Jorge Macario López

Expediente 1213/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1213/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Macario López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente del juicio de amparo ********************, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo ******************** promovido por ********************contra actos de la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: La titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda y las diversas presentadas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las citadas documentales ofrecidas por las partes, en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a través de su pedimento legal, formuló alegatos. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y recibido en este órgano jurisdiccional el día siguiente, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, a la que le reclamó el siguiente acto: "(.) III. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama de la responsable la omisión para dar la certificación de AFIRMATIVA FICTA conforme lo establecen los numerales 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 34 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. (.)." En ese escrito, el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló el concepto de violación que estimó pertinente y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, formó el expediente de amparo ******************** y previno al promovente para que en el plazo de cinco días precisara el acto que pretendía combatir en la vía de amparo e indicara si deseaba insistir en la suspensión solicitada. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la parte quejosa aclaró el acto reclamado en los términos siguientes: "(.) 1.- Respecto a este punto, señalo que lo que se pretende combatir no es la falta de contestación, ya que como se advierte en las copias que se adjuntaron a la demanda sí se dio, pero el auto que causa agravio a mis garantías y que mediante la demanda que se pretende combatir, es el auto de desechamiento de fecha 08 ocho de septiembre dentro del expediente ********************, auto con el que la autoridad señalada como responsable hizo una incorrecta aplicación de la ley, violando con ello garantías de petición legalidad, entre otras. (.)." Además precisó, de manera sustancial, que no era su deseo solicitar la suspensión de la actuación impugnada. Así, por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, porque la parte quejosa reclama un acto de una autoridad en materia administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos ********************3, fracción I, y ********************7, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y ********************7 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, del cumplimiento de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, del cumplimiento de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, en la presente instancia constitucional consiste en: El acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que se declaró improcedente la certificación de afirmativa ficta, solicitada por el aquí quejoso, ante el silencio u omisión de respuesta por parte del Director General, Director y/o Encargado de los Centros de Educación en el Estado y Delegado Administrativo, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, respecto del escrito de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Contra la apreciación de la representante social adscrita y la responsable, son ciertos los actos atribuidos a la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad (pese que lo haya negado al rendir su informe justificado); ya que realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Además, la certeza de que se habla se corrobora con las constancias certificadas que la responsable anexó a su informe justificado, las que se valoran como documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De ahí que se tenga por cierto lo reclamado a dicha autoridad. Tiene aplicación el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Principio de definitividad La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, indicó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida en que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en contra del acto reclamado, en virtud de que procedía en contra de éste el recurso de revisión, o bien, el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles. Es infundada la causa de improcedencia. Efectivamente, el artículo 128 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, establece que cuando el particular afectado por los actos y resoluciones de la autoridad que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán optar por interponer el (1) recurso de revisión previsto en este Capítulo o el recurso administrativo previsto en la norma respectiva o (2) el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán. Ahora bien, la optatividad a que alude el citado precepto debe entenderse como una posibilidad, y no como la obligación de agotar los medios de defensa. Por otra parte, en el Estado de Michoacán es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo antes de acudir al amparo, por existir una excepción al principio de definitividad, en términos de la tesis de jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 2019896 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.XI. J/8 A (********************a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2153 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, AL PREVER MAYORES REQUISITOS PARA SU CONCESIÓN, HACE INNECESARIO AGOTAR EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Del citado precepto, se advierte que no se otorgará la suspensión del acto impugnado en el juicio administrativo, cuando ello pueda causar perjuicio evidente no sólo al interés social y al orden público, sino también a terceros, o bien, cuando con la medida se contravengan normas, sin especificar su naturaleza. En cambio, el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo sólo limita la concesión de la medida cautelar a que pueda causarse perjuicio al interés social o contravenirse disposiciones de orden público; por tanto, el artículo 240 citado exige mayores requisitos para suspender el acto reclamado, pues bastaría sostener que se contraviene una norma, cualquiera que sea su naturaleza, para convertir improcedente la medida. Además, en el juicio de amparo procede conceder la suspensión aun cuando pueda ocasionarse perjuicio a terceros, en cuyo caso, la Ley de Amparo sólo exige otorgar fianza para reparar el daño o indemnizar los perjuicios causados si no se obtiene sentencia favorable; en cambio, conforme al artículo 240 referido no se concederá la suspensión si con ello se causa perjuicio a terceros. De ahí que, conforme a la interpretación del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio constitucional contra actos administrativos que deban ser revisados de oficio o por virtud de algún recurso, juicio o medio de defensa que proceda contra ellos siempre y cuando -conforme a las leyes que regulen tal medio de defensa- se suspendan los efectos de los actos reclamados mediante su interposición por el agraviado, sin exigirse mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de ser suspendido, procede el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones administrativas de las autoridades del Estado de Michoacán, sin necesidad de agotar previamente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa local." Por tanto, para la interposición de los medios ordinarios de impugnación en materia administrativa en el Estado de Michoacán, al regir el principio de optatividad, resulta inconcuso que el peticionario de amparo no está obligado a agotar el medio ordinario de defensa previamente a la interposición de la acción de derechos fundamentales a que alude la autoridad responsable en el apartado relativo a las causales de improcedencia de su informe con justificación. De ahí lo infundada de la causal de improcedencia invocada. La relativa a los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución o de la Ley de Amparo Por otra parte, no es óbice que la autoridad responsable refiere que debe sobreseerse este asunto al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la cláusula abierta que previene el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, sin embargo, omitió esbozar razonamiento alguno en torno a ello. Por lo que al invocar tal artículo (donde se prevé un supuesto, per se, de inejercitabilidad) sin exponer al menos una mínima idea sobre la hipótesis relacionada de no procedencia que aduce se materializa, no constituye un argumento lógico jurídico mediante el cual se explique por qué razón se actualiza la causal que aduce. En efecto, el contenido de la ley y su interpretación jurídica, por sí mismos, no resuelven problemas en particular, sino que dadas sus características, requiere de un análisis lógico para saber si las circunstancias fácticas encuadran en sus prescripciones; lo cual requiere, al menos, un mínimo razonamiento que explique la forma en que los hechos se ubican en el supuesto normativo invocado; pues sin esa justificación la exposición aislada de la idea se aprecia como una mera enunciación de una hipótesis de inejercitabilidad, sin significado jurídico alguno. Así, la sola alusión sin razonamiento jurídico alguno, no obliga a los tribunales que conozcan del juicio de amparo a escrutar todas las posibles razones por las cuales la acción intentada podría resultar inejercitable, máxime que este Juzgador no advierte de oficio la actualización de alguna. En esa medida, si en el presente asunto, tal autoridad se concretó a invocar dicho artículo, sin argumentar nada al respecto, es evidente que no sustentó su dicho. Por tanto, al haber aducido una causa de improcedencia que no es de obvia y de objetiva constatación, no bastaba que señalara de manera dogmática que se actualizara para avocarse a su estudio, sino que era su carga que expusiera los argumentos lógico jurídicos por los cuales consideraba que en el caso tal supuesto era procedente. Luego, al no haberse hecho así, este órgano considera que no cumplió con su mínima carga procesal que permita analizar la causal de improcedencia que alegó y, ante ello, este Juzgado Federal no se encuentra obligado a analizarla. Sustenta las anteriores consideraciones -por identidad jurídica y de razones- la jurisprudencia 137/2006, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aún sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." Interés jurídico Ahora, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, indicó que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso no acreditó su interés jurídico, toda vez que no adjuntó a su petición documento en copia certificada y/o cotejada por funcionario público facultado para ello. Es infundada la causa de improcedencia. Al respecto, se precisa que del primer artículo citado se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Así, la parte quejosa es aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo y, con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego, el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 51/2019 (********************a.), cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO ********************7, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese contexto, primeramente, es necesario precisar que las razones que vierte la responsable no se encuentran dirigidas evidenciar la falta de interés jurídico de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo, esto es, la afectación o no del acto reclamado en su esfera jurídica, sino a dilucidar cuestiones vinculadas con el fondo del asunto, en cuanto a que al realizar la petición - de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés- que formuló el aquí amparista ante el Director General del CEYTEM, no anexó documento en copia certificada o cotejada por funcionario público facultado para ello. Por ello, la manifestación de la responsable no puede constituir una causal de improcedencia, al hacer derivar su actualización de cuestiones de fondo del asunto y, por ende, debe desestimarse. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, del tomo XV, enero de 2002, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187973, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Al margen de lo expuesto, se observa que el quejoso sí cuenta con interés jurídico para acudir al juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado recayó a su solicitud de certificación de afirmativa ficta, derivada a su vez, de la petición de levantamiento de la medida cautelar que se le impuso - suspensión temporal o cese del cargo que desempeñaba-, el pago de quincenas y demás prestaciones, así como permitir que siguiera desarrollando su trabajo en la fuente de empleo denominada Centro de Educación Media Superior de Distancia número ******************** denominado ********************, dirigida al Director General del CEYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán), con copia para el Director del CEMSAD, el Delegado Administrativo y el responsable del CEMSAD ******************** ********************. Solicitud de certificación de afirmativa ficta que declaró improcedente la responsable en el acto reclamado de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** y, por ello, en su demanda de amparo, el quejoso afirma que tal decisión impacta en su actual situación -laboral o administrativa-, derivada del cargo que desempeñaba como asesor en el área de matemáticas del citado Centro de Educación Media Superior. Lo que es suficiente para advertir que la parte quejosa sí acreditó una afectación real y actual en su esfera jurídica de manera directa, por esas razones se desestima la causal de improcedencia en análisis. Así, toda vez que las partes no hicieron valer diversos planteamientos de improcedencia y de oficio no se observa su actualización, lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló el concepto de violación que se encuentra en el apartado relativo de su demanda de amparo, el que se da por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribiera, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/20******************** emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. El único concepto de violación vertido por el quejoso en su demanda de amparo, deviene infundado por las razones que más adelante se precisarán. Síntesis de los conceptos de violación El quejoso argumenta que el acuerdo impugnado de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, le causa perjuicio porque vulnera flagrantemente el derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que indica es así, porque la responsable no hizo la certificación de la afirmativa ficta solicitada, a pesar de que exhibió la documentación requerida, que consistía en el acuse de recibo con la firma y sello de las autoridades a las cuales se encontraba dirigido, pertenecientes al Colegio de Estudios Científicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), así como el acuerdo que sustentaba el mencionado escrito. Ello porque no es suficiente la contestación que realizó para declarar la improcedencia referida, máxime que la autoridad responsable se encargó de hacer una inexacta aplicación de la ley, pues ahonda en un tema que no era materia de la litis, ya que su contestación debió ser en sentido afirmativo. Aduce que si la autoridad responsable estimo que hacía la falta de documentación para acreditar que era trabajador de la autoridad que no le dio respuesta a su petición, en todo caso, debió hacer una prevención en la que le requiriera dicha identificación, la cual, afirma, no era requisito para que operara la afirmativa ficta, puesto ya había cumplido con exhibir la petición por escrito que formuló previamente. También dice que la autoridad realizó una incorrecta aplicación de la ley al deducir que lo que pedía era una relación contractual o laboral, lo que no era así, pues las prestaciones a las que tiene derecho resultaban accesorias de la petición principal consistente en el levantamiento de la medida cautelar que se le había impuesto. De igual manera, refiere que no es ajustado a derecho que la petición la dirigiera al Director del CEMSAD ******************** de Ciutzian Grande, Michoacán, porque éste no tiene atribuciones para levantar la medida cautelar que le fue impuesta, por eso, tal petición se realizó al Director General, Director y/o Encargado de los Centros de Educación en el Estado y Delegado Administrativo, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, por ser las autoridades competentes de acuerdo al Reglamento Interno del CECYTEM. Finalmente, aduce que el acuerdo impugnado no está fundado y motivado. Dichos planteamientos son infundados. Se explica. I. Marco constitucional y legal Fundamentación y motivación Al respecto debe señalarse que el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal establece el derecho fundamental de legalidad, conforme al cual las autoridades del Estado solo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos determinados en ésta. Luego, de conformidad con el referido precepto, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. Por tanto, atendiendo al principio de legalidad consagrado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal, las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite; así, el derecho fundamental de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada. b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento al derecho fundamental de fundamentación y mediante la observancia de la segunda, al de motivación. Tiene aplicación al respecto, el criterio que aparece visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 97- ********************2, tercera parte, registro 238212, página 143, del rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Como se precisó, el artículo constitucional trascrito consagra uno de los derechos que mayor protección otorgan al gobernado dentro de nuestro orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, que no solo sea arbitrario, es decir, que no esté basado en norma legal alguna, sino también que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca, o bien que no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. El derecho fundamental de legalidad condiciona a todo acto de autoridad en los términos ya precisados, se contiene en la expresión fundamentación y motivación. La motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquellos, para procurar eliminar en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, ya que permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y al órgano que debe resolver la impugnación determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. De ahí que la exigencia de fundamentación implica el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, el o los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, con el propósito de que el gobernado tenga la posibilidad de atacar dichos fundamentos si estos no fueron correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada, lo que, se reitera, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios, sobre todo si, como sucede en el caso, se trata de actos emitidos por una autoridad administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia J/248, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 43, Tomo 64, abril de 1993, registro 216534, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado". Certificación de la afirmativa ficta Ahora, de la interpretación literal y sistemática los artículos 1°, párrafo primero, 7°, fracción VII, 27, 28, 29, 30, 31, 32, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se obtiene que la afirmativa ficta es la figura jurídica por virtud de la cual, dentro de los plazos previstos en dicha legislación o las normas aplicables al caso concreto, se entiende que se resuelve lo solicitado en sentido positivo por el silencio administrativo de la autoridad ante la cual se dirige una petición, esto es, la omisión o falta absoluta de resolución de procedimientos administrativos en los plazos previstos, que la autoridad debería emitir en sentido positivo o negativo. Ahora, para acreditar que opere la afirmativa ficta, invariablemente es necesario asegurarse que (1) a la petición se anexaron las constancias y documentos que acrediten el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas aplicables al caso específico, así como (2) que la petición se presentó ante la autoridad correspondiente. Así, la afirmativa ficta (3) operará tratándose de peticiones que den inicio a procedimientos en las materias reguladas por el Código de Justicia Administrativa del Estado, y se exceptuarán las que tengan por objeto la transmisión de la propiedad o la posesión de bienes del Estado, municipios y entidades de carácter estatal o municipal, el otorgamiento de concesiones de servicios públicos o licencias de conducir vehículos automotores, las autorizaciones de desarrollos urbanos, licencias de uso de suelo, la afectación a derechos de terceros y la resolución del recurso administrativo de revisión. También se exceptuarán las materias relativas a la salubridad general y las actividades riesgosas que se definan en las diferentes normas o en el Registro; a falta de definición se considerarán como tales aquellas que en forma directa o inminente pongan en peligro la seguridad y tranquilidad públicas, o alteren o afecten el orden público; ni cuando el escrito de petición se hubiese presentado ante autoridad incompetente. Ahora, las materias que regula el citado Código de Justicia Administrativa del Estado, son aquellas de naturaleza administrativa y fiscal entre un particular y las dependencias, coordinaciones, entidades y organismos públicos desconcentrados del Poder Ejecutivo, la Auditoría Superior de Michoacán, los Organismos Públicos Autónomos y como bases normativas para los gobiernos municipales y las dependencias, entidades y organismos públicos descentralizados o desconcentrados de la Administración Pública, Estatales o Municipales y los particulares. Como sería, por ejemplo, una solicitud de licencia de construcción, la que es de naturaleza administrativa, y existe una legislación aplicable que establece una serie de requisitos y documentos para su obtención. Relación laboral entre los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y los organismos descentralizados Por su parte, los artículos 1°, 2°, 3° de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, establecen que tal normatividad es de observancia general y regula las relaciones laborales entre los trabajadores al servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y, entre otros, los organismos descentralizados. También que la relación jurídica de trabajo reconocida por la legislación se entiende establecida para los efectos legales entre los trabajadores de base al servicio de dichos organismos, relativos a la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géneros a estos, en virtud de su nombramiento expedido y por figurar en sus sueldos en la nómina de pago. Mientras que el numeral 37, fracción III, de la citada legislación establece que son causas de suspensión temporal de la relación de trabajo, entre otras, la que como sanción dicte la institución o autoridad a la que preste sus servicios -el trabajador- por faltas cometidas en el desempeño de su trabajo que no ameriten su cese definitivo, la cual no podrá exceder de ocho días hábiles. El diverso 38, fracción VI, inciso a) de la referida ley, establece como causas de la terminación de la relación de trabajo, el cese dictado por el titular de la dependencia en donde preste sus servicios, debidamente fundado o en caso de incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del Titular de la Institución, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la Institución, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. En ese sentido, de conformidad con el numeral 96, fracción I, de la citada legislación, corresponderá conocer al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de dichos conflictos individuales, siempre y cuando se susciten entre las instituciones y los trabajadores a su servicio. Naturaleza del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. En ese contexto, es necesario precisar que en el apartado de considerandos del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, se precisó que fue creado el veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, cuyo objeto es impartir e impulsar la educación media superior tecnológica en la Entidad, propiciando su mayor calidad y vinculación con el aparato productivo y las necesidades regionales, el que impartirá la educación de nivel medio superior en la modalidad de Bachillerato tecnológico, con planteles ubicados en diferentes puntos de la geografía michoacana. Por su parte, el numeral 1° del citado Reglamento, establece que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, es un organismo público descentralizado de la administración estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones que señala su Decreto de creación, la Ley General de Educación, así como otras Leyes, Reglamentos y demás disposiciones en la materia. Mientras que los numerales 2°, fracción IV y 13 del referido Reglamento, establecen la existencia de diversos planteles que serán dependientes del citado Colegio, en los que estará al frente un Director designado por la Junta Directiva del colegio a propuesta del Director General. De lo anterior, se obtiene que las relaciones laborales que tenga dicho Colegio con sus trabajadores, se encuentra regulada en la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. II. Caso concreto Establecido lo anterior, el que suscribe advierte lo siguiente: 1. Que tal como lo aduce el quejoso, el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, solicitó ante el Director General del CEYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán), con copia para el Director del CEMSAD, el Delegado Administrativo y el responsable del CEMSAD ******************** ********************, el levantamiento de la medida que se interpuso en su contra, consistente en la suspensión provisional tanto de sus labores como de su sueldo, derivado de una denuncia o queja que existía en su contra por la madre de una alumna, y de manera inmediata se le reincorporara al ********************, centro en el que se desempeñaba hasta antes de lo suscitado. También pidió que le fueran cubiertos los honorarios que dejó de percibir en esa temporalidad, mientras duraba el proceso penal en su contra, ya que el resultado de la investigación había arrojado la absolución del posible delito del que fue acusado, por ende, la injusta separación de su empleo, por una causa que no le fue imputable como trabajador. 2. Posteriormente, el cinco de septiembre de dos mil veintitrés, solicitó ante la Secretaría de Contraloría y el Órgano Interno de Control del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, la certificación de la afirmativa ficta ante la falta de respuesta por parte del Director General, Director y/o Encargado de los Centros de Educación en el Estado y Delegado Administrativo, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Así como las demás prestaciones que refirió en tal escrito, consistentes en: "(.) a) La certificación de la afirmativa ficta; b) El levantamiento de las medida cautelar impuesta; c) El pago de las quincenas y demás prestaciones que se me adeudan desde que se me impuso la medida cautelar; d) Que se me permita seguir desarrollando mi trabajo en la fuente de empleo denominada Centro de Educación Media Superior a Distancia número ******************** ********************. (.)." Lo que sustentó en los siguientes hechos: "(.) PRIMERO. El suscrito me venía desempeñando como asesor en el área de Matemáticas en el Centro de Educación Media Superior a Distancia número ********************, denominado ********************, cuando el día 26 veintiséis de abril de 2023 dos mil veintitrés, mediante ********************, fui informado por parte del responsable del Centro el C. Manuel Bermúdez Mora, que desde ese momento me imponía una medida cautelar que consistía en la suspensión de mis labores y de mi sueldo, hasta en tanto no solucionara el problema que había dado origen. SEGUNDO. Una vez que leí el documento antes mencionado, me percaté que había una infundada denuncia en mi contra, por lo que de inmediato busqué ayuda profesional y acudimos a la Fiscalía Regional de Tacámbaro, en la que se nos dio cita tanto a mí como a la parte denunciante, y una vez que se aclaró el mal entendido, a través de una resolución que emitió el Centro Alternativo de Solución de controversias, se declaró mi inocencia, emitiéndose una resolución que lo hacía constar. Cabe señalar que la resolución se adjuntó al oficio en su momento. TERCERO. Es así que una vez teniendo el documento en mi poder, me comuniqué con las autoridades competentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, las cuales me citaron a las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, ubicado en calle Loma de las Liebres número 180 del Fraccionamiento Lomas del Sur, Morelia, Michoacán; acto seguido me entrevisté con Daniel Avilés Zepeda, Director de los Centros de Educación Media Superior a Distancia, y con el Delegado Administrativo del cual no recurso su nombre, y les entregué el oficio acompañado de la resolución que demostraba que no había incurrido en ningún delito, y en el que solicitaba que se levantara la medida cautelar que se me había puesto, y que por ende, me regresaran a mi puesto y se me cubrieran las quincenas que se me adeudaban, pero me contestaron que me iban a contestar por escrito, cosa que hasta la fecha de la presentación no han hecho. CUARTO. En virtud de lo narrado con anterioridad, como lo es la falta de contestación a mi petición, es por eso que acudo ante este Tribunal a fin de obtener certeza jurídica y el pleno restablecimiento de mis derechos. (.)." Por ende, solicitó se declarara la positiva ficta, se condenara a la demandada a que diera contestación a su petición en el tiempo establecido, levantara la medida cautelar impuesta y, con ello, se le pagaran las quincenas que no se cubrieron, se le dejara de continuar con sus actividades laborales como lo venía haciendo, así como las prestaciones que resultaran de la tramitación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia. Ofreció como pruebas: a) Credencial para votar expedida a su nombre. b) Copia del acuse del escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés por el Director General del Ceytem, así como los respectivos al Delegado Administrativo, responsable del CEMSAD ******************** ********************. 3. En respuesta a lo anterior, por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, determinó lo siguiente: a) Que era competente para conocer y resolver la solicitud de certificación de afirmativa ficta, de conformidad con los artículos 22, fracción XLII y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, concatenados con los numerales 29, 30 y 31 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo; b) Precisó que para operar la afirmativa ficta, invariablemente, debía cumplirse con lo establecido en el numeral 31 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, sin embargo, advertía de la solicitud presentada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, que pedía diversas prestaciones presuntamente de una relación laboral y/o contractual, que no eran reguladas por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, sino por otras materias procesales, de conformidad con lo establecido en el numeral 34 de la citada legislación; Citó en su apoyo la tesis de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALUD) Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD."; c) También señaló que la solicitud no fue presentada por la autoridad competente ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 13, fracción XVIII del Reglamento Interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán vigente, la solicitud en todo caso debió plantearla al Director del CEMSAD ******************** de ********************; e, d) Indicó que no adjuntó a su escrito de petición documento en copia certificada y/o cotejada por funcionario público facultado para ello con el cual acreditara tal carácter, y citó en su apoyo los criterios de rubros: "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL." y "RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE ANALIZAR SI EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN O DE INOPERABILIDAD A QUE ALUDE EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO." III. Análisis del acto reclamado y decisión Consideraciones de la responsable que se estiman ajustadas a derecho. Se explica. Fundamentación y motivación En primer término, es necesario precisar que, contrario a lo indicado por la parte quejosa, el acto reclamado sí se encuentra fundado y motivado, en virtud de que se observa que la autoridad responsable, para establecer su competencia legal como conocer y resolver la solicitud de certificación de afirmativa ficta referida, citó los artículos 22, fracción XLII y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en concatenación con los diversos 29, 30 y 31 del Código de Justicia Administrativa del Estado. También citó en su apoyo los artículos 31 y 34 de la última normatividad citada, en relación con los criterios de rubros: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ISESALUD) Y SUS TRABAJADORES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE ESA ENTIDAD." "LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. CONSTITUYE UNA CONDICIÓN DE LA ACCIÓN Y NO UN PRESUPUESTO PROCESAL." "RESOLUCIÓN AFIRMATIVA FICTA. EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEBE ANALIZAR SI EL CONTENIDO DE LA PETICIÓN, NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS CASOS DE EXCEPCIÓN O DE INOPERABILIDAD A QUE ALUDE EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO." En ese contexto, como se dijo, este órgano jurisdiccional advierte que la resolución reclamada se encuentra fundada y motivada, en virtud de que la autoridad responsable fijó su competencia para lo cual citó los artículos aplicables al respecto, y señaló los motivos por los cuales consideró que era improcedente la solicitud de certificación de afirmativa ficta, al precisar que (1) las prestaciones base de la solicitud del aquí quejoso eran de naturaleza laboral o contractual, (2) porque no se encontraba dirigida a la autoridad competente y (3) por faltar uno de sus documentos. De ahí lo incorrecto de la primera parte de sus argumentos. Solicitud que no es objeto de la afirmativa ficta en materia administrativa local Ahora, en cuanto a las razones que sustentan la improcedencia de la certificación de la afirmativa ficta en el ámbito local, como se explicó, para que opere, debe tratarse de peticiones que den inicio a procedimientos (1); en las materias reguladas por el Código de Justicia Administrativa del Estado (2), lo que no acontece con la petición formulada por el aquí quejoso el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ante el Director General del CEYTEM (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán). Lo anterior en virtud de que la naturaleza de lo ahí peticionado es intrínsecamente laboral, dado que solicita el levantamiento de una medida cautelar consistente en la suspensión temporal o cese- de las funciones que desempeñaba como "asesor en el área de Matemáticas", en el Centro de Educación Media Superior a Distancia (CEMSAD) número ******************** de Cuitzian Grande, Michoacán, dependiente del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, y diversas prestaciones laborales, como son el pago de quincenas y que se le permitiera seguir desarrollando su trabajo en dicho lugar. Así, se precisa que el citado Colegio, como se dijo, es un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal, por lo que la relación laboral con sus trabajadores se encuentra regulada en el artículo 1° de la Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios y no en el Código de Justicia Administrativa del Estado, de esta manera, lo solicitado en el párrafo anterior, depende necesariamente de dicha relación burocrática suscitada entre el quejoso con dicho Colegio y no una simple solicitud en materia administrativa. Incluso, como se explicó, en la referida Ley burocrática, se establece la suspensión temporal o el cese definitivo por faltas cometidas en el desempeño de su trabajo, al ser impuesta precisamente por el Centro de Educación Media Superior a Distancia número ******************** ********************, Michoacán, ante el cual presta sus servicios, tal como lo relató en sus hechos, y no propiamente derivado de algún procedimiento de responsabilidad administrativa seguido por la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán o alguna autoridad sancionadora. Por lo que, se reitera, la naturaleza de la petición no es administrativa o fiscal, sino laboral, y las consecuencias que pudiera originar la falta de contestación a la autoridad o autoridades educativas a la cual se encuentra dirigida, no están reguladas en el Código de Justicia Administrativa del Estado, sino en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. Incluso, cabe apuntar que la autoridad encargada de resolver los conflictos individuales que se susciten entre los trabajadores al servicio del Estado y los organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, de conformidad con el numeral 96, fracción I, de la última legislación en el párrafo anterior. A mayor abundamiento, la petición cuya omisión de responder pretende genere la afirmativa ficta, no se vincula al inició de algún procedimiento; sino, únicamente, a una solicitud unilateral y aislada del quejoso para que se levante una medida de suspensión, se le paguen prestaciones de naturaleza laboral y se le permita continuar sus labores. Por ende, tampoco es dable la actualización de la afirmativa ficta establecida en los artículos 28, 29, 30, 31, 32, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ni su certificación, que requiere necesariamente, para su operación, que la petición formulada por los particulares den inicios a procedimientos de las materias reguladas en la citada legislación, entre las que no se encuentran las relaciones laborales, suscitadas entre un servidor público con un organismo público, como en el caso. Lo que evidencia que la improcedencia de la certificación de la afirmativa ficta impugnada resulta ajustada a derecho y, contrario a lo referido por el quejoso, sí es congruente con lo solicitado, en virtud de que la autoridad no se encuentra limitada únicamente a certificar la afirmativa ficta por el solo silencio administrativo ante una solicitud que se formule, sino que, para ello, en términos de la interpretación realizada a los artículos 1°, 31 y 34 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, debe revisar la naturaleza de lo pedido, esto es, que sea acorde a la legislación administrativa aplicable, y después verificar los documentos correspondientes a ésta, lo que así aconteció. De ahí lo incorrecto de esta parte de sus argumentos. En otro aspecto, cabe señalar que tampoco se violentó en perjuicio de la parte quejosa el artículo 8° Constitucional referente al derecho de petición, en virtud de que no señaló como acto reclamado en la presente instancia constitucional la falta de contestación por parte de las autoridades Director General, Director y/o Encargado de los Centros de Educación en el Estado y Delegado Administrativo, todos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. A más que la parte quejosa, al presentar su escrito de cinco de septiembre de dos mil veintitrés y su demanda de amparo, evidenció ya su pretensión de obtener la afirmativa ficta, respecto de la solicitud de certificación de improcedencia atribuida a las autoridades fue debidamente contestada por la titular de la Unidad de Apoyo a Órganos Internos de Control de la Secretaría de contraloría y Encargada de Despacho de los asuntos que le corresponden al Órgano Interno de Control "J", de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, en el acuerdo impugnado. Con lo cual, incluso, clausuró ya la posibilidad de alegar una violación a su derecho de petición. A más de que son instituciones diversas. Apoyan lo expuesto, por identidad jurídica esencial, las tesis de rubro y texto: "Registro digital: 192641 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 136/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 245 Tipo: Jurisprudencia PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." "Registro digital: 197538 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: I.1o.A. J/2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 663 Tipo: Jurisprudencia NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra." Por esas razones, si ya existe una respuesta expresa que determina improcedente la certificación de la afirmativa, no es dable analizar las diversas que vertió la autoridad responsable en el acuerdo impugnado, relativas a que la solicitud no fue presentada ante la autoridad competente y la falta de uno de los documentos, dado que aún y cuando se realizara su estudio, en nada cambiaría lo aquí resuelto, en virtud de que al no ser la materia correspondiente para que se configure la afirmativa ficta, porque la legislación administrativa no establece los requisitos y documentos necesarios para una solicitud que no sea de dicha materia, y aún y cuando sí sea la autoridad competente a la que se dirigió, no sería procedente la certificación requerida. Criterios invocados por la parte quejosa Sin que pase inadvertido que la parte quejosa invocó la tesis de rubros: "AFIRMATIVA FICTA. OPERA A PESAR DE QUE LA AUTORIDAD, DENTRO DEL TÉRMINO QUE SEÑALA LA LEY, HAYA CONTESTADO UNA SOLICITUD DE UN PARTICULAR O HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE OTRAS AUTORIDADES LA RESPUESTA, SI NO LA NOTIFICÓ DENTRO DE ESE PLAZO AL INTERESADO." "DERECHO DE PETICIÓN. LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA. DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN A AQUÉL, NO PUEDE ESTIMARSE ACTUALIZADA POR LA SIMPLE EVIDENCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EMITIÓ UNA RESPUESTA." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CONCEPTO DEL." Sin embargo, la última citada es acorde a lo resuelto en la presente ejecutoria, en virtud de que se advirtió que el acto reclamado sí se encuentra fundado y motivado, tal como se asentó en la presente determinación. Mientras que las dos primeras no son aplicables al caso, dado que establecen la operatividad de la afirmativa ficta aún y cuando se dé respuesta a la petición formulada, y la cesación de efectos del derecho de petición, lo que no aconteció en el asunto. De ahí lo infundado de sus conceptos de violación, y toda vez que el acto reclamado no transgrede los derechos humanos de la parte quejosa consagrados en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. No resta más que indicar que no se hará especial referencia al pedimento formulado por el representante social de la adscripción, en virtud de que no se aduce la actualización de diversa causal de improcedencia ni sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto y autoridad que quedaron precisados, por los motivos y para los efectos indicados del último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.gabk

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. REVOCA DELEGADA Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación de la Auditoría Superior de la Federación y su Titular, atento a su contenido, téngasele, revocando como delegada a ********************, con nombre de usuario ********************, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, instrúyase al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias y proceda dar de baja al usuario antes señalado, relativo a la persona a la que se revocó la designación de delegada por parte de la oficiante. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no fue posible proveer al respecto a la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre del presente año, en virtud de que en términos del aviso de suspensión de labores y esquema de atención de asuntos urgentes, emitido por los Coordinadores de Magistrados, Magistradas, Juezas y Jueces de este circuito; así como de las circulares números 28/2023 y 29/2023, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon inhábiles los días del diecisiete al veintinueve de octubre del presente año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, y áreas administrativas. En tal virtud, y tomando en consideración que en esta misma fecha se acordó el informe justificado rendido por la responsable, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. ALEGATOS. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Expídase al promovente copia de la resolución que se dicte en el expediente en que se actúa, una vez que ello acontezca. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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