Jorge Otilio Hernandez Calderon

Expediente 827/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
827/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
16/12/2020

Partes del expediente

  • Jorge Otilio Hernandez Calderon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada (suspensión provisional), con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la referida resolución a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con residencia en Izúcar de Matamoros, en razón que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; así como por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el pedimento 187/2020 del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; sin embargo, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez a las once horas con diez minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se celebró la audiencia constitucional en este juicio, mientras que la promoción que se provee, fue presentada en la Oficialía de Partes Comunes de San Andrés Cholula, Puebla, a las dieciséis horas con diecisiete minutos del mismo día; esto es, después de la hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que dicho pedimento deviene extemporáneo. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, dicha ejecutoria, se encuentra o no cumplida. En el caso, 1. Alicia Roldán Hernández, 2. Marco Antonio Torres Vázquez, y 3. Carlos Salas Andrade, reclamaron de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público encargada de la Unidad del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Dalia Oriol Verde) los siguientes actos: "Autoridad responsable: 1.Fiscal de Secuestro de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla. (.) Acto reclamado: la privación ilegal de la libertad, incomunicación y actos de tortura de los quejosos." Ahora bien, por sentencia firmada y autorizada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se sobreseyó por los actos reclamados consistentes en la incomunicación sufrida por los directos quejosos, y la privación ilegal de la libertad (detención en flagrancia), y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal por los actos de tortura sufridos en su contra, y para los efectos que se transcriben a continuación: "(.) En virtud de lo anteriormente expuesto, al ser el acto reclamado violatorio de las garantías contenidas en los artículos 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el primero que obliga al estado a garantizar el libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, para ser tratado sin discriminación alguna, y el segundo que prohíbe la tortura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, se concede a 1. Alicia Roldán Hernández, 2. Marco Antonio Torres Vázquez, y 3. Carlos Salas Andrade, el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, respecto del acto que reclamaron a la 1. Agente del Ministerio Público encargada de la Unidad del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, consistente en los actos de tortura sufridos en su contra. SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En virtud de las consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución, donde se concedió el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo, se exponen los efectos de dicha concesión, para que una vez que cause ejecutoria la demanda de amparo: I. Se dé vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito, para que, de inmediato, inicie y realice la investigación respectiva, conforme a los estándares nacionales e internacionales, a fin de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer los hechos con apariencia del delito de tortura a que se ha hecho referencia; dicha investigación deberá realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la alegada afectación a la integridad personal, así como identificar y procesar a las personas responsables de su comisión. II. En el entendido que el agente del Ministerio Público Federal adscrito deberá remitir las constancias atinentes donde se advierta que dio inició a la investigación respectiva; y, III. En virtud de lo anterior, la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público encargada de la Unidad del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla, deberá proporcionar, cuando así se le requiera, toda la información, elementos, y constancias necesarios al fiscal Federal que realice la investigación de mérito ordenada." Por acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte, se declaró que dicha sentencia causó ejecutoria, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable y a la vinculada al cumplimiento (Ministerio Público Federal adscrito a este Órgano de Control Constitucional), quienes informaron lo siguiente: 1. Por oficio 174/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Órgano de Control Constitucional, comunicó las gestiones realizadas para cumplir con la sentencia de amparo, pues al efecto remitió el oficio 71.MPF de este juzgado de Distrito a la titular de la Mesa de Atención Inmediata que corresponda para que de considerar pertinente se iniciara el trámite por la posible comisión de hechos constitutivos de delitos (actos de tortura sufridos en contra de los quejosos). 2. Mediante oficio FISDAI/11301/2020 de veintiuno de octubre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público encargada de la Unidad del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Dalia Oriol Verde), informó a este órgano de control constitucional las gestiones ordenadas a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitió las constancias relativas. 3. Por oficio FEDH/UIEDTOTCID-III/381/2020 sin fecha, presentado en este juzgado de Distrito el veinticuatro de octubre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público adscrita de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Perla María Vázquez Santamaría), autoridad no responsable vinculada al cumplimiento, también informó y remitió las constancias al cumplimiento a la ejecutoria de amparo; y, 4. Por oficio FEDH/UIEDTOTCID-III/384/2020 sin fecha, presentado en este juzgado de Distrito el tres de noviembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público adscrita de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Perla María Vázquez Santamaría -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento-, remitió las actuaciones de las que se advierte los actos que ha llevado a cabo en la carpeta de investigación 73/2020/UIET. Documentales agregadas a los oficios referidos, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de los oficios y constancias reseñadas se concluye que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la autoridad responsable y las vinculadas al cumplimiento realizaron lo siguiente: A. El agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado de Distrito -José Luis Benítez Campos- remitió el oficio 71.MPF del índice de este juzgado, a la titular de la Mesa de Atención Inmediata para que iniciara, de considerarlo pertinente, el trámite por la posible comisión de hechos constitutivos de delitos, consistente en los actos de tortura que señalaron los aquí quejosos. Por lo que se cumplió con el punto I de los efectos de la ejecutoria de amparo. Respecto a las constancias que deberían remitirse, se advierte que a los oficios que han quedado identificados con los puntos 1 a 3 se anexaron las constancias relativas a las que se les otorgó valor probatorio pleno. Por lo que se cumplió con el punto II de los efectos de la ejecutoria de amparo. B. Por los que hace al punto III de la ejecutoria de amparo, se tiene lo siguiente: - Que la agente del Ministerio Público encargada de la Unidad del Centro de Operaciones Estratégicas de la Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Dalia Oriol Verde), autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó: a) que con fecha doce de octubre de dos mil veinte, mediante oficio FEISE/10862/2020, remitió copia cotejada de los registros que integran la carpeta de investigación CDI/044/2020/FISDAI al Titular de Investigación en Tortura de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que éste a su vez realice la investigación correspondiente; y, b) anexó al oficio señalado los acuses de recibo de los oficios FISDAI/COE/8379/20 y el diverso FEISE/10862/2020 por los que remitió las constancias que refiere; - Que por oficio FEDH/UIEDTOTCID-III/381/2020 sin fecha, presentado en este juzgado de Distrito el veinticuatro de octubre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público adscrita de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Perla María Vázquez Santamaría), autoridad no responsable vinculada al cumplimiento, informó lo siguiente: 1) Que desde el veintiséis de marzo de dos mil veinte, se inició una diversa carpeta por los mismos actos de tortura de la carpeta de investigación 73/2020/UIET, investigación que se sigue en agravio de Alicia Roldan Hernández, Marco Antonio Torres Vázquez y Carlos Salas Hernández; y, 2) manifestó que inició actos de investigación; y, - Mediante oficio FEDH/UIEDTOTCID-III/384/2020 sin fecha, presentado en este juzgado de Distrito el tres de noviembre de dos mil veinte, la agente del Ministerio Público adscrita de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Perla María Vázquez Santamaría) -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento-, remitió las actuaciones de las que se advierten los actos de investigación que ha llevado a cabo en la carpeta de investigación 73/2020/UIET. Por lo que se cumplió con el punto III de los efectos de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Ahora bien, toda vez que el quejoso Marco Antonio Torres Vázquez, se encuentra recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 15 "COPAINALA - MEZCALAPA", en el Estado de Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda, a fin de que realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "COPAINALA-MEZCALAPA"; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al aquí quejoso Marco Antonio Torres Vázquez, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 222/2020; d) Notifique al quejoso el presente proveído; y, e) Le corra traslado con la copia autorizada del mismo. Así, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese vía electrónica el exhorto de referencia. Notifíquese vía exhorto al quejoso Marco Antonio Torres Vázquez; por lista a los diversos quejosos Alicia Roldán Hernández y Carlos Salas Andrade, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y por oficio a la autoridad responsable, a la diversa autoridad no responsable vinculada al cumplimiento (agente del Ministerio Público adscrita de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla Perla María Vázquez Santamaría); al defensor público de los quejosos José Antonio García Paredes, por conducto de la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla; y, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Intégrense a los autos, únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el responsable de Oficina Grandes Clientes y Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Centro Oriente (por duplicado), por medio del cual refiere que después de una búsqueda en su base de datos, no localizó registro alguno de los terceros interesados Víctor Manuel Arenas Yong y Adriana Espinosa Arroyo; sin que haya lugar realizar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de once de septiembre de la presente anualidad, se acordó lo conducente. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que el veintiuno de septiembre de año en curso, se ordenó emplazar vía exhorto a los terceros interesados Víctor Manuel Arenas Yong y Adriana Espinosa Arroyo y, entre otras gestiones, el veintiocho de octubre del mismo año, se solicitó de la manera más atenta al Juez de Segundo de Distrito del Estado Campeche, con sede en Campeche, que devolviera dicho exhorto, o bien, que informara su imposibilidad para llevar a cabo la diligencia encomendada; sin embargo, a la fecha no ha sido devuelta dicha comunicación oficial, a pesar de las gestiones que se han realizado para tal fin. Atento a lo anterior, toda vez que con motivo de lo antes descrito el presente asunto se ha dilatado en su integración, en perjuicio del derecho humano a la pronta impartición de justicia, solicítese nuevamente de la manera más atenta al Juez de Segundo de Distrito del Estado Campeche, con sede en Campeche -a quien por razón de turno correspondió conocer de dicha comunicación-, que de no tener inconveniente legal alguno, se sirva devolver el exhorto 109/2020 (orden 481/2020) del índice de este juzgado, o en su defecto, informe la imposibilidad para realizar dicha diligencia. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se difiere anticipadamente y se señalan las nueve horas con veinte minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, para su celebración. NOTIFIQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO -VÍA INTERCONEXIÓN Y VÍA TELEGRÁFICA- AL JUEZ DE SEGUNDO DE DISTRITO DEL ESTADO CAMPECHE, CON SEDE EN CAMPECHE.

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