Jorge Mauricio Magaña Muñoz

Expediente 392/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
392/2016
Año
2016
Actuaciones
15
Última actuación
03/01/2017

Partes del expediente

  • Jorge Mauricio Magaña Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, ********************de ********************de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia dictada en autos, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    V I S T O S los autos del expediente número 392/2016-III-B, a fin de resolver en SENTENCIA lo relativo al juicio de amparo promovido por Jorge Mauricio Magaña Muñoz, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad, que estima violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O: I.- Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, Jorge Mauricio Magaña Muñoz, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra de los actos y la autoridad que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Agente del Ministerio Público, Titular del Módulo de Orientación, en esta ciudad." ACTOS RECLAMADOS: "1. De la autoridad señalada como responsable, reclamo "EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL" decretado por resolución fechada al 3 de agosto de 2016 dentro del caso 0201-2016-05103, que me fuera notificado con fecha 18 de agosto de 2016, dictado únicamente a favor de SALVADOR GUTIERREZ COTA por la comisión del delito de ATAQUES A LAS VÍAS DE COMUNICAICON Y A LOS MEDIOS DE TRANSPORTE (ALTERAR VÍA DE COMUNICACIÓN INTERRUMPIENDO O DIFICULTANDO LOS SERVICIOS). 2. La negativa de la autoridad señalada como responsable, a recibirme escrito de ofrecimiento de pruebas de fecha 12 de agosto de 2016. 3. La negativa de la autoridad señalada como responsable a recibirme escrito de ampliación de denuncia de hechos de fecha 18 de agosto de 2016. 4. La negativa de la autoridad señalada como responsable, a proveer en mi comparecencia en sus oficinas, de 18 de agosto de 2016, respecto de las copias simples que de la carpeta de investigación le peticioné, al momento mismo de que me notifica el acuerdo fechado al 3 de agosto del presente año". (sic). El promovente del amparo estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 17 y 20 de la Constitución General de la República; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, los cuales no se transcriben ni se sintetizan, atento a lo establecido en la Jurisprudencia número VI.2.J/129, que aparece publicada en la página quinientos noventa y nueve del Tomo VII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, titulada: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." II.- La referida demanda se turnó a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en donde en fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, se admitió a trámite y se radicó con el número 392/2016-I-B. III.- Posteriormente, se tuvo como tercero interesado a Salvador Gutiérrez Cota, a quien se le hizo la primer notificación y se le corrió traslado con copia de la demanda; se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo hasta celebrarse la correspondiente audiencia constitucional, con los resultados que se asientan en el acta relativa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, pues se reclaman actos dictados dentro de un proceso de naturaleza penal, ejecutados en el ámbito territorial de competencia asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO.- Materia del juicio de amparo. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y para ello, se acude a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos; e, incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contraponerse a la actual Ley de Amparo de conformidad con el artículo sexto transitorio, la jurisprudencia P./J. 40/2000, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el caso, los actos reclamados se hacen consistir en: La resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el caso 0201-2016-05103, por el Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad, en el cual decreto "el no ejercicio de la acción penal" en favor del imputado Salvador Gutiérrez Cota, por la comisión del delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte (alterar vía de comunicación interrumpiendo o dificultando los servicios). La negativa de la autoridad responsable a recibir los escritos de ofrecimiento de pruebas y ampliación de denuncia, de doce y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente y proveer sobre la comparecencia de la parte quejosa, el dieciocho de agosto del año en curso, respecto a su solicitud de copias simples. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados señalados por el quejoso en su escrito inicial de demanda, consistentes en la negativa de la autoridad responsable a recibir los escritos de ofrecimiento de pruebas y ampliación de denuncia, de doce y dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, respectivamente y proveer sobre la comparecencia de la parte quejosa, de dieciocho de agosto del año en curso, respecto a su solicitud de copias simples Por lo anterior, se determina que no son ciertos los actos reclamados, pues tal informe es un documento público que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, tal como lo establece el artículo 2o. de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, la quejosa no aportó prueba alguna fehaciente que desvirtuara el contenido del informe justificado rendido por la autoridad; en consecuencia, es patente la negativa de los actos reclamados. En ese sentido, ante la inexistencia de los actos reclamados, es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ello tiene sustento en la Jurisprudencia VI. 2o. J/20, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Julio a Diciembre de 1989, foja 627, cuyo rubro y texto señalan: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. De igual forma es aplicable la Jurisprudencia VI.2o.J/18, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio-Septiembre de 1989, foja 154, que establece: ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo. No obsta que la parte quejosa haya acompañado a su demanda de amparo los escritos que dice le fueron negados a recibir por la responsable, pues ello no demuestra que compareció ante la misma y que ésta se negó a recibirlas, por tanto, ante la falta de prueba suficiente por parte del quejoso que demuestre la negativa de la responsable para recibir tales promociones, subsiste la negación de los actos reclamados que se analizan. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable reconoció ser cierto el acto reclamado, consistente en la resolución de tres de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el caso 0201-2016-05103, por el Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad, en el cual decreto el no ejercicio de la acción penal en favor del imputado Salvador Gutiérrez Cota, por la comisión del delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte (alterar vía de comunicación interrumpiendo o dificultando los servicios); lo cual, se corrobora con las constancias allegadas al rendir su informe justificado, mismas que merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo vigente, ya que constituyen documentos públicos. QUINTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable hace valer una causal de improcedencia, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, además de que este advierte que efectivamente, en el caso particular se actualiza una causal de improcedencia, que por ser cuestión de orden público y estudio preferente, debe analizarse aún de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Octava Época, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, que literalmente reza: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al respecto, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que la improcedencia en relación a actos de autoridades distintas de tribunales judiciales o administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; la cual prevé: "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Dicha causal de improcedencia se actualiza en la especie, pues el quejoso reclama la determinación de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación número 0201-2016-05103, por el delito de ataques a las vías de comunicación contemplado en el artículo 167 del Código Penal Federal, determinación que según lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda le fue notificada el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis (foja 4); en la que la ley ordinaria le concede un medio de impugnación en contra de dicha determinación. De constancias relativas a la carpeta de investigación número 0201-2016-05103, respecto de la querella presentada por la quejosa el veintiocho de julio de dos mil dieciséis, en contra quien resulte responsable por el delito de ataque a las vías de comunicación y medios de transporte (alterar vía de comunicación interrumpiendo o dificultando los servicios); la autoridad responsable dictó resolución en tres de agosto de dos mil dieciséis; que le fue notificada el día dieciocho de mismo mes y año, sin que éste haya agotado el recurso que la Ley federal le concede, como lo es el previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que textualmente establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo anterior se colige, que las determinaciones del Ministerio Público respecto del no ejercicio de la acción penal podrán ser impugnadas por la víctima o el ofendido ante el Juez de control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas, y por ende, que dicho recurso es un medio de defensa que tiene el ofendido con el objeto de que el Juez de control analice la determinación del no ejercicio de la acción penal, el cual en su caso, confirmará o dejará sin efectos. En ese contexto, debe concluirse que el impetrante debió agotar los medios de impugnación que la Ley ordinaria le concede, antes de acudir a la vía de amparo, de otra manera, no agota el principio de definitividad, lo cual acarrea la improcedencia del juicio constitucional. En tales consideraciones, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 3/99, Novena época, emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, Semanario Judicial de la Federación, tomo IX Enero de 1999, página 13, del rubro: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, en lo conducente la Jurisprudencia 15 P (10a.), número de registro 2010514, emitida por el Pleno de Circuito, con motivo de la contradicción de tesis, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, el veinticinco de noviembre de dos mil quince, localizable a página mil cuatrocientos diez que a la letra dice: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Acorde con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotarse el medio de defensa ordinario antes de acudir al juicio de amparo, siempre que conforme a las mismas leyes que los rijan se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la citada ley, por lo que si bien es cierto que el recurso de inconformidad referido en el artículo 3, fracción XVI, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se tramita en sede jurisdiccional, también lo es que constituye un recurso contenido en una ley formal y material, por cuya interposición se contempla la suspensión de los efectos de la autorización de inejercicio de la acción penal, en términos similares a los dispuestos en la Ley de Amparo, por lo que debe agotarse previamente a instar la vía de control constitucional es obligatorio." Es igualmente aplicable la jurisprudencia PC.XVIII. J/8 P (10a.), de la décima época, registro 2008268, instancia: Plenos de Circuito, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, página: 1006, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ FACULTADO PARA RESOLVER SOBRE SU NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO, DEBE INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 413, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS (NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 118/2010(*), estableció que la víctima u ofendido del delito debe impugnar las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado y que contra la resolución que se emita al respecto, procede el juicio de amparo, conforme al artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, dicho órgano no se pronunció en cuanto a la aplicabilidad del principio de definitividad respecto de la resolución emitida por el Juez facultado dentro del sistema acusatorio, sino del derecho de la víctima u ofendido de reclamar, en la vía constitucional, la determinación de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Ahora bien, el recurso de queja previsto en el artículo 226 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, constituye un medio de impugnación en sede judicial de las decisiones del Ministerio Público que pueden afectar los derechos de las víctimas u ofendidos, esto es, fuera del ámbito administrativo en el que se desenvuelve dicha representación social; y contra la resolución de ese recurso de queja procede el de apelación a que se refiere el artículo 413, fracción I, del código citado, por tratarse de una resolución que pone fin al procedimiento de investigación o que hace imposible su prosecución, esto es, a la primera de las etapas del procedimiento penal. Por ello, si el legislador estableció una doble instancia jurisdiccional para controvertir el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, es inconcuso que la víctima u ofendido debe interponer el recurso de queja y luego el de apelación, y contra la resolución que se emita en esta última, podrá promover el juicio de amparo indirecto, ya que, en el caso, no opera algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Lo anterior sin soslayar que en términos de la fracción VII del artículo 114 de la Ley de Amparo aplicable y abrogada, el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pues dicha norma de procedencia del juicio constitucional perdió su vigencia, y aun cuando sea aplicada por analogía al texto constitucional vigente, no dispensa la aplicación del principio de definitividad, en caso de que la impugnación en sede judicial sea biinstancial, por lo que, de ser así, debe agotarse la vía jurisdiccional, toda vez que no existe motivo alguno que justifique que el juicio de amparo indirecto suplante al recurso de apelación establecido en la legislación ordinaria, de manera que sólo contra la resolución que decida en definitiva el control judicial del no ejercicio de la acción penal procederá el juicio de amparo indirecto. Sin que con la anterior determinación se vulnere en perjuicio de la parte quejosa su derecho humano de acceso a la justicia, ya que éste no se encuentra mermado por las circunstancias de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, pues tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, pero circunscribiéndose al plazo establecido en la legislación; por tanto, como se afirma, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para promover tales de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Se cita del mismo modo, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por fundamentarse en la legislación en vigor, la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, consultada en la página 699, del Libro XXVI, de noviembre de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo. En mérito de lo anterior, al no agotar el quejoso los recursos ordinarios que la ley ordinaria concede, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, y lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, acorde a lo dispuesto por el numeral 63 fracción V, de la Ley en la materia. SEXTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio de módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en losTribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, proceda el Secretario a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, Constitucional 73, 74, 75, 76, 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Mauricio Magaña Muñoz, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad; en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO.- Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del A V I S O de dos de diciembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la PARTE TERCERO INTERESADA SALVADOR GUTIERREZ COTA, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación de la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADA SALVADOR GUTIERREZ COTA; R E S U E L V E: PRIMERO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Mauricio Magaña Muñoz, contra actos que reclama del Agente del Ministerio Público Titular del Módulo de Orientación Calle Novena, con residencia en esta ciudad; en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO.- Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos séptimo y octavo de este fallo.

  4. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta signado por el 1. Agente del Ministerio Público Orientador, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento contenido en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, remite copia certificada del expediente número 0201-2016-05103/NUC. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de hacer relación en las mismas en la audiencia constitucional.

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