Jorge Luis García Rios
Expediente 413/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 9 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 413/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 09/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Luis García Rios
Actuaciones
- Principal
(CITATORIO) NOTIFICACIÓN POR LISTA AL QUEJOSO.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Luis García Ríos, por propio derecho; contra actos de la Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable; presentada el ocho de septiembre pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, y en la misma fecha en este Juzgado, y anexos. Fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, con el juicio de amparo indirecto 413/2021. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. El promovente de amparo reclama en lo toral; "la negativa de Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable de reparar la línea telefónica e internet en su domicilio." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, el último de los preceptos, interpretado en sentido contrario; dichos normativos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo". (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Se invocan en apoyo, por su contenido y por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis y jurisprudencia siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Tesis 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Marzo de 1999, Novena Época, materia administrativa). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época). Los artículos, tesis y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, los parámetros que deben satisfacerse para considerar que un acto emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: 1. La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular; y, 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra consonancia con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, donde se establece que autoridad es la que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; por tanto, el juicio de amparo resultara notoriamente improcedente cuando se promueva contra actos de algún funcionario que no tenga el carácter de autoridad. Ahora bien, existen distintos tipos de relación que pueden darse en la actividad del Estado: De supra a subordinación, supraordinación y coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad; lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De ahí que, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características, como ya vimos, son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En consecuencia, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. En la especie, el promovente de amparo reclama de Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, la negativa de reparar la línea telefónica e internet en su domicilio. Ahora, como se aprecia, el acto que reclama el promovente deriva de la prestación vinculada a la función de la mencionada empresa Teléfonos de México Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, y que ésta no le ha cumplido a prestarle el servicio en los términos contratados; por tanto, la omisión por parte de la citada empresa, de dar cumplimiento debido a la prestación de servicio que tienen contratado no es un acto de autoridad; además de que como lo manifiesta el peticionario de amparo le fue generado número de folio 11016733, a su petición. Con el propósito de poner en claro tal conclusión, conviene acotar que hasta antes de la vigencia de la actual Ley de Amparo, en nuestro sistema jurídico mexicano se siguió la idea de que para la procedencia del juicio de amparo, era no indispensable sino en realidad inexcusable la presencia de un acto derivado del poder público como tal, precisamente, porque el juicio de amparo, desde su génesis, fue concebido como un medio de control constitucional de los actos de esa clase de poder, que, desde luego, se inicia y prosigue siempre a instancia de los gobernados con el propósito de verificar su apego a nuestra carta magna. Desde luego, la existencia de este requisito limitaba a los particulares la posibilidad de acudir al juicio de amparo, atento a que condicionaba su procedencia legal a que el acto emanara, justamente, de un acto de autoridad con las características propias de un ente dotado de poder público, lo que de suyo permitía que muchos de esos actos escaparan del examen constitucional del juicio de amparo. Sin embargo, esa limitación fue atenuada con la vigencia de la actual Ley de Amparo, porque la procedencia del juicio de amparo se abrió para abarcar no sólo actos de autoridad como ente dotado de imperio o poder público, sino también actos de particulares, tal como expresamente se advierte en el artículo 5° fracción II, de ese ordenamiento jurídico. Como es fácil advertir, la incorporación de actos realizados por particulares al espectro de procedencia del juicio de amparo, tuvo como propósito abrir nuevas posibilidades de impugnación de actos a través de la vía constitucional. Empero, aunque la intención del legislador es palpable al respecto, que, se insiste, no es otra más que abrir un abanico más amplio de impugnación de actos por medio del juicio de amparo, lo cierto es que la procedencia de este juicio respecto de actos de particulares no es irrestricta o ilimitada, sino que, por disposición expresa del propio legislador, quedó condicionada al supuesto en que esos actos de particular, por su naturaleza o efectos, resulten equivalentes a los de una autoridad o ente del poder público. Esto no significa otra cosa más que aun cuando el legislador abrió la posibilidad legal de introducir los actos de particulares a la procedencia del propio juicio de amparo, no se olvidó de la génesis de este juicio, que no es sino un medio de control constitucional de actos derivados de entes cuyo ejercicio es irrenunciable, por ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad, tan es así que en la última porción normativa del artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, el legislador estableció que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos que se equiparen a los de autoridad y las funciones estén determinadas en una norma general. Con esto queda claro que el concepto de autoridad para el efecto de la procedencia del juicio de amparo, debe concebirse, por general, por exclusión de los actos de particulares, salvo que esos actos, por su naturaleza y efectos, sean equivalentes a los de una autoridad, lo cual es jurídicamente razonable si se toma en cuenta que la naturaleza, antecedentes y la evolución del juicio de amparo, apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, de ahí que resulte necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es dable atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace acerca de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con tal teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en el propio plano, o sea, en igualdad, motivo por el cual para resolver sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, o bien, contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, con lo cual, desde luego, hay una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior al de los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, las cuales, por cierto, se regulan por el derecho público, que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos suscitados por el actuar de los órganos del Estado, entre los que figura, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, se destaca el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la carta magna prevé una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de gobernante, porque el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los propios tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, o sea, por encima de los particulares, las cuales se regulan también por el derecho público que contempla mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que se destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en las fracciones I y II del artículo 105 constitucional. Importa destacar que para definir el concepto de autoridad responsable hay que distinguir las relaciones jurídicas, para lo cual se debe examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que, desde luego, tiene como condición que el propio promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, Septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por el promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis García Ríos, Jesús Moreno Arias, Miguel Ángel García Hernández, e Itlzel Adriana Castillo Martínez, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
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