Jorge Ocampo Padilla
Expediente 824/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Ocampo Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintitrés. Solicitud de copias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual solicita copia de la resolución dictada en este juicio de amparo, autorizando a diversas personas para la recepción de las mismas. Al respecto, de conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídase al promovente por única ocasión las copias certificadas que solicita, autorizando a las personas propuestas para recogerlas. En el presente asunto, las copias solamente se entregaran en un horario de 10:30 a 13:30 horas en los días martes y jueves de cada semana. Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo fue guardado en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el nombre: "PARTE QUEJOSA SOLICITA COPIAS DE RESOLUCIÓN." Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ************, quien acude a este juicio de amparo por derecho propio y como representante de la persona moral Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual pide la devolución de los documentos que exhibió en copia certificada en el trámite del presente juicio de amparo. Se ordena devolución de documentos. Al respecto, como lo solicita el promovente y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra total y definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, hágase la devolución de los documentos que refiere, previo cotejo y compulsa de los mismos, autorizando a las personas propuestas para recogerlos. Instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos. En la inteligencia que, el día de entrega de los documentos son el martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo fue guardado en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el nombre: "SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS". Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: ********* Lineamientos que a continuación se transcriben, para un mejor estudio de las actuaciones realizadas por la responsable en torno al cumplimiento de los efectos citados. "Previamente, debe tomarse en cuenta el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio administrativo, el cual se prevé en los artículos 109 a 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del siguiente tenor: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. De la paráfrasis de los preceptos transcritos se desprende que para el otorgamiento de tal medida cautelar el Magistrado de instrucción debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se podrían originar al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. Es decir, de los preceptos citados se advierte que para que se otorgue la suspensión del acto reclamado, es necesario que se dé, entre otros requisitos, el relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Luego, atento al contenido del artículo 110, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa, que hace un listado de cuáles son aquellos casos específicos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el juzgador administrativo debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, ya que tal determinación se evaluará tomando en cuenta el caso concreto bajo los elementos objetivos que traduzcan la preocupación fundamental de la sociedad. Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social. Por tanto, se concluye, el interés social es la garantía que tiene la colectividad sobre los bienes tutelados por las leyes en su beneficio, que se reflejan en un bienestar común. Bajo ese orden de ideas, para determinar si con la suspensión solicitada contra la orden verbal o escrita de detención o secuestro del vehículo marca Nissan, modelo 2015, Serie JN6BE6CS6F9012746, motor QR25559801Q, placas A21096P, propiedad de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable" representada por Jorge Ocampo Padilla; asimismo, la orden verbal o escrita de dar de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo, emitidas al parecer por las autoridades aquí terceras interesadas, debe atenderse a las consideraciones vertidas en Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", el miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce, que en su artículo 1o. establece que tiene por objeto el regular el transporte particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado así como sus servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de competencia Federal o Municipal. En ese tenor, no se advierte por este Juzgador Federal que mediante la concesión de la medida cautelar se vulnere el objeto de esa ley, sentado por supuesto que con ello no se deja sin materia el juicio, al contrario, se conserva la litis, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. En las relatadas consideraciones, el Magistrado responsable estaba en condiciones en términos del numeral 111, de la ley en trato, de hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastaba la comprobación de la apariencia del derecho que reclama la moral actora, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. Así, debió ponderar el derecho fundamental de audiencia que en favor de los gobernados establece el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, atinente a que previo al acto privativo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, análisis que debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Lo que evidencia que la suspensión solicitada, pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades en el juicio principal, que de ejecutarse afectaría de manera preponderante tal derecho humano. No se inadvierte que la responsable consideró que el actor Jorge Ocampo Padilla en carácter de representante legal de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable", no acreditó el interés suspensional porque no exhibió la concesión para prestar el Servicio Público de Transporte sin Itinerario Fijo; sin embargo, soslaya que el quejoso no solicitó que la suspensión tuviera el alcance de permitirle prestar ese servicio público, sino impedir la detención o secuestro del vehículo marca ********************y que no se diera de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo. Conforme a ello, el Magistrado responsable estuvo en aptitud de conceder la suspensión, procurando fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Asimismo, podrá establecer los casos de excepción en lo que no surtirá efectos la medida suspensional, en el caso concreto, que el vehículo referido no podrá prestar el Servicio Público de Pasajeros porque ese no es el alcance de la medida cautelar de que se viene hablando, caso en el cual las autoridades competentes podrán actuar conforme a sus facultades, además la Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós y a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que dejó sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración relativo al expediente *********** y ordenó turnar dicho cuadernillo a estudio y cuenta a efecto de que se dictara la resolución correspondiente bajo los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Asimismo, en la misma data, remitió en copias certificadas de la resolución interlocutoria que se dictó en acatamiento de lo anterior el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que, en lo que aquí interesa en el capítulo de "considerandos", la autoridad responsable se pronunció en el sentido siguiente: "Analizados en contraste los agravios del recurrente, con el acuerdo impugnado y atendiendo a los lineamientos propuestos por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta, resultan fundados y suficientes para modificar el auto combatido, los conceptos de agravio conforme a lo siguiente: (.) En ese sentido, el artículo 110 fracción II, de la Ley de la materia, enlista las hipótesis específicas en los que se acusa perjuicio al interés social de manera enunciativa y no limitativa. Entonces, considerando que el interés social es la garantía que tiene la colectividad sobre los bienes tutelados por las leyes en su beneficio, que se reflejan en un bienestar común, para determinar si con la suspensión solicitada por el aquí recurrente en el juicio principal, debió atenderse a las consideraciones previstas en la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que en su artículo 1 establece su objeto, que es el de regular el transporte particular y los servicios de transporte público y privado, entre otros. En el caso en concreto, como lo determinó la autoridad federal, no se advierte que la medida cautelar vulnere el objeto de la Ley del Transporte Público del Estado de Morelos, ni que se deje sin materia el juicio, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido un delito, así como de establecimientos legales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal debidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se pueda causar un transtorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública. Por lo que, en estricto apego a lo ordenado por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta, además ponderando el derecho fundamental de audiencia garantizado en el artículo 14 de la Constitución Federal, la suspensión solicitada pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades demandadas, es que se considera, fundado el presente recurso y da lugar a revocar parcialmente el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la porción que negó la concesión de la medida cautelar, (.) R E S U E L V E: PRIMERO.- Es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por ************* SEGUNDO.- Se dicta un nuevo acuerdo para quedar en la forma y términos descritos en la parte final de esta interlocutoria, debiendo estar las partes a su contenido. TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y cúmplase. (.)" Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y, emitiera una nueva en la que, para otorgar la medida suspensional solicitada por el impetrante de garantías siguiera los lineamientos descritos con anterioridad, lo que efectivamente llevó a cabo la autoridad responsable, pues, atendiendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, concedió la suspensión solicitada para el único efecto de impedir la detención o secuestro del vehículo materia de la litis. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Del incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del original del cuaderno incidental. Bajo esa tesitura, toda vez que se negó la suspensión definitiva, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el original del incidente de suspensión, dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza devolución de copias certificadas exhibidas en su escrito de desahogo de prevención formulada. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales como anexos en su escrito inicial de demanda, pero si exhibió copias certificadas de un instrumento notarial en su escrito presentado el veinticuatro de junio del año en curso, ante este juzgado, por el que pretendía subsanar la prevención formulada por este juzgado, por ello y toda vez que resulta innecesaria su conservación, con apoyo en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación de este proveído, acuda ante este órgano jurisdiccional ubicado en calle Tamaulipas, número 2, esquina calle del Sol, colonia Chapultepec, código postal 62450, Cuernavaca, Morelos a fin de que le sea entregado los documentos de mérito, apercibida que de no hacerlo así, las citadas documentales seguirán la misma suerte que este expediente. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 14:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades terceras interesadas y autoridad responsable
- Principal
CITATORIO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la PARTE QUEJOSA Jorge Ocampo Padilla, por propio derecho y como Presidente del Consejo de Administración de la persona moral Autotransportes Aliados de Morelos, sociedad anónima de capital variable, el auto y/o resolución de VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas mediante auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, sin que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: ********* Lineamientos que a continuación se transcriben, para un mejor estudio de las actuaciones realizadas por la responsable en torno al cumplimiento de los efectos citados. "Previamente, debe tomarse en cuenta el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio administrativo, el cual se prevé en los artículos 109 a 111 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del siguiente tenor: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. De la paráfrasis de los preceptos transcritos se desprende que para el otorgamiento de tal medida cautelar el Magistrado de instrucción debe atender, entre otras circunstancias, a la naturaleza de la violación alegada y a los daños y perjuicios que con la suspensión se podrían originar al interés público, traducido por el legislador, este último, en la no causación de perjuicios al interés social ni la contravención de disposiciones de orden público. Es decir, de los preceptos citados se advierte que para que se otorgue la suspensión del acto reclamado, es necesario que se dé, entre otros requisitos, el relativo a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Luego, atento al contenido del artículo 110, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa, que hace un listado de cuáles son aquellos casos específicos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el juzgador administrativo debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, ya que tal determinación se evaluará tomando en cuenta el caso concreto bajo los elementos objetivos que traduzcan la preocupación fundamental de la sociedad. Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social. Por tanto, se concluye, el interés social es la garantía que tiene la colectividad sobre los bienes tutelados por las leyes en su beneficio, que se reflejan en un bienestar común. Bajo ese orden de ideas, para determinar si con la suspensión solicitada contra la orden verbal o escrita de detención o secuestro del vehículo marca Nissan, modelo 2015, Serie JN6BE6CS6F9012746, motor QR25559801Q, placas A21096P, propiedad de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable" representada por Jorge Ocampo Padilla; asimismo, la orden verbal o escrita de dar de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo, emitidas al parecer por las autoridades aquí terceras interesadas, debe atenderse a las consideraciones vertidas en Ley de Transporte del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos "Tierra y Libertad", el miércoles veintiséis de marzo de dos mil catorce, que en su artículo 1o. establece que tiene por objeto el regular el transporte particular, la prestación de los servicios de transporte público y privado así como sus servicios auxiliares en el Estado de Morelos que no sean de competencia Federal o Municipal. En ese tenor, no se advierte por este Juzgador Federal que mediante la concesión de la medida cautelar se vulnere el objeto de esa ley, sentado por supuesto que con ello no se deja sin materia el juicio, al contrario, se conserva la litis, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. En las relatadas consideraciones, el Magistrado responsable estaba en condiciones en términos del numeral 111, de la ley en trato, de hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastaba la comprobación de la apariencia del derecho que reclama la moral actora, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. Así, debió ponderar el derecho fundamental de audiencia que en favor de los gobernados establece el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, atinente a que previo al acto privativo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, análisis que debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Lo que evidencia que la suspensión solicitada, pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades en el juicio principal, que de ejecutarse afectaría de manera preponderante tal derecho humano. No se inadvierte que la responsable consideró que el actor Jorge Ocampo Padilla en carácter de representante legal de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable", no acreditó el interés suspensional porque no exhibió la concesión para prestar el Servicio Público de Transporte sin Itinerario Fijo; sin embargo, soslaya que el quejoso no solicitó que la suspensión tuviera el alcance de permitirle prestar ese servicio público, sino impedir la detención o secuestro del vehículo marca ********************y que no se diera de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo. Conforme a ello, el Magistrado responsable estuvo en aptitud de conceder la suspensión, procurando fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Asimismo, podrá establecer los casos de excepción en lo que no surtirá efectos la medida suspensional, en el caso concreto, que el vehículo referido no podrá prestar el Servicio Público de Pasajeros porque ese no es el alcance de la medida cautelar de que se viene hablando, caso en el cual las autoridades competentes podrán actuar conforme a sus facultades, además la Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós y a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copia certificada del auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que dejó sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración relativo al expediente *********** y ordenó turnar dicho cuadernillo a estudio y cuenta a efecto de que se dictara la resolución correspondiente bajo los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Asimismo, en la misma data, remitió en copias certificadas de la resolución interlocutoria que se dictó en acatamiento de lo anterior el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que, en lo que aquí interesa en el capítulo de "considerandos", la autoridad responsable se pronunció en el sentido siguiente: "Analizados en contraste los agravios del recurrente, con el acuerdo impugnado y atendiendo a los lineamientos propuestos por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta, resultan fundados y suficientes para modificar el auto combatido, los conceptos de agravio conforme a lo siguiente: (.) En ese sentido, el artículo 110 fracción II, de la Ley de la materia, enlista las hipótesis específicas en los que se acusa perjuicio al interés social de manera enunciativa y no limitativa. Entonces, considerando que el interés social es la garantía que tiene la colectividad sobre los bienes tutelados por las leyes en su beneficio, que se reflejan en un bienestar común, para determinar si con la suspensión solicitada por el aquí recurrente en el juicio principal, debió atenderse a las consideraciones previstas en la Ley de Transporte del Estado de Morelos, que en su artículo 1 establece su objeto, que es el de regular el transporte particular y los servicios de transporte público y privado, entre otros. En el caso en concreto, como lo determinó la autoridad federal, no se advierte que la medida cautelar vulnere el objeto de la Ley del Transporte Público del Estado de Morelos, ni que se deje sin materia el juicio, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido un delito, así como de establecimientos legales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal debidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se pueda causar un transtorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública. Por lo que, en estricto apego a lo ordenado por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta, además ponderando el derecho fundamental de audiencia garantizado en el artículo 14 de la Constitución Federal, la suspensión solicitada pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades demandadas, es que se considera, fundado el presente recurso y da lugar a revocar parcialmente el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la porción que negó la concesión de la medida cautelar, (.) R E S U E L V E: PRIMERO.- Es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por ************* SEGUNDO.- Se dicta un nuevo acuerdo para quedar en la forma y términos descritos en la parte final de esta interlocutoria, debiendo estar las partes a su contenido. TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE y cúmplase. (.)" Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y, emitiera una nueva en la que, para otorgar la medida suspensional solicitada por el impetrante de garantías siguiera los lineamientos descritos con anterioridad, lo que efectivamente llevó a cabo la autoridad responsable, pues, atendiendo a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, concedió la suspensión solicitada para el único efecto de impedir la detención o secuestro del vehículo materia de la litis. En consecuencia, en las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Del incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del original del cuaderno incidental. Bajo esa tesitura, toda vez que se negó la suspensión definitiva, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el original del incidente de suspensión, dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se autoriza devolución de copias certificadas exhibidas en su escrito de desahogo de prevención formulada. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no exhibió documentos originales como anexos en su escrito inicial de demanda, pero si exhibió copias certificadas de un instrumento notarial en su escrito presentado el veinticuatro de junio del año en curso, ante este juzgado, por el que pretendía subsanar la prevención formulada por este juzgado, por ello y toda vez que resulta innecesaria su conservación, con apoyo en los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, siguientes a la notificación de este proveído, acuda ante este órgano jurisdiccional ubicado en calle Tamaulipas, número 2, esquina calle del Sol, colonia Chapultepec, código postal 62450, Cuernavaca, Morelos a fin de que le sea entregado los documentos de mérito, apercibida que de no hacerlo así, las citadas documentales seguirán la misma suerte que este expediente. Instrucciones para la obtención de una cita para ingresar al órgano jurisdiccional. a) Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 14:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. b) Generación de cita y código QR. Para recoger los documentos deberán generar una cita a través del sistema "Agenda OJ" en los días señalados (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. Todo lo relativo al procedimiento de generación de citas y del código QR, se encuentra detallado en el auto admisorio. c) Acceso al órgano jurisdiccional. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Notifíquese; personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades terceras interesadas y autoridad responsable
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