evolución del concepto de actos de "imposible reparación"; sobre el particular, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores, a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y: b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo. También era cierto, que se consideró que tal criterio no era absoluto, pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también respecto de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad o incluso tratándose de la excepción de cosa juzgada), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación ésta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, durante un tiempo prolongado, un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia; así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone, como se ha dicho antes, lo siguiente: ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean "de imposible reparación, entendiéndose por ellos "los que afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos y en los "tratados internacionales de los que el Estado "Mexicano sea parte. De la literalidad del artículo antes trascrito, se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió que son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia, tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos, con la clara exclusión de los de naturaleza procesal. Con lo anterior, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica, para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción, en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación" o de "afectación en grado predominante o superior", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. La "jurisprudencia integrada conforme a la ley "anterior continuará en vigor en lo que no se "oponga a la presente Ley. Bajo este contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no, materialmente, un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales; asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico, ampliar la procedencia del amparo bi-instancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación "pro personae" para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado, que sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción.Ahora, como ya se expuso, en la Ley de Amparo aplicable, se define con precisión lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando que son aquéllos que "afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política de "los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados "internacionales en los que el Estado Mexicano sea "parte." En efecto, el legislador estableció que un acto para ser calificado como irreparable, debe originar una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera de leyes adjetivas. Siguiendo esos conceptos, debe concluirse que el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la resolución de dos de abril del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil 322/2014, que confirmó el acuerdo de diecinueve de diciembre del año pasado, que negó la petición del actor aquí quejoso, de declarar en rebeldía a la demandada Basilia Adiela Ciua Palma, al no haber dado contestación a la demanda dentro del término que le fue concedido; no produce una afectación material a derechos sustantivos, sino sólo origina efectos intraprocesales, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el juicio natural, en caso de ser favorable, y en el supuesto de no ser así, el impetrante estará en aptitud de impugnar tal decisión como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos del numeral 172 de la ley de la materia. Sirven de apoyo a lo anterior las jurisprudencias números 244 y 232, visibles a fojas 164 y 157 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." y "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.-De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.".Y la tesis aislada, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, visible en la página 1157, con número de registro 195468, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE CONFIRMA LA NEGATIVA DE TENER POR ACUSADA LA REBELDÍA A LA DEMANDADA. El auto mediante el cual se resuelve el recurso de revocación que confirma el acuerdo que niega la petición de la actora de que se declarara la rebeldía de la parte demandada, por considerar que había contestado la demanda fuera de tiempo, no es de imposible reparación ya que sólo afecta los derechos adjetivos o procesales de la quejosa, que constituyen una violación que podría no trascender al sentido de la sentencia, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales los cuales pueden ser reparados si se obtiene sentencia favorable, y en el supuesto de que no lo fuera, estaría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente e incluso acudir al juicio de amparo directo donde podría delatar las violaciones procesales; por lo que no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b) constitucional, en relación con el artículo 1, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, por tanto, en su contra no procede el amparo biinstancial." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, en contrario sensu, de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda constitucional. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en su demanda de garantías y como su autorizado Carlos Reinaldo García Conrado en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia asimismo, se le autoriza para utilizar medios electrónicos con el objeto de reproducir las diversas promociones y acuerdos del presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que la Actuaria Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales
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