Jorge Ocampo Padilla

Expediente 822/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 15 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
822/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ocampo Padilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de marzo de dos mil veintitrés. Parte quejosa solicita la expedición de copias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa, por medio del cual solicita copia simple de la resolución dictada en el sumario que se actúa, asimismo, señala autorizados para su recolección. Expedición En atención a lo antes precisado, de conformidad con el artículo 3°, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en relación con el dispositivo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, expídanse por única ocasión las copias certificadas que solicita, autorizando a las personas propuestas para recogerlas. En el presente asunto, las copias solamente se entregarán en un horario de 10:30 a 13:30 horas en los días martes y jueves de cada semana. Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo fue guardado en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el nombre: "PARTE QUEJOSA SOLICITA COPIAS DE RESOLUCIÓN." Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ***, quien acude a este juicio de amparo por derecho propio y como representante de la persona moral ***, mediante el cual pide la devolución de los documentos que exhibió en copia certificada en el trámite del presente juicio de amparo. Se ordena devolución de documentos. Al respecto, como lo solicita el promovente y toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra total y definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la especie, hágase la devolución de los documentos que refiere, previo cotejo y compulsa de los mismos, autorizando a las personas propuestas para recogerlos. Instrucciones para la obtención de los documentos exhibidos. En la inteligencia que, el día de entrega de los documentos son el martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Finalmente, se hace constar que el presente acuerdo fue guardado en el módulo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el nombre: "SE AUTORIZA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN COPIAS CERTIFICADAS". Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, sin que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, cumpliera con lo siguiente: ". deje sin efectos el acto reclamado de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y conforme a los lineamientos de esta ejecutoria emita la resolución que corresponda." Lineamientos que a continuación se transcriben, para un mejor estudio de las actuaciones realizadas por la responsable en torno al cumplimiento de los efectos citados: ". no se advierte por este Juzgador Federal que mediante la concesión de la medida cautelar se vulnere el objeto de esa ley, sentado por supuesto que con ello no se deja sin materia el juicio, al contrario, se conserva la litis, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. En las relatadas consideraciones, el Magistrado responsable estaba en condiciones en términos del numeral 111, de la ley en trato, de hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastaba la comprobación de la apariencia del derecho que reclama la moral actora, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. Así, debió ponderar el derecho fundamental de audiencia que en favor de los gobernados establece el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, atinente a que previo al acto privativo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, análisis que debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Lo que evidencia que la suspensión solicitada, pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades en el juicio principal, que de ejecutarse afectaría de manera preponderante tal derecho humano. No se inadvierte que la responsable consideró que el actor Jorge Ocampo Padilla en carácter de representante legal de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, no acreditó el interés suspensional porque no exhibió la concesión para prestar el Servicio Público de Transporte sin Itinerario Fijo; sin embargo, soslaya que el quejoso no solicitó que la suspensión tuviera el alcance de permitirle prestar ese servicio público, sino impedir la detención o secuestro del vehículo marca Nissan, modelo 2016, Serie JN6BE6CS7G9016077, motor QR25582887Q, placas A21095P y que no se diera de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo. Conforme a ello, el Magistrado responsable estuvo en aptitud de conceder la suspensión, procurando fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Asimismo, podrá establecer los casos de excepción en lo que no surtirá efectos la medida suspensional, en el caso concreto, que el vehículo referido no podrá prestar el Servicio Público de Pasajeros porque ese no es el alcance de la medida cautelar de que se viene hablando, caso en el cual las autoridades competentes podrán actuar conforme a sus facultades, además la Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. En suma, el motivo toral para conceder la suspensión del acto reclamado es la posible vulneración de la garantía de audiencia y por ende, el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, en perjuicio de la persona moral actora "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable; de ahí que se imponga conceder la protección constitucional solicitada por su representante legal Jorge Ocampo Padilla, para que la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copias certificadas del acuerdo de veinticinco del mismo mes y año, a través del cual dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto. Asimismo, remitió la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre pasado, relativa al recurso de reconsideración hecho valer dentro del expediente administrativo ***, por ***, en la que estimó lo siguiente: ".En el caso concreto, como lo determinó la autoridad federal, no se advierte que la medida cautelar vulnere el objeto de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, ni que se deje sin materia el juicio, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido un delito, así como de establecimientos legales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se pueda causar un trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública. Por lo que, en estricto apego a lo ordenado por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta¸ además ponderando el derecho fundamental de audiencia garantizado en el artículo 14 de la Constitución Federal, la suspensión solicitada pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades demandadas, es que se considera, fundado el presente recurso y da lugar a revocar parcialmente el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la porción que negó la concesión de la medida cautelar..." Atendiendo a lo anterior, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por ***. SEGUNDO.- Se dicta un nuevo acuerdo para quedar en la forma y términos descritos en la parte final de esta interlocutoria, debiendo estar las partes a su contenido.". Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos el acto reclamado y conforme a los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo, dictara nueva resolución, lo que efectivamente llevó a cabo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Del incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del acuerdo de mérito en estudio, el cual es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documento. No obstante, por lo que respecta a la documental exhibida en copia certificada que puede ser de utilidad a la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días siguientes a la notificación de este proveído, se sirva comparecer por sí o por conducto de persona autorizada, a recoger dicha constancia, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, la misma seguirá la misma suerte que este expediente principal. Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Finalmente, mediante oficio devuélvase a la sala responsable el anexo que se ordenó formar en acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad, sin que sea necesario se acuse recibo pues la constancia donde se asiente el sello de su recepción hará las veces de aquél. Notifíquese; y personalmente a la quejosa, así como por oficio a la autoridad responsable y autoridades terceras interesadas.

  4. Principal

    AVISO. SE PROCEDE A NOTIFICAR EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO CITADO AL RUBRO, DE NUESTRO ÍNDICE, A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, Y EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, QUE DICE: "uernavaca, Morelos, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación que antecede, se provee, toda vez que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa y autoridades terceras interesadas mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintidós, sin que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector, por parte de la autoridad responsable. Consecuentemente, este Juzgado procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente y los aportados por la autoridad responsable, a fin de establecer si efectivamente se dio cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al mes de marzo del año 2000, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa para que la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, cumpliera con lo siguiente: ". deje sin efectos el acto reclamado de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, y conforme a los lineamientos de esta ejecutoria emita la resolución que corresponda." Lineamientos que a continuación se transcriben, para un mejor estudio de las actuaciones realizadas por la responsable en torno al cumplimiento de los efectos citados: ". no se advierte por este Juzgador Federal que mediante la concesión de la medida cautelar se vulnere el objeto de esa ley, sentado por supuesto que con ello no se deja sin materia el juicio, al contrario, se conserva la litis, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. En las relatadas consideraciones, el Magistrado responsable estaba en condiciones en términos del numeral 111, de la ley en trato, de hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastaba la comprobación de la apariencia del derecho que reclama la moral actora, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. Así, debió ponderar el derecho fundamental de audiencia que en favor de los gobernados establece el artículo 14, párrafo segundo, constitucional, atinente a que previo al acto privativo de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, medie juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, análisis que debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Lo que evidencia que la suspensión solicitada, pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades en el juicio principal, que de ejecutarse afectaría de manera preponderante tal derecho humano. No se inadvierte que la responsable consideró que el actor Jorge Ocampo Padilla en carácter de representante legal de la moral "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable, no acreditó el interés suspensional porque no exhibió la concesión para prestar el Servicio Público de Transporte sin Itinerario Fijo; sin embargo, soslaya que el quejoso no solicitó que la suspensión tuviera el alcance de permitirle prestar ese servicio público, sino impedir la detención o secuestro del vehículo marca Nissan, modelo 2016, Serie JN6BE6CS7G9016077, motor QR25582887Q, placas A21095P y que no se diera de baja ese vehículo del Servicio Público de Pasajeros con Itinerario Fijo. Conforme a ello, el Magistrado responsable estuvo en aptitud de conceder la suspensión, procurando fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Asimismo, podrá establecer los casos de excepción en lo que no surtirá efectos la medida suspensional, en el caso concreto, que el vehículo referido no podrá prestar el Servicio Público de Pasajeros porque ese no es el alcance de la medida cautelar de que se viene hablando, caso en el cual las autoridades competentes podrán actuar conforme a sus facultades, además la Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. En suma, el motivo toral para conceder la suspensión del acto reclamado es la posible vulneración de la garantía de audiencia y por ende, el incumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, en perjuicio de la persona moral actora "Autotransportes Aliados de Morelos, Sociedad Anónima de Capital Variable; de ahí que se imponga conceder la protección constitucional solicitada por su representante legal Jorge Ocampo Padilla, para que la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado." Dicha sentencia causó ejecutoria el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la misma. En acatamiento a lo anterior, la responsable realizó lo siguiente: - Mediante oficio recibido el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, remitió copias certificadas del acuerdo de veinticinco del mismo mes y año, a través del cual dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reconsideración interpuesto. Asimismo, remitió la resolución interlocutoria de veintiséis de octubre pasado, relativa al recurso de reconsideración hecho valer dentro del expediente administrativo ***, por ***, en la que estimó lo siguiente: ".En el caso concreto, como lo determinó la autoridad federal, no se advierte que la medida cautelar vulnere el objeto de la Ley del Transporte del Estado de Morelos, ni que se deje sin materia el juicio, ni se permite el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido un delito, así como de establecimientos legales de juegos con apuestas o sorteos; la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas; se afecten intereses de menores o incapaces o se pueda causar un trastorno emocional; o se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública. Por lo que, en estricto apego a lo ordenado por la autoridad federal en la ejecutoria que se cumplimenta¸ además ponderando el derecho fundamental de audiencia garantizado en el artículo 14 de la Constitución Federal, la suspensión solicitada pretende preservar el derecho fundamental de audiencia previo al acto privativo que se imputa a las autoridades demandadas, es que se considera, fundado el presente recurso y da lugar a revocar parcialmente el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintidós, específicamente en la porción que negó la concesión de la medida cautelar..." Atendiendo a lo anterior, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Es procedente el recurso de reconsideración interpuesto por ***. SEGUNDO.- Se dicta un nuevo acuerdo para quedar en la forma y términos descritos en la parte final de esta interlocutoria, debiendo estar las partes a su contenido.". Los documentos mencionados tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos el acto reclamado y conforme a los lineamientos emitidos en la ejecutoria de amparo, dictara nueva resolución, lo que efectivamente llevó a cabo. En consecuencia, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Hágase del conocimiento de las partes que podrán inconformarse de la presente determinación, conforme a lo establecido en los preceptos normativos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Se ordena archivo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Del incidente de suspensión. Por otra parte, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración del cuaderno original relativo al incidente de suspensión. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el original del incidente de suspensión se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del acuerdo de mérito en estudio, el cual es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Más aún, no contiene información reservada, no existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de documento. No obstante, por lo que respecta a la documental exhibida en copia certificada que puede ser de utilidad a la parte quejosa, requiérasele para que dentro del término de noventa días siguientes a la notificación de este proveído, se sirva comparecer por sí o por conducto de persona autorizada, a recoger dicha constancia, con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, la misma seguirá la misma suerte que este expediente principal. Procedimiento para poder acudir físicamente a la entrega de los documentos. Día de entrega de los documentos: martes y jueves, en un horario de 10:30 a 13:30 horas. Se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite, ya que si se permite después de las 13:30 horas, no se alcanza a concluir el trámite. Todos los que vayan a recoger constancias físicamente en el órgano jurisdiccional, deberán seguir el proceso de seguridad e higiene establecido. Finalmente, mediante oficio devuélvase a la sala responsable el anexo que se ordenó formar en acuerdo de nueve de agosto de la presente anualidad, sin que sea necesario se acuse recibo pues la constancia donde se asiente el sello de su recepción hará las veces de aquél. Notifíquese; y personalmente a la quejosa, así como por oficio a la autoridad responsable y autoridades terceras interesadas."

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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