Jorge Oropeza Zamora
Expediente 800/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 800/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Oropeza Zamora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
l dieciocho de junio de dos mil veintiuno se da cuenta al Juez, dentro del cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo I-800/2020, con una promoción registrada con el número 7589. Conste. Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio que remite la secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del expediente de amparo del que deriva este cuaderno e informa que se avocó al conocimiento del asunto. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente auxiliar en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y una vez que concluya el plazo de seis meses de archivo que prevé el artículo 20 del Acuerdo en mención, contado a partir de esta propia fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe. Yu
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 800/2020. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Agente del Ministerio Publico Investigador adscrito a la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Jorge Oropeza Zamora por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 800/2020; se admitió a trámite mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Con posterioridad se reconoció el carácter de tercero interesado a Alejandro Martínez Castro, finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Incompetencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. En apoyo a lo anterior es de citar en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2805, del Tomo LXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria. Ahora bien, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierten tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que por sí mismo tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar su naturaleza y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, deberá estimarse de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia considerar el lugar donde se presente la demanda. En concordancia con lo anterior, para saber si un determinado acto, omisión o norma general requiere ejecución material, se deberá analizar si puede producir un cambio en el mundo fáctico o provocar una afectación material en algún derecho del gobernado, para lo que, incluso, es permisible hacer una comparativa del estado en el que se encuentran las cosas al momento de la presentación de la demanda, con el estado al que podrían restablecerse si es que se llegara a conceder el amparo, pues no debe perderse de vista que el fin de dicha regla de competencia es lograr prontitud en la tramitación del juicio de amparo y en el cumplimiento de sus sentencias. En el caso particular, corresponde analizar si el acto reclamado, consistente en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte pronunciado en la carpeta de investigación 1005201944406, que se instruye en contra de Jorge Oropeza Zamora por la probable comisión de un hecho delictuoso que la ley señala como delito de despojo de inmueble y otros, cometido en agravio de Alejandro Martínez Castro, mediante el cual se negó al ahora peticionario de amparo la restitución en la posesión de un inmueble denominado "Pallares" ubicado en la Población de Tangancícuaro, Michoacán, que dice es de su propiedad, tiene una ejecución material o no. Ahora, de los antecedentes del acto reclamado deriva: Que el diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, Paulina Martínez Pérez, en cuanto representante legal de Alejandro Martínez Castro, quien dijo ser propietario del predio "los pallares" que se encuentra ubicado sobre la carretera Nacional, a la altura de Tangancícuaro, Michoacán, presentó denuncia penal por el delito de despojo, en contra de Jorge Oropeza Zamora, registrándose la carpeta de investigación con número de caso único 1005201944406. En esa misma data, se levantó acta para realización de actos de urgencia, en la que se determinó -entre otras cuestiones- "resguardo del lugar tomando las medidas necesarias para la preservación de las evidencias, clausurando o acordonando...". Mediante escrito de veintiuno de mayo de dos mil veinte, el imputado aquí quejoso, solicitó la restitución del bien inmueble materia de la controversia, lo que se acordó el cinco de noviembre siguiente en los términos siguientes: ".Que no ha lugar a lo solicitado, toda vez que para poder hacer la restitución del inmueble se deberá hacer a través del Órgano Jurisdiccional competente ya que esta representación no está facultado para hacer dicha restitución, y en caso de hacer la entrega del inmueble esta Representación Social estaría invadiendo facultades de un Órgano Jurisdiccional, además de que el C. Alejandro Martínez Castro sigue aportando datos de prueba con la intención de acreditar la propiedad objeto del inicio de la presente carpeta de investigación; y una de las facultades del Ministerio Público es velar y salavaguardar los derechos de las víctimas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 108, 109, 131 del Código Nacional de Procedimientos." La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado en esta instancia constitucional, de la que deriva que sí tiene una ejecución material, en razón de que la negativa a restituir el bien inmueble materia del conflicto, es un actuar del representante social que se traduce en mantenerlo en su poder y continuar reteniéndolo, lo que provoca una afectación material en el derecho que el gobernado pretende defender. Se dice de este modo, toda vez que previo a la integración de la carpeta de investigación, el inmueble no era objeto de alguna carga o afectación, sino hasta el acta para realización de actos de urgencia de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, mediante la cual, el Agente del Ministerio Público ordenó el resguardo del mismo, lo que se infiere se llevó a cabo -dado que no existe constancia de su ejecución- atento a solicitud de restitución del inmueble y la negativa de la responsable para devolverlo. Resguardo que continúa con la emisión del acto reclamado que niega la devolución, dado que de alguna manera determina la permanencia, continuidad de dicha medida; esto es, sí se requiere ejecución material, dado que conlleva un mandato, que expresa o implícitamente determina que debe seguir resguardado. Dicho de otro modo, dicho acto constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la falta de entrega del inmueble materia de la controversia, por lo que dichos actos poseen el atributo de ser ejecutable materialmente. En apoyo a lo anterior, es de citar por identidad jurídica substancial la jurisprudencia I.1o.P. J/6 (10a.), consultable en la página 764, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Materias(s): Común, Penal, Décima Época, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2018880, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. Cuando el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de devolver un bien inmueble que fue objeto de aseguramiento ministerial y a la postre liberado de dicha medida cautelar, tiene la naturaleza jurídica de un acto negativo con efectos positivos, ya que si bien esa omisión, en apariencia, es un acto puramente de carácter negativo, lo cierto es que tal "no hacer" tiene efectos positivos, toda vez que mientras la autoridad continúe con la abstención que se le impugna, provoca que siga ejecutándose materialmente la afectación en la esfera de derechos del quejoso, como lo es la restricción en su derecho de propiedad, pues éste no tiene el disfrute de sus pertenencias -ya que la autoridad ministerial liberó al inmueble del aseguramiento que le constreñía-, en tanto la autoridad no haga lo que las leyes le ordenan; motivo por el cual el acto reclamado conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializan los "efectos positivos" que tiene la omisión apuntada. En consecuencia, de conformidad con las reglas de competencia por territorio establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda respectiva, es aquel en donde se está ejecutando la afectación a los derechos fundamentales del quejoso con motivo de la omisión impugnada, lo cual acontece en el lugar en donde respectivamente se ubica el inmueble afectado y, en su caso, sin prejuzgar el fondo del asunto, en el lugar donde se efectuaría la eventual devolución del bien, mas no en diverso sitio." Lo anterior tiene mayor razón de ser, si se toma en consideración que de otorgarse el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que se entregue al quejoso el inmueble en disputa, lo que conlleva a una ejecución material en relación con el estado de las cosas sobre el bien objeto del resguardo, que materialmente se traduce en la continuación de retención del objeto. Bajo la óptica jurídica anterior se concluye, que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. En las relatadas circunstancias, debe decirse que si el inmueble que pretende le sea restituido se ubica en Tangancícuaro, Michoacán, es evidente que éste se encuentra fuera de la jurisdicción de este Órgano Constitucional. Por tanto, corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 189167, visible en la página 1299, novena época, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias administrativa, común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán en turno. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán. Segundo. Comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, y solicítesele que informe si acepta o no la competencia que se declina. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, tiene por recibido el oficio remitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el 137/2021 del índice de este juzgado. Dése de baja la comunicación oficial recibida en el libro de gobierno respectivo. Atento lo anterior, toda vez que la autoridad referida remite el acta de emplazamiento del tercero interesado Alejandro Martínez Castro, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo se le tiene por emplazado al presente juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, de las constancias remitidas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Zamora, Michoacán, Daniel Ortiz Silva, se advierte que Alejandro Martínez Castro, es la víctima dentro de la carpeta de investigación de origen; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo se le reconoce el carácter de tercero interesado, quien puede ser emplazado en la calle Nardo, número 151, colonia Camelinas de Tangancícuaro, Michoacán. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento despacho a la Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Zamora, Michoacán, para que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva designar personal a su digno cargo, a fin de que se constituya en el domicilio del mencionado tercero interesado y realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la parte tercera interesada en el domicilio respectivo, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, así como del auto de admisión de demanda, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber la fecha y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señalen domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza a la persona encomendada para realizar la diligencia de emplazamiento, tomar las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, h) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Sin que obste para llevar a cabo la diligencia encomendada, el hecho de que al recibir la comunicación oficial respectiva haya transcurrido la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que en ese supuesto este Juzgado Federal proveerá lo conducente en relación con su diferimiento, el cual se notificará por lista. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se solicita al juzgado auxiliar para que acuse recibo de la comunicación oficial correspondiente por vía fax al número 01 44 33 21 54 41. Asimismo, se requiere a la autoridad auxiliar, para que realizado el emplazamiento, verifique que la diligencia se haya llevado a cabo de conformidad con los lineamientos planteados en los incisos que anteceden, tomando como base los preceptos legales que en ellos se contienen, ya que de no ser así, deberá ordenar que se realice nuevamente e informarlo de manera inmediata a este juzgado por vía acelerada. Una vez realizada la diligencia requerida, de inmediato deberá enviar a este órgano jurisdiccional las constancias respectivas que acrediten lo encomendado, o bien, informar el impedimento legal o material que haya surgido para no realizarla, con el apercibimiento que de no hacerlo de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). En tal virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las diez horas del veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.Roslym
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