Jorge Patricio Gonzalez Monroy

Expediente 249/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
249/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Jorge Patricio Gonzalez Monroy
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Mesa de Investigación En Delitos Financieros del Sistema Tradicional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta de abril de dos mil dieciocho, misma que sobreseyó en el juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la documental que acompañó a su informe justificado las cuales se encuentran agregadas en el presente juico de amparo, para lo cual se ordena su desglose y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto 249/2018-C, promovido por Jorge Patricio González Monroy, contra los actos atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla; y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. .

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla con el que da cuenta el Secretario, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en relación directa con el numeral 117 de la misma legislación, ténganse como pruebas de la citada autoridad responsable las documentales que anexa al oficio de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, toda vez que la autoridad oficiante refiere que la documental anexó a su informe de cuenta, tiene el carácter de reservada y confidencial; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, de la Ley de Instituciones de Crédito; 97, 110, fracción XI, 113, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este juzgado debe vigilar y evitar la divulgación de la información contenida en él. No obstante la suscrita Jueza, bajo su más estricta responsabilidad, puede permitir el acceso a las partes de la información que considere esencial para su defensa, por lo que podrá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado, en el entendido que en ningún caso podrá reproducir la información clasificada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo. Ahora bien, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 17/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO, como del informe de cuenta se advierte que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo relacionado con la carpeta de investigación 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST-de la cual derivan los actos reclamados en la presente instancia-; solicítese atentamente al Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Estado de Puebla que, de no tener inconveniente alguno, remita fotocopia certificada de las siguientes constancias: Papeleta de turno; Demanda de amparo; Auto admisorio; Sentencia; Proveído por el cual causó ejecutoria la misma (en su caso), del oficio y el anexo mediante el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a dicha ejecutoria, del acuerdo por el que se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por la responsable y del auto por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de mérito; Así como, de las constancias de notificación respectivas. Las cuales obran en el juicio de amparo 1401/2017 de su índice, seguro de reciprocidad en casos análogos.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo en vigor, con las dos copias de la demanda y escrito aclaratorio, se forma por separado y duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 249/2018-C, promovido por Jorge Patricio González Monroy, contra actos del 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional, quien conoce de la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST, que hace consistir en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST, vicios propios del acuerdo antes indicado, la falta de notificación personal del citado acuerdo y la orden de ratificación del escrito presentado ante la responsable de ocho de diciembre de dos mil diecisiete. CUESTIONES PRELIMINARES. Como se ordenó en el juicio principal, no obstante que la(s) autoridad(es) ordenadora(s) señalada(s) como responsable(s) no aplica(n) el nuevo sistema de justicia penal establecido en la reforma constitucional en esa materia, difundida el dieciocho de junio de dos mil ocho, el presente incidente debe tramitarse conforme a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 12/2018, al resolver la Contradicción de Tesis 100/2017. Acotado lo anterior, y previo a establecer sobre la procedencia o no de la suspensión, es pertinente señalar que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que los actos reclamados, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual este órgano jurisdiccional, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, para impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente, lo que traería como consecuencia que se haga ilusoria para el quejoso la protección de la Justicia Federal. Por tanto, a fin de proveer respecto de la suspensión provisional solicitada resulta indispensable atender al marco jurídico legal que condiciona su procedencia, a saber, los artículos 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo vigente, de los que deriva que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y además debe tomar en consideración que no se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados, que hace consistir en: (.) El acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018 por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la Averiguación Previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST. Vicios propios del acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018 por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la Averiguación Previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST ya que por un lado dicho acuerdo carece de fundamentación y motivación y por otro lado es indebida la misma. La falta de Notificación personal del acuerdo de fecha veinte (sic) de fecha 16 de febrero de 2018 por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la Averiguación Previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST. La orden de ratificación del escrito de fecha 8 de diciembre de 2017. (sic) (.) IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Por lo que hace al acuerdo de fecha 16 de febrero de 2018 por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la Averiguación Previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST, así como los vicios propios del mismo, atribuidos al Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Investigación en Delitos Financieros del Sistema Tradicional, se niega la suspensión provisional, atento a que los actos señalados son meramente declarativos y, en virtud de que en los mismos, la autoridad responsable evidenció una situación determinada, sin modificar una existente; esto es, declaró que negar la prescripción de la acción penal en autos de la averiguación previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST, por lo que resulta improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Apoya a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, la cual aparece publicada en la página 15, tomo 163-168, sexta parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro dicen: ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. Además, la medida cautelar solicitada no podría tener como efecto dejar insubsistente el acto reclamado, ya que es un efecto restitutorio que sólo la sentencia amparadora que, en su caso se emita dentro del juicio de derechos fundamentales del que deriva este incidente, podría tener. Por cuanto hace al acto reclamado consistente en la falta de Notificación personal del acuerdo de fecha veinte (sic) de fecha 16 de febrero de 2018, por medio del cual se le niega la prescripción de la acción penal de la Averiguación Previa 692/2009/DMS-V/AEDF-2/MIDFST, resulta improcedente conceder la suspensión provisional solicitada, atento las consideraciones que enseguida se exponen: Para efectos de la suspensión dentro del juicio de garantías se encuentran, entre otros: los actos positivos y los negativos; los primeros se traducen en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) actos de ejecución continuada, y c) actos de ejecución de tracto sucesivo; y los actos negativos se clasifican como: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos. De tal manera que, si tomamos en consideración que el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el juicio de amparo, es evidente que la procedencia de la suspensión no se actualiza ante una omisión de la autoridad a actuar de determinada manera, pues si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. En este orden de ideas, si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo dispone que para el otorgamiento de la suspensión de un acto de autoridad deben concurrir los siguientes requisitos, que a saber, son: 1. Que se solicite la suspensión y 2. Que no contravenga disposiciones de orden público ni se ocasione perjuicio al interés social; también lo es que el análisis de dichos requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, no existiría, como en el presente asunto, materia que suspender; de ahí que, si en el caso la pretensión del quejoso es la restitución material de la posesión del bien inmueble de su propiedad, el cual refiere en el momento de su aseguramiento se encontraba en posesión de la arrendataria y respecto de éste posteriormente se decretó el abandono a favor del Estado de Puebla y fue puesto a disposición del Oficial Mayor de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se dijo, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS PROHIBITIVOS O NEGATIVOS. Si bien en la Ley de Amparo no existe disposición alguna que establezca que debe negarse la suspensión cuando el acto reclamado es prohibitivo o negativo, el criterio del Poder Judicial de la Federación ha sido constante en el sentido de que la suspensión no procede contra actos que tienen ese carácter, porque el objetivo de la medida cautelar es paralizar y detener la acción de la autoridad responsable mientras se tramita el amparo, hipótesis que obviamente no se actualiza ante una prohibición de proceder para el particular o ante una negativa de la autoridad a actuar de determinada manera, como sería admitir una prueba o un recurso, o negar eficacia a ciertas diligencias; por lo que si la suspensión se otorgara contra ese tipo de actos, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran al solicitar la protección constitucional, sino efectos restitutorios que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. De ahí que la interpretación del artículo 124 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos para otorgar esa medida cautelar, debe partir de la premisa de que el acto sea suspendible, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por dicho artículo, como es que la solicite el agraviado, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto, no existiría materia que suspender. Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XV, Marzo de 2002, Página: 1468, Tesis: I.3o.C.25 K, Tesis Aislada, Materia(s): Común. Ahora respecto al acto reclamado consistente en la orden de ratificación del escrito de fecha ocho de diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada, atento a que dicho acto reclamado, tiene el carácter de consumado pues el quejoso refiere que ya se le requirió para que ratifique el citado escrito, y, contra actos de tal naturaleza resulta improcedente conceder la suspensión provisional, pues ello equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se dicte. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia VI. 2o. J/75 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. INFORME PREVIO En acato a lo establecido por los numerales 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) y requiérasele(s) su informe previo que deberá(n) rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas, en el que señalará(n): Si es cierto o no el acto reclamado que se le(s) atribuye. 2. Podrá(n) expresar las razones que estime(n) pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberá(n) proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes (de estar en el supuesto). Dicho informe lo podrá(n) rendir vía fax al número telefónico (222) 303 72 00 extensión 1713 ó al correo institucional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx. APERCIBIMIENTO AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S). De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la(s) autoridad(es) responsable(s), con la aplicación de multa por el equivalente de cien a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA): i) En caso de que se niegue(n) a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstenga(n) o sea(n) omisa(s) en rendir el informe previo o lo haga(n) sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir cierto el acto reclamado. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s) que si del contenido de su informe se advierte que afirmare(n) una falsedad o negare(n) la verdad; o, en su caso remitiere(n) constancias equivocadas, podrá(n) ser sancionada(s) en los términos que señala el indicado arábigo. AUDIENCIA INCIDENTAL. Para la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, para que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia incidental correspondiente, fecha que se fija tomando en consideración que el veintiuno de marzo del actual, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, es considerado inhábil; aunado a que mediante circular 7/2018 el Secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el catorce de marzo del actual, se declararon como días no laborables el veintiocho, veintinueve y treinta de marzo del año en curso, con motivo de la "Semana Santa"; por lo que de conformidad con lo dispuesto por el citado numeral, no correrán términos judiciales. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su libelo de cuenta. AUTORIZADOS. En términos del párrafo segundo, parte in fine, del artículo 12 de la Ley de la Materia, se tiene(n) como autorizado(s) sólo para oír notificaciones e imponerse de autos, a la(s) persona(s) designada(s), quienes no gozarán de las demás facultades a que se refiere el párrafo primero de dicho numeral, al no acreditar encontrarse legalmente autorizada(s) para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ni proporcionarse los datos correspondientes de su cédula profesional. DE LAS NOTIFICACIONES A LA(S) AUTORIDAD(ES). Se hace saber a la(s) autoridad(es) responsable(s) y a aquélla(s) que tenga(n) el carácter de tercero(s) interesado(s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le(s) ordene(n) realizar en este expediente, será(n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le(s) notificará(n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica: http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último, acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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