Jorge Luis Yescas Sánchez
Expediente 448/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Yescas Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio signado por el Juez Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, en esta ciudad, por el cual acusa recibo del diverso 9217/2022, por el que se le devolvieron las constancias que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de junio de dos mil veintidós. ARCHIVO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente sumario constitucional, sin que se hiciera manifestación alguna; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 202 en relación con el diverso 196, párrafo cuarto, ambos de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. VALORACIÓN DOCUMENTAL CUADERNO PRINCIPAL. De conformidad con los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; una vez transcurrido el plazo de tres años este expediente debe ser depurado, toda vez que cuenta con valor jurídico al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; amén de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que deba conservarse en su integridad por su valor histórico o relevancia documental. REMISIÓN DE EXPEDIENTE A LOS DEPÓSITOS DOCUMENTALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN. Una vez terminado el proceso de depuración a que se refiere el artículo 18 del citado Acuerdo General, se ordena la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es depurable, y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Toda vez que no son necesarias en el presente sumario constitucional, previo glose de la portada del anexo número uno, remítanse al Juzgado responsable las constancias que acompañó a su informe justificado; solicitándole se sirva acusar recibo a la brevedad. Notifíquese. Lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes, mediante proveídos de veintiocho de abril y dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si las autoridades incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jorge Luis Yescas Sánchez, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente de ejecución 21/2020, materia de reclamo. b) Dicte otra en la que ordene reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, a fin de que adecue su actuación conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para instrumentar el procedimiento y resolución respectiva, desde el auto de inicio. c) En el entendido que deberá solicitar al sentenciado nombre a un defensor, si no quiere o no puede nombrarlo, le designe uno de oficio; en cualquier supuesto, el Juzgado de Ejecución necesariamente habrá de cerciorarse que la persona designada que participe en el procedimiento de ejecución correspondiente cumpla con el requisito de ser licenciado en derecho y que justifique sus conocimientos en la rama con cédula profesional. d) Hecho lo anterior, continúe con la tramitación del incidente, hasta su conclusión." Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por no reclamarse por vicios propios. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en los presentes autos, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. La autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, mediante oficio con número de registro 3125, manifestó que en base a su calidad de autoridad ejecutoria, estaría a lo resuelto por el Juez responsable. Por su parte, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante comunicación con número de registro 3220, remitió inserta la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la cual dejó sin efecto la diversa interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, admitiendo a trámite el mismo y requiriendo a la aquí parte tercero interesada para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designen asesor jurídico que la asiste durante el procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo se le notificará por estrados en ese juzgado, así como al disidente en este juicio, para que nombre un defensor que lo asista, el que deberá tener la profesión de abogado, apercibiéndolo que de no hacerlo le será designado uno Público adscrito a ese órgano jurisdiccional. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se requirió nuevamente al juez responsable por el cabal cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, toda vez que no se advirtió que hubiese atendido lo correspondiente a la designación de un defensor al aquí quejoso con la calidad de licenciado en derecho para que participe en el procedimiento de ejecución correspondiente. Atento a tal requerimiento, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante comunicación con número de registro 4729, remitió nuevamente la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, donde el aquí quejoso Jorge Luis Yescas Sánchez nombra como su abogado defensor a Luis Eduardo Ahumada Azuara, así como la constancia de notificación de veintiséis de abril de dos mil veintidós, donde, el citado profesionista acepta el cargo conferido y acredita su calidad de abogado con cédula profesional número 2048734. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES Ninguna de las partes desahogó la vista que se les dio con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suscrita Juzgadora estima que el fallo protector se encuentra cumplido. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dejó sin efecto la diversa interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, admitiendo a trámite el mismo y requiriendo a la aquí parte tercero interesada para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designen asesor jurídico que la asiste durante el procedimiento, así como al disidente en este juicio, para que nombrara un defensor que lo asista, el que deberá tener la profesión de abogado, apercibiéndolo que de no hacerlo le será designado uno Público adscrito a ese órgano jurisdiccional, y mediante diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el aquí quejoso Jorge Luis Yescas Sánchez nombró como su abogado defensor a Luis Eduardo Ahumada Azuara, quien el veintiséis de abril de dos mil veintidós, aceptó el cargo conferido y acreditó su calidad de abogado con cédula profesional número 2048734. Autoridad responsable que remitió copias de las documentales que acreditaron su dicho, las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2o, por haber sido emitidas en ejercicio de sus funciones. Conforme a lo anterior, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Director del Centro Penitenciario, ambos con sede en esta ciudad, cumplieron cabalmente con el fallo protector. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Se considera que las autoridades responsables al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no incurrieron en exceso o defecto en su ejecución. CONCLUSIÓN. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. TÉRMINO PARA INCONFORMARSE. Hágase saber a las partes, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el término de quince días a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, para de considerarlo conforme a sus intereses, formulen su inconformidad. Notifíquese y personalmente. "
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes, mediante proveídos de veintiocho de abril y dieciséis de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora procede a dictar de manera fundada y motivada, la resolución correspondiente a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si las autoridades incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Jorge Luis Yescas Sánchez, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "a) Deje insubsistente la resolución de siete de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del expediente de ejecución 21/2020, materia de reclamo. b) Dicte otra en la que ordene reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, a fin de que adecue su actuación conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para instrumentar el procedimiento y resolución respectiva, desde el auto de inicio. c) En el entendido que deberá solicitar al sentenciado nombre a un defensor, si no quiere o no puede nombrarlo, le designe uno de oficio; en cualquier supuesto, el Juzgado de Ejecución necesariamente habrá de cerciorarse que la persona designada que participe en el procedimiento de ejecución correspondiente cumpla con el requisito de ser licenciado en derecho y que justifique sus conocimientos en la rama con cédula profesional. d) Hecho lo anterior, continúe con la tramitación del incidente, hasta su conclusión." Concesión del amparo que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Director del Centro Penitenciario Estatal de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por no reclamarse por vicios propios. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en los presentes autos, y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. La autoridad responsable Director del Centro Penitenciario de Ciudad Valles, mediante oficio con número de registro 3125, manifestó que en base a su calidad de autoridad ejecutoria, estaría a lo resuelto por el Juez responsable. Por su parte, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante comunicación con número de registro 3220, remitió inserta la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en la cual dejó sin efecto la diversa interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, admitiendo a trámite el mismo y requiriendo a la aquí parte tercero interesada para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designen asesor jurídico que la asiste durante el procedimiento, con el apercibimiento que de no hacerlo se le notificará por estrados en ese juzgado, así como al disidente en este juicio, para que nombre un defensor que lo asista, el que deberá tener la profesión de abogado, apercibiéndolo que de no hacerlo le será designado uno Público adscrito a ese órgano jurisdiccional. Mediante proveído de veinte de abril de dos mil veintidós, se requirió nuevamente al juez responsable por el cabal cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, toda vez que no se advirtió que hubiese atendido lo correspondiente a la designación de un defensor al aquí quejoso con la calidad de licenciado en derecho para que participe en el procedimiento de ejecución correspondiente. Atento a tal requerimiento, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante comunicación con número de registro 4729, remitió nuevamente la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, la diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, donde el aquí quejoso Jorge Luis Yescas Sánchez nombra como su abogado defensor a Luis Eduardo Ahumada Azuara, así como la constancia de notificación de veintiséis de abril de dos mil veintidós, donde, el citado profesionista acepta el cargo conferido y acredita su calidad de abogado con cédula profesional número 2048734. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES Ninguna de las partes desahogó la vista que se les dio con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La suscrita Juzgadora estima que el fallo protector se encuentra cumplido. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en esta ciudad, mediante resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dejó sin efecto la diversa interlocutoria de siete de septiembre de dos mil veintiuno, ordenó reponer el procedimiento del trámite del incidente no especificado de libertad anticipada desde el auto de inicio, admitiendo a trámite el mismo y requiriendo a la aquí parte tercero interesada para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad y designen asesor jurídico que la asiste durante el procedimiento, así como al disidente en este juicio, para que nombrara un defensor que lo asista, el que deberá tener la profesión de abogado, apercibiéndolo que de no hacerlo le será designado uno Público adscrito a ese órgano jurisdiccional, y mediante diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, el aquí quejoso Jorge Luis Yescas Sánchez nombró como su abogado defensor a Luis Eduardo Ahumada Azuara, quien el veintiséis de abril de dos mil veintidós, aceptó el cargo conferido y acreditó su calidad de abogado con cédula profesional número 2048734. Autoridad responsable que remitió copias de las documentales que acreditaron su dicho, las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2o, por haber sido emitidas en ejercicio de sus funciones. Conforme a lo anterior, el Juez del Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Director del Centro Penitenciario, ambos con sede en esta ciudad, cumplieron cabalmente con el fallo protector. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Se considera que las autoridades responsables al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no incurrieron en exceso o defecto en su ejecución. CONCLUSIÓN. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, y 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que el titular del amparo fue restituido en el goce de los derechos constitucionales vulnerados y, por ende, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. TÉRMINO PARA INCONFORMARSE. Hágase saber a las partes, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el término de quince días a partir de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, para de considerarlo conforme a sus intereses, formulen su inconformidad. Notifíquese y personalmente.
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