Jorge Padilla Galindo

Expediente 224/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
224/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Jorge Padilla Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por ********************; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de que el mismo se SOBRESEYÓ, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  2. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo I-224/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero del año en curso, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en esa misma fecha en este juzgado federal, ********************, por conducto de su apoderada ********************, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actor que señaló en su escrito de demanda. Actos que la parte quejosa consideró violatorios en su perjuicio los derechos humanos reconocidos por los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda como el expediente I-224/2023, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas del expediente ordinario número ********************; y, La omisión de notificarlo a las partes. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otro lado, del contenido del informe justificado rendido por la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, se advierte que es cierto el acto reclamado. Por su aplicación, es de invocarse la jurisprudencia, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por otro lado, a efecto de acreditar sus aseveraciones, las autoridades responsables remitieron un legajo de copias certificadas juicio laboral ******************** de su índice, de las que se desprende en específico del desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas verificada el once de noviembre de dos mil veintidós, en la cual la junta responsable reservó acordar sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, para una mejor valoración y apreciación de los medios de convicción ofrecidos por las partes. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.´". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, habrá de analizarse si en la especie operan causales de improcedencia de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que se trata de un estudio oficioso y preferencial, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 62 del ordenamiento en cita. En el caso, las autoridades responsables al rendir su informe justificado refirieron actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, ello en razón de que existe el juicio de amparo ******************** de este índice. Atento a lo anterior, el que suscribe comparte con las autoridades responsables, que la demanda de amparo que se examina deviene improcedente, pues se actualiza de forma notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)". El juicio de amparo es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Ello en apoyo a la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible a foja 260, Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." El término "litispendencia", se define como la existencia de algún otro juicio pendiente de resolver, y se actualiza cuando un juez conoce ya del mismo negocio. De igual forma, la palabra "mismo" exige que en los dos juicios haya identidad completa, es decir, que se trate de las mismas personas, que sean iguales las acciones deducidas, que procedan de las mismas causas, y que sea igual, también, la calidad con que intervienen las partes. Como se advierte del índice de este juzgado, se tramita el juicio de amparo ******************** promovida por la misma parte quejosa, en contra de las mismas autoridades responsables e iguales actos reclamados. En efecto, de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del expediente ********************, el cual se encuentra radicado en este órgano jurisdiccional, promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en. a) La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas del expediente ordinario número ********************; y, b) La omisión de notificarlo a las partes. Asunto que fue resuelto mediante sentencia emitida el diez de marzo del año en curso, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, la cual se encuentra pendiente de declararse firme. Lo que constituye un hecho notorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Es aplicable la jurisprudencia común sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 10, Tomo I, Junio de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Bajo esas condiciones, se concluye que el juicio de amparo I-224/2023, se promovió por el mismo quejoso, por conducto de su apoderada ********************, en contra de las mismas autoridades y por idénticos actos reclamados. Por tanto, se verifica la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la ley de la materia, en razón de que el juicio de amparo ******************** promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, fue resuelto mediante sentencia el diez de marzo de dos mil veintitrés, la cual se encuentra pendiente de declararse firme. En efecto, de acuerdo al principio de preclusión, que rige la procedencia de la acción constitucional, consagrado, entre otros, en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, ordinariamente no es posible que el quejoso reclame los mismos actos de las mismas autoridades en más de un juicio de amparo. Máxime que la sentencia dictada en el juicio de amparo ******************** se encuentra pendiente de declararse firme. En atención a ello, la tramitación del juicio de amparo ******************** promovido inicialmente imposibilita, por sí solo, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las mismas autoridades. Al respecto es aplicable, en lo conducente la tesis aislada de rubro y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente". En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con relación al artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio promovido por ********************, por conducto de su apoderada ********************, contra actos de la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. Circunstancia que impide a quien resuelve entrar al estudio de las cuestiones de fondo hechas valer en contra de los actos reclamados cuyo sobreseimiento se decretó en este apartado, de conformidad con la jurisprudencia II.3o. J/58, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 70, Octubre de 1993, a pág. 57, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio promovido por ********************, contra los actos de autoridad precisados en el considerando tercero, por los fundamentos y motivos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director de Catastro del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán, a través del cual informa que no cuentan con las constancias que integran el procedimiento de variación catastral 241/2013, dado que el expediente se encuentra en el acervo documental de la oficina rentística de Santa Ana Maya; y que aunque requirió a la autoridad antes mencionada a fin de que le remitieran las documentales solicitadas, las mismas no se le han enviado. En consecuencia, como lo solicita se requiere al RECEPTOR DE RENTAS COMISIONADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN LA POBLACIÓN DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, para que dentro del término de veinticuatro horas, contando a partir de la legal notificación, de este auto remita las constancias que integran el procedimiento de variación catastral 241/2013. Bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I y 238, de la Ley de Amparo. CORREOS CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese a los autos el oficio y anexo, remitidos por la Jefa del CAP de Correos de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual cumple el requerimiento formulado en autos, para lo cual remite copia del acuse de recibo de la pieza postal que contenía el oficio 683, de quince de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la autoridad responsable RECEPTOR DE RENTAS COMISIONADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN LA POBLACIÓN DE SANTA ANA MAYA, MICHOACÁN, por medio del cual se le solicitó remitiera las constancias con las cuales justifiquen la constitucionalidad del acto que se le atribuye en autos. Por tanto, a partir de la fecha de recibido a que se refiere, se tiene por notificada a la autoridad responsable correspondiente del proveído que contiene el citado oficio. Finalmente, se deja insubsistente el apercibimiento legal formulado en autos para la autoridad oficiante Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Erg.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento formulado por este juzgado; en atención a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en oficio que se provee. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad de mérito que deberá reprogramar cuantas veces sea necesario la búsqueda del quejoso ******************** en la localidad de Tinaja de Vargas, siguiendo los lineamientos establecidos en dicha Comisión esto a fin de realizar la búsqueda del citado quejoso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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