Jorge Montes Romero

Expediente 278/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
278/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Jorge Montes Romero

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, así como con el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de garantías dictado en el presente controvertido, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, interpretado a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por haberse desechado, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral 35 (treinta y cinco), primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Por otro lado, hágase conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, la compulsa del expediente electrónico y físico y acorde a las reglas y acuerdos generales emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Félix Santillanes Cruz, Secretario de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Montes Romero, por su propio derecho, contra actos del JUEZ DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL GALEANA y otra autoridad, residentes en la ciudad de Nuevo Casas Grandes Chihuahua, se provee. Así, en principio, el suscrito juez de Distrito considera que la misma debe desecharse, acorde a lo establecido en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, por acreditarse en la especie, la causal de improcedencia; la prevista en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor. Así, en primer término, tenemos que, los citados artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". La quejosa, según se observa de la lectura integral de la demanda de amparo, señala bajo protesta de decir verdad, como antecedentes de la demanda: 1) Que el promovente fue demandado por Lilia Varela Chavira en divorcio contencioso el cual fue radicado por el Juez de lo Familiar por audiencias del distrito Galeana con sede en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, bajo el número de expediente 103/2016. 2) Que al promovente como medida provisional en el auto de radicación se le impuso como pensión alimenticia la cantidad de $1,533.84 (mil quinientos treinta y tres pesos 84/100 moneda nacional). 3) Que substanciado dicho juicio en las etapas procesales correspondientes, resolvió el Tribunal, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis imponerle como pensión alimenticia la cantidad de $769.92 (setecientos sesenta y nueve pesos 92/100 moneda nacional), semanalmente. 4) Que el promovente dentro de la secuela procesal presentó incidente de cancelación de pensión alimenticia, en virtud de que la señora actualmente está laborando, pero hasta el momento no se le ha podido emplazar sobre dicho incidente. 5) Que en fecha doce de marzo de dos mil veintiuno, el Tribunal a petición del Licenciado Arturo Cisneros Guillen autorizado por la tercera perjudicada ordenó realizar la ejecución de la vía de apremio correspondiente, por la suma total de $42,774.76 (cuarenta y dos mil setecientos setenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), por concepto de pensiones alimenticias vencidas y no pagadas durante el periodo de tres de enero al catorce de noviembre del año dos mil veinte. 6) Como acto reclamado el promovente establece el auto de fecha seis de abril de dos mi veintiuno, dictado en el expediente número 103/2016 por el Juez Primero Familiar por Audiencias del Distrito Galeana, en cuanto a la no admisión del recurso de revocación interpuesto por su autorizado, licenciado Ruperto Lozano Valles en contra del auto de fecha doce de marzo de dos mil veintiuno. Así, dada la confesión expresa que la misma parte promovente hace, en su capítulo de antecedentes y bajo protesta de decir verdad, en términos de los dispuesto por los artículos 200 y 201, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la Materia, de la transcripción que hace la parte promovente, del auto de seis de abril de dos mil veintiuno, aquí reclamado, se evidencia, que se trata de un acto que, no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución material que sea de imposible reparación; condición ésta que conforme a lo dispuesto en las fracciones II, III y V, del artículo 107 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Por lo anterior, es necesario destacar que el auto reclamado, es del tenor siguiente: "NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A SEIS DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos el escrito recibido en este juzgado el diecisiete de marzo del año en curso, suscrito por [LICENCIADO RUPERTO LOZANO VALLES] promoviendo con la personalidad que tiene acreditada en autos y respecto a lo que solicita, dígasele que no ha lugar a admitirle el recurso de revocación planteado, toda vez que el auto dictado el día doce de marzo del año dos mil veintiuno es apelable y no revocable tal como lo establece el numeral 484 del Código de Procedimientos Familiares, razón por la cual no es dable acceder a su petición, dejándosele a salvo los derechos a fin de que promueva lo que en derecho convenga. N O TIFÍQ U E S E: Así lo acordó y firma el Licenciado DANIEL MORALES FLORES Juez Provisional Primero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Galeana, ante la Secretaria Judicial Licenciada BIVIANA MARTINEZ ESTRADA, con quien actúa y da fe. DOY FE". Como se observa, los actos aquí reclamados, al menos hasta este momento, no tienen una ejecución material que sea de imposible reparación, en la esfera jurídica de la parte quejosa (así se obtiene de la nueva redacción de la Ley de Amparo vigente y de la contradicción de tesis que al final se citará), pues hasta este momento procesal no lo priva de un derecho, bien, posesión o propiedad, y no será sino hasta que materialmente se le conculque algún derecho sustantivo, cuando podría acontecer en su esfera jurídica un perjuicio real actual y cierto, cuando sí conculcarían derechos sustantivos materiales. En tal virtud, se impone determinar lo que se ha establecido como actos de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido antes de la reforma a la Nueva Ley de Amparo, el alcance del entonces artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como del diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, el cual establece que procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación..." y obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, en los siguientes casos: 1. Cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, 2. Cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. Partiendo de esa base, se estima que los actos aquí reclamados no constituyen actos de imposible reparación en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque no se da ninguno de los supuestos anteriormente citados, es decir, no afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal (vida, integridad personal, libertad, propiedad, etcétera), y sus consecuencias tampoco afectan en grado predominante o superior a las partes. En la especie, se estima por quien aquí resuelve, que el hecho de que el juez conocedor del asunto, haya determinado que no ha lugar a admitirle el recurso de revocación planteado, toda vez que el auto dictado el día doce de marzo del año dos mil veintiuno es apelable y no revocable tal como lo establece el numeral 484 del Código de Procedimientos Familiares, razón por la cual no era dable acceder a su petición, dejándole a salvo los derechos a fin de que los promoviera conforme a derecho, de lo que se obtiene que son violaciones procesales en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Ahora bien, como se anticipó, al analizar de manera integral el escrito de demanda, se colige que, del acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de abril del presente año, dictado por el juez responsable en el que no admitió a trámite el recurso de revocación propuesto, aduciendo que el procedente es el recurso de apelación, es un acuerdo del que hasta el momento no emana ejecución alguna. Por tanto, ese acto reclamado no genera en el impetrante algún agravio de imposible reparación, en tanto que sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, hasta que se dicte la resolución que en su caso recaiga al recurso de apelación que se haga valer, en el que se determinará si el quejoso está en la posibilidad de saber si puede o no ser favorable a sus intereses. Tales actos por sí, no causan hasta este momento una situación de "irreparabilidad", o imposible reparación, máxime que la connotación actual de "imposible reparación", a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de tal forma que en la especie ello no acontece, esto es, la determinación aquí reclamada, sólo produce efectos intraprocesales, que no pueden considerarse como de imposible reparación, en tanto sus consecuencias podrían no repercutir en el propio juicio, de obtenerse sentencia favorable, dado que incluso sólo afectan a las partes en grado predominante o superior los acuerdos que causen agravio materialmente de derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que no puedan repararse, pero no cuando su "irreparabilidad", se hace depender de un recurso de revocación intentado y no admitido. Así, por tratarse en la especie, de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si la parte aquí quejosa obtiene resolución favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en las vías correspondientes. Así lo determinó atinadamente el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al sostener la tesis I.13o.A.3, que se divulgó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, de la Novena Época, que a la letra reza: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: "Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan.". Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo." De ahí que hasta este momento no se materializa de manera real y actual perjuicio alguno en contra de la parte promovente del amparo. Reconfirma lo anteriormente determinado, lo resuelto en la Contradicción de tesis 377/2013. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 22 de mayo de 2014. Misma que aparece publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación Decima época, con número de Registro 2006589, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece bajo los siguientes rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Lo subrayado es de este Juzgado. Robustece aún más lo determinado, la Tesis Aislada IV.2o.C.5 K (10a.), de la Décima Época, Registro 2005729, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia Común, consultable en la página 2159, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, la cual aparece bajo el siguiente rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). En las relatadas condiciones, como se anunció en párrafos que preceden, en relación a los actos reclamados se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas por artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, por ende, lo procedente es desechar de plano la demanda de mérito por notoriamente improcedente. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial a efecto de que realice las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en días y horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. Se tiene al promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, esto es el ubicado en Calle de la Cascada número 7312 del fraccionamiento Fuentes del Valle ciudad Juárez Chihuahua, y autorizando para tal efecto en los términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al Licenciado Ruperto Lozano Valles y/o Licenciado José Alfredo Lozano Martínez y/o Licenciada Yadira Polanco Trejo y/o Licenciado Ricardo Lozano Martínez. En términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo y en relación con los diversos 3, 7, 11, 22 y 24 y Sexto transitorio del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese y tramítese a partir de este proveído el expediente electrónico del Juicio de Amparo en que se actúa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 3, 8, Titulo Cuarto Información Clasificada (97-109), Capítulo II, De la Información Reservada (110-112), Capítulo III, De la Información Confidencial (113-117), así como el Capítulo IV, De las Versiones Públicas (118-139), 140 y 141 y con lo dispuesto por el Capítulo I, del Título Séptimo de la mencionada Ley, se deberá proceder, en concordancia con la normativa que rige en lo atingente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en la aplicación de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes, que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda correspondiente a "información reservada" o "información confidencial", como parte de las medidas necesarias que les corresponde tomar para asegurar su custodia y conservación, de conformidad con el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunado a que las documentales respectivas deberán llevar las leyendas que precisa el artículo 30 del Reglamento de la referida ley. En la inteligencia que de no cumplir con lo anterior, se entenderá que se trata del supuesto previsto en el último párrafo del artículo 30 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es decir, que se trata de versiones públicas y consecuentemente, se podrá ordenar que se glosen al expediente quedando a disposición de las partes para su consulta, bajo la total responsabilidad de la parte que las exhiban, debiendo asumir las consecuencias legales que deriven de ello. Apercibidas que, en caso de no hacerlo, como se indica, cualquier divulgación de información será atribuible únicamente a la parte que lo hubiese exhibido, debido al incumplimiento de las medidas que se encuentran obligadas a observar, haciéndose, además, acreedoras a una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (89.62) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, de la Ley de Amparo. Por tanto, se hace saber a las partes que la sentencia ejecutoria y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente juicio, una vez emitidas, así como éste una vez concluido, podrán ser consultadas por el público en general conforme al procedimiento de acceso a la información aludido que establezcan las atribuciones de los órganos en materia de Transparencia, así como los procedimientos de acceso a la Información Pública y protección de datos personales. Asimismo, se les comunica que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer por alguna de las partes la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. Se hace del conocimiento de las partes en que a partir del tres de agosto de dos mil veinte, está disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual los justiciables encontrarán la "Agenda OJ", en la que podrán generar citas para consultar expedientes, así como para el desahogo de comparecencias o requerimientos, a través de un proceso automatizado que otorga al solicitante un Código QR que, a su vez, permitirá que, la persona que pide la cita y, en su caso, un acompañante (siempre y cuando esté autorizado en el expediente respectivo), ingresen al órgano jurisdiccional, lo cual puede consultarse específicamente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como aquella a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No se omite informarles que, cuando a la cita pretenda acudir una persona vulnerable frente a la enfermedad Covid-19 o una persona con discapacidad, así lo deberá manifestar al generarla, de modo que su atención se realice en los espacios accesibles que para tal efecto establezca la administración del edificio sede en que se ubica este Juzgado. Dado que el número de espacios de mayor accesibilidad es limitado, el sistema indicará si en el horario seleccionado no existen lugares disponibles con estas características, de modo que pueda buscarse otra cita; ello conforme lo previsto en el numeral 4 del Acuerdo General 21/2020 en cita. Asimismo, encontrarán videos tutoriales y el Manual para personas usuarias del Portal de Servicios en Línea en los enlaces: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda y https://w3.cjf.gob.mx/pslvideos/. En el entendido, que el artículo 15 del citado Acuerdo General 21/2020, que establece los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial en todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, mismo que fue reformando mediante el diverso Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual entró en vigor el uno de noviembre del año en curso, decreta que las jornadas presenciales serán de seis horas; por tanto, el horario de labores de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, comprende de las trece horas con quince minutos hasta las diecinueve horas con quince minutos, de lunes a viernes (horario vespertino), sin posibilidad de ser extendido por causa alguna. Medidas relativas a la etapa de contingencia. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Por otra parte, el artículo 6°, tercer párrafo y apartado B, fracción I, de la Constitución, reconoce que el Estado mexicano está obligado a garantizar el derecho de acceso universal, equitativo, asequible y oportuno a las tecnologías de la información y comunicación. La indisociable vinculación entre ambos derechos se materializa a través del concepto de eJusticia. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal reconoce que el avance y desarrollo de la infraestructura y servicios de las tecnologías de la información y la comunicación son herramientas transversales para el fortalecimiento de la impartición de justicia y la protección de los derechos humanos. Lo anterior, a fin de privilegiar la comunicación a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, de modo que los quejosos o terceros interesados deberán indicar el "nombre de usuario" con que cuenten ellos mismos o sus autorizados, a fin de que se autorice su notificación y acceso al expediente electrónico. Mientras que, a las autoridades, en su carácter de responsables y terceros interesados, se les hará la primera notificación mediante oficio digitalizado firmado electrónicamente y remitido por correo electrónico, acorde a lo establecido en el décimo transitorio del Acuerdo General 21/2020, así como las subsecuentes, dado el esquema hibrido en que es necesario continuar el presente asunto, para lo cual deberán proporcionar una dirección de correo electrónico en la que se le deban hacer las notificaciones en este asunto, mientras no obtenga un usuario del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este tipo de notificación no genera acuses en automático, deberán confirmar la recepción del correo, especificando los archivos que se les enviaron, lo cual será certificado por la fedataria judicial, contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la determinación para indicar que quedaron notificados; apercibidos que, transcurrido ese término este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación y será a partir del tercer día en que sus términos comenzarán a correr; lo cual encuentra sustento, por analogía, en el contenido de los artículos 27, fracción I, incisos b) y c), así como 30, fracciones I y II, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades que deseen incorporarse al directorio realizado con motivo del convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal, o que quieran actualizar el correo electrónico en el que deban ser notificadas, podrán realizar la solicitud de incorporación o modificación al siguiente correo electrónico: casesoresp@correo.cjf.gob.mx. Por otra parte, cuando la notificación deba practicarse de manera personal, la diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Cuando se cuente con información de contacto de las partes, se buscará acordar previamente su realización, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Lo anterior es así, considerando que la seguridad de los certificados de FIREL y e.firma permiten garantizar la identidad de las personas que los utilizan, las personas justiciables podrán utilizar el aplicativo de firma electrónica generado por el Consejo de la Judicatura Federal para firmar documentos, con independencia de que las promociones que se remitan a través del Portal de Servicios en Línea deberán firmarse electrónicamente desde el propio Portal. El aplicativo de firma electrónica se encuentra disponible en los siguientes enlaces http://portalconsejo.cjf.gob.mx, desde el Portal, y https://w3.cjf.gob.mx/firmaelectronica/ desde Internet. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. En ese orden, se reitera las autoridades responsables que las promociones y comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 6jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Las notificaciones se realizaran por regla general mediante lista, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Adicionalmente, se instruye a la Actuaria Judicial para que la publicación de este auto se incluya en la lista que deberá ser remitida a la Administración Regional de esta demarcación, para que el personal de ésta las coloque en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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