Jorge Ortiz Duarte
Expediente 140/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 10/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Ortiz Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de abril de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Juan Carlos Estrada Olascoaga. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Hágase devolución del cuaderno de prueba que la autoridad responsable adjuntó a su informe, al resultar innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinticinco minutos del veinte de abril de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión IV- 140/2022, promovido por Jorge Ortiz Duarte, por propio derecho, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Además, se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Toda vez que se recibió en este juzgado en día y hora hábil el informe previo de cuenta, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar, que el quejoso ofreció junto con su escrito aclaratorio de demanda diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos. EL JUEZ: Ténganse por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión IV-140/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, remitido a este órgano jurisdiccional al día siguiente, por razón de turno, Jorge Ortiz Duarte, por propio derecho, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. SEGUNDO. Previa aclaración, mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional negó al promovente la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO.- PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo los acuerdos de veintiuno y veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictados por el Juez Séptimo de Primera Instancia Oral Familiar, en el juicio especial oral familiar 216/2020 de su índice, relativo a la fijación de alimentos definitivos promovido por la aquí tercero interesada Jatziry Yunuén Mora Mejía, en representación de los menores de iniciales D.H.O.M. y M.J.O.M. contra el quejoso; en específico, reclama lo ordenado en dichos acuerdos encaminados a localizar y detener un automóvil y una motocicleta propiedad del quejoso. Además reclama la ejecución de dicha disposición, atribuida al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. TERCERO.- INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe rendido por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, se advierte que niega la existencia del acto de ejecución que se le atribuyen. Por su parte, el quejoso no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra del referido acto a la autoridad citada, por resultar inexistente. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de la autoridad responsable en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que el promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referida autoridad, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por tanto, SE NIEGA a Jorge Ortiz Duarte, la medida suspensional que solicita. CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la autoridad responsable Juez Séptimo de Primera Instancia Oral Familiar, del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se advierte la existencia del acto reclamado. QUINTO.- IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En relación con los acuerdos reclamados, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. b) La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). c) La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. d) Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; e) El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. En ese sentido, no obstante que el quejoso solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados, satisfaciendo el primero de los requisitos que establece el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, por cuanto a que pide expresamente dicha medida, no procede concederla, en razón de que los acuerdos reclamados ya se dictaron por lo que adquieren el carácter de consumados, de tal manera que la medida cautelar que se solicita no tiene efectos restitutorios, pues éstos son propios de la sentencia que, en su caso, se pronuncie en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. En apoyo de lo anterior es de invocar la tesis de jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada bajo el número 557, consultable en la página 371, del Tomo VI, en Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: Época: Octava Época Registro: 226431 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/75 Página: 660 "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Aunado a lo anterior, en el caso tampoco se satisface el requisito contenido en la fracción II, del citado precepto de la ley de la materia respecto de los efectos y consecuencias de dichos proveídos que se traducen en localizar y detener un automóvil y una motocicleta propiedad del quejoso; tal como se expone a continuación El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de averiguación o medida cautelar concedida por autoridad judicial". En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: Tesis: 8 Informes Séptima Época Número de identificación 805484 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Página 44 Jurisprudencia (Común) "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Bajo ese contexto, se estima que dada la naturaleza del acto reclamado, no se cumple con uno de los requisitos para decretar la suspensión toda vez que ello implicaría afectación al orden público y al interés social, y por ende, no se satisface el requisito que exige la fracción II, del artículo 128, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en la medida en que de conformidad con lo indicado en la fracción VIII, del artículo 129, de la Ley de Amparo, se considera que sí se sigue perjuicio al interés social o se contraviene el orden público cuando con motivo del otorgamiento de la suspensión, se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que de conformidad con lo manifestado por el propio quejoso, lo cual se corrobora con el informe previo rendido por la autoridad responsable, se obtiene que lo acordado en los proveídos reclamados, relativos a lograr la localización y retención de un automóvil y una motocicleta propiedad del quejoso, tiene como finalidad el garantizar en el juicio familiar de origen el pago de alimentos en favor de los menores de iniciales D.H.O.M. y M.J.O.M, quienes tienen la calidad de deudores alimentarios del solicitante del amparo. Ello, en aras de garantizar la debida observancia del interés superior de ambos infantes, en el sentido de que cuando se encuentran involucradas cuestiones tendentes al desarrollo físico, psicológico y emocional de un menor, así como el debido acceso a los recursos para satisfacer sus necesidades básicas, se actualiza una cuestión de interés social y de orden público. Lo anterior se obtiene del siguiente marco jurídico.: I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 4, párrafos séptimo, octavo y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: "Artículo 4. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven (sic) al cumplimiento de los derechos de la niñez". En lo que interesa, del citado precepto constitucional se desprende que los menores tienen derecho a la satisfacción de todas sus necesidades para su desarrollo integral, por lo que el Estado deberá proveer lo necesario para el ejercicio pleno de sus derechos. II. Convención Sobre los Derechos del Niño. Al respecto, la Convención Sobre los Derechos del Niño, adoptada por el Estado Mexicano, al haber sido ratificada por el Senado de la República el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en sus artículos 3, párrafos uno y dos; 9, párrafos uno y dos; y, 12, párrafos uno y dos, dispone: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas". "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones". 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio y el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." De las citadas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que en todas las medidas que dicten los tribunales concernientes a los niños, se debe considerar, de manera primordial, el interés superior de los menores y se tiene que tomar en cuenta los derechos y deberes de sus padres y tutores. Asimismo, se debe garantizar al niño el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, la que se tiene que tomar en cuenta, en función de su edad y madurez, en el juicio o procedimiento respectivo. III. Interpretación sistemática de los ordenamientos aplicables. Así, de una interpretación armónica de las disposiciones referidas en el presente fallo, se puede concluir que tratándose de determinaciones que afecten de alguna manera a los menores, con independencia de que no formen parte en algún procedimiento jurisdiccional, se debe atender siempre al interés superior de los niños. Empero, las obligaciones y los derechos de los adultos no pueden ser pretexto para coartar o condicionar los derechos de los menores, como lo es el relativo a recibir los recursos económicos necesarios para satisfacer sus necesidades materiales y asegurar su cumplimiento, sin que ello los perjudique en forma alguna. De lo que se colige que es primordial salvaguardar el interés superior de los dos infantes a los que les corresponde la calidad de acreedores alimentarios del aquí quejoso, en el sentido de garantizar que ambos menores reciban los recursos económicos necesarios para subsistir en proporción a los ingresos que percibe su padre y además se asegure el debido cumplimiento de dicha obligación alimentaria. En consecuencia, con los elementos que se tiene hasta el momento, es indudable que, en términos de la fracción VIII, del artículo 129 de la Ley de Amparo, resulta improcedente conceder la suspensión que solicita el quejoso Jorge Ortiz Duarte, porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo específicamente a la finalidad que se persigue con los actos reclamados. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Jorge Ortiz Duarte, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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