Jorge Pablo Armenta Ochoa

Expediente 370/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
370/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Jorge Pablo Armenta Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra de dicha resolución que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación al tercero interesado el auto que dice...Agréguese a los autos, el oficio enviado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio agrario 326/2015 de su índice, así como las constancias de notificación practicada a las partes. Por tanto, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo señalado por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa en copia certificada, mismas a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Lo anterior, en virtud de que el quejoso Jorge Pablo Armenta Ochoa, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, cuyos actos reclamados los hizo consistir en La omisión sin fundamento de sujetarse a los términos y lineamientos fijados en los Artículos 185 fracción VI, 188, 189 y demás relativos y aplicables a la Ley Agraria, con relación a los Artículos 14, 16, 17 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no procurar de manera pronta y expedita la impartición de justicia en tiempo y forma; quedando en el abandono el expediente 326/2015, a partir de la etapa de alegatos que presentamos las partes, sin que se dicte sentencia dentro del término de "veinte días" que establece el artículo 188 de la Ley Agraria". Así, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se colige que la inactividad procesal que se hace valer como acto reclamado, consiste en la omisión del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente agrario 326/2015. Por su parte, el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó como cierto el acto reclamado e informó que sería dictada resolución en breve término; por lo que, en esta misma fecha este órgano de control constitucional, fue informado que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, fue dictada sentencia dentro del juicio agrario 326/2015, y que las partes quedaron debidamente notificadas de dicha resolución; lo cual acreditó con las copias certificadas que anexó al oficio de cuenta. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente agrario 326/2015. Lo anterior, en atención a que de las constancias que anexó la autoridad responsable se desprende que el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia dentro del juicio agrario 326/2015 y notificó a las partes; de ahí que hayan cesado los efectos de los actos reclamados, pues si bien pudo existir la omisión aquí reclamada por parte de la autoridad responsable, consistente en la omisión de emitir resolución por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, en el expediente agrario antes mencionado, lo cierto es que a la fecha se restituyó a la parte quejosa en la violación reclamada, como si se hubiera concedido el amparo, de ahí que sería ocioso continuar con la tramitación del juicio de amparo y analizar un acto que ya no está surtiendo efectos. Por lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado*** Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho)***

  3. Principal

    Notifíquese personalmente y, por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al citado quejoso, publicada el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Agréguese a los autos, el oficio enviado por el Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio agrario 326/2015 de su índice, así como las constancias de notificación practicada a las partes. Por tanto, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En atención a lo señalado por la autoridad responsable, así como de las constancias que anexa en copia certificada, mismas a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Lo anterior, en virtud de que el quejoso Jorge Pablo Armenta Ochoa, promovió demanda de amparo contra actos del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, cuyos actos reclamados los hizo consistir en: "La omisión sin fundamento de sujetarse a los términos y lineamientos fijados en los Artículos 185 fracción VI, 188, 189 y demás relativos y aplicables a la Ley Agraria, con relación a los Artículos 14, 16, 17 y 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no procurar de manera pronta y expedita la impartición de justicia en tiempo y forma; quedando en el abandono el expediente 326/2015, a partir de la etapa de alegatos que presentamos las partes, sin que se dicte sentencia dentro del término de "veinte días" que establece el artículo 188 de la Ley Agraria". Así, de una interpretación integral de la demanda de amparo, se colige que la inactividad procesal que se hace valer como acto reclamado, consiste en la omisión del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente agrario 326/2015. Por su parte, el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó como cierto el acto reclamado e informó que sería dictada resolución en breve término; por lo que, en esta misma fecha este órgano de control constitucional, fue informado que el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, fue dictada sentencia dentro del juicio agrario 326/2015, y que las partes quedaron debidamente notificadas de dicha resolución; lo cual acreditó con las copias certificadas que anexó al oficio de cuenta. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión del Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, de dictar sentencia dentro del expediente agrario 326/2015. Lo anterior, en atención a que de las constancias que anexó la autoridad responsable se desprende que el Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictó sentencia dentro del juicio agrario 326/2015 y notificó a las partes; de ahí que hayan cesado los efectos de los actos reclamados, pues si bien pudo existir la omisión aquí reclamada por parte de la autoridad responsable, consistente en la omisión de emitir resolución por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, en el expediente agrario antes mencionado, lo cierto es que a la fecha se restituyó a la parte quejosa en la violación reclamada, como si se hubiera concedido el amparo, de ahí que sería ocioso continuar con la tramitación del juicio de amparo y analizar un acto que ya no está surtiendo efectos. Por lo anterior, se estima que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación las tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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