Jorge Ossiel Almaraz Galán
Expediente 9/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 9/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Congreso del Estado de Chihuahua
- Jorge Ossiel Almaraz Galán
- Dirección General Jurídica Adscrita A la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia
- Sabela Patricia Asiain Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días establecido por el artículo 202, de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa, para que se inconformara con el proveído en el cual se declaró cumplido el fallo protector de garantías, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los noventa días siguientes, previo acuerdo de desincorporación se deberá depurar este expediente y posteriormente remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que, atendiendo que se concedió la protección constitucional, se ordena previo acuerdo de desincorporación la depuración del presente asunto, dentro de los plazos establecidos en el artículo 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que por proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días con el oficio que remite el Supervisor administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en la esta ciudad, con el cual informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque número 1154284, con cargo a la Institución Bancaria Banorte, valioso por la cantidad de $********************moneda nacional). En efecto, el quejoso Jorge Ossiel Almaraz Galan, reclamó en concreto, al Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, la aprobación y expedición del decreto número LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestado por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente los numerales 11 y 13, que contienen la tarifa de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) Seguidos sus cauces legales, en el presente juicio de amparo se dictó sentencia el diez de mayo de dos mil veintidós, en la cual por una parte, sobreseyó en el juicio y por otra, se otorgó el amparo y la protección a la parte quejosa para efecto de que se cobre al quejoso únicamente el cinco por ciento de la tarifa total por los servicios que recibió, acorde al certificado de pago con número de operación ********************, de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno y se reintegre la parte que cubrió en exceso. Posteriormente, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia que concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que se requirió a la autoridad encargada de dar cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días informara a este Juzgado Federal lo concerniente o las gestiones efectuadas. Luego, después de múltiples requerimientos, en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Supervisor administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, informando que se encuentra a disposición de la parte quejosa el cheque con cargo a la Institución Bancaria Banorte, valioso por la cantidad de $********************moneda nacional), con lo que se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por este juzgado. Ahora bien, los efectos por los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa fueron para que se cobre a la misma únicamente el cinco por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de setecientos cincuenta pesos moneda nacional por los servicios que recibió, y se le reintegre la parte que cubrió en exceso. De la lectura comparativa entre los efectos para los cuales se concedió el fallo protector, con el actuar que realizó la autoridad responsable, consistente en que en tres de diciembre de dos mil veintidós, dejó a disposición de la parte quejosa el cheque con cargo a la Institución Bancaria Banorte, valioso por la cantidad de $********************moneda nacional), del cual anexa copia certificada, con lo cual obtenemos que la autoridad responsable ha satisfecho el cumplimiento de la sentencia de amparo. En las relatadas condiciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Asiéntese razón de lo anterior en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, promovido por ******************** contra actos de la Dirección General Jurídica, adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades, en el Estado de Chihuahua; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado ese mismo día al Juzgado auxiliado; en donde la parte quejosa ******************** solicitó el amparo contra actos de la Dirección General Jurídica adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia y otras autoridades, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, el cual hizo consistir en:********************"IV. ACTOS RECLAMADOS. ********************1. La OMISIÓN DE INVESTIGAR, substanciar y resolver, sobre los ACTOS DE MISOGINIA cometidos por JORGE ARMANDO PORRAS DUARTE, lo que son los actos negativos con efectos positivos, al omitir llevar cabo en tiempo y forma, de manera pronta y expedita, con imparcialidad, profesionalismo y diligencia, la investigación, substanciación y resolución de responsabilidad admisitrativa, respecto a los hechos que denuncié, mediante el escrito que suscribí y presenté el 5 de marzo de 2020, ante las responsables tanto la UIRA como la Unidad de Género, para deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y decretar las consecuencias jurídicas de lo que sea probado.********************2. El acto negativo con efectos positivos, consistentes en su omisión de hacer del conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público los hechos y conductas que advierta probablemente constitutivos de delitos, en relación a los hechos y actos de corrupción que denuncié en mis escritos de fecha 5 de marzo de 2020, tanto ante le UIRA como ante la Unidad de Género y D.H.********************3. El acto negativo con efectos positivos, consistente en su omisión de cumplir y respetar lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al omitir permitirme participar en el procedimiento de investigación, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de mis derechos.********************4. Que la responsable actúe sin independencia ni imparcialidad, actuando como si fuera una policía secreta para construir o destruir carreras profesionales, dando esa impresión, derivado del hecho de que los procedimientos administrativos se dejan abiertos, no concluyen y luego son utilizados como instrumento de presión, extorsión o chantaje, como de hecho me aconteció en junio de 2022."******************** SEGUNDO. Preceptos constitucionales y legales que la parte quejosa estima vulnerados en su perjuicio. La parte quejosa considera transgredido en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente ********************; se solicitó informe justificado a las responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien presentó su pedimento; se emplazó legalmente a los terceros interesados y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede.********************CUARTO. Mediante oficio 10752/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito, en el Estado de Chihuahua, de fecha siete de diciembre de dos mil veintidós, y que fuera recibido en este juzgado en esa misma fecha, en donde se advierte que el Secretario encargado del Despacho por Ministerio de Ley, en cumplimiento al punto de acuerdo 194/2022, del oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la remisión del juicio de amparo ********************, a este Juzgado de Distrito, para el auxilio en el dictado de la sentencia correspondiente, así mismo ordenó se llevara cabo la vinculación de los expedientes a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.******************** QUINTO. El nueve de diciembre de dos mil veintidós, se radicó en este juzgado el citado juicio de amparo, el cual se registró con número de cuaderno auxiliar 9/2022, ambos asuntos fueron vinculados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por lo que, ******************** C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 1, 33 fracción IV, 35, 37, 107 y demás relativos de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México.******************** Cabe aclarar que la competencia de este Juzgado de Distrito, es exclusivamente la de resolver, los asuntos remitidos por el órgano jurisdiccional auxiliado, por lo que carece de facultades para analizar o calificar el trámite, seguido en el juicio de amparo; máxime que ya se celebró la audiencia constitucional en el mismo, lo anterior de conformidad con lo establecido en el acuerdo 194/2022 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la ciudad de México; además, como se dijo, la presente sentencia se emite en términos del citado oficio, tomando como punto de partida y referencia documental, el expediente electrónico remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; es decir, con las constancias que integran el expediente electrónico. ******************** Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 107/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ********************"ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." ******************** ********************SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa.********************Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: ****************************************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." ****************************************Así, del detenido examen de las constancias del presente juicio, revela que el acto reclamado por el peticionario del amparo es:********************1. La OMISIÓN DE INVESTIGAR, substanciar y resolver, sobre los ACTOS DE MISOGINIA cometidos por JORGE ARMANDO PORRAS DUARTE, lo que son los actos negativos con efectos positivos, al omitir llevar cabo en tiempo y forma, de manera pronta y expedita, con imparcialidad, profesionalismo y diligencia, la investigación, substanciación y resolución de responsabilidad admisitrativa, respecto a los hechos que denuncié, mediante el escrito que suscribí y presenté el 5 de marzo de 2020, ante las responsables tanto la UIRA como la Unidad de Género, para deslindar las responsabilidades administrativas que correspondan y decretar las consecuencias jurídicas de lo que sea probado.********************2. El acto negativo con efectos positivos, consistentes en su omisión de hacer del conocimiento de las autoridades competentes, incluyendo al Ministerio Público los hechos y conductas que advierta probablemente constitutivos de delitos, en relación a los hechos y actos de corrupción que denuncié en mis escritos de fecha 5 de marzo de 2020, tanto ante le UIRA como ante la Unidad de Género y D.H.********************3. El acto negativo con efectos positivos, consistente en su omisión de cumplir y respetar lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al omitir permitirme participar en el procedimiento de investigación, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de mis derechos.********************4. Que la responsable actúe sin independencia ni imparcialidad, actuando como si fuera una policía secreta para construir o destruir carreras profesionales, dando esa impresión, derivado del hecho de que los procedimientos administrativos se dejan abiertos, no concluyen y luego son utilizados como instrumento de presión, extorsión o chantaje, como de hecho me aconteció en junio de 2022."********************TERCERO. Las autoridades responsables, Dirección General Jurídica, adscrita a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia; Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia, y Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos reclamados, por la quejosa, ********************, precisados en el considerando segundo de la presente sentencia.********************Informes, que dado su carácter de públicos al haber sido emitido por autoridades en ejercicio de sus funciones, merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°.****************************************Ahora bien, la obligación que impone el artículo 117 de la ley de la materia, en el sentido de que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia en el juicio y acompañar en su caso copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean necesarias para apoyar dichos informes, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, más no cuando esas autoridades negaron categóricamente los actos que se les imputan, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estos últimos, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza de los actos de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que son ilegales.********************Apoya la anterior consideración, por no oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo, la Tesis: VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903, del Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice:****************************************"PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.".************************************************************En el caso, el que impetra el amparo no ofreció prueba alguna para desvirtuar esa negativa de las responsables en mención, ni demostraron la participación de ellas en la emisión de dichos actos reclamados.********************Por tanto, lo que procede es tener por inexistentes dichos actos, y en consecuencia sobreseer en el presente juicio respecto de esas autoridades, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que al efecto establece: ****************************************"Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:.-********************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.".************************************************************Tiene aplicación al caso, acorde a lo señalado en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la Jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Primera parte, página 236, que a la letra dice:****************************************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.".************************************************************ CUARTO. Ahora bien, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, negó los actos que se le reclaman.******************** Sin embargo se desvirtúa esa negativa, toda vez que de lo manifestado por la propia autoridad responsable realizada a su informe justificado, se advierte que si bien, posterior a la presentación de la demanda de amparo promovida, dio a conocer a este Juzgado que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Secretario Técnico adscrito a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, emitió un proveído en el cual se amplío de manera excepcional y por única ocasión el plazo de la investigación hasta por seis meses más, toda vez que se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias de investigación a la fecha de la presentación de la solicitud de la prórroga.******************** Exhibiendo en forma anexa a su comunicación oficial, copia certificada del citado proveído. ******************** Medios probatorios a los cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º.******************** Por tanto, es que se presumen ciertas las omisiones que se le atribuyen a la autoridad responsable en mención, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo. ****************************************QUINTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes.********************Al efecto, cabe invocarse la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ********************"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."******************** En la especie, no existen causas de sobreseimiento que hubiesen hecho valer las partes o que deba atenderse de oficio; por tanto, procede entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa.**************************************** SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Cabe señalar, que el peticionario de amparo ********************, expuso los conceptos de violación que están contenidos en la demanda de amparo, los cuales no se transcriben en esta sentencia por no estimarse necesario para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a este juzgador a hacerlo.********************Apoya esta consideración, la Jurisprudencia: 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.".************************************************************ SÉPTIMO. Ahora bien, la parte quejosa, reclama en sus conceptos de violación, en esencia, que la autoridad responsable ha sido omisa de substanciar y resolver la investigación sobre los actos de responsabilidad administrativa de los hechos denunciados en 5 de marzo de 2020, respecto a la mala conducta del licenciado ********************por lo que ha denegado la administración de justicia, violando sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 Constitucional.********************Agregando además, que el Estado se encuentra obligado a administrar justicia pronta, completa e imparcial, así como de manera gratuita; además de lo expuesto, la parte quejosa agrega que la dilación o demora de la responsable, de violar el precepto constitucional señalado, conculca en su perjuicio, los artículos 252 y 253, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. ********************Puesto que, los preceptos aludidos, señalan que, la investigación debe ser realizada en un plazo no mayor a doce meses y podrá ser prorrogada por una única ocasión hasta por seis meses más, siempre y cuando sea justificado y una vez finalizada la investigación o vencido el plazo dentro de los diez días hábiles siguientes se emitirá el dictamen.********************Asimismo, se advierte que la parte quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable ordenadora, de llevar a cabo la substanciación del procedimiento en la forma y términos previstos por la ley, en la investigación de responsabilidad administrativa de origen, y que por ello, la autoridad responsable viola su derecho de acceso a la justicia, ya que según dice, la justicia demorada es justicia denegada, por lo cual, estima que si no se respeta dicho acceso a la justicia es que se vulneran sus Derechos Humanos.********************Ahora bien, como se dejó establecido en párrafos precedentes, el que esto resuelve, estima que, de lo expuesto por la querellante de amparo, se advierte que se ha conculcado en su perjuicio, el derecho humano consagrado en el artículo 17, de la Carta Magna, al omitir la autoridad responsable, la substanciación de la investigación de responsabilidad administrativa en los términos previstos por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. ********************Lo que se traduce en que no han respetado los términos establecidos para la tramitación del procedimiento en la investigación de responsabilidad administrativa, 65/2020, del índice de la responsable ordenadora, promovido por la parte agraviada, lo cual retrasa indebidamente la administración de justicia y transgrede los términos establecidos en la legislación invocada, violentando en su perjuicio la norma constitucional de referencia, de conformidad con las siguientes consideraciones. ********************Así, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, dispone: ********************" (.) ********************Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."********************La transcripción que antecede, permite advertir con claridad, que se consagra el llamado derecho a la jurisdicción, cuyo espíritu es que los tribunales resuelvan con prontitud, exhaustividad, imparcialidad y eficacia, las controversias de interés que se les presenten. ********************El requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial, (establecido en el párrafo segundo), que las autoridades actúen y emitan sus resoluciones dentro de los plazos y términos que fijan las leyes; de esta manera, se puede afirmar que la adecuada impartición de justicia se produce, en cuanto prevé a la celeridad, cuando las autoridades respetan en sus determinaciones, los plazos y términos legales, los cuales, son elementos que se introducen en la secuela procedimental para determinar con precisión el avance de una etapa, al tiempo de brindar seguridad jurídica a las partes a fin de que puedan realizar, dentro del tiempo establecido por la ley, la conducta procesal que les corresponda.********************Ahora bien, el artículo 252 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, retoma el contenido del segundo párrafo del artículo 17, Constitucional, estableciendo que todo proceso en dicha materia "será público, gratuito e inmediato", y se señala que las autoridades responsables se encuentran obligadas a "tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso". ********************Conforme a lo anterior, es fácil advertir que el legislador en este numeral, estableció como obligación a cargo de las autoridades administrativas, entre otras, la de estar expeditas para impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige su actividad, el cual, en el caso particular, no se ha respetado. ********************Así, los preceptos constitucional y legales mencionados, relativos ambos a procurar la garantía de seguridad jurídica, conllevan el hecho de que la Unidad de Investigación de Responsabilidad Administrativa, con sede en Chihuahua capital, no puede ni deben retardar su función de administrar justicia, por el contrario, que es una de sus obligaciones, el impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que debe procurar resolver los asuntos a su cargo, en los términos que establece la legislación aplicable.********************Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia L/2002, del rubro y contenido siguiente: ********************"ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."**************************************** En ese mismo orden de ideas, los artículos 249, 250, 251, 252, y 253, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente:********************"Artículo 249. La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas: ********************I. Será el área auxiliar del Consejo en materia de investigación. ********************II. Estará dirigida por una persona titular que designará el Consejo, a propuesta de su Presidencia, quien deberá contar con los mismos requisitos para ser titular de la Visitaduría. ********************III. Contará con las y los investigadores que autorice el Consejo conforme al Presupuesto.******************** Artículo 250. La investigación podrá iniciar de oficio, por escrito o mediante denuncia anónima o a través de comparecencia de cualquier persona, servidora o servidor público o por aviso de la Visitaduría o de la Contraloría o de la autoridad correspondiente. ******************** La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, al recibir la denuncia, queja o aviso de cualquier persona, basada en hechos en que fácilmente cesen las irregularidades reclamadas, recabará la información por la vía más rápida y tomará las medidas necesarias para el resguardo de la investigación. ******************** Recabada la información mencionada en el párrafo anterior, la autoridad investigadora procederá al análisis de los hechos que se adecuen a faltas no graves, si resulta que han cesado las irregularidades reclamadas, podrá bajo su responsabilidad dar por concluido el procedimiento, garantizando el derecho de acceso a la justicia que corresponda a la parte quejosa. ******************** Cuando la conducta haya afectado exclusivamente intereses particulares o patrimoniales, y una vez reparado el daño ocasionado, se podrá resolver el conflicto en un procedimiento alterno. ******************** Dicho mecanismo procederá en una sola ocasión cuando la o el servidor público no cuente con investigación administrativa vigente por hechos similares o con alguna sanción administrativa en los últimos cinco años. ******************** Artículo 251. La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: ******************** I. Llevar a cabo las investigaciones por faltas administrativas contra servidoras y servidores públicos del Poder Judicial del Estado, así como emitir el dictamen a que hace referencia el artículo 253 de esta Ley. ******************** II. Ordenar o efectuar la recolección o aseguramiento de los indicios y medios de prueba que estime conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, así como desahogarlos oportunamente. ******************** III. Requerir la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos, con inclusión de aquella que las disposiciones legales en la materia consideren con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la comisión de faltas a que se refiere esta Ley, con la obligación de mantener la misma en reserva o secrecía, conforme a lo que determinen las leyes. ******************** IV. Requerir informes y documentación a la Secretaría de Hacienda del Estado y demás autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que provean la información contable y financiera necesaria para el trámite de una investigación. ******************** V. Elaborar y presentar el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad respectiva, así como impulsar el procedimiento de responsabilidad.******************** VI. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de los mismos. ******************** VII. Inspeccionar en el ámbito de su competencia el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas contra las y los servidores públicos adscritos a ellos, o de los indicios derivados de las revisiones correspondientes. ******************** VIII. Imponer las medidas provisionales de protección y brindar las medidas de acompañamiento necesarias a la parte denunciante o testigos. ******************** IX. Imponer las medidas de apremio para hacer cumplir las determinaciones a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ******************** X. Solicitar a la autoridad substanciadora la ratificación, modificación o cancelación de las medidas de protección a víctimas y testigos conforme a la normatividad aplicable. ******************** XI. Solicitar a la autoridad substanciadora o resolutora dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa, las medidas cautelares a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas.******************** XII. Hacer del conocimiento de la autoridad competente, en el caso de que advierta la existencia de actos de particulares relacionados con faltas administrativas graves o probables delitos. ******************** XIII. Las demás que determinen las leyes, los reglamentos y acuerdos generales correspondientes. ******************** Artículo 252. La investigación deberá realizarse en un plazo no mayor a doce meses, mismo que podrá prorrogarse en casos excepcionales por única ocasión hasta por seis meses más, siempre y cuando se justifique la necesidad de ampliación ante la autoridad substanciadora. ******************** Artículo 253. La Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas, una vez finalizada la investigación o vencido su plazo, dentro de los diez días hábiles siguientes emitirá el dictamen, el cual podrá ser el informe de responsabilidad administrativa o el no ejercicio de la misma. La determinación sobre el no ejercicio de acción de responsabilidad administrativa deberá ser notificada a la parte denunciante, quien podrá impugnarla ante la autoridad substanciadora dentro de los cinco días hábiles posteriores a que sea notificada dicha determinación, mediante escrito en el que deberá expresar sus agravios.******************** Presentado el escrito de impugnación, la autoridad investigadora deberá remitir el dictamen de no ejercicio de acción de responsabilidad administrativa y la investigación que corresponda, en un plazo no mayor de tres días, a efecto de que la autoridad substanciadora decida, en definitiva, dentro de los diez días hábiles siguientes. ******************** La resolución que la autoridad substanciadora dicte en estos casos no admite recurso alguno."********************La impetrante de derechos humanos señala bajo protesta legal de decir verdad, que ante la Unidad de Investigaciones de Responsabilidad Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, el dos de marzo de dos mil veinte, dio a conocer la conducta inadecuada del Licenciado ********************asimismo, que el acto reclamado le afecta, debido a que desde esa fecha no se ha emitido la resolución respecto a la denuncia que realizó y que fuera radicada con el expediente de presunta responsabilidad administrativa 65/2020 y que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo continúa la sustanciación del procedimiento, sin que se haya emitido la resolución correspondiente, dado los actos omisivos en que ha incurrido la autoridad responsable, lo que estima le causa agravio.********************Por su parte, la responsable Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas al rendir su informe justificado, negó los actos materia reclamo, sin embargo, de las documentales que exhibió en forma anexa a su comunicación oficial, se advierte que, efectivamente no ha vigilado la tramitación del procedimiento, en los términos indicados en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.********************Empero, de lo expuesto en los párrafos que preceden y de los antecedentes que señaló la parte quejosa en su demanda de amparo, se pone de manifiesto que se está en presencia de una violación al artículo 17 Constitucional, en razón de que no obstante que tal precepto constitucional obliga a la autoridad responsable a impartir justicia en los términos que establezcan las leyes y a emitir sus determinaciones de manera pronta, completa y expedita, la autoridad responsable ha sido omisa en proveer las medidas legales necesarias y eficaces con el objeto de tramitar y resolver el procedimiento administrativo en los plazos y términos señalados por la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. ********************Por tanto, resulta evidente, que el lapso que ha mediado para efectuar la tramitación del procedimiento administrativo hasta su conclusión, resulta ser excesivo y fuera del término de ley, puesto que han transcurrido más de doce meses contados a partir de la fecha en la que se dio inicio al citado procedimiento natural (18 de marzo de 2020) y a la prórroga otorgada por seis meses más para su conclusión ( contados a partir del 24 de junio de 2021), sin haberse concluido, lo que de suyo implica, que la autoridad responsable ordenadora no ha vigilado legalmente, el desarrollo del citado procedimiento, por lo que dicha omisión resulta ser violatoria de los derechos humanos de la parte quejosa, previstos en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ********************En este sentido, es de precisarse que la autoridad responsable Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, no ha tramitado en los términos de ley la investigación de presunta responsabilidad administrativa 65/2020, de su índice, puesto que ha sido omisa en verificar legalmente, que se cumplan dentro de los plazos establecidos en la norma relativa, se reitera la conclusión de la investigación de responsabilidad administrativa. ********************Consecuentemente, al resultar violatorios de derechos humanos los actos reclamados, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita la parte quejosa, ******************** respecto de los actos atribuidos a la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, para que dentro de los diez días siguientes al en que quede debidamente notificada de esta ejecutoria, emita el dictamen al que hace referencia el artículo 253 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, y proceda en consecuencia, en el procedimiento de Presunta Responsabilidad Administrativa 65/2020, de su índice.********************Para lo cual en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley Laboral, deberá ordenar desahogarse los actos procesales pendientes, respetando los términos legales para su realización, lo anterior, en el entendido de que, la autoridad responsable, tendrá la obligación de velar permanentemente, para que el procedimiento natural se desarrolle dentro de los términos y plazos previstos en la ley, y además, deberá observar invariablemente, que en las diligencias que deban desahogarse en su jurisdicción, se respeten los términos legales y, en el supuesto de que sean fuera de su residencia, tendrá constante comunicación con la autoridad o dependencia correspondiente, a fin de agilizar el trámite respectivo hasta su conclusión.********************Es aplicable al caso, la tesis aislada 2a. CV/2013 (10a.), de la Segunda Sala, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, registro: 2005150, página 732, que es del rubro y texto siguiente: ********************"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013."******************** Finalmente, se aclara que algunos de los criterios que fueron reproducidos en el contexto de la presente sentencia, se invocan con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, por no ser contrarios a la actual legislación de la materia.******************** OCTAVO. CAPTURA Y FIRMA DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, emitido por la Secretaría Técnica de la comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la presente sentencia se firme electrónicamente, y en el momento correspondiente se agregue la evidencia criptográfica respectiva. ******************** Además, con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del aludido Consejo, captúrese esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************NOVENO. TRÁMITE DEVOLUTIVO DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/1298/2022, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal y con independencia de la relación automática que se genera con el expediente electrónico al momento del dictado de la presente resolución, envíese esta sentencia vía electrónica al órgano auxiliado para que proceda a su notificación y remítase el oficio respectivo vía interconexión IOJ del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ******************** Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, 155 y aplicables de la Ley de Amparo, se:******************** R E S U E L V E:******************** PRIMERO. Con base a lo expuesto en el considerando tercero de la presente sentencia, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ******************** ********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******************** contra la autoridad y el acto fijados en el considerando segundo de esta ejecutoria, en los términos y para los efectos especificados en la parte final del considerando séptimo del presente fallo.******************** NOTIFÍQUESE a las partes en los términos de Ley por conducto del Juzgado de origen.******************** Así lo resolvió y firma el licenciado HÉCTOR MANUEL FLORES LARA, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, hasta el día de hoy, diez de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la Secretaria de Juzgado, licenciada VERÓNICA URANGA LUVIANO, quién autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a la autoridad responsable Supervisor administrativo del Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada de la póliza de cheque número 1154284, por la cantidad de $********************(********************PESOS ********************/1******************** MONEDA NACIONAL), de la Institución bancaria ********************, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************, cantidad que consiste en el pago que la parte quejosa realizó por concepto de los servicios que recibió, acorde con el certificado de operación 54********************383, de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dese vista con lo anterior a la parte quejosa, para que en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de su notificación, manifieste lo que a su derecho legal convenga. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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