Jorge Mendoza Mendoza
Expediente 109/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 11/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Mendoza Mendoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil dieciocho. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. VISTOS; por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Jorge Mendoza Mendoza; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS DE PRUEBAS. Por otra parte, devuélvase al juez responsable la documental que remitió como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 809/2012, así como un disco electrónico que contiene la resolución combatida, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. BILLETE DE DEPÓSITO. Por otra parte, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-830053, valioso por la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., a nombre del quejoso, mismo que fue exhibido dentro del cuaderno incidental relativo al juicio de amparo en que se actúa, a fin de que surtiera efecto la medida cautelar definitiva; en tal virtud, por resultar innecesaria su retención, se deja a disposición del citado promovente el certificado de depósito, y se hace de su conocimiento que cuenta con el plazo de dos años para recogerlo, a partir de la legal notificación del presente proveído, o prescribirá a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 50 de Tesorería de la Federación. PRECISIÓN DE PUNTOS A CUMPLIR DE EJECUTORIA. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la autoridad responsable, para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que acredite lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia en vigor. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento del juez responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "Deje insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil dieciocho; En su lugar, dicte otra en la que, reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; Valore conjuntamente los elementos de prueba ofrecidos por el actor incidentista, observando estrictamente los principios de congruencia y exhaustividad, y considerando que por lo general las partes deben probar sus afirmaciones únicamente; y, Con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que en derecho corresponda". SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad jurisdiccional responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 109/2018-V, promovido por Jorge Mendoza Mendoza, por conducto de su apoderado Ramiro Sánchez Velázquez, contra el acto que reclamó del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de febrero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuyo conocimiento correspondió a ese órgano de control constitucional, Jorge Mendoza Mendoza, promovió demanda de amparo, por conducto de su apoderado Ramiro Sánchez Velázquez, en contra de la autoridad señalada con antelación y el acto que precisó de la siguiente manera: ".la sentencia interlocutoria de fecha 16 dieciséis de enero de 2018 dos mil dieciocho, misma que fue notificada en fecha 19 diecinueve de enero de dicha anualidad". Acto que la parte quejosa, consideró violatorios, en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramitación. Por acuerdo de doce de febrero siguiente, se ordenó registrar el asunto como el expediente 109/2018-V; y requirió al peticionario del amparo para que aclarara su demanda sobre diversos aspectos. TERCERO. Solventado lo anterior, el doce de febrero posterior, se admitió a trámite la demanda; se le requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiséis de abril pasado, en los términos asentados en el acta correspondiente; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos que carecen de ejecución material, por tanto, el conocimiento del asunto se determina a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en la tesis, invocada conforme a lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del mismo cuerpo normativo, P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO"; este órgano jurisdiccional precisa que el acto reclamado a la autoridad responsable es el siguiente: La resolución interlocutoria de dieciséis de enero de dos mil dieciocho, por la que se declaró infundado el incidente no especificado sobre identidad de inmueble, promovido por el ahora quejoso en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 809/2012. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia de la resolución reclamada; además, tal asentimiento corrobora con las constancias del juicio ejecutivo mercantil 809/2012, que el juzgador responsable acompañó a su informe respectivo; documentales que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, tienen el carácter de prueba plena. Apoya lo anterior la tesis que se reproduce en seguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: "DOCUMENTOS PUBLICOS". CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." Ahora, al formular su pedimento, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, argumentó que, en el particular, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues consideró que de las constancias que integran el expediente natural no es factible desprender que el acto que se reclama afecte la esfera jurídica del promovente del amparo. Empero, contrario a lo argumentado por el mencionado fiscal, la resolución combatida sí irroga una afectación a la esfera jurídica del peticionario del amparo, debido a que, en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil de origen, se remató un inmueble el cual fue adjudicado en favor de aquél, no obstante, a la fecha le ha sido imposible lograr que dicho bien le sea escriturado a su favor, habida cuenta que la autoridad responsable desestimó la acción incidental ejercida con el propósito de acreditar la identidad del mencionado inmueble, por considerar que los elementos de convicción ofrecidos por el actor incidentista, ahora quejoso, son ineficaces. De ahí, que no resulte factible estimar que se configura la causa de improcedencia hecha valer por el fiscal adscrito a este juzgado Federal. Luego, al no advertirse la actualización de una diversa hipótesis que torne improcedente el presente juicio, lo que se impone es realizar el examen del fondo del asunto. QUINTO. Estudio del fondo. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Luego, del análisis integral de la demanda se desprende que el peticionario de la protección constitucional aduce toralmente, que el juzgador natural pasó por alto los requisitos de congruencia y exhaustividad que deben colmar las determinaciones jurisdiccionales; habida cuenta que al emitir la resolución que se combate dicha autoridad justipreció algunas pruebas que fueron ofrecidas para una diversa incidencia, en tanto que omitió pronunciarse respecto de algunas que sí fueron aportadas en el incidente que se analiza, las cuales debieron tasarse conforme a lo previsto en los artículos 1237 y 1292 del Código de Comercio; añade, que la responsable también omitió justipreciar el material probatorio en forma conjunta, para estar en aptitud de resolver lo atinente. Tales asertos resultan en parte fundados pero inoperantes, en parte infundados y, por otra, sustancialmente fundados, por los motivos que se exponen a continuación. Antes de abordar el estudio de los disensos formulados por el amparista y para un correcto entendimiento del asunto, conviene reseñar los siguientes antecedentes: 1. En el juicio ejecutivo mercantil 809/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de Morelia, Michoacán, promovido por Las Cervezas Modelo de Michoacán, sociedad anónima de capital variable, en contra de Armando Mendoza Mendoza, el cinco de abril de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, cuyos puntos resolutivos, en la parte que interesa, se reproducen a continuación: "TERCERO.- Se declara procedente la acción ejercida frente a la sucesión intestamentaria a bienes de Armando Mendoza Mendoza, por conducto de su albacea, el Administrador de Rentas de Zacapu, condenándosele a pagar a favor de su contraria la suma de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, importe que ampara los pagarés accionados; más la suma que resulte de intereses moratorios pactados a razón del 03% tres por ciento mensual, sobre saldos insolutos generados a partir del 10 diez de octubre de 2011 dos mil once, hasta al pago total del adeudo, previa su regulación y aprobación legal. CUARTO.- Se condena a la sucesión demandada al pago de las costas judiciales de esta instancia. QUINTO.- Hágase trance y remate de lo embargado en bienes propiedad del autor de la herencia Armando Mendoza Mendoza, y con su producto el pago a la parte acreedora de las prestaciones a que resultó condenado, por conducto de su albacea, el Administrador de Rentas de Zacapu." 2. Luego de ser requerido del pago de lo sentenciado y debido a que la sucesión demandada no cubrió las cantidades correspondientes, se ordenó hacer trance y remate del inmueble embargado durante la secuela procesal. 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintiocho de mayo de dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de primera almoneda, en la cual se declaró fincado el remate de: ".la parcela 226-Z-I-P2/2, del ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán.", en favor de Jorge Mendoza Mendoza, aquí quejoso. 4. El veinticinco de abril siguiente, el juzgado natural ordenó remitir los autos de la contienda de origen a la Notaría Pública Número 19, para que se efectuara la protocolización respectiva. 5. Posteriormente, el titular de la notaría mencionada devolvió los autos del juicio de origen al juzgado responsable, sin haber realizado la acción encomendada, por considerarse que los datos de identidad del inmueble adjudicado eran erróneos. 6. Inconforme con dicha acción, el adjudicatario y ahora peticionario del amparo promovió un primer incidente para acreditar la identidad del inmueble que le fue adjudicado, para lo cual ofreció los siguientes elementos de convencimiento: "I. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistentemente en El certificado de registro catastral, de fecha veintiséis de abril del año dos mil diecisiete, expedido por el Administrador de Rentas del Municipio de Zacapu, Michoacán. El cual se relaciona con todos los hechos de la demanda incidental y acredita la identidad del bien inmueble... II. DOCUMENTAL PÚBLICA, el original del recibo de pago del impuesto predial de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, expedido por la tesorería municipal de Zacapu, Michoacán. El cual se relaciona con todos los hechos de la demanda incidental y acredita la identidad del bien inmueble. III. DOCUMENTAL PÚBLICA, el original de la constancia de no adeudo de fecha quince de julio del año dos mil dieciséis, expedida por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento Municipal de Zacapu, Michoacán. El cual se relaciona con todos los hechos de la demanda incidental y acredita la identidad del bien inmueble.. IV. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la escritura pública número tres mil doscientos cuarenta, volumen número setenta, referente a la rectificación y/o aclaración que realicé con fecha dieciocho de mayo del año dos mil diecisiete, ante la fe del Notario Público número 171, Lic. Alejandro Méndez López, con residencia en esta Ciudad de Morelia, Michoacán. Documento público que se relaciona con todos los hechos de la demanda incidental y acredita la identidad del bien inmueble. V. DOCUMENTAL PÚBLICA, Consistente en las copias certificadas de escritura pública número 25165 veinticinco mil cientos sesenta cinco, expedida por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio. Documento público que se relaciona con todos los hechos de la presente incidencia. VI. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el avaluó catastral rústico de fecha diecinueve de mayo del año dos mil diecisiete, suscrito por el Ingeniero Civil JAVIER VERA LÓPEZ, perito autorizado por la Secretaría de Finanzas y Administración. Esta prueba se relaciona con todos los hechos de la demanda incidental y acredita la identidad del bien inmueble. VII. INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. VIII. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA." 7. Dicha incidencia fue resuelta por interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecisiete, en la que se consideró que los elementos de prueba ofrecidos por el adjudicatario eran ineficaces para acreditar los extremos de su acción incidental. 8. Posteriormente, el mismo peticionario de la protección constitucional promovió una segunda incidencia para acreditar la identidad del inmueble que le fuera adjudicado en la primera almoneda, para lo cual, ofreció las siguientes pruebas: "I. DOCUMENTAL PÚBLICA. consistente en la copia certificada que obra en autos del juicio principal en que se actúa, misma que se adjuntó al diverso incidente no especificado promovido dentro del mismo, respecto de la escritura número VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO, de fecha 16 dieciséis de agosto de 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado JOSE RIVERA FERREIRA. Notario Público número 4 cuatro, con ejercicio y residencia en Zacapu, Michoacán, inscrita ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, bajo el tomo 00000689, registro número 00000005, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Zacapu. II. DOCUMENTAL PÚBLICA, que se hace consistir en la copia certificada de la escritura de propiedad que se adjunta al presente incidente que se plantea, expedida por el Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado, relativa a la ESCRITURA PUBLICA NUMERO TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA, VOLUMEN NÚMERO SETENTA, de fecha 18 dieciocho de mayo del año 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado ALEJANDRO MÉNDEZ LÓPEZ, Notario Público número 171 ciento setenta y uno en el Estado, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. III. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Certificado de Registro Catastral. de fecha 26 veintiséis de abril de 2017 dos mil diecisiete, expedido por el Administrador de Rentas de Zacapu, Michoacán, del que se desprende y hace constar que bajo la Clave Catastral 16-1101-107-00-01-88-000-5066-000-000 y Cuenta Predial 1-1101-2-5066, se registra a favor de ARMANDO MENDOZA MENDOZA, la parcela 227 Z-1P2/2 EJIDO BUENA VISTA, con una superficie notarial y catastral de 0001-07-02-00 Has. Igual superficie que corresponde y pertenece al sobrante de la parcela 226 Z-1 P2/2, de ese mismo ejido y que fue materia del remate. Documental que corre agregada a la copia certificada de la escritura de propiedad anteriormente descrita marcada con el número II. IV. DOCUMENTAL PUBLICA, consistente el certificado de Libertad de Gravamen que se adjunta, de fecha 18 dieciocho de octubre de 2017 dos mil diecisiete, expedido por el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio del Estado, del que se desprende y se certifica que en 20 veinte años anteriores inmediatos a la fecha, el sobrante de la parcela número 227 Z-1-P2/2, DEL EJIDO BUENA VISTA DEL MUNICIPIO Y DISTRITO DE ZACAPU, y que se registra a favor de ARMANDO MENDOZA MENDOZA, bajo el registro número 0000005 (CINCO) del tomo 00000689 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) de fecha 21 veintiuno de septiembre del 2005 dos mil cinco. Bajo el Registro número 00000058 del Tomo 00000021 del Libro de Varios perteneciente al Distrito de Zacapu, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se encuentra registrado escritura aclaratoria, respecto de la escritura 25165, en la que por un error involuntario se asentó de forma incorrecta el número de la parcela, siendo lo real y correcto "EL SOBRANTE DE LA PARCELA 227 Z-1 P2/2 DEL EJIDO DE BUENA VISTA, MUNICIPIO Y DISTRITO DE ZACAPU".. V. DOCUMENTAL PÚBLICA, de fecha 14 catorce de noviembre del 2017 dos mil diecisiete, expedida por el DR. GONZALO DE LA CRUZ ELVIRA, Administrador de Rentas de Zacapu. Michoacán, mediante la que certifica que habiéndose realizado una minuciosa revisión en los Padrones de Fincas Rústicas y Urbanas del Catastro que se lleva en esa Oficina a su cargo, no se encontró registro del predio ubicado Sobrante de la Parcela 226-Z-I P2/2 del Ejido de Buena Vista, perteneciente a este Municipio de Zacapu Michoacán, a nombre del C. ARMANDO MENDOZA MENDOZA. VI. INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. VII. PRESUNCIONAL. 9. Finalmente, el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se dictó la sentencia interlocutoria, en la que medularmente se determinó que: .se determina que el incidente que nos ocupa es improcedente, dado que los medios de prueba allegados por el incidentista son ineficaces para el logro de la pretensión, por las consideraciones legales siguientes: En efecto, del contenido de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento a juicio practicado a la sucesión intestamentaria demandada, a bienes de Armando Mendoza Mendoza, por conducto del Administrador de Rentas de Zacapu, Michoacán, en cuanto albacea provisional de dicha sucesión, en data del 25 veinticinco de enero de 2013 dos mil trece (fojas 32 y 33), aparece que los autorizados para intervenir en dicha diligencia por la parte actora, señalaron para su embargo, para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas en este controvertido, el bien inmueble consistente en el sobrante de la parcela número 226/Z-I-P2/2, del ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, con base en un certificado de propiedad, en donde aparece que dicho bien se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado, a nombre del ahora finado Armando Mendoza Mendoza, bajo el número 00000005, del tomo 00000689, del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Zacapu. Inmueble respecto del cual, en fecha 28 veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, tuvo verificativo la audiencia de remate en pública almoneda, previo el avalúo realizado por los peritos nombrados por la actora y por este juzgado en rebeldía de la parte demandada; avalúos en los que además de los datos de identidad señalados en la diligencia de embargo, se incluyen como medidas y colindancias del citado inmueble las siguientes: al Noroeste 249.52 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Sureste 257.22 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Este 42.24 metros, con el copropietario Emilio Mejia Campos, línera imaginaria; y, al Suroeste 42.24 metros, con Armando Mendoza Mendoza; y, asimismo señalan que tiene una extensión superficial de 01-07-02.00 hectáreas; manifestando el perito valuador de la accionante que dichas colindancias las obtuvo de escritura número 25,165, pasada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreira, Notario Público Número 4, bajo el registro 00000005, del tomo 00000689, de fecha 21 de septiembre de 2005 dos mil cinco, del Municipio y distrito de Zacapu, Michoacán, que se registra a favor de Armando Mendoza Mendoza; y por su parte, el perito nombrado en rebeldía de la parte demandada, indica que tales medidas y colindancias son según escritura, sin precisar los datos de ésta. Y el edicto publicado convocando postores a la primera almoneda, se señala que se ordenó sacar a remate el siguiente bien inmueble: el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, con las siguientes medidas y colindancias: al Noroeste 249.52 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Sureste 257.22 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Este 42.24 metros, con el copropietario Emilio Mejia Campos, línera imaginaria; y, al Suroeste 42.24 metros, con Armando Mendoza Mendoza; con una extensión superficial de 01-07-02.00 hectáreas. Siendo que en la audiencia de remate celebrada el 28 veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, el inmueble antes descrito se adjudicó a favor de Jorge Mendoza Mendoza, quien a través de este incidente pretende aclarar los datos de identidad del referido bien inmueble, manifestando que está claro que la única anomalía al referirse al inmueble como el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, circunstancia que dice, sin lugar a dudas obedeció al mismo error involuntario que también cometió el Fedatario Público que elaboró la escritura de propiedad del referido inmueble, como se desprende de la cláusula tercera de la misma. Por lo que en su carácter de adquirente de buena fe del bien inmueble rematado en autos, promueve y solicita se declare procedente el presente incidente, a fin de que se aclaren y/o subsanen las anomalías antes apuntadas; solicitando que en la resolución que se pronuncie se establezca , que en la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, de fecha 25 de enero de 2013 dos mil trece, debe referirse o decir el bien inmueble consistente en el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, con las medidas y colindancias y superficie antes precisadas, y no como se asentó en dicha diligencia (el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, del Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán); y de igual forma debe referirse o decir respecto de los avalúos realizados por los peritos nombrados en este asunto; así como, en cuanto ve a la parte que interesa, del auto de fecha 17 de abril de 2015 dos mil quince, en el que señaló hora y fecha para que tuviera verificativo en este juzgado la audiencia pública de remate en su primera almoneda ; lo que dice asimismo deberá hacerse con relación a lo que interesa, respecto del contenido del edicto publicado el 22 veintidós de abril de 2015 dos mil quince, mediante el cual se convocaron postores a la primera almoneda; y en la propia actuación relativa a la audiencia de remate en primera almoneda celebrada el día 28 de mayo de 2015 dos mil quince. Sin embargo, pese al valor probatorio de que se encuentran investidas las documentales publicas allegadas por el incidentista Jorge Mendoza Mendoza, en términos de los artículos 1237 y 1292 del Código de Comercio; y aun y cuando no tenga trascendencia en el caso, el hecho de que en los datos de identidad del bien inmueble adjudicado en autos a favor del incidentista, indistintamente se le anote el número romano I (226-Z-I-P2/2), como el número arábigo 1 (227-Z-1-P2/2); todas las probanzas ofertadas de su parte, para justificar lo argüido tanto en este incidente como en el que con la misma pretensión promovió con anterioridad, mismo que fue resuelto en data del 5 cinco de julio de 2017 dos mil dicisiete, son ineficaces para el efecto pretendido. En principio, porque como ya se dijo al resolver el primer incidente promovido por el adjudicatario Jorge Mendoza Mendoza, la documental pública, consistente en el certificado de registro catastral expedido por la Dirección de Catastro de esta ciudad, que obra a fojas 197, se certifica que en esa oficina se encontró registro a nombre de Armando Mendoza Mendoza, bajo la clave catastral 16-1101-107-00-01-88-000-5066-0000-000 y cuenta predial 1-1101-2-5066, la parcela 227 Z-1P2/2 del Ejido de Buena Vista de Zacapu, con una superficie notarial y catastral de 0001-07-02.00 hectáreas, no así el sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista de Zacapu, Michoacán. Luego con la documental pública visible a foja 198, consistente en un recibo de pago de impuesto predial, expedido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán, sólo se acredita que en fecha de 15 de julio de 2016 dos mil dieciséis, se hizo el pago del impuesto predial del predio rústico con cuenta predial 1-1101-2-005066 y clave catastral 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 (cuenta y claves que no son coincidentes con las anteriormente señaladas), de la parcel 227 ubicada en Buena vista, y que el contribuyente lo es Armando Mendoza Mendoza; empero, no que se trate de el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán. Y en la documental pública glosada a fojas 199, consistente en una constancia de no adeudo de Armando Mendoza Mendoza,, expedida por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, se hace constar que no se tiene adeudo por lo que hace al impuesto predial pero respecto de la parcela 227 ubicada en Buena Vista, no del sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán; y también divergen tanto en la clave catastral como el número de cuenta predial con las anteriormente referidas, esto es, la primera que se indica con el número 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 y la segunda como 1-1101-2-5066. Ahora de la documental pública visible a fojas 200 a la 203 (en original), así como de la foja 265 a la 270 de autos (en copia certificada), relativa a la escritura pública número 3,240 tres mil doscientos cuarenta, volumen número 70 setenta, de fecha 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Alejandro Méndez López, Notario Público 171 de esta ciudad, se desprende que en la misma se hace constar la rectificación o aclaración que otorga el señor Jorge Mendoza Mendoza, en cuanto gestor oficioso; señalándose en el antecedente único de esta instrumental que tal rectificación o aclaración es respecto de la escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 de agosto del año 2015 dos mil quince, pasada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreira, Notario Público Número 4 en el Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado bajo el número cinco, tomo seiscientos ochenta y nueve, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de zacapu, Michoacán, mediante la cual el señor Armando Mendoza Mendoza adquirió por división y partición de cosa común que celebró con el señor Emilio Mejia Campos, el sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al sureste doscientos cincuenta y siete metros veintidós centímetros, con Armando Mendoza Mendoza; al este cuarenta y dos metros veinticuatro centímetros con Emilio Mejia Campos, línea imaginaria; y al suroeste cuarenta y dos metros veinticuatro centímetros, con Armando Mendoza Mendoza, con una superficie de una hectárea siete áreas dos centiáreas; sin que aquí se señale cuál es la medida y colindancia por el noreste, cuando en los avalúos, el edicto convocando a postores y en la audiencia de remate se indica que por este viento mide 249.52 doscientos cuarenta y nueve metros cincuenta y dos centímetros, y colinda con propiedad de Armando Mendoza Mendoza. Y en la primera de las cláusulas de la escritura de rectificación, se hace referencia a una escritura con datos distintos a la descrita en el antecedente, pues ahí se indica que el compareciente (Jorge Mendoza Mendoza) manifestó que en la escritura número veinticuatro mil trescientos treinta y siete, volumen cuatrocientos cincuenta y cinco de referencia, señalada en el antecedente único de este instrumento (cuando en dicho antecedente se refiere a la escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco), relativa al contrato de división y partición de cosa común que celebraron los señores Emilio Mejía Campos y Armando Mendoza Mendoza, por error en la cláusula tercera de dicho instrumento el notario que realizó la escritura mencionó el inmueble que se aplica al señor Armando Mendoza Mendoza, como sobrante 226-Z-I-P2/2, perteneciente al Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, debiendo ser lo correcto: parcela 227 Z-1 P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, como se menciona en el preámbulo de la citada escritura, así como se registra en la Administración de Rentas y Tesorería Municipal de Zacapu, Michoacán, según consta del certificado expedido por el Administrador de Rentas de ese lugar, que se agrega a la presente escritura; y en la cláusula segunda se señala que salvo la corrección antes indicada, el señor Jorge Mendoza Mendoza, en cuanto gestor oficioso ratifica en todas y cada una de sus partes las cláusulas de la escritura número veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2005 dos mil cinco; en donde se advierte que aquí ya se refiere nuevamente al número de escritura que señala el antecedente único de la escritura de rectificación, pero con divergencia en cuanto a su fecha de elaboración por lo que ve al año, pues allá se indica que es del año 2015 dos mil quince, y ahora dice que del año 2005 dos mil cinco. Luego, se tiene que del contenido dela escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreira, Notario Público Número 4, en ejercicio y residencia en Zacapu, Michoacán, que en copias certificadas se encuentra agregada a fojas de la 206 a la 210 de autos, se desprende que los señores Emilio Mejía Campos y Armando Mendoza Mendoza comparecieron a llevar a cabo la división y partición de cosa común, manifestando ser dueños en pleno dominio y posesión de una parcela 227 Z-1 P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, con las medidas, colindancias y superficie ahí precisadas; y en su cláusula TERCERA se señala que se aplica al copropietario licenciado Armando Mendoza Mendoza, por su total representación, el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, que mide y linda: al Noroeste 249.52 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Sureste 257.22 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Este 42.24 metros, con el copropietario Emilio Mejia Campos, línera imaginaria; y, al Suroeste 42.24 metros, con Armando Mendoza Mendoza, con una superficie de una hectárea siete áreas dos centiáreas; documental pública ésta de donde se advierte, primordialmente, la existencia de la divergencia en cuanto al número de parcela objeto de la división y partición (227, 226), que es el motivo de esta incidencia; dado que, aun y cuando también en dicha instrumental s eobserva que indistintamente se anota el número arábigo 1 (227/Z-1-P2/2), y el número I(226-Z-I-P2/2), como ya anteriormente se dijo, tal discrepancia no tiene trascendencia en el caso. Por lo que ante la discordancia de datos de identidad del bien inmueble a que se refiere en cada una de las documentales exhibidas por Jorge Mendoza Mendoza, tanto con motivo del incidente que nos ocupa, como con el que con identidad de pretensión ya fue anteriormente dilucidado por este órgano jurisdiccional; así como en cuanto a los datos de la escritura cuya rectificación o aclaración otorgó el aquí incidentista Jorge Mendoza Mendoza, mediante la escritura pública número 3,240 tres mil doscientos cuarenta, volumen número 70, de fecha 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, ya referida con antelación. Se está en imposibilidad para con certeza aclarar o afirmar que el inmueble adjudicado al incidentista Jorge Mendoza Mendoza en la audiencia de remate celebrada dentro del presente asunto, el veintiocho de mayo de 2015 dos mil quince, es el sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, y no el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán. Pues se estima que también son insuficientes para la procedencia de la pretensión del incidentista, las nuevas documentales públicas que éste adjuntó al actual escrito incidental, consistentes en el certificado de gravámenes y certificado catastral glosados de la foja 271 a la 273 de autos; ello con independencia del valor que les corresponde en términos de los artículos 1237 y 1292 del Código de comercio, ya que del contenido del primero de ellos se advierte incongruencia en cuanto a lo que ahí se certifica; de que en 20 años anteriores a la fecha (18 de octubre de 2017), el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, que se registra a favor de Armando Mendoza Mendoza, bajo el registro número 00000058, del tomo 00000021, del libro de varios perteneciente al Distrito de Zacapu, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se encuentra registrado escritura aclaratoria respecto de la escritura 25165, en la que por un error involuntario se asentó de forma incorrecta el número de la parcela, siendo lo real y correcto: 'el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu. Cuando en 20 años anteriores a la fecha de expedición de este documento (18 de octubre de 2017), bajo el registro 00000005 (cinco) del tomo 00000689 (seiscientos ochenta y nueve), de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2005 dos mil cinco, se registra en favor de Armando Mendoza Mendoza, el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, tal como se desprende del certificado de propiedad que se encuentra agregado a fojas 33 del expediente, en base al cual se trabó embargo respecto del bien adjudicado en este asunto a favor del incidentista; y el registro de la escritura aclaratoria respecto de la escritura 25165 que ahí se indica, se realizó hasta el 23 veintitrés de mayo de 2017 dos mil diecisiete. Escritura que además de haber sido confeccionada a petición del propio incidentista Jorge Mendoza Mendoza; como ya se ha dicho con antelación, entre otras discrepancias se tiene que, en la primera de las cláusulas se hace referencia a una escritura con datos distintos a la descrita en el antecedente, donde se indica que el compareciente manifestó que en la escritura número veinticuatro mil trescientos treinta y siete, volumen cuatrocientos cincuenta y cinco de referencia, señalada en el antecedente único de este instrumento (cuando dicho antecedente se refiere a la escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco). Y por lo que ve al certificado catastral se tiene que, si bien el Administrador de Rentas de la Secretaría de finanzas y Administración del Estado, comisionado en el Distrito de Zacapu, Michoacán, certifica que habiéndose realizado una minuciosa revisión en los padrones de fincas rústicas y urbanas del catastro que se lleva en esa oficina a su cargo, no se encontró registro del sobrante de la parcela 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, población perteneciente al Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, a nombre de Armando Mendoza Mendoza. Lo cierto es que dicha instrumental sólo demuestra lo que ahí se hace constar, esto es, que en los padrones de fincas rústicas y urbanas del catastro que se lleva en esa oficina a su cargo, no se encuentra registro del predio identificado como sobrante de la parcela 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, a nombre de Armando Mendoza Mendoza, más no así que dicho predio no exista, ni que éste y el identificado como el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, perteneciente al Municipio de Zacapu, Michoacán, sean uno mismo. Bajo ese contexto, se declara improcedente el incidente.". El énfasis es añadido. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio. Como se observa, no asiste razón al peticionario de la protección constitucional cuando aduce que el juzgador responsable omitió valorar el testimonio público 3,240 pasado ante la fe del Notario Público Alejandro Méndez López (fojas 200 a 201 del tomo de pruebas). Es así, porque sobre dicha probanza el responsable determinó lo siguiente: "Ahora de la documental pública visible a fojas 200 a la 203 (en original), así como de la foja 265 a la 270 de autos (en copia certificada), relativa a la escritura pública número 3,240 tres mil doscientos cuarenta, volumen número 70 setenta, de fecha 18 dieciocho de mayo de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del licenciado Alejandro Méndez López, Notario Público 171 de esta ciudad, se desprende que en la misma se hace constar la rectificación o aclaración que otorga el señor Jorge Mendoza Mendoza, en cuanto gestor oficioso; señalándose en el antecedente único de esta instrumental que tal rectificación o aclaración es respecto de la escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 de agosto del año 2015 dos mil quince, pasada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreira, Notario Público Número 4 en el Estado, inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado bajo el número cinco, tomo seiscientos ochenta y nueve, del libro de propiedad correspondiente al Distrito de Zacapu, Michoacán, mediante la cual el señor Armando Mendoza Mendoza adquirió por división y partición de cosa común que celebró con el señor Emilio Mejia Campos, el sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, que cuenta con las siguientes medidas y colindancias: al sureste doscientos cincuenta y siete metros veintidós centímetros, con Armando Mendoza Mendoza; al este cuarenta y dos metros veinticuatro centímetros con Emilio Mejia Campos, línea imaginaria; y al suroeste cuarenta y dos metros veinticuatro centímetros, con Armando Mendoza Mendoza, con una superficie de una hectárea siete áreas dos centiáreas; sin que aquí se señale cuál es la medida y colindancia por el noreste, cuando en los avalúos, el edicto convocando a postores y en la audiencia de remate se indica que por este viento mide 249.52 doscientos cuarenta y nueve metros cincuenta y dos centímetros, y colinda con propiedad de Armando Mendoza Mendoza. Y en la primera de las cláusulas de la escritura de rectificación, se hace referencia a una escritura con datos distintos a la descrita en el antecedente, pues ahí se indica que el compareciente (Jorge Mendoza Mendoza) manifestó que en la escritura número veinticuatro mil trescientos treinta y siete, volumen cuatrocientos cincuenta y cinco de referencia, señalada en el antecedente único de este instrumento (cuando en dicho antecedente se refiere a la escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco), relativa al contrato de división y partición de cosa común que celebraron los señores Emilio Mejía Campos y Armando Mendoza Mendoza, por error en la cláusula tercera de dicho instrumento el notario que realizó la escritura mencionó el inmueble que se aplica al señor Armando Mendoza Mendoza, como sobrante 226-Z-I-P2/2, perteneciente al Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, debiendo ser lo correcto: parcela 227 Z-1 P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, como se menciona en el preámbulo de la citada escritura, así como se registra en la Administración de Rentas y Tesorería Municipal de Zacapu, Michoacán, según consta del certificado expedido por el Administrador de Rentas de ese lugar, que se agrega a la presente escritura; y en la cláusula segunda se señala que salvo la corrección antes indicada, el señor Jorge Mendoza Mendoza, en cuanto gestor oficioso ratifica en todas y cada una de sus partes las cláusulas de la escritura número veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2005 dos mil cinco; en donde se advierte que aquí ya se refiere nuevamente al número de escritura que señala el antecedente único de la escritura de rectificación, pero con divergencia en cuanto a su fecha de elaboración por lo que ve al año, pues allá se indica que es del año 2015 dos mil quince, y ahora dice que del año 2005 dos mil cinco. Luego, se tiene que del contenido dela escritura privada número 25,165 veinticinco mil ciento sesenta y cinco, de fecha 16 dieciséis de agosto del año 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del licenciado José Rivera Ferreira, Notario Público Número 4, en ejercicio y residencia en Zacapu, Michoacán, que en copias certificadas se encuentra agregada a fojas de la 206 a la 210 de autos, se desprende que los señores Emilio Mejía Campos y Armando Mendoza Mendoza comparecieron a llevar a cabo la división y partición de cosa común, manifestando ser dueños en pleno dominio y posesión de una parcela 227 Z-1 P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, con las medidas, colindancias y superficie ahí precisadas; y en su cláusula TERCERA se señala que se aplica al copropietario licenciado Armando Mendoza Mendoza, por su total representación, el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, que mide y linda: al Noroeste 249.52 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Sureste 257.22 metros, con Armando Mendoza Mendoza; al Este 42.24 metros, con el copropietario Emilio Mejia Campos, línera imaginaria; y, al Suroeste 42.24 metros, con Armando Mendoza Mendoza, con una superficie de una hectárea siete áreas dos centiáreas; documental pública ésta de donde se advierte, primordialmente, la existencia de la divergencia en cuanto al número de parcela objeto de la división y partición (227, 226), que es el motivo de esta incidencia; dado que, aun y cuando también en dicha instrumental se observa que indistintamente se anota el número arábigo 1(227/Z-1-P2/2), y el número I(226-Z-I-P2/2), como ya anteriormente se dijo, tal discrepancia no tiene trascendencia en el caso." Lo anterior, evidencia que, el juzgador sí valoró la documental ofrecida; tan es así, que se consideró que dicho elemento de convicción era ineficaz para acreditar que las parcelas 226-Z-I-P2/2 y 227 Z-1 P2/2 son un mismo predio, aun cuando en ese documento se hizo referencia a uno y otro inmueble en forma indistinta; precisamente porque se estimó que lo que se busca es obtener certeza respecto de si ambos inmuebles guardan identidad o no y la prueba ofrecida no permite obtener certeza sobre dicha circunstancia, por el contrario, lo único que genera dicha probanza es la incertidumbre sobre si se trató de un error. Tampoco asiste razón al peticionario de la protección constitucional cuando aduce que la responsable omitió valorar tanto el certificado de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, emitido por el Registro Público de la Propiedad Raíz y Comercio del Estado, como la constancia expedida por el Administrador de Rentas de la Secretaría de Finanzas y Administración en el Estado, comisionado en Zacapu, Michoacán. Esto se debe a que sobre dichas constancias sostuvo lo siguiente: "Pues se estima que también son insuficientes para la procedencia de la pretensión del incidentista, las nuevas documentales públicas que éste adjuntó al actual escrito incidental, consistentes en el certificado de gravámenes y certificado catastral glosados de la foja 271 a la 273 de autos; ello con independencia del valor que les corresponde en términos de los artículos 1237 y 1292 del Código de Comercio, ya que del contenido del primero de ellos se advierte incongruencia en cuanto a lo que ahí se certifica; de que en 20 años anteriores a la fecha (18 de octubre de 2017), el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, que se registra a favor de Armando Mendoza Mendoza, bajo el registro número 00000058, del tomo 00000021, del libro de varios perteneciente al Distrito de Zacapu, de fecha 23 veintitrés de mayo de 2017 dos mil diecisiete, se encuentra registrado escritura aclaratoria respecto de la escritura 25165, en la que por un error involuntario se asentó de forma incorrecta el número de la parcela, siendo lo real y correcto: 'el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu. Cuando en 20 años anteriores a la fecha de expedición de este documento (18 de octubre de 2017), bajo el registro 00000005 (cinco) del tomo 00000689 (seiscientos ochenta y nueve), de fecha 21 veintiuno de septiembre de 2005 dos mil cinco, se registra en favor de Armando Mendoza Mendoza, el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, tal como se desprende del certificado de propiedad que se encuentra agregado a fojas 33 del expediente, en base al cual se trabó embargo respecto del bien adjudicado en este asunto a favor del incidentista; y el registro de la escritura aclaratoria respecto de la escritura 25165 que ahí se indica, se realizó hasta el 23 veintitrés de mayo de 2017 dos mil diecisiete." Del fragmento transcrito se obtiene que la responsable consideró que, con independencia de que dichas probanzas debieran ser tasadas conforme a lo previsto en los artículo 1237 y 1292 del Código de Comercio , lo cierto es que en su opinión tampoco resultaban eficaces, por sí solas, para acreditar la postura del actor incidentista; porque con antelación se exhibió un certificado de propiedad en el que se asentó que el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, se registró a favor de Armando Mendoza Mendoza, el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán; de manera que esa circunstancia se oponía a lo asentado en las documentales aludidas con anterioridad, lo cual a su vez, impidió que se les otorgara pleno valor probatorio a aquellas. Precisamente por esa razón, tampoco es fundado lo argumentado por el peticionario de la protección constitucional en torno a que la responsable estaba impedida para cuestionar la autenticidad del certificado de gravámenes, porque en su decir, sólo podía analizarse su contenido si alguna de los involucrados hubiera realizado la objeción correspondiente, pero de ningún modo podía hacer de oficio. Como se indicó, lo anterior es infundado, toda vez que por regla general, este tipo de pruebas merecen que se les otorgue valor probatorio pleno, salvo cuando existan pruebas en contrario; de suerte que si con antelación se exhibió una certificación que demostraba que el sobrante de la parcela número 226-Z-I-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio y Distrito de Zacapu, Michoacán, se registró a favor de Armando Mendoza Mendoza, el veintiuno de septiembre de dos mil cinco, resultaba lógico y necesario que el juzgador le restara valor al certificado de gravámenes, precisamente porque aquella prueba forma parte del expediente natural y el juzgador no puede desconocer nada de lo que obre en los juicios que son sometidos a su conocimiento, ni siquiera por el hecho de que se trate de incidentes diversos, como ocurre en la especie. Por otra parte, asiste razón al peticionario del amparo cuando aduce que al promover el incidente que se analiza en la presente ejecutoria, el actor incidentista ofreció únicamente las pruebas listadas y descritas en el punto 8 de los antecedentes narrados con antelación; empero, este argumento a la postre resulta inoperante, porque la valoración que realizó la responsable del material probatorio aludido fue el mismo que el efectuado en el primero de los incidentes planteados; es decir, que no se varió en nada la justipreciación efectuada inicialmente; tan es así, que sobre las pruebas aludidas el juzgador natural determinó lo siguiente: ".recibo de pago de impuesto predial, expedido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán, sólo se acredita que en fecha de 15 de julio de 2016 dos mil dieciséis, se hizo el pago del impuesto predial del predio rústico con cuenta predial 1-1101-2-005066 y clave catastral 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 (cuenta y claves que no son coincidentes con las anteriormente señaladas), de la parcela 227 ubicada en Buena vista, y que el contribuyente lo es Armando Mendoza Mendoza; empero, no que se trate de el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán. . .en la documental pública glosada a fojas 199, consistente en una constancia de no adeudo de Armando Mendoza Mendoza,, expedida por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, se hace constar que no se tiene adeudo por lo que hace al impuesto predial pero respecto de la parcela 227 ubicada en Buena Vista, no del sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán; y también divergen tanto en la clave catastral como el número de cuenta predial con las anteriormente referidas, esto es, la primera que se indica con el número 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 y la segunda como 1-1101-2-5066." Lo anterior, obedece al hecho de que resulta factible afirmar que la valoración efectuada por el responsable no trascendió al resultado de la resolución reclamada, precisamente porque lo sostenido por el responsable fue que, en lo individual, cada uno de los elementos de convicción aportados por el incidentista, eran ineficaces para acreditar su pretensión. De igual manera, es cierto que al emitir la sentencia que se combate el juzgador tomó en consideración tanto la documental relativa al pago del impuesto predial de la parcela 227, como la constancia de no adeudo del mismo predio, respecto de las cuales determinó lo que se reproduce en seguida: ".con la documental pública visible a foja 198, consistente en un recibo de pago de impuesto predial, expedido por el H. Ayuntamiento Constitucional de Zacapu, Michoacán, sólo se acredita que en fecha de 15 de julio de 2016 dos mil dieciséis, se hizo el pago del impuesto predial del predio rústico con cuenta predial 1-1101-2-005066 y clave catastral 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 (cuenta y claves que no son coincidentes con las anteriormente señaladas), de la parcel 227 ubicada en Buena vista, y que el contribuyente lo es Armando Mendoza Mendoza; empero, no que se trate de el sobrante de la parcela 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán. Y en la documental pública glosada a fojas 199, consistente en una constancia de no adeudo de Armando Mendoza Mendoza,, expedida por el Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Zacapu, Michoacán, se hace constar que no se tiene adeudo por lo que hace al impuesto predial pero respecto de la parcela 227 ubicada en Buena Vista, no del sobrante de la parcela número 227-Z-1-P2/2 del Ejido de Buena Vista, Municipio de Zacapu, Michoacán; y también divergen tanto en la clave catastral como el número de cuenta predial con las anteriormente referidas, esto es, la primera que se indica con el número 16-1101-107-01-01-88-000-05066-00-00 y la segunda como 1-1101-2-5066." Lo anterior, no obstante que los mencionados elementos de convicción fueron ofrecidas por el actor incidentista al promover la primera de las incidencias planteadas, no así para la que dio origen a la resolución que se reclama en el presente juicio. Sin embargo, ya quedó precisado que tales valoraciones en nada trascendieron al resultado de la contienda; habida cuenta que el juzgador primigenio desestimó la incidencia por considerar que, en lo individual, cada uno de los elementos probatorios aportados por el actor incidentista resultaban ineficaces para comprobar que las parcelas 227 y 226 son un mismo predio; de ahí que lo argumentado en este sentido resulte inoperante. En otro aspecto, es cierto lo aducido por el promovente del amparo en torno a que la resolución combatida carece de congruencia y exhaustividad, porque si bien el juzgador responsable señaló que cada una de las pruebas exhibidas por el actor incidentista eran ineficaces (individualmente), para acreditar la identidad entre las parcelas 227-Z-1-P2/2 y 226-Z-I-P2/2; la realidad es que en ningún momento refirió cuál era el valor convictivo que merecían las pruebas al ser tasadas conjuntamente; lo anterior, a pesar de que uno de los principios que rigen a las determinaciones de índole jurisdiccional es que todos los elementos de prueba deben ser analizados conjunta y sistemáticamente; pues sólo así podrá evitarse resolver de manera contradictoria o incongruente. Robustece lo anterior, la tesis que se inserta en seguida: "Época: Séptima Época Registro: 242341 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 15, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 54 PRUEBAS, APRECIACIÓN EN CONJUNTO DE LAS. NO IMPLICA QUE SE DEJEN DE ESTUDIAR POR SEPARADO. Si bien es cierto que las pruebas aportadas por las partes en el juicio, deben ser apreciadas en conjunto y relacionadas entre sí, ello no quiere decir que no deba hacerse además un análisis particular de cada elemento de convicción, pues de ser así, habría sido innecesario que el legislador le concediera un valor específico a cada prueba en particular. Por otra parte, para que puedan ser enlazadas unas pruebas con otras, debe existir alguna convicción en el juzgador, que no puede darse cuando cada prueba individualmente considerada es por sí sola ineficaz. Apreciar las pruebas en conjunto y enlazar unas con otras, no quiere decir reunir un grupo de ellas ausentes de valor jurídico, sino reunir elementos de convicción que aun cuando pudieran resultar deficientes aisladamente, en conjunto arrojan certeza sobre el hecho a demostrar. Amparo directo 3848/69. Abel Chávez Aguilera. 13 de marzo de 1970. Cinco votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas. Secretario: Sergio Torres Eyras." Lo anterior, se estima indispensable, precisamente porque la intención del actor incidentista era que todos las probanzas aportadas al promover el incidente que se estudia, generaran la convicción suficiente en el juzgador natural respecto a que las parcelas 227-Z-1-P2/2 y 226-Z-I-P2/2, son un mismo predio; de suerte que no resulte correcto que el juzgador responsable haya desestimado los elementos de convicción únicamente en forma individualizada. Se insiste, porque la intención de ofrecer múltiples medios de prueba es que se complementen unos con otros y, de ser necesario, que unos subsanen las deficiencias o limitaciones de los otros; lo cual, además, en determinados casos resulta indispensable, como sucede cuando no existe un único elemento que por su contundencia genere el máximo nivel de convencimiento respecto de la existencia de un hecho, acontecimiento o circunstancia. Finalmente, es menester señalar que de la lectura de la sentencia reclamada se obtiene que una de las razones que le brindan cimiento a la resolución reclamada es que, en el decir de la responsable, el promovente incidentista no acreditó la "inexistencia" de la parcela 226-Z-I-P2/2, que le fuera adjudicada al hoy quejoso, en el juicio natural. Sin embargo, no debe perderse de vista que por lo general lo que es materia de prueba son las afirmaciones realizadas por las partes que intervienen en un proceso o procedimiento, es decir, los hechos positivos, no así aquellos de carácter negativo; ello, debido a que los asertos positivos pueden ser demostrados mediante pruebas directas e indirectas, en tanto que los hechos negativos únicamente pueden demostrarse mediante elementos indirectos. Cimienta lo anterior, el criterio que se inserta a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2007973 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Civil Tesis: 1a. CCCXCVI/2014 (10a.) Página: 706 CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO. El sistema probatorio dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal acoge los principios lógico y ontológico que la teoría establece en torno a la dinámica de la carga de la prueba, cuyos entendimiento y aplicación facilitan la tarea del juzgador, pues permite conocer de qué forma se desplazan dichas cargas, en función de las posiciones que van tomando las partes de acuerdo a las aseveraciones que formulan durante el juicio. Ahora bien, el principio ontológico parte de la siguiente premisa: lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba, y se funda, en que el enunciado que trata sobre lo ordinario se presenta, desde luego, por sí mismo, con un elemento de prueba que se apoya en la experiencia común; en tanto que el aserto que versa sobre lo extraordinario se manifiesta, por el contrario, destituido de todo principio de prueba; así, tener ese sustento o carecer de él, es lo que provoca que la carga de la prueba se desplace hacia la parte que formula enunciados sobre hechos extraordinarios, cuando la oposición expresada por su contraria la constituye una aseveración sobre un acontecimiento ordinario. Por su parte, en subordinación al principio ontológico, se encuentra el lógico, aplicable en los casos en que debe dilucidarse a quién corresponde la carga probatoria cuando existen dos asertos: uno positivo y otro negativo; y en atención a este principio, por la facilidad que existe en demostrar el aserto positivo, éste queda a cargo de quien lo formula y libera de ese peso al que expone una negación, por la dificultad para demostrarla. Así, el principio lógico tiene su fundamento en que en los enunciados positivos hay más facilidad en su demostración, pues es admisible acreditarlos con pruebas directas e indirectas; en tanto que un aserto negativo sólo puede justificarse con pruebas indirectas; asimismo, el principio en cuestión toma en cuenta las verdaderas negaciones (las sustanciales) y no aquellas que sólo tienen de negativo la forma en que se expone el aserto (negaciones formales). De ahí que, para establecer la distribución de la carga probatoria, debe considerarse también si el contenido de la negación es concreto (por ejemplo, "no soy la persona que intervino en el acto jurídico") o indefinido (verbigracia, "nunca he estado en cierto lugar") pues en el primer caso, la dificultad de la prueba deriva de una negación de imposible demostración, que traslada la carga de la prueba a la parte que afirma la identidad; mientras que la segunda es una negación sustancial, cuya dificultad probatoria proviene, no de la forma negativa, sino de la indefinición de su contenido, en cuyo caso corresponde a quien sostiene lo contrario (que el sujeto sí estuvo en cierto lugar en determinada fecha) demostrar su aserto, ante la indefinición de la negación formulada. Finalmente, en el caso de las afirmaciones indeterminadas, si bien se presenta un inconveniente similar, existe una distinción, pues en éstas se advierte un elemento positivo, susceptible de probarse, que permite presumir otro de igual naturaleza. Amparo directo 55/2013. 21 de mayo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, por lo que hace a la concesión del amparo. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo formuló voto concurrente en el que manifestó apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido en la presente tesis. La Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que si bien vota por conceder el amparo, no comparte las consideraciones ni los efectos, y formuló voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Además, en el caso particular, si se acreditara que existe identidad entre las parcelas 227-Z-1-P2/2 y 226-Z-I-P2/2, implícitamente se demostraría la inexistencia de uno de los registros aludidos; de ahí, que resulte factible afirmar que al emitirse la determinación combatida, se omitió colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad necesarios para el dictado de las determinaciones jurisdiccionales. Abona a lo anterior, la siguiente tesis: "Época: Octava Época Registro: 212832 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Abril de 1994 Materia(s): Civil Tesis: II.1o.141 C Página: 346 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del peticionario. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 872/93. Rosa Rubí Hernández. 4 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Díaz Infante Aranda. Secretario: Rigoberto F. González Torres." Cabe señalar, que aun cuando este órgano de control constitucional advierte que la responsable omitió valorar conjuntamente el material probatorio aportado por el actor incidentista, se encuentra impedido para realizar dicha valoración en sustitución de la responsable, porque este ejercicio puede presentar una multiplicidad de opciones interpretativas; de suerte que resulta indispensable que la autoridad responsable realice el pronunciamiento atinente. Justifica lo anterior, en lo conducente y por analogía, la siguiente tesis jurisprudencial: "Época: Décima Época Registro: 2013369 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 38, Enero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a. I/2017 (10a.) Página: 377 AMPARO DIRECTO. ELEMENTOS A CONSIDERAR POR EL TRIBUNAL DE AMPARO CUANDO SE ALEGUE LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE UNA CUESTIÓN DEBIDAMENTE PLANTEADA ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por regla general, ante la constatación de una omisión de estudio de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal constitucional no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e interpretación de aquélla para determinar por sí el sentido de la eventual decisión, ya que los principios federal, de división de poderes y de defensa de las partes exigen que sean los tribunales ordinarios los que resuelvan primeramente las preguntas jurídicas y exploren distintos métodos interpretativos; por tanto, ante la omisión lo que procede es el reenvío y no la sustitución. No obstante, el presupuesto del reenvío es la probabilidad razonable de que al emitirse una nueva resolución, pueda cambiar el sentido de la decisión. Así, cuando no exista la posibilidad de un efecto práctico, el tribunal de amparo debe evitar retardar la administración de justicia y, por economía procesal, negar el amparo, lo que debe realizar desarrollando las razones objetivas de su decisión. El tribunal de amparo debe considerar que a medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opciones interpretativas, existe una presunción a favor del reenvío del asunto, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurídico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, ni los tribunales explorar distintas respuestas normativas. Por tanto, los jueces constitucionales sólo deben resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por criterios jurisprudenciales firmes. Amparo directo 23/2014. Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. 17 de junio de 2015. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó su derecho para formular voto concurrente y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Esta tesis se publicó el viernes 06 de enero de 2017 a las 10:07 horas en el Semanario Judicial de la Federación". En tal virtud, ante lo sustancialmente fundado de los conceptos de violación formulados por el peticionario de la protección constitucional, con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO solicitado, para que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de dieciséis de enero de dos mil dieciocho; 2. En su lugar, dicte otra en la que, reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión del amparo; 3. Valore conjuntamente los elementos de prueba ofrecidos por el actor incidentista, observando estrictamente los principios de congruencia y exhaustividad, y considerando que por lo general las partes deben probar sus afirmaciones únicamente; y, 4. Con plenitud de jurisdicción dicte la resolución que en derecho corresponda. SEXTO. Supresión de datos personales. En otro orden, de autos se advierte que las partes no hicieron manifestación alguna respecto al derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, conforme el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se hizo de su conocimiento en el proveído admisorio de este juicio constitucional. Por tanto, toda vez que los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, ante la falta de manifestación expresa de las partes, con fundamento los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal invocado y 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la publicación de la presente sentencia con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Jorge Mendoza Mendoza, contra el acto que reclamó del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Por lo indicado en el último considerando de este fallo, el mismo deberá publicarse con supresión de los datos personales que en ella se contengan. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintiuno de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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Morelia, Michoacán, dieciséis de abril de dos mil dieciocho. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se advierte que el término de tres días concedido a la parte tercera interesada ********************, en proveído de dieciséis de marzo pasado, a fin de que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, a la fecha ha fenecido sin que lo hubieren hecho, por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Se hace efectivo el apercibimiento formulado en el proveído en cita y con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista a dicha tercera interesada las resoluciones subsecuentes, hasta en tanto comparezca, por conducto de su representante, ante este órgano jurisdiccional a designar domicilio para tal efecto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1114/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza.- Doy fe.Dva
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil dieciocho. SE RECIBE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a sus autos y acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil de La Piedad, Michoacán, y anexos que al mismo se acompañan, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 233/2018-66.D, por medio del cual se encomendó emplazar a la parte tercera interesada sucesión testamentaria a bienes de Armando Mendoza Mendoza, por conducto del albacea provisional el administrador de Rentas de Zacapu, Michoacán, lo que acredita con las constancias que al efecto acompaña. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Dva
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