Jorge Patricio Gonzalez Monroy

Expediente 1251/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1251/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
05/01/2018

Partes del expediente

  • Jorge Patricio Gonzalez Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de enero de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta de noviembre de dos mil diecisiete que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo indirecto 1251/2017-E, promovido por Jorge Patricio González Monroy, contra los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Registradora Pública de la Propiedad de la circunscripción territorial de Cholula, Puebla, precisados en el considerando segundo y por las razones expuestas en el diverso tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo.

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 58121/2017 del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual, remite el cuaderno de antecedentes formado con copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 399/2017-VII-14 de esa estadística, promovido por Jorge Patricio González Monroy y un anexo, en razón de la separación de juicios ordenada en dicho expediente. En virtud de lo anterior, radíquese este expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de amparo 1251/2017-E; y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, en primer término, conviene precisar que a razón de lo ordenado en resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 399/2017-VII-14 de la estadística de ese Juzgado, en el que se ordenó la separación de juicios que dio origen al presente expediente. Así, se hace la precisión que el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por el quejoso Jorge Patricio González Monroy, a las autoridades responsables 1. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (respecto a la causa penal 156/2010 de esa estadística), 2. Fiscal General del Estado de Puebla, y 3. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Cholula, Puebla, consistente en el aseguramiento del bien inmueble denominado predio rústico Xilotzingo ubicado en el Barrio de Santiago Cuayantla de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y la orden de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Precisado lo anterior, la suscrita Juzgadora acuerda: Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 15, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Jorge Patricio González Monroy, contra los actos y autoridad responsable ya precisados. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, pues el mismo ya fue resuelto en definitiva por la autoridad oficiante, por lo que únicamente colóquese la caratula correspondiente a las copias certificadas que anexó el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto del cuaderno incidental 399/2017-VII-14. Igualmente, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables 1. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla, y 3. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Cholula, Puebla, sus informes justificados, toda vez que ya obran en autos; y, con ellos se dio vista a las partes mediante acuerdos de once de abril, ocho de mayo y doce de junio todos de esta anualidad, razón por la cual no ha lugar a dar nueva vista con ellos. En otro orden, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá a cada una y por separado una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis., de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su demanda de amparo; y, por autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, pues no obstante que manifiesta que es su deseo autorizarlos en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que cuentan con cédula de licenciados en derecho inscrita ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarla en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio 58121/2017 del Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por medio del cual, remite el cuaderno de antecedentes formado con copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo 399/2017-VII-14 de esa estadística, promovido por Jorge Patricio González Monroy y un anexo, en razón de la separación de juicios ordenada en dicho expediente. En virtud de lo anterior, radíquese este expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número de amparo 1251/2017-E; y, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Ahora, en primer término, conviene precisar que a razón de lo ordenado en resolución de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio de amparo 399/2017-VII-14 de la estadística de ese Juzgado, en el que se ordenó la separación de juicios que dio origen al presente expediente. Así, se hace la precisión que el sumario constitucional en que se actúa únicamente versará respecto de los actos reclamados por el quejoso Jorge Patricio González Monroy, a las autoridades responsables 1. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla (respecto a la causa penal 156/2010 de esa estadística), 2. Fiscal General del Estado de Puebla, y 3. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Cholula, Puebla, consistente en el aseguramiento del bien inmueble denominado predio rústico Xilotzingo ubicado en el Barrio de Santiago Cuayantla de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo, perteneciente al Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, y la orden de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Precisado lo anterior, la suscrita Juzgadora acuerda: Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 15, 33, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y 128 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Jorge Patricio González Monroy, contra los actos y autoridad responsable ya precisados. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión, pues el mismo ya fue resuelto en definitiva por la autoridad oficiante, por lo que únicamente colóquese la caratula correspondiente a las copias certificadas que anexó el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, respecto del cuaderno incidental 399/2017-VII-14. Igualmente, no ha lugar a requerir a las autoridades responsables 1. Juez Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla, y 3. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio en Cholula, Puebla, sus informes justificados, toda vez que ya obran en autos; y, con ellos se dio vista a las partes mediante acuerdos de once de abril, ocho de mayo y doce de junio todos de esta anualidad, razón por la cual no ha lugar a dar nueva vista con ellos. En otro orden, con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo inmediatamente a este órgano jurisdiccional, acompañando las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de no hacerlo se les impondrá a cada una y por separado una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis., de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita la intervención que le corresponde. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Séptimo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena sea emplazado al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su demanda de amparo; y, por autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, pues no obstante que manifiesta que es su deseo autorizarlos en los términos amplios del citado precepto, esta autoridad carece de los elementos necesarios para corroborar que cuentan con cédula de licenciados en derecho inscrita ante la Secretaría de Educación Pública y, el solo hecho de indicar sus nombres, no es suficiente, en virtud de los homónimos que pudieran existir respecto de éstos. Sin perjuicio de que si en el futuro llegase a acreditar la situación anterior, la parte quejosa podrá autorizarla en los términos que pretende. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Por otra parte, se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados. A lo anterior es aplicable la Jurisprudencia 176/2012 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." También, hágase saber a las autoridades responsables que de negarse a recibir la notificación, sin demostrar con ordenamientos jurídicos o documentos oficiales la causa razonable que impida la recepción del oficio, procederá el actuario de este juzgado a levantar una razón donde establezca la negativa injustificada y tendrá por hecha la notificación, con fundamento en el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Aunado a ello, se les impondrá de forma separada una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, como lo ordena el artículo 245 de la citada legislación, en los términos siguientes: "(.) a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación se le impondrá multa de cien a mil días. (.)". Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizarán oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.

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