Jorge Patricio Gonzalez Monroy
Expediente 1079/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 66 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 66
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Patricio Gonzalez Monroy
- Angel Rivera Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 66.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jorge Patricio González Monroy, y en atención a su contenido, se provee: Como lo solicita, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, por conducto de la persona que refiere en su escrito de cuenta, debiendo comparecer con identificación oficial y vigente (y copia simple de la misma), en el horario comprendido de las diez a las doce horas de los días hábiles, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, respecto a la petición que formula el ocursante en el sentido de que solicita tomar fotografías de las constancias a que refiere en su escrito de cuenta, se acuerda procedente dicha solicitud, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Así mismo, debe indicarse a la dicha parte procesal, que para la hipótesis de que se solicite copiar a través de los medios citados, sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista, en este caso, a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Cobran aplicación las siguientes tesis: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Finalmente, por cuanto hace a su petición en el sentido de que se tenga por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Carlos Susunaga Vallejo, dígasele al quejoso que debe estarse a lo acordado en proveído de dos de agosto de dos mil diecinueve.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el ocho de agosto de dos mil diecinueve, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veintidós de agosto al once de septiembre del presente año, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General acompañó en complemento a su informe justificado (consistente en copia certificada de diversas constancias del triplicado abierto de la averiguación previa 692/2009/DMMZS-V/AEDF2/MIDFST de su índice y con el que se ordenó formar anexo I), así como la recabada oficiosamente por este órgano de control constitucional y que fuera remitida por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, (consistente en copia certificada de varias actuaciones del juicio de amparo 1401/2017 de su estadística, con las cuales se formó el anexo II), devuélvanse las mismas a las autoridades antes referidas. No ha lugar a requerirles el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que los domicilios de las autoridades en cita, se encuentran en el lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, y cerciorarse que los acuse de dichas misivas, se haga constar la entrega de las documentales descritas.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE tercera interesada Eva del Ángel Mendo LOS PROVEÍDOS DE 08 Y 14, AMBOS DE agosto DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de veintiséis de julio pasado, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando dicha vista la tercera interesada 7. Rita Isabel Mendoza Ceballos y el quejoso Jorge Patricio González Monroy. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos, tomando en cuenta lo aportado en el desahogo de la vista indicada. I. Antecedentes. Previo a analizar si la ejecutoria de amparo se cumplió cabalmente, es menester que para mayor entendimiento se narren los siguientes antecedentes: ( Mediante sentencia dictada el trece de marzo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo al quejoso Jorge Patricio González Monroy, contra el acuerdo emitido el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del triplicado abierto de la averiguación previa 692/2009/DMZS-V/AEDF2/MIDFST, en donde se declaró procedente la negativa a prescribir la acción penal, solicitada mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete; para los efectos precisados en el propio fallo protector. ( Inconforme con dicha resolución, el propio quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión R-89/2019. ( Mediante ejecutoria dictada el dieciséis de mayo del año en curso, el referido tribunal colegiado de circuito confirmó la sentencia recurrida. ( En auto de treinta y uno de mayo del actual, este órgano jurisdiccional requirió a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla -autoridad responsable- el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ( Por acuerdo dictado el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se analizó la resolución emitida el dieciocho de junio pasado, dentro de la averiguación previa 692/2009/DMZS-V/AEDF2/MIDFST, que, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, la responsable remitió a este órgano jurisdiccional. En dicho proveído, se advirtió que no todos los vicios de forma destacados en la sentencia se habían subsanado, por lo que se le requirió nuevamente para que diera cumplimiento a lo siguiente: 1. Dejara sin efectos la resolución reclamada, así como la diversa de dieciocho de junio de dos mil diecinueve -con la que pretendió cumplir con la ejecutoria de amparo-. 2. Diera cabal cumplimiento a los efectos de la sentencia protectora destacados como no cumplidos, sin modificar el resto de la resolución, por cuanto hace a los demás efectos por los que se consideraron purgados lo demás vicios de forma señalados en la sentencia, esto es, podría reiterar las consideraciones que a criterio de este juzgado subsanaron los vicios de forma detectados. 3. Se reiteró que de estimar oportuna la presentación de las querellas, estudiara el término de la prescripción a partir de la sanción máxima del delito, que se contaba una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella y señalara a qué cantidad equivalía el salario mínimo en la época en que supuestamente se dieron los hechos investigados, para que, una vez precisada, realizara la operación aritmética correspondiente para constatar que el detrimento patrimonial encuadraba en la hipótesis que prevé la fracción IV del artículo 403 del Código Penal del Estado de Puebla. ( En acatamiento a lo anterior, el fiscal responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el veintidós de julio de dos mil diecinueve, en la indagatoria de origen, por lo que en acuerdo de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes para que manifestaran a lo que a su derecho e interés conviniera. Sentado lo anterior, se procede a analizar si con dicha resolución se cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Estudio de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Mediante determinación de veintidós de julio de dos mil diecinueve, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Especializada de Delitos Financieros del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado de Puebla -autoridad responsable-, en aras de cumplir con la ejecutoria, estimó procedente negar nuevamente la prescripción de la acción penal solicitada por el hoy quejoso, mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil diecisiete. En ese sentido, el suscrito juzgador estima que las consideraciones que sustentan dicha determinación son suficientes para declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Se explica. En primer lugar, se tiene que en la resolución de veintidós de julio del presente año, se dejaron sin efectos las diversas de cinco de noviembre de dos mil dieciocho -acto reclamado- y dieciocho de junio pasado -con la que se pretendió cumplir la ejecutoria-. Ahora bien, en la sentencia de amparo se apreció que la agente del ministerio público responsable señaló que los hechos que se investigan en la averiguación de origen, estaban relacionados con el delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 402, 403, fracción IV, y 404, fracción X, del Código Penal del Estado de Puebla -en lo subsecuente código penal-, mismo que imputa al ahora quejoso, en términos del diverso numeral 21, fracción III, del propio código, como aquél que por acuerdo previo prestó auxilio o cooperación de cualquier especie con posterioridad a la ejecución del ilícito. En razón de ello, la fiscal indicó que no se encontraba prescrita la acción penal -a la fecha en que dictó el acuerdo reclamado-, pues tomó en consideración lo establecido en los numerales 130 y 131 del aludido ordenamiento, así como la fecha en que -a su criterio- sucedieron los hechos -año dos mil nueve- y la máxima pena corporal que prevista la referida fracción IV del artículo 403 -diez años-. Sin embargo, en la propia sentencia se destacaron tres vicios formales que contenía la determinación combatida por el aquí quejoso, los cuales -a criterio del suscrito- se cumplieron cabalmente. i) Respecto del primer vicio formal -subsanado-. El primero de los vicios señalados consistió en que la autoridad responsable había pasado por alto el contenido de los artículos 17, 18 y 19 del código penal, que señalan la clasificación del delito de acuerdo a la naturaleza o consumación del mismo. De la siguiente manera: a) Es instantáneo el delito si su consumación se agota en el mismo momento en que se realizaron todos sus elementos constitutivos; b) Es permanente o continuo el delito si su consumación se prolonga por tiempo indeterminado; y, c) En el delito continuado, el hecho que lo constituye se integra con la repetición de varias conductas similares, procedentes de idéntica resolución del sujeto y con violación del mismo precepto legal. Entonces, se dijo que la falta de pronunciamiento en ese sentido, dejó al quejoso en estado de indefensión, ya que impidió que conociera la ubicación del acto delictivo en las circunstancias de tiempo, es decir, si éste se consumó, sigue o continúa, o bien, se integra con la repetición de varias conductas similares, procedentes de idéntica resolución del sujeto y con violación del mismo precepto legal. Lo anterior, -se indicó- era de suma importancia, porque el artículo 129 del código penal, señala que el plazo de la prescripción de la acción penal se contará: A partir del día en que se cometió el delito si fuere consumado (fracción I); Desde que se realizó la última conducta, si el delito fuere continuado (fracción II); y, Desde que cesó la consumación del delito, si éste es permanente (fracción III). Aunado a ello, se destacó que el diverso artículo 133 del citado ordenamiento establece que la acción persecutoria que nazca de un delito, sea o no continuo, que sólo pueda perseguirse por querella de parte, prescribiría en dos años, también que satisfecho el requisito inicial de la querella se aplicarían las reglas señaladas para los delitos que se persiguen de oficio, es decir, el mismo prescribirá en un plazo igual al previsto como sanción máxima del delito. Lo que -se refirió- en el caso de origen acontecía, en virtud de que el delito que se atribuye al aquí quejoso es el de fraude específico y, de acuerdo con el artículo 416 del código penal, éste sólo era perseguible a petición de parte ofendida. Por tanto, se afirmó que la responsable primero debió: ( Fundar y motivar si en el caso en estudio se estaba ante una conducta delictiva de consumación instantánea, permanente (continua), o se trata de una conducta delictiva de consumación continuada; ( Luego, si la conducta se trataba de i) consumación instantánea, señalar la fecha exacta en la que se cometió el delito; si trataba de ii) consumación permanente (continua), indicar si la consumación seguía dándose y actualizándose, así como la fecha en que, en su caso, cesó su consumación; o, si se trataba de iii) consumación continuada, motivar los actos de los activos que acreditaran las diversas conductas similares e indicar el día en que se realizó la última conducta; ( Enseguida, analizar si la acción penal prescribió o no en los dos años a que alude la primera parte del numeral 133, es decir, computar dicho plazo desde el momento en que haya considerado que comenzó a contarse, en términos del precepto 129, hasta las fechas en que se presentaron las querellas correspondientes; y, ( Luego, de estimar oportuna su presentación, estudiar el término de la prescripción tomando en cuenta la sanción máxima del delito de que se trate, que se cuenta una vez satisfecho el requisito de la formulación de la querella. En ese sentido, la fiscal responsable primero precisó que se trataba de una conducta delictiva de consumación continuada, en términos del artículo 19 del código penal, pues refiere que los sujetos activos directos Leonardo Tiro Moranchel, Edmundo Tiro Moranchel, Mauricio Tiro Álvarez e Iris Tiro Moranchel, mediante acuerdos previos, han contado con cooperación revestida de legal de un ejército de abogados y prestanombres y otras formas de supuestos juicios, con posterioridad a la ejecución del fraude cometido a los agraviados. Justamente, indica que de manera repetitiva han promovido distintas formas supuestamente jurídicas para rescatar los inmuebles que fueron adquiridos con el dinero de los agraviados en los años 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, esto es, desde juicios fraudulentos, hasta otras figuras legales más o menos sofisticadas como poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y riguroso dominio, contratos de compra-venta de inmuebles, contratos de dación en pago, contratos de crédito simple con garantía hipotecaria, juicios civiles y mercantiles. También, señala que, en específico, el quejoso Jorge Patricio González Monroy ha promovido aproximadamente treinta juicios de amparo con la finalidad de dejar sin efectos el aseguramiento de los inmuebles adquiridos con el dinero de los agraviados, y que si bien -aclara- instar la acción constitucional no es un delito en sí mismo, lo cierto es que -apunta- su promoción fue con la intención de recuperar esos bienes, engañando a la autoridad federal, haciéndola creer que eran de su propiedad. Asimismo, afirma que el ahora quejoso ha desplegado una conducta de cooperación en favor de los activos directos, ya que en los años 2006, 2007, 2008 y 2009, con el uso de la persona moral Empresarios Unidos del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, fue prestanombres de la familia Tiro Moranchel para adquirir con el dinero de los defraudados cincuenta y tres inmuebles, los cuales fueron puestos a disposición de los Tiro Moranchel conforme los iban necesitando. Entonces, para motivar los actos de los activos que acreditan las diversas conductas similares a fin de explicar por qué el delito era de consumación continuada, enlistó una serie de actos jurídicos, como la protocolización de instrumentos notariales y la promoción de diversos juicios de naturaleza civil, mercantil y constitucional (amparos), y luego explicó cómo esas conductas eran simuladas para adquirir y recuperar los bienes obtenidos a través del dinero de los agraviados. Una vez explicado lo anterior, la agente del ministerio público señaló que la última conducta desplegada sucedió el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, cuando Julio Ernesto Lira presentó un escrito ante ella, al que anexó certificados de gravamen expedidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para solicitar el desaseguramiento del inmueble relacionado con la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 74/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Después, de conformidad con los artículos 129 y 133 del código penal, la fiscal analizó lo narrado en las querellas formuladas por los agraviados, comparando las fechas en las que se pudieron percatar de que estaban siendo defraudados con aquéllas en las que presentaron sus querellas, arribando a la conclusión de que se habían instado dentro de los dos años que la ley marca para la prescripción de los delitos que se persiguen a petición de parte (querella). Luego, tomando como base la sanción máxima del delito de fraude investigado -diez años-, de conformidad con el artículo 403, fracción IV, del código penal, así como la fecha de la última conducta desplegada como delito de consumación continuada -treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve-, dedujo que la acción penal aún no ha prescrito, pues el término de la sanción máxima se debe contar a partir de la fecha de esa última conducta. En esas condiciones, se considera que se subsanó el primer vicio de forma detectado en la sentencia de amparo. 2) Tocante al segundo vicio formal -subsanado-. En el auto reclamado, la fiscal responsable señaló que era improcedente la prescripción de la acción penal, justificándose en que existían diversos juicios de amparo pendientes de resolución promovidos por el ahora quejoso en contra del aseguramiento de diversos bienes inmuebles, sin indicar el fundamento ni la motivación para explicar por qué la promoción de los referidos juicios de derechos fundamentales constituía un impedimento legal y fáctico para declarar la prescripción de la acción penal, contraviniendo con lo establecido en el artículo 16 Constitucional; por lo que se le constriñó a que fundara y motivara ,o bien, prescindiera de utilizar ese argumento para apoyar su decisión -tener por no prescrita la acción penal-. Entonces, la responsable para subsanar esa situación, indicó que el quejoso Jorge Patricio González Monroy ha promovido aproximadamente treinta juicios de amparo con la finalidad de dejar sin efectos el aseguramiento de los inmuebles adquiridos con el dinero de los agraviados, que si bien -aclara- instar la acción constitucional no constituye un delito en sí mismo, lo cierto es que -apunta- su promoción fue con la intención de recuperar esos bienes, engañando a la autoridad federal, haciéndola creer que eran de su propiedad. De ahí que esa motivación sirve para explicar la serie de actos que -a criterio de la agente del ministerio- el quejoso efectuó para ayudar a los sujetos activos directos Leonardo Tiro Moranchel, Edmundo Tiro Moranchel, Mauricio Tiro Álvarez e Iris Tiro Moranchel para recuperar los bienes inmuebles adquiridos con el dinero de los defraudados y, por ende, tal vicio de forma se subsanó. 3) Por cuanto al tercer vicio formal -subsanado-. Tal vicio radicó en que la autoridad responsable no motivó debidamente por qué encuadró el monto de lo defraudado en la fracción IV del artículo 403 del código penal, la cual señala que la sanción a imponer se encuentra relacionada con el monto de lo defraudado que es coincidente con el lucro obtenido o daño patrimonial causado en el delito de fraude. En la sentencia de amparo, se dijo que si bien la responsable había precisado que el detrimento patrimonial ascendía a la cantidad de $937,400.00 (novecientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional) y que ésta excedía los mil días de salario mínimo establecidos en dicha fracción, también era cierto que no había señalado a qué cantidad equivalía el salario mínimo en la época en que supuestamente se dieron los hechos. Por tanto, se vinculó a la responsable a que señalara a qué cantidad equivalía el salario mínimo en la época en que supuestamente sucedieron los hechos investigados, para que, una vez precisada, realizara la operación aritmética correspondiente para constatar que el detrimento patrimonial encuadraba en la hipótesis prevista la fracción IV del artículo 403 del código penal. En ese tenor, la responsable primero ponderó que la fracción IV, del artículo 403 del código penal, establece que el delito de fraude se sancionará con multa de quinientos a mil días de salario y prisión de siete a diez años, cuando el valor de lo defraudado excediere de mil días de salario. Luego, reiteró que el monto de lo defraudado es por la cantidad de $937,400.00 (novecientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional) y agregó que el salario mínimo vigente al momento de los hechos -dos mil nueve- en la entonces área geográfica "C" donde se ubicaba el Estado de Puebla, ascendía a la cantidad de $51.95 (cincuenta y un pesos, noventa y cinco centavos, moneda nacional). Enseguida, multiplicó ese salario mínimo por mil días, dando como resultado la suma de $51,950.00 (cincuenta y un mil novecientos cincuenta pesos, cero centavos moneda nacional), misma que al compararla con el monto de lo defraudado, sirvió para concluir que este último excedía los mil días de salario mínimo, por lo que -a criterio del fiscal- se actualiza el supuesto previsto en la citada fracción IV del artículo 403 del código penal. En tal virtud, se estima subsanado el tercer vicio de forma aludido. III. Análisis del desahogo de la vista otorgada en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Como se adelantó, mediante escritos presentados el uno y dos de agosto del año en curso, la tercera interesada 7. Rita Isabel Mendoza Ceballos y el quejoso Jorge Patricio González Monroy desahogaron la vista otorgada por auto de veintiséis de julio del actual en diferentes términos, por lo que procede el estudio de las manifestaciones formuladas en relación con el acatamiento a la ejecutoria de amparo. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución que se estudia no cumple con la ejecutoria de amparo, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que el estudio del cumplimiento de una ejecutoria es de orden público, pues si no es clara la intención de los promoventes, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. 1. Tercera interesada. La referida tercera interesada realizó diversas manifestaciones relacionadas con la comprobación del cuerpo del delito que se investiga en la averiguación previa de origen y la probable responsabilidad de los imputados en su comisión, las cuales no guardan relación con el análisis que se efectúa en la presente determinación, es decir, establecer si se cumplió o no cabalmente con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional únicamente estima procedente, hacerle saber que deberá estarse a lo determinado en líneas precedentes, donde se consideró que los vicios de forma contenidos en el acto reclamado quedaron subsanados. 2. Quejoso. Ahora bien, el quejoso, en resumen, señala que la ejecutoria de amparo no quedó cabalmente cumplida, en razón de lo siguiente: 1. Que la agente del ministerio público no estableció qué tipo de fraude ni artículo es aplicable, considerando que el Código Penal del Estado de Puebla prevé diversos tipos de fraude y que para calcular el término de la prescripción de la acción penal se debe considerar la pena corporal máxima del delito, una vez satisfecho el requisito de querella. 2. Que la responsable no precisó la fecha de ratificación de las querellas, por lo que ante tal situación -refiere- dichas querellas son nulas conforme a lo dispuesto por el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla. 3. Que se actualiza la figura de atipicidad, pues -señala- las querellas fueron formuladas en contra de personas diversas al quejoso, motivo por el cual -apunta- la responsable no establece con calidad las conductas similares sino diversas sin sentido. 4. Que la responsable argumenta que son más de treinta mil fojas de documentos y que son muchos, sin que los haya adjuntado al rendir su informe justificado, además, -indica- esa situación la quiere hacer valer para evadir la obligación de cumplir con la ejecutoria de amparo. 5. Que la fiscal responsable funda y motiva su determinación en el artículo 138 bis del Código Penal del Estado de Puebla, el cual -refiere- no es aplicable al caso, pues a la fecha de la presentación de las querellas dicha disposición aún no había sido creada, lo que sucedió en el año dos mil doce; por lo que -afirma- su aplicación viola el principio de irretroactividad y sus derechos fundamentales. 6. Que, contrario a lo que sostuvo la responsable, el delito de fraude es de consumación instantánea y no continuada, pues -apunta- se consuma de manera instantánea con el lucro obtenido, motivo por el cual -refiere- la fiscal no especificó en qué momento el quejoso obtuvo el supuesto lucro. 7. Que la autoridad señala diversas fechas de múltiples conductas procesales sin indicar cuál es la última en que se consumó el delito para considerarse de naturaleza continuada. 8. Que la fiscal no menciona qué tomo, número de registro y fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación usó para establecer la cuantía de los salarios mínimos vigentes en la supuesta fecha de la comisión del delito, aunado a que no realizó la operación aritmética ordenada en la sentencia de amparo. En ese sentido, son inatendibles los argumentos reseñados en los arábigos 1 al 6, ya que no tienen relación con las consideraciones ni con los efectos protectores de la sentencia de amparo. De ahí que exista un impedimento para analizar los aludidos argumentos, pues -se insiste- no guardan relación con los vicios detectados en el acto reclamado y las consideraciones de la sentencia para estimarlo inconstitucional. De manera que si el quejoso no está conforme con los aspectos que destacó, deberá hacerlo valer en un nuevo juicio de protección de derechos fundamentales, para que en aquél se pueda analizar la ausencia o indebida motivación que alude. En otras palabras, en la resolución que examina si la responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, no se puede introducir un estudio en el que se establezca que se cumplió o no con el mandato constitucional de fundar y motivar debidamente un acto de autoridad (artículo 16 Constitucional), como ahora lo pretende el quejoso al solicitar que la fiscal motive cuestiones que no fueron abordadas en el fallo protector. Por otro lado, es infundado el argumento reseñado en el número 7, ya que contrario a lo que sostiene el quejoso, la agente del ministerio público señaló que la última conducta desplegada sucedió el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, cuando Julio Ernesto Lira presentó un escrito ante su representación social, al que anexó certificados de gravamen expedidos por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, para solicitar el desaseguramiento del inmueble relacionado con la sentencia dictada en el juicio ejecutivo mercantil 74/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por último, tampoco le asiste razón cuando apunta que no menciona qué tomo, número de registro y fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación usó para establecer la cuantía de los salarios mínimos vigentes en la supuesta fecha de la comisión del delito, aunado a que no realizó la operación aritmética ordenada en la sentencia de amparo. Lo anterior, porque la fiscal plasmó la publicación de la resolución del Congreso de Representante de la Comisión Nacional de salarios mínimos que estarían vigentes a partir del primero de enero de dos mil nueve, efectuada el veintitrés de diciembre de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación, de la cual se advierte que el salario mínimo en el área geográfica "C" -que comprende el Estado de Puebla- equivaldría a la cantidad de $51.95 (cincuenta y un pesos, noventa y cinco centavos, moneda nacional). Luego, reiteró que el monto de los defraudado era por la cantidad de $937,400.00 (novecientos treinta y siete mil cuatrocientos pesos, cero centavos, moneda nacional) y precisó que el salario mínimo vigente al momento de los hechos -dos mil nueve- en la entonces área geográfica "C" donde se ubicaba el Estado de Puebla, ascendía a la cantidad de $51.95 (cincuenta y un pesos, noventa y cinco centavos, moneda nacional). Enseguida, multiplicó ese salario mínimo por mil días, dando como resultado la suma de $51,950.00 (cincuenta y un mil novecientos cincuenta pesos, cero centavos moneda nacional), misma que al compararla con el monto de lo defraudado, sirvió para concluir que este último monto excedía los mil días de salario mínimo, por lo que -a criterio del fiscal- se actualizaba el supuesto previsto en la citada fracción IV del artículo 403 del código penal. En tal virtud, se considera que la responsable sí realizó la operación aritmética correspondente para corroborar que el monto de lo defraudado encuadraba en la hipótesis que señala la citada disposición legal. ° Opinión jurisdiccional. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente al quejoso y a los terceros interesados 1. Ángel Rivera Calderón, 2. María Concepción García Aparicio, 3. Sergio Roberto Flores Ollivier, 4. María Liboria Judith Gaby Gómez, 5. Eva del Ángel Mendo, 6. Eladio Galván Castañeda, 7. Rita Isabel Mendoza Ceballos, 8. María del Carmen Hernández Camarillo, 9. Otón Javier Hoyos Salazar, 10. Amelia González Sánchez, 11. Roció Jocabeth Aquino Oliver y 12. José Félix Edmundo Ramírez Hernández; y, por oficio a la autoridad responsable, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito..." y "San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción y, en atención a su contenido, se le tiene manifestando la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada Eva del Ángel Mendo, la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el domicilio señalado en autos, sito en Privada "A" de la 15 Norte, número 11246, fraccionamiento Real de Guadalupe, en la ciudad de Puebla, pues refiere que no pudo acceder a dicho inmueble. Atento a lo anterior, y en virtud que de la razón de cuenta se aprecia que la fedataria judicial se constituyó el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el citado domicilio en un día y horario hábil; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya nuevamente en la referida morada en días y horas inhábiles, con la finalidad de localizar a la citada tercera interesada...", RESPECTIVAMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción y, en atención a su contenido, se le tiene manifestando la imposibilidad que tuvo para notificar a la tercera interesada Eva del Ángel Mendo, la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve, en el domicilio señalado en autos, sito en Privada "A" de la 15 Norte, número 11246, fraccionamiento Real de Guadalupe, en la ciudad de Puebla, pues refiere que no pudo acceder a dicho inmueble. Atento a lo anterior, y en virtud que de la razón de cuenta se aprecia que la fedataria judicial se constituyó el nueve de agosto de dos mil diecinueve, en el citado domicilio en un día y horario hábil; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, se instruye al Actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya nuevamente en la referida morada en días y horas inhábiles, con la finalidad de localizar a la citada tercera interesada.
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