JORGE MARTÍNEZ o JORGE MARTÍNEZ SANTIAGO y Otros.

Expediente 354/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 40 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
354/2018
Año
2018
Actuaciones
40
Última actuación
25/02/2019

Partes del expediente

  • JORGE MARTÍNEZ o JORGE MARTÍNEZ SANTIAGO
  • JORGE MARTÍNEZ o JORGE MARTÍNEZ SANTIAGO y Otros.
  • Lic. Alejandra Santiago Licea y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 244 y 245), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Por lo anterior, devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Lombardo de Caso, Mixe, Oaxaca, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, en auto de once de julio de dos mil dieciocho, donde se ordenó formar el tomo I de pruebas (foja 91). Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    NOTIFICACION POR LISTA MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de tres días que en proveído de dieciséis del actual, se concedió al quejoso ..... , para que en un plazo de tres días compareciera a este juzgado a recoger los edictos para emplazar a juicio constitucional a la tercera interesada... ; sin que lo hubiese hecho; por tanto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el diverso numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Ello en atención de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no presentarse a recoger los edictos para su publicación y emplazar a juicio a la tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de sobreseimiento. En efecto, la fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo 27 de la citada Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercera interesada... , en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b) y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se dictaron las medidas pertinentes para investigarlo y una vez agotadas éstas se ordenó que el emplazamiento respectivo se realizara por edictos a costa de la parte quejosa, como se dijo en auto de dieciséis de enero del año en curso (foja 239). Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso por no recoger los edictos para su publicación; lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no recepción y publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del aludido tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal prevista por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 230). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el plazo de tres días que en proveído de dieciséis del actual, se concedió al quejoso ..... , para que en un plazo de tres días compareciera a este juzgado a recoger los edictos para emplazar a juicio constitucional a la tercera interesada... ; sin que lo hubiese hecho; por tanto, en el caso opera la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en el diverso numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, del mismo ordenamiento. Ello en atención de que la contumacia en que incurre la parte quejosa al no presentarse a recoger los edictos para su publicación y emplazar a juicio a la tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se erige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de sobreseimiento. En efecto, la fracción III, inciso b), párrafo segundo del artículo 27 de la citada Ley de Amparo, dispone que si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador de amparo debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero interesado; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercera interesada... , en términos de lo previsto por el artículo 27, fracción III, inciso b) y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se dictaron las medidas pertinentes para investigarlo y una vez agotadas éstas se ordenó que el emplazamiento respectivo se realizara por edictos a costa de la parte quejosa, como se dijo en auto de dieciséis de enero del año en curso (foja 239). Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento es atribuible al quejoso por no recoger los edictos para su publicación; lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no recepción y publicación de los edictos a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del aludido tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 Constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídico procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, materia común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Consecuentemente, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal prevista por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 230). Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio signado por el Juez Primero Penal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía fax- mediante el cual devuelve constancias relativas al despacho 245/2018, de cuya lectura integra se advierte no fue posible diligenciar dicho medio de comunicación. Resérvese dar de baja el citado despacho una vez que obre en autos. Ahora bien, de la razón asentada el seis de diciembre de dos mil dieciocho, por el actuario del Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, se advierte la imposibilidad que tuvo para emplazar a juicio a la tercera interesada ****, en el domicilio que se señaló para tal efecto, en virtud de que el mismo no se localizó. En ese tenor, de las constancias de autos, se advierte que se ha agotado previamente la investigación del domicilio de dicha tercera interesada, por lo que con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, realícese su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Por lo que, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, en el domicilio actual para recibir notificaciones, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, en horas hábiles comparezca al despacho de este juzgado a recoger los edictos respectivos, los cuales deberá publicar por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, conforme a lo establecido en el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el entendido que en caso de no acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el amparo, en términos de la última parte del párrafo segundo, del inciso b), fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 211, tomo XVI, julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con rubro siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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