Jorge Omar Muñoz Martínez

Expediente 493/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
493/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Omar Muñoz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Oficio 21423/2023 signado por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido vía electrónica. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, téngase recibido el oficio signado por el Actuario del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, remitido vía electrónica, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia funcional y legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata por haber sido señalado como autoridad responsable. Agregó, que remitió la demanda de mérito y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que tuviera a bien asignarla al Juzgado de Distrito de la propia materia y sede que por razón de turno correspondiera, con excepción de dicho Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México por ser la autoridad responsable señalada en el ocurso de demanda; de lo que toma conocimiento este juzgado Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ...contra actos del 1.- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de control electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 493/2023-II-2. Incompetencia. Ahora bien, visto el contenido del escrito de demanda, este Juzgado de Distrito considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por el promovente del amparo; se afirma lo anterior, por los motivos expuestos a continuación. En primer término, es menester precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversos criterios jurisprudenciales que la competencia es el límite de la jurisdicción; es decir, es el ámbito en el cual la autoridad judicial válidamente puede ejercer sus atribuciones y facultades. La competencia constituye un presupuesto procesal, naturalmente, de análisis preferente a otras cuestiones; incluso, a la procedencia o improcedencia de la demanda y; por ende, exige ser atendida primordialmente. Existen cuatro criterios fundamentales para determinar la competencia: por materia, cuantía, grado y territorio. a) El criterio por materia se basa en el contenido de las normas sustantivas que regulan el litigio sometido al proceso conforme a su naturaleza jurídica. b) El criterio para delimitarla por cuantía, deriva del monto o cantidad en la que se puede estimar el valor de las prestaciones reclamadas en la demanda. c) La competencia por grado que se relaciona con la división jerárquica de los órganos que desempeñan la función jurisdiccional; esto es, con el fin de evitar, en lo posible, errores de hecho o de derecho, en perjuicio de los particulares, las leyes procesales establecen como una limitación de la competencia, la jerarquía entre los Jueces para que los de primer grado resuelvan los problemas planteados interviniendo directamente en las diligencias que se practican y otros, jerárquicamente superiores, estudian las resoluciones de los inferiores. d) La competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional; la cual, depende de la división territorial que hace el órgano del Estado facultado para ello, para lograr una mejor distribución del trabajo y de los recursos, tomando en cuenta factores geográficos, demográficos y sociales. Este ámbito recibe diferentes denominaciones como circuitos, distritos, partidos judiciales, entre otros. Así, siendo la competencia un presupuesto de validez del proceso, el juzgador debe verificar si tiene o no para conocer del mismo, y en caso de considerarse incompetente, deberá abstenerse de conocer de la controversia planteada. Ahora, resulta oportuno señalar que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo encuentra su origen constitucional dentro del artículo 107, fracción VII, que establece la procedencia del amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y es el artículo 37 de la Ley de Amparo donde se fijan las reglas de competencia, a partir de tres supuestos: a) El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, el elemento que resulta necesario considerar para determinar cuál Juez de Distrito será el competente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, es el relativo a si el acto reclamado requiere o no ejecución material, entendida en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, en tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, cuando algunos actos procesales encaminados a dicha ejecución ya se han ejecutado -embargo, remate y adjudicación- y se encuentran pendientes otros -otorgamiento, firma de la escritura, entrega voluntaria de los bienes o actos de ejecución forzosa-, la competencia para conocer del amparo corresponde al juez del lugar en que estos actos tendrán que ejecutarse, pues la etapa ejecutiva ya empezó a ejecutarse dentro de la jurisdicción del juez del conocimiento mediante las órdenes de remate y adjudicación del inmueble, por lo que, los actos procesales reclamados que aún no se han ejecutado, pero tendrán que ejecutarse, deducidos del laudo de condena, no tienen el carácter de autónomos, debido a que los actos reclamados que requieren ejecución material tendrán que llevarse al cabo por el juez natural, el cual reside dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito en la que se ha iniciado la ejecución de la sentencia referida, y se llevarán a cabo los restantes actos reclamados que aún no se han ejecutado. Orienta lo anterior, el criterio sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO EN QUE SE RECLAMA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO HIPOTECARIO, CUANDO ALGUNOS ACTOS PROCESALES ENCAMINADOS A DICHA EJECUCIÓN YA SE HAN EJECUTADO Y SE ENCUENTRAN PENDIENTES EL OTORGAMIENTO Y LA FIRMA DE LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR EN QUE ESTOS ACTOS TENDRÁN QUE EJECUTARSE. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si la sentencia definitiva reclamada, pronunciada en un juicio especial hipotecario, ya empezó a ejecutarse dentro de la jurisdicción de un Juez de Distrito mediante las órdenes de remate y adjudicación del inmueble, los actos procesales reclamados que aún no se han ejecutado, pero tendrán que ejecutarse, consistentes en el otorgamiento y firma de la escritura relativa, los cuales forman parte de la controversia objeto de dicho juicio hipotecario, en el que precisamente se dictó la sentencia indicada, no tienen el carácter de autónomos, por lo que debe atenderse a la primera de las reglas contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados que requieren ejecución material, tendrán que llevarse al cabo por el Juez natural, el cual reside dentro de la jurisdicción territorial del Juez de Distrito en la que se ha iniciado la ejecución de la sentencia referida, y se llevarán al cabo materialmente los restantes actos reclamados que aún no se han ejecutado. Por tanto, si del contenido de la demanda se aprecia que el acto que reclama el quejoso es el requerimiento y apercibimiento notificado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, derivado del juicio ordinario civil 500/2014 del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México; así como todas las actuaciones practicadas con posterioridad dentro de dicho juicio, en el que refiere, se dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil quince, en la cual se condenó al Ayuntamiento de Cárdenas, San Luis Potosí, al pago de la cantidad de $3,660,470.00 (tres millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), mismo que le fue requerido en la citada diligencia de veintisiete de septiembre pasado, a fin de que liquide la deuda en el término de tres días, con el apercibimiento para el quejoso, que de no ser así, le sería impuesta una multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; es inconcuso que el acto no tiene el carácter de autónomo sino que participa de los actos procesales encaminados a la ejecución ordenada en el procedimiento de origen. Por ende, los actos combatidos comenzaron a ejecutarse dentro de la jurisdicción territorial del órgano jurisdiccional rector del procedimiento natural señalado como responsable -Ciudad de México-. De ahí que, deba atenderse a la segunda de las reglas contenidas en el citado artículo 37 de la Ley de Amparo, que refiere que, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Máxime que, no es jurídicamente viable la escisión de la demanda y, únicamente atender al acto de ejecución material que, además de haber sido reclamado en vía de consecuencia y no por vicios propios, se itera, no es autónomo, al participar de los actos procesales encaminados a la ejecución ordenada en el juicio de origen. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado estima que el Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido contra el requerimiento y apercibimiento notificado el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, derivado del juicio ordinario civil 500/2014; por ende, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En consecuencia, se ordena remitir los presentes autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, para que por su conducto, turne el mismo al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno. Se solicita al Juzgado de Distrito que conozca del asunto, que de no existir inconveniente, informe si acepta la competencia declinada en esta resolución. Con fotocopia del presente juicio de amparo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Domicilio y autorizados. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a...toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autoriza a ejercer la profesión de abogado y por así haber sido solicitado; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ...toda vez que no cuentan con el anterior requisito. No ha lugar notificaciones por correo electrónico. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en relación a que se realicen las notificaciones en el presente juicio a través del correo electrónico proporcionado, dado que la vía regulada por la Ley de Amparo y la normativa del Consejo de la Judicatura Federal, para la práctica de notificaciones electrónicas es a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual se requiere el nombre de usuario y que de manera expresa se solicite la práctica de éstas, conforme con lo previsto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin perjuicio de lo anterior se le tiene proporcionando como medio de contacto para establecer comunicaciones no procesales el correo electrónico especificado en su demanda. Exhortación a tramitar asuntos "en línea", y consulta de expedientes. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el expediente en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 1, 9, 16, 68, 113, fracción l, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 23 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción Vlll, 43, 46 y 47, fracción ll, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en el entendido que aun cuando no se opongan expresamente a tal publicación, en la versión pública de la sentencia respectiva y demás resoluciones que se dicten en el presente juicio de amparo, así como de las diversas constancias, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener. Notifíquese; personalmente a la parte promovente.

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