Jorge Miguel Rodríguez Ramírez

Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
99/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/08/2018

Partes del expediente

  • Jorge Miguel Rodríguez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    la autoridad informa que se declaró competente para conocer del presente asunto al Juzgado de Distrito con sede en Tuxpan, Veracruz... archívese... este asunto es destruible...

  2. Principal

    LA AUTORIDAD INFORMA QUE ADMITIÓ EL CONFLICTO COMPETENCIAL, RADICÁNDOLO BAJO EL TOCA 4/2018...

  3. Principal

    En diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el secretario Teodoro Miguel Ángel Márquez Carmona da cuenta a la Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con el oficio y los autos originales del juicio de amparo 304/2018 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, registrados en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el número 4836. Conste. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE AUTOS Visto el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, mediante el cual comunica que en proveído de doce de abril de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 304/2018 de su índice, dicho órgano jurisdiccional no aceptó la competencia planteada por este Juzgado Federal, por las razones ahí precisadas; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y acúsese el recibo de estilo. SE PLANTEA CONFLICTO COMPETENCIAL Ahora bien, del oficio que se provee se desprende que el homólogo federal, no aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal, al considerar lo siguiente: "Conforme al contexto anterior cuando se reclama en una demanda de amparo el emplazamiento a juicio por su indebida práctica y todas las actuaciones del juicio de origen, incluida la sentencia y su ejecución, resulta competente para conocer del juez de amparo, el juez de Distrito ante el que se presente la demanda, aun cuando se pueda tener como destacado un acto reclamado dentro del conjunto de actos que se señalen en la demanda de amparo, ello no quiere decir que para fijar la competencia puedan verse de manera aislada pues todos ellos fueron reclamados. En el caso, aplican analógicamente las consideraciones transcritas, porque de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se advierte que la promovente del amparo, reclamó expresa y claramente los siguientes actos: [.] Luego, aun cuando se admitiera que la promovente del amparo señaló como acto reclamado la inmovilización de la cuenta 700412109108, con sando de veinte mil ciento sesenta y dos pesos con treinta y siete centavos, para hacer efectivo el crédito fiscal debidamente notificado; de lo que lo que no existe claridad porque no se precisó así expresamente en la demanda de amparo, ni fue materia de prevención, pues incluso, no se señalaron las autoridades que ordenaron y ejecutaron esa específica actuación; como también se reclamaron otros actos reclamados que tuvieron ejecución en lugares donde no ejerce jurisdicción territorial este Juzgado de Distrito, conforme el artículo 37, segundo párrafo de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto, se estima, debe recaer a favor de cualquiera de los jueces de distrito con jurisdicción en esos lugares, a elección de la parte quejosa, esto es, donde ésta presentó la demanda, de acuerdo con el sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, consagrado en el numeral 17 de la Carta Magna; en tanto que el referido acto de ejecución previa a los expresamente reclamados, por encontrarse dentro del conjunto de actos que se señalan en una demanda de amparo, no tiene preponderancia para fijar la competencia, en tanto que no se debe aplicar un criterio formalista en forma aislada a uno de los actos reclamados, destacando uno y calificando a los demás como su consecuencia, pues aun cuando puedan ser consecuencia de uno de los actos, no por ello dejan de ser reclamados, ya sea por vicios de origen o también por vicios propios, así como tampoco se puede prejuzgar respecto del resultado que habrá de tener un juicio de amparo en cuya tramitación puede haber muchas variantes que incidan en la litis constitucional que eventualmente deba abordarse. [.]" En concreto, el Juzgado Federal oficiante no acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, ya que refiere que considera que la misma debe surtir a favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, en virtud que la parte quejosa no señaló expresamente como acto reclamado la inmovilización y embargo de la cuenta bancaria, y además, porque el quejoso, refiere, que reclama otros actos, como lo son, la resolución contenida en el oficio 400-69-00-02-01-2018-000541, signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "5" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; así como su notificación de nueve de febrero de dos mil dieciocho, sin haber señalado expresamente la ejecución, ni autoridades responsables a las que les reclame dicha ejecución. En el presente caso, se actualizan dos hipótesis, pues el quejoso reclama actos que sí tienen ejecución material y la resolución en la que se decretó el embargo; pues así se desprende de la lectura integral de su demanda, que debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del quejoso, esto, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en esos casos, cuando se reclaman actos que no tienen ejecución material y actos que sí, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo es el que tiene residencia en el lugar donde habrá de ejecutarse el acto que sí tiene ejecución material. (.) Criterio aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente dado que no se contrapone a la regulación actual de la ley de la materia, en razón de que la disposición normativa que interpretada por el Supremo Tribunal es de contenido similar a la legislación vigente. (..) De dicha jurisprudencia se deduce que la sola orden de aseguramiento de una cuenta bancaria no produce un cambio fáctico en el mundo y que por ello debe conocer de la demanda el Juez donde se ejecuta el mismo. En ese sentido, para determinar qué Juzgado de Distrito habrá de conocer el presente juicio de amparo, se debe fijar la atención en el acto que sí tiene ejecución, pues conociendo dónde habrá de llevarse a cabo, se podrá determinar qué juzgador es el competente. Pues si bien es cierto que el quejoso no establece expresamente como acto reclamado "el embargo e inmovilización de la cuenta bancaria"; como ya se dijo, si bien, reclama la resolución contenida en el oficio 400-69-00-02-01-2018-000541, signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "5" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz; así como su notificación de nueve de febrero de dos mil dieciocho; de sus conceptos de violación es claro que su acto reclamado destacado lo es precisamente el embargo e inmovilización de su cuenta bancaria 141190303 que se aperturó en el banco Citibanamex, sucursal 4656 Hacienda Ánimas, Veracruz, con domicilio en Lázaro Cárdenas, sin número, colonia Jardines de Las Ánimas, número de contrato 7925812216, clave interbancaria 002840700421091088, de lo que se colige que la ejecución se llevará a cabo en la sucursal de Xalapa de Enríquez, Veracruz. Ahora bien, es menester precisar que dicho embargo e inmovilización deriva de la resolución V4AV031700184M de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "5" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, en la que se determinó un adeudo fiscal por concepto de multas impuestas por la Subsecretaría de Hacienda y otras autoridades federales no fiscales, por el monto de $34,740,498.00 (treinta y cuatro millones, setecientos cuarenta mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional); circunstancia que se notificó al quejoso el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete. Consecuentemente, al haber transcurrido el término de treinta días hábiles, que tenía el quejoso para pagar, o, en su caso, garantizar el crédito adeudado, el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dicha Administración Desconcentrada de Recaudación, mediante oficio 400-69-00-02-01-2018-000541 ordenó la inmovilización del depósito bancario localizado en la institución de crédito denominada Banco Nacional de México, cuya sucursal de esa cuenta bancaria se ubica en Xalapa de Enríquez, Veracruz, precisamente el lugar donde se verificará la ejecución. Lo anterior, pone de manifiesto que el embargo e inmovilización fue trabado en la cuenta bancaria controlada por Banco Nacional de México, con domicilio en Lázaro Cárdenas, sin número, colonia Jardines de Las Ánimas, en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Incluso al desahogar prevención formulada en el presente juicio, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó que el lugar donde se ubica la sucursal en la que apertura la cuenta bancaria embargada e inmovilizada se encuentra en Xalapa de Enríquez, Veracruz. De ahí que este Juzgado Federal insista en declinar la competencia, al considerar que la ejecución del embargo e inmovilización ordenada por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "5" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, se ejecutaron en Xalapa de Enríquez, Veracruz. Razón por la cual, la suscrita juzgadora insiste en la decisión que se tomó en la resolución de incompetencia de nueve de abril de dos mil dieciocho, dado que los actos reclamados sí tienen ejecución en Xalapa de Enríquez, Veracruz y por ello se estima que quien legalmente es competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, la suscrita insiste en declinar la competencia planteada y, por tanto, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrita, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a fin de que éste sea quien resuelva respecto al conflicto competencial suscitado. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, para los efectos legales correspondientes, y con fundamento en el artículo 48 párrafo tercero de la ley de la materia. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y ESTADÍSTICOS Por efectos administrativos y estadísticos este asunto no constituye un reingreso, dado que aunque no se aceptó la competencia, finalmente, se está planteando un conflicto competencial y por ende el expediente sigue en egreso. Notifíquese personalmente vía electrónica al quejoso. Así, lo proveyó y firma NANCY ELIZABETH SÁNCHEZ CORONA, Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Teodoro Miguel Ángel Márquez Carmona, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, nueve de abril de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN DE EXHORTO Visto el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 104/2018, que se envió para que notificara personalmente al quejoso, el proveído de cinco de marzo de la presente anualidad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y dese de baja en el libro cuatro de comunicaciones oficiales enviadas, sin necesidad de remitir el acuse respectivo, habida cuenta que la vía por la que se recibió lo generó electrónicamente. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN Toda vez que por auto de cinco de los actuales, se reservó a acordar lo conducente respecto al escrito del impetrante del amparo, hasta que obrara en el sumario la comunicación oficial referida en el párrafo precedente. En consecuencia, téngase a la parte quejosa dando parcial cumplimiento a la prevención decretada mediante proveído de cinco de marzo de dos mil dieciocho, al aclarar su escrito inicial de demanda, exhibir dos copias del ocurso constitucional, empero, al haber exhibido únicamente cuatro copias del escrito aclaratorio y no las cinco que se le requirieron, de ahí que se le tenga cumpliendo parcialmente la prevención que se trata. Sin que haya lugar a tener como domicilio procesal en que precisó en su escrito aclaratorio de demanda, habida cuenta que se encuentra ubicado en Pánuco, Veracruz, es decir, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional; por tanto, se mantiene como su domicilio para tal efecto, el señalado en su escrito inicial de demanda, esto es, de forma electrónica. INCOMPETENCIA En el caso particular, este Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, considera que por razón de territorio, no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio) Del precepto legal transcrito se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer del juicio de amparo es, en primer lugar, aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, en segundo lugar cuando el acto reclamado tenga ejecución en uno o más distritos, o inicie ejecutándose en uno y continúe ejecutándose en otro, en ese supuesto será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de garantías y en tercer lugar, cuando el acto impugnado no requiera ejecución material, lo será el Juez Federal en juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De los preceptos legales transcritos se desprenden tres hipótesis para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces en que se presente la demanda. 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de garantías. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y de su aclaración, se advierte que el impetrante del amparo señala como acto reclamado: "La notificación de fecha de 9 de febrero del año en curso y resolución contenida en el oficio número 400-69-00-02-01-2018-000541 de fecha 2 del mismo mes y año." Asimismo, en el capítulo de conceptos de violación el promovente manifestó: ".ÚNICO. La autoridad responsable viola en mi completo perjuicio el derecho humano de legalidad y debido proceso dejándome en completo estado de indefensión, derechos tutelados por los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo 1º; primero y segundo párrafos del artículo 14 ambos de nuestra Constitución Política; en relación con los artículos 8 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; al no respetar ni mucho menos garantizar, la formalidad esencial del procedimiento contenido en el segundo párrafo del artículo 8714 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; en el entendido de que ordenó y realizó la inmovilización de cuentas bancarias, siendo que por disposición expresa del referido párrafo, al no haber decretado o negado la suspensión solicitada de la ejecución del acto impugnado, en el término de 5 días una vez interpuesto el recurso de revisión de fecha 22 de noviembre de 2017, dicha suspensión se actualizó por ministerio de ley o lo que es lo mismo, de forma tácita. [.] De un análisis progresivo y correlacionado que para los presentes efectos realice esa autoridad jurisdiccional, a los párrafos primero, segundo, tercero y quinto del artículo 1º; primero y segundo párrafos del artículo 14 ambos de nuestra Constitución Política; artículos 8 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; en relación con el segundo párrafo del artículo 87, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en completa relación con el criterio -antes transcrito- emitido por los Tribunales Colegiados, se podrá corroborar la violación al derecho humano de legalidad y debido proceso que se argumenta, ya que la autoridad responsable, una vez concedida la suspensión mediante la figura jurídica de la confirmativa ficta mediante oficio número 400-69-00-02-01-2018-000541 de fecha 02 de febrero del mismo año, ordenó e inmovilizó una cuenta bancaria a mi nombre, actuación que me dejó en completo estado de indefensión, de acuerdo a los argumentos que se plantean. (Esto último resaltado es propio). Por su parte, del escrito aclaratorio de demanda, el quejoso precisa bajo protesta de decir verdad que el lugar donde se ubica la sucursal en la que apertura la cuenta bancaria de donde deriva el acto reclamado -inmovilización-, está ubicada en Xalapa de Enríquez, Veracruz, específicamente en el banco Citibanamex, sucursal 4656 Hacienda Ánimas, Veracruz, con domicilio en Lázaro Cárdenas, sin número, colonia Jardines de Las Ánimas, número de contrato 7925812216, clave interbancaria 002840700421091088. De lo anterior, se infiere que el impetrante de garantías reclama como acto destacado la inmovilización de la referida cuenta bancaria, derivada de la resolución contenida en el oficio 400-69-00-02-01-2018-000541, signado por el Administrador Desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Veracruz "5" de la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, residente en Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz y cuya ejecución se llevará a cabo en la sucursal bancaria de Xalapa de Enríquez, Veracruz; lo que se colige que el asunto que se trata se encuentra ubicado en la primera regla que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto tuvo ejecución en la ciudad capital, es decir, en un lugar diverso al en que ejerce su jurisdicción este Juzgado Federal. Por lo tanto, si la inmovilización de la cuenta bancaria que reclama el impetrante del amparo, se ejecutó en aquélla ciudad, es inconcuso que corresponde conocer del presente asunto al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya ejecutado el acto reclamado. De esta manera, es evidente que el acto reclamado al haberse ejecutado la materialización de la orden e inmovilización de la cuenta bancaria en Xalapa de Enríquez, Veracruz, por lo tanto, es evidente que resulta competente para conocer de este juicio de amparo el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, de julio de 2011, página 369, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." (Lo subrayado es propio)." Así como también, en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 293, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACIÓN, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL. COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZÓ EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que sí requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." En tal virtud, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la suscrita juzgadora SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO y estima que resulta competente, por razón de territorio, el Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa de Enríquez, en turno, toda vez que el acto reclamado tuvo ejecución en esa ciudad capital; a más de que la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera substancial, la tesis II/92 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, mayo de 1992, visible en la página 94, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De igual forma, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia 13/95 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, visible en la página 107, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMISIÓN DE LOS AUTOS En mérito de lo antes expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente asunto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON SEDE EN XALAPA DE ENRÍQUEZ, VERACRUZ, EN TURNO, a fin de que, de estimarlo conducente conozca su tramitación; solicitándole acuse el recibo correspondiente. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, previo a declarar la incompetencia antes referida, dado que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de ninguno de los establecidos en el artículo 15 de la ley en cita. Máxime que la parte quejosa omitió aportar la totalidad de las copias del escrito aclaratorio de demanda para formar los cuadernos incidentales. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento del quejoso que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al quejoso vía electrónica. Así, lo proveyó y firma NANCY ELIZABETH SÁNCHEZ CORONA, Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Teodoro Miguel Ángel Márquez Carmona, secretario que autoriza y da fe.

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