Jorge Olmedo Gomez
Expediente 592/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 28 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 592/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Olmedo Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 30 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 592/2020; promovido por ********************, por su propio derecho; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en línea el diecinueve de agosto de dos mil veinte, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos del Medio Ambiente, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 4º, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, conocer de la demanda de amparo presentada por Blanca Angélica Pulido Cervantes, en cuanto autorizada de la parte quejosa, por lo que se registró bajo expediente 592/2020. Luego, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil veinte se previno al quejoso ********************, quien en auto de tres de septiembre de ese mismo año desahogó la prevención formulada y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; procede resolver de acuerdo a las siguientes CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tuvo ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y en atención además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso al Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos del Medio Ambiente, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, consiste en: La orden de aseguramiento de veintitrés de junio de dos mil veinte dictada por la Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos del Medio Ambiente, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/30294/2020, con número único de caso 1003202022962, respecto del vehículo marca Nissan, color blanco, tipo chasis, NIV 3N6DD25T1BK002837, año/modelo 2011, placas de circulación MT-8454-X; así como su ejecución. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable descrita en el primer resultando al momento de rendir su informe justificado fue omisa en señalar si son ciertos o no los actos que se le reclaman; sin embargo, hace manifestaciones que evidencian su certeza, pues señala que debe declarase improcedente el juicio de amparo debido a que el vehículo se utilizó como instrumento de un delito; de modo que deba tenerse por cierto el acto reclamado. Es aplicable la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación de julio de 1994, materia común, octava época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable señalada, consistente en copias certificadas de la carpeta de investigación MOR/053/30294/2020, con número único de caso 1003202022962, en donde se advierte el aseguramiento del vehículo. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En atención al artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece que las causales de improcedencia se analizan de oficio, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal prevista la fracción XII, del numeral en cita. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis antes citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior, así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus diversas tesis jurisprudenciales, quien ha llegado -incluso- a delimitar los alcances del concepto "perjuicio", figura que está relacionada con la del interés jurídico; en ese sentido el Máximo Tribunal del país ha sostenido que por perjuicio se deberá entender aquella afectación a los derechos de un individuo no en el sentido del derecho civil, es decir, como la privación de cualquier ganancia lícita que pudiera haberse obtenido o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona ya sea en relación a derechos de propiedad, posesión, personalísimos o de cualquier otra especie que forme parte de la esfera jurídica del gobernado, siempre y cuando estén reconocidos por el orden jurídico nacional. Ilustra a lo anterior el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, Séptima Parte, visible en la página 55, cuyo texto señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Así como la tesis de la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en la página 132, del Tomo 187-192 Cuarta Parte, de la Séptima Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. NATURALEZA DEL. Es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso, es decir, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese. Sin embargo, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos para la procedencia del amparo, pues para que tal acontezca, es necesario que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de la norma. El interés jurídico de una persona sólo surge cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos, como en el caso de una persona jurídica o moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y, si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio." Asimismo, es de aplicación la jurisprudencia 2a./J. 51/2019, pronunciada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ubicada en el Libro 64, Tomo II, página 1598, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2019456, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". De lo anterior se tiene que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente de amparo solicita la tutela o protección de un derecho subjetivo que en su perjuicio fue infringido por las autoridades que emitieron el acto impugnado, o sea, mediante el derecho de acción -que es un derecho instrumental- se pretende el respeto del derecho subjetivo y en su caso, la restitución en su goce. Sin embargo, tal derecho subjetivo puede o no existir, o no haber sido infringido por la autoridad responsable, en tal caso la demostración del interés jurídico en su doble matiz, esto es, tanto el acreditamiento de un agravio material o jurídico en perjuicio de la esfera jurídica del particular, como la demostración de titularidad o relación de enlace entre el derecho afectado y el particular que reclama su protección, constituyen aspectos que no pueden valorarse de inmediato a la presentación del libelo de demanda constitucional, sino que es necesario otorgar a la quejosa la oportunidad de que los acredite durante toda la dilación procesal del juicio de amparo, tal y como así lo ha reconocido en la Jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 524, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000 cuyo rubro dice: "INTERÉS JURÍDICO, FALTA DE. NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS.", ello, dado que el derecho a la administración de justicia debe operar de forma dinámica. La satisfacción del interés jurídico lleva implícito el acreditamiento forzoso de tres elementos esenciales, a saber: a) La afectación, agravio o perjuicio sufrido en la esfera de derechos causado por el acto de autoridad que se reclama, es decir, probar lo que comúnmente se conoce como el interés jurídico en sí mismo considerado; b) El acreditamiento del derecho específico que se esté afectando con el acto reclamado; c) La relación de titularidad o nexo causal entre el derecho lesionado y la persona física o moral que reclama su protección en la vía constitucional de amparo, esto es lo que se conoce como la satisfacción material de la titularidad del interés jurídico. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 37, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice (actualización dos mil dos), Novena Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." De tal manera que el interés jurídico constituye un requisito o presupuesto procesal para que la acción constitucional de amparo tenga un feliz término, de manera que ante su ausencia se impide la conformación de este dando lugar al sobreseimiento del juicio por actualización de la causa de improcedencia que lo prevé. Concluyendo, la citada condición -como todas las previstas como improcedencias del juicio- al ser un presupuesto procesal es de estricta aplicación, el cual debe ser observado y valorado de forma contundente, real, material u objetiva y nunca establecer su existencia con base en presunciones ni comprendiendo en ellas casos distintos a los contemplados en las hipótesis previstas para tal efecto, pues su actualización acarrea consecuencias extremas para el solicitante de la protección constitucional. De los artículos 107 Constitucional y 5º de la Ley de Amparo, antes transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En ese orden, cuando se reclama un acto referente a la posesión o que vulnere ese derecho respecto de bienes muebles o inmuebles, debe acreditarse la posesión legítima respectiva, para demostrar que se tiene interés jurídico y pedir el amparo, pues el artículo 14 constitucional tutela la posesión jurídica y no la simple detentación material de los bienes respectivos; por lo tanto, en el caso que nos ocupa el quejoso debió acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para defender los bienes muebles respecto de los cuales aduce ser propietario. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que, tratándose de bienes muebles, el interés jurídico puede acreditarse con las facturas expedidas a nombre del agraviado, no objetadas y que identifiquen los bienes. Criterio que se encuentra contenido en la tesis 3a./J. 14/94, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 37/93, publicada en la página 27, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 78, junio de 1994, Materia Civil, Octava Época, registro 206598, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL CONTRA EL EMBARGO AHÍ PRACTICADO SOBRE BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD. BASTAN PARA ACREDITARLO LAS FACTURAS NO OBJETADAS QUE IDENTIFIQUEN LOS BIENES. El artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la substanciación y decisión de los juicios de garantías por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el documento proveniente de un tercero sólo prueba en favor de la parte que quiere beneficiarse con él y contra su colitigante, cuando éste no lo objeta, y que en caso contrario la verdad de su contenido debe demostrarse con otras pruebas. En consecuencia, siendo las facturas documentos privados, aun cuando provengan de terceros, hacen prueba en favor del quejoso y en contra del tercero perjudicado que no las objeta, debiendo tenerse, en este supuesto, como tácitamente reconocidas en cuanto a su autenticidad y contenido y, por ende, constituyen documentales suficientes para acreditar la propiedad de los bienes muebles embargados si están expedidas a nombre del agraviado e identifican dichos bienes de forma que permitan fijar su identidad. La propiedad así acreditada basta para estimar demostrado el interés jurídico en el amparo promovido por el tercero extraño al juicio natural contra el embargo ahí practicado sobre bienes muebles que alega son de su propiedad y posesión, sin que se requiera de ningún otro elemento probatorio, concretamente de la testimonial, para probar, por un lado, la vigencia del derecho de propiedad y la identidad de los bienes pues estos elementos están ya acreditados con las facturas de referencia, y por el otro, la posesión de dichos bienes pues su embargo afecta el derecho de propiedad sobre los mismos". Del contenido de la jurisprudencia transcrita se obtiene que, tratándose de bienes muebles, el interés jurídico se acredita a través de las facturas expedidas por los establecimientos comerciales en los cuales consta su adquisición mediante compraventa, siempre que dichas facturas estén expedidas a nombre del agraviado, no sea objetada e identifiquen dichos bienes de forma que permitan fijar su coincidencia. Ahora, en el caso que nos ocupa, para acreditar su interés jurídico respecto a la titularidad del camión marca Nissan, modelo 2011, NP300, estacas DH, color blanco, clave vehicular 1041507, motor KA24474305A, número de serie 3N6DD25T1BK002837, la parte quejosa presentó una factura, endosada a su favor. Previo a determinar el valor de la factura en cita, es importante señalar que el documento en cuestión debe tenerse como si se hubiera presentado el original, conforme al criterio contenido la tesis aislada 1a.VIII/2021, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 84, Tomo II, de Marzo de 2021, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2022826, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS DIGITALIZADOS QUE SE INGRESAN COMO PRUEBAS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE CONSIDERARLOS COMO SI SE HUBIERAN PRESENTADO EN SU VERSIÓN FÍSICA, SIN PERJUICIO DE QUE PUEDAN SER OBJETADOS POR LAS PARTES, Y SÓLO EXCEPCIONALMENTE, ANTES DE DEMERITAR SU VALOR PROBATORIO, REQUERIR AL OFERENTE EL DOCUMENTO FUENTE. Hechos: En un juicio de amparo indirecto tramitado en vía electrónica, la parte quejosa, para acreditar su interés jurídico, ofreció como pruebas diversos documentos digitalizados, que se estimaron como copias simples del documento original, dando lugar al sobreseimiento en el juicio, ya que se determinó que no se trataba de documentos electrónicos a los que se refiere el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, por no haberse generado, modificado o procesado por medios electrónicos Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los documentos digitalizados de su original, ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado en su versión física, sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes de demeritar su valor probatorio. Justificación: Se arriba a esta conclusión, toda vez que de la interpretación del contenido de los Acuerdos Generales Conjuntos celebrados entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respectivamente, en los que se materializó el nuevo sistema de juicio de amparo, se tiene que la prueba documental digitalizada no perderá su valor probatorio por el simple hecho de provenir de un proceso de digitalización, sino que en aras de tutelar los principios que caracterizan al nuevo sistema de expediente electrónico y al juicio de amparo, el juzgador deberá otorgar el mismo tratamiento que a su documento físico, lo anterior sin perjuicio de que dichas probanzas puedan ser objetadas por las partes. De manera excepcional, y antes de calificar su valor probatorio, puede ocurrir que el órgano jurisdiccional se encuentre con situaciones dudosas o insuficientes respecto al documento probatorio digital, en cuyo caso está facultado para tomar las medidas necesarias y acordar lo conveniente para dar oportunidad a las partes de presentar el documento fuente y hacerlo coincidente con el documento ingresado". De igual modo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que tratándose de facturas "endosadas" a favor de quien se presenta como tercero extraño al juicio natural, acredita su interés jurídico si no son objetadas, identifica los bienes y el "endoso" es de fecha cierta. Lo anterior en la tesis jurisprudnecial P./J. 7/2001, emitida por el Pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Tomo XIII, página 9, de Enero de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 190371, de rubro y texto siguiente: "FACTURAS "ENDOSADAS" A FAVOR DE QUIEN SE PRESENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL. ACREDITAN SU INTERÉS JURÍDICO SI NO SON OBJETADAS, IDENTIFICAN LOS BIENES Y EL "ENDOSO" ES DE FECHA CIERTA. El tercero extraño al juicio natural, cuando se le embargan bienes de su propiedad, sin que hubiese intervenido en alguna forma en el procedimiento, puede acreditar su interés jurídico en el juicio de garantías, presentando ante la autoridad jurisdiccional la factura donde se describan los bienes materia del embargo, siempre y cuando, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 2034, fracción III, del Código Civil para el Distrito Federal, aplicados supletoria y analógicamente, respectivamente, dicho documento no haya sido objetado, la factura detalle los bienes embargados, y el llamado "endoso", que no significa otra cosa más que el acto de enajenación del bien, sea de fecha cierta. Esto último se entenderá desde el día en que el acto traslativo de dominio haya sido inscrito en la oficina de Registro Público respectiva, a partir de la muerte de cualquiera de los contratantes, o bien, desde la fecha en que se entregue a un funcionario público, por razón de su oficio; pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose, de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y, evitando así, que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales". De la factura presentada, se observa que la persona moral Centro Fester Uruapan S.A. de C.V., el siete de abril de dos mil diecinueve endosó la factura del vehículo correspondiente en favor de Katia Amairany Santacruz Villaseñor; asimismo, se observa un sello de la Administración de Rentas 1201 Uruapan, donde señala que: "el contribuyente pago impuesto sobre enajenación de vehículos con recibo No. 573791 de fecha 09 de abril de 2019". Posteriormente, debajo del endoso señalado se advierte que obra otro endoso realizado el veintiocho de marzo de dos mil veinte, en favor de ********************, sin que se aprecie que se hayan pagado los derechos correspondientes antes las autoridades fiscales de esta entidad federativa o que tenga fecha cierta el documento privado. En el caso en concreto, como se dijo con anterioridad, no se advierte que la factura que presentó de forma electrónica, obre algún indicio de que el endoso sea de fecha cierta. Entendiéndose que los documentos privados adquieren fecha cierta, entre otros supuestos, cuando se celebran ante fedatario público, notario público, funcionario autorizado, se inscriben en el Registro Público de la Propiedad, ante la muerte de cualquiera de los firmantes. Es importante destacar que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 237, del Apéndice de 1995, Tomo IV, Parte SCJN, página 162, Sexta Época, registro digital 392364, se pronunció respecto a lo que debe entenderse por fecha cierta. "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes". Y si bien es cierto, con posterioridad al acto reclamado compareció ante la autoridad responsable a solicitar la devolución del vehículo de que se trata, exhibieron copia simple y copia certificada; también lo es que en la mejor de las suertes el endoso se volvió de fecha cierta pero posterior al acto reclamado, de ahí que por tal razón se insista en su falta de interés. Cobra aplicaicón la jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, ubicada en el Tomo XXXI, página 259, de Abril de 2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 164792, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. En dicha jurisprudencia 1a./J. 21/2010, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, determinó -en lo que aquí interesa- que la copia certificada anterior al acto reclamado es un documento idóneo para acreditar el interés jurídico; por lo que, en sentido contrario, si la copia certificada se presenta con posterioridad al acto reclamado, no es el medio adecuado para acreditar el interés jurídico. Por lo tanto, si el endoso de la factura en favor del quejoso, adquirió fecha cierta con posterioridad al acto reclamado, es dable concluir que carece de interés jurídico. Consecuentemente, de manera alguna no puede concluirse que ********************, goce de potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a ejercer la acción constitucional, como titular de los derechos que consideró le fueron restringidos por el aseguramiento de veintitrés de junio de dos mil veinte en la carpeta de investigación respectiva. Es así porque, como ya se precisó, uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción constitucional es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, por lo que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho. Hay que destacar que una cosa es la existencia del acto reclamado, tal como quedó precisado en el considerando tercero, éste sí existe, pero por el hecho de que exista no se traduce en automático que el mismo cause un agravio o daño a la esfera jurídica del promovente de la acción de amparo, sin que el interés jurídico se tenga por acreditado con la existencia del acto de autoridad. En ese contexto, es importante destacar que si el quejoso no demostró tener un interés jurídico en el presente asunto, lo propio es que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que motiva a su vez el sobreseimiento en el juicio en términos del artículo 63, fracción V, de la citada Ley, por actualizarse la causal de improcedencia señalada. En la inteligencia que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues de tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Por último, no es ocioso mencionar que por tener el acto reclamado su origen en una de las ramas del derecho público, así como la cuestión fáctica por todo el mundo conocida, este órgano de control constitucional ha sido indulgente con el quejoso, pues no obstante que la demanda fue presentada en línea y firmada por su autorizada, aun así se le previno y como dicha prevención fue cumplida por el propio quejoso, se consideró satisfecho el principio de instancia de parte, pero tratándose del interés jurídico desde épocas pasadas se sabe que es carga del promovente. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la consideración quinta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto reclamado a la autoridad responsable referida en el primer resultando. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
AUDIENCIA********************INCIDENTAL En********************Morelia,********************Michoacán,********************a********************las****************************************,********************el********************Maestro********************en********************Derecho********************Procesal********************Constitucional********************Armando********************Díaz********************López,********************Juez********************Séptimo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Michoacán,********************ante********************el********************licenciado********************Leonardo********************Rojas********************Barragán,********************secretario********************adscrito********************a********************este********************órgano********************jurisdiccional,********************que********************autoriza********************y********************da********************fe,********************declara********************abierta********************la********************audiencia********************incidental********************correspondiente********************al********************juicio********************de********************amparo********************592/2020,********************sin********************la********************comparecencia********************de********************las********************partes. ******************** Enseguida,********************el********************secretario********************da********************cuenta********************al********************juez********************en********************términos********************del********************artículo********************88********************del********************Código********************Federal********************de********************Procedimientos********************Civiles,********************ya********************que********************constituye********************hecho********************notorio,********************que********************en********************el********************juicio********************en********************que********************se********************actúa,********************se********************tuvo********************rindiendo********************el********************informe********************justificado********************a********************la********************Agente********************del********************Ministerio********************Público********************Investigador********************de********************la********************Fiscalía********************Especializada********************en********************Combate********************a********************los********************Delitos********************del********************Medio********************Ambiente,********************residente********************en********************Pátzcuaro,********************Michoacán,********************con********************el********************cual********************se********************dio********************vista********************de********************manera********************oportuna********************a********************la********************parte********************quejosa,********************sin********************que********************haya********************realizado********************manifestación********************al********************respecto. El********************Juez********************acuerda:********************De********************manera********************preliminar,********************conviene********************mencionar********************que********************el********************juicio********************de********************amparo********************se********************constituye********************bajo********************el********************principio********************de********************economía********************procesal,********************con********************la********************finalidad********************de********************tener********************procedimientos********************ágiles,********************que********************se********************desenvuelvan********************en********************el********************menor********************tiempo********************posible********************y********************con********************el********************menor********************empleo********************de********************recursos,********************en********************fiel********************seguimiento********************del********************derecho********************de********************pronta********************administración********************de********************justicia********************tutelado********************por********************el********************artículo********************17********************de********************la********************Constitución********************Política********************de********************los********************Estados********************Unidos********************Mexicanos.******************** Igualmente,********************de********************acuerdo********************con********************el********************derecho********************fundamental********************de********************tutela********************judicial********************efectiva,********************los********************órganos********************jurisdiccionales********************se********************encuentran********************obligados********************a********************interpretar********************las********************disposiciones********************procesales********************en********************el********************sentido********************más********************favorable********************posible********************para********************ponderar********************la********************efectividad********************del********************mismo,********************con********************la********************finalidad********************de********************evitar********************la********************imposición********************de********************formulismos********************poco********************prácticos********************contrarios********************a********************la********************finalidad********************de********************la********************norma,********************al********************igual********************que********************convertir********************cualquier********************irregularidad********************procesal********************en********************un********************obstáculo********************insuperable********************para********************la********************continuación********************del********************proceso********************y********************obtener********************con********************ello********************una********************resolución********************práctica********************sobre********************la********************controversia********************planteada********************(principio********************de********************favorecimiento********************de********************la********************acción). Acorde********************con********************lo********************expuesto,********************desde********************una********************perspectiva********************de********************proporcionalidad********************se********************debe********************observar********************un********************distinto********************tratamiento********************en********************torno********************al********************grado********************de********************complejidad********************o********************defectuosidad********************de********************los********************diversos********************asuntos,********************los********************vicios********************o********************errores********************en********************que********************pudieran********************incurrir********************las********************partes********************y********************en********************relación********************con********************las********************circunstancias********************concurrentes********************su********************trascendencia********************práctica********************e********************incluso********************la********************voluntad********************de********************los********************promoventes,********************permitiendo********************que********************éstos********************en********************su********************caso********************los********************corrijan********************o********************incluso********************realizar********************ello********************de********************oficio********************para********************preservar********************sus********************derechos,********************sin********************soslayar********************la********************igualdad********************procesal********************de********************las********************partes********************(principio********************de********************subsanación********************de********************los********************defectos********************procesales);********************ello,********************tomando********************en********************consideración********************además********************a********************todos********************los********************justiciables********************que********************ejercen********************su********************derecho********************en********************específico********************ante********************este********************órgano********************jurisdiccional. Así,********************en********************virtud********************de********************lo********************expuesto********************en********************términos********************del********************artículo********************140********************y********************141********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************se********************ordena********************tomar********************en********************consideración********************la********************información********************contenida********************en********************el********************informe********************justificado********************referido,********************para********************resolver********************el********************incidente********************en********************que********************se********************actúa.******************** Enseguida,********************el********************secretario********************hace********************constar********************que********************el********************presente********************incidente********************se********************encuentra********************integrado********************para********************ser********************resuelto********************en********************definitiva. 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********************Es********************aplicable********************a********************lo********************anterior********************la********************jurisprudencia********************emitida********************por********************los********************plenos********************de********************circuito********************con********************número********************de********************registro********************digital********************2021675,********************decima********************época,********************visible********************en********************el********************libro********************75,********************febrero********************de********************dos********************mil********************2020,********************tomo********************II,********************pagina********************1791,********************materia********************común,********************penal,********************de********************rubro********************y********************texto********************siguientes: "SUSPENSIÓN********************PROVISIONAL********************EN********************EL********************JUICIO********************DE********************AMPARO********************INDIRECTO********************PROMOVIDO********************CONTRA********************EL********************ASEGURAMIENTO********************DE********************VEHÍCULO********************AUTOMOTOR.********************ES********************IMPROCEDENTE********************CONCEDERLA********************CUANDO********************LA********************NEGATIVA********************DEL********************MINISTERIO********************PÚBLICO********************DE********************DEVOLVERLO********************DERIVA********************DE********************LA********************EXISTENCIA********************DE********************DILIGENCIAS********************MINISTERIALES********************PENDIENTES.********************Conforme********************al********************artículo********************21,********************párrafo********************primero,********************de********************la********************Constitución********************Política********************de********************los********************Estados********************Unidos********************Mexicanos,********************la********************investigación********************de********************los********************delitos********************corresponde********************al********************Ministerio********************Público,********************lo********************que********************converge********************con********************el********************esclarecimiento********************de********************los********************hechos,********************que********************es********************uno********************de********************los********************objetivos********************del********************proceso********************penal,********************de********************conformidad********************con********************el********************artículo********************20,********************apartado********************A,********************fracción********************I,********************de********************la********************misma********************Constitución.********************Por********************su********************parte,********************el********************artículo********************229********************del********************Código********************Nacional********************de********************Procedimientos********************Penales********************cataloga********************el********************aseguramiento********************de********************bienes********************como********************una********************técnica********************de********************investigación********************ministerial********************y********************su********************objeto,********************durante********************el********************desarrollo********************de********************ésta,********************es********************mantener********************el********************bien********************en********************el********************estado********************en********************que********************materialmente********************fue********************asegurado********************por********************el********************Ministerio********************Público,********************para********************que********************no********************se********************alteren,********************destruyan********************o********************desaparezcan********************huellas,********************o********************porque********************pudiera********************tener********************relación********************con********************el********************delito.********************En********************este********************sentido,********************como********************el********************aseguramiento********************es********************de********************un********************vehículo********************automotor,********************los********************artículos********************236********************y********************237********************del********************citado********************Código********************Nacional********************prevén********************que********************el********************propietario,********************el********************poseedor********************o********************el********************tenedor********************legítimo********************puede********************solicitar********************al********************Ministerio********************Público********************su********************devolución********************con********************o********************sin********************reservas,********************después********************de********************realizadas********************las********************acciones********************de********************peritaje********************y********************registro********************señaladas********************en********************el********************primer********************precepto,********************siempre********************y********************cuando********************no********************haya********************sido********************medio********************eficaz********************para********************la********************comisión********************del********************delito.********************Ahora,********************si********************el********************Ministerio********************Público********************niega********************la********************solicitud********************de********************devolución,********************porque********************faltan********************diligencias********************y/o********************actos********************de********************investigación********************que********************realizar,********************esta********************contestación********************forma********************parte********************de********************las********************circunstancias********************fáctico-jurídicas********************que********************el********************órgano********************jurisdiccional********************de********************amparo********************debe********************ponderar********************como********************parte********************de********************la********************naturaleza********************del********************acto********************reclamado,********************al********************resolver********************sobre********************la********************suspensión********************provisional********************a********************petición********************de********************parte.********************En********************este********************orden,********************en********************atención********************a********************la********************naturaleza********************del********************acto********************reclamado,********************es********************improcedente********************conceder********************la********************suspensión********************provisional********************con********************los********************efectos********************restitutorios********************provisionales********************que********************prevé********************el********************artículo********************147,********************párrafo********************segundo,********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************a********************fin********************de********************que********************el********************vehículo********************automotor********************asegurado********************sea********************entregado********************temporalmente********************al********************quejoso********************que********************acreditó********************su********************propiedad********************en********************la********************carpeta********************de********************investigación,********************si********************de********************los********************datos********************contenidos********************en********************la********************demanda********************de********************amparo********************y********************los********************documentos********************que********************la********************acompañan,********************se********************colige********************que********************el********************Ministerio********************Público********************negó********************su********************devolución********************porque********************existen********************diligencias********************ministeriales********************pendientes;********************pues********************de********************concederse********************la********************suspensión********************provisional********************con********************esos********************efectos,********************se********************seguiría********************un********************posible********************perjuicio********************al********************interés********************social,********************ya********************que********************puede********************interferir********************en********************la********************investigación********************del********************delito,********************al********************ponerse********************en********************riesgo********************la********************pérdida********************de********************huellas********************o********************indicios********************que********************pudieran********************estar********************relacionados********************con********************los********************hechos********************investigados;********************lo********************que********************responde********************a********************disposiciones********************de********************orden********************público,********************pues********************el********************aseguramiento********************de********************bienes,********************como********************técnica********************de********************investigación,********************tiene********************como********************objetivo********************garantizar********************el********************correcto********************esclarecimiento********************de********************los********************hechos;********************por********************lo********************que********************debe********************privilegiarse********************el********************interés********************social,********************sobre********************el********************interés********************particular.********************Lo********************anterior********************no********************implica********************soslayar********************los********************intereses********************del********************quejoso********************en********************el********************incidente********************de********************suspensión,********************ya********************que********************la********************resolución********************de********************la********************suspensión********************provisional********************deberá********************tener********************efectividad********************como********************medida********************cautelar********************instrumental,********************en********************términos********************del********************artículo********************139,********************párrafo********************primero,********************de********************la********************Ley********************de********************Amparo,********************esto********************es,********************para********************conservar********************la********************materia********************del********************juicio,********************impidiendo********************que********************el********************acto********************se********************consume********************irreparablemente;********************aunado********************a********************que,********************como********************lo********************dispone********************el********************párrafo********************segundo********************de********************ese********************precepto,********************podrá********************modificarse********************y********************operar********************también********************con********************efectos********************restitutorios********************provisionales,********************cuando********************se********************cumplan********************las********************condiciones********************que********************prevén********************los********************artículos********************236********************y********************237********************del********************Código********************Nacional********************de********************Procedimientos********************Penales********************y********************así********************se********************demuestre********************en********************el********************incidente********************de********************suspensión,********************ante********************el********************órgano********************jurisdiccional********************de********************amparo." Por********************lo********************anteriormente********************expuesto,********************fundado********************y********************motivado,********************se******************** R********************E********************S********************U********************E********************L********************V********************E: Único.********************Se********************niega********************a********************Jorge********************Olmedo********************Flores,********************la********************suspensión********************definitiva********************respecto********************de********************la********************autoridad********************responsable********************precisada********************en********************la********************consideración********************primera********************de********************esta********************interlocutoria,********************en********************virtud********************de********************lo********************precisado********************en********************la********************diversa********************consideración********************segunda. Notifíquese********************por********************lista********************y********************mediante********************oficio********************a********************la********************autoridad********************responsable. Así********************lo********************resolvió********************y********************firma********************el********************Maestro********************en********************Derecho********************Procesal********************Constitucional********************Armando********************Díaz********************López,********************Juez********************Séptimo********************de********************Distrito********************en********************el********************Estado********************de********************Michoacán,********************quien********************actúa********************asistido********************del********************licenciado********************Leonardo********************Rojas********************Barragán,********************secretario********************que********************autoriza********************y********************da********************fe.
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