Jorge Luis Serrano González
Expediente 1403/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 29/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Luis Serrano González y Otros.
- Jorge Luis Serrano González
- Director General del Ceferso Número 13 CPS, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, que negó el amparo y protección de la justicia federal en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado ejecutoria dicho fallo, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se negó el amparo y protección de la justicia federal, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese, personalmente al quejoso en su centro de reclusión. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Incidental
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintinueve de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1403/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, primero de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, por el que en vías de cumplimiento y en atención a la ejecutoria de amparo, manifiesta que mediante oficio hizo del conocimiento al Delegado de la Procuraduría General de la República, Delegación Oaxaca, la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones, en relación a lo manifestado por el quejoso en el sentido de que fue víctima de tortura física, moral y psicológica por parte de las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Piedad Guadalupe Jiménez Santiago, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1403/2015, promovido por Jorge Luis Serrano González, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras autoridades, y Resultando PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil quince en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este juzgado, José Rodrigo Arias Medina, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se detallan. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 2 Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca 3 Director de Seguridad del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca ACTOS RECLAMADOS a) El correctivo disciplinario que le fue impuesto mediante acta de veintiocho de agosto de dos mil quince, consistente en setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción a los límites de su estancia. b) La ejecución de tal sanción. SEGUNDO. Tramitación del juicio. El veintitrés de septiembre de dos mil quince se admitió la demanda de que se trata, se registró con el número de expediente 1403/2015, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe con justificación, se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y Considerado PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; al reclamarse actos con ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. Así, el análisis integral de la demanda y atendiendo a la causa de pedir contenida en tal líbelo, permite concluir que la parte quejosa reclama: el correctivo disciplinario que le fue impuesto mediante acta de veintiocho de agosto de dos mil quince, consistente en setenta y seis días de suspensión total de estímulos, con restricción a los límites de su estancia; así como, su ejecución. No pasa inadvertido que el quejoso refirió que la ejecución de tal correctivo disciplinario hacia cruel su situación de preso, y que en su opinión ello constituía tortura física, moral y psicológica, ya que lo aislaron, segregaron, discriminaron y privaron de sus derechos constitucionales. Sin embargo, en opinión del que ahora resuelve, tales actos no deben considerarse como reclamados, pues de la literalidad de la demanda se advierte que el quejoso dijo resentir ese tipo de "tortura", mediante una apreciación subjetiva de las consecuencias de la ejecución del correctivo disciplinario en realidad reclamado, y no como un acto de molestia realizado por parte de las responsables. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de garantías, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos que se tildan de inconstitucionales, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. Es cierto el acto reclamado, por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado las responsables y corroborarse de las constancias que anexó la encargada de la Dirección General del centro penitenciario para apoyarlo. CUARTO.- Procedencia de la demanda.- Previo el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, procede analizar las causales de improcedencia por ser de estudio oficioso y preferente. Las responsables, al rendir su informe justificado, alegaron la improcedencia del juicio, ya que aducen que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, al no haberlo promovido dentro del plazo legal para ello, actualizando en su opinión la causal prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aducen ya que el quejoso fue notificado del correctivo disciplinario impuesto el veintiocho de agosto de dos mil quince y su demanda de amparo fue presentada el veintitrés de septiembre siguiente, por lo que presumen que el juicio no se promovió dentro de los quince días que señala el artículo 17 de la Ley de la materia. Al respecto, este juzgador, atendiendo a un criterio pro persona -al cual se está obligado a acudir por disposición expresa del artículo 1 constitucional-, debe desestimar la causal de improcedencia invocada. Lo anterior, pues si bien es verdad que del día en que se notificó al quejoso el correctivo disciplinario reclamado al en que se tuvo por recibida la demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en esta ciudad, trascurrieron diecisiete días hábiles, esto es, dos más del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cierto es que la demanda fue presentada vía postal en el lugar de residencia del quejoso (de reclusión), el cual se encuentra en distinta Ciudad a la sede de este juzgado, como se advierte del sobre que obra agregado a foja 5 del expediente. Y no obsta que este juzgador se encuentra imposibilitado para determinar con exactitud la fecha en que la demanda fue depositada en el correo, toda vez que el mata sellos en el que consta tal dato no permite visualizar la fecha ahí inscrita, por lógica esto tuvo que ocurrir con anterioridad a la fecha en que se recibió la estafeta en la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito. En tales condiciones, ya que las causales de improcedencia para actualizarse deben estar plenamente probadas y no inferirse, al estar fechada la demanda con la data "01 de septiembre del presente año en curso. 2015", y no existir prueba que acredite la extemporaneidad alegada, se opta por la interpretación que beneficia al quejoso, que es la de que la demanda se depositó en el correo dentro del plazo previsto por el artículo 17 multireferido. Por otra parte, las responsables también refieren que el quejoso incumplió con el principio de definitivad que rige al juicio protector de derechos humanos, pues antes de acudir a esta instancia debió agotar el medio de impugnación ordinario previsto por el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social -recurso de inconformidad-, causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia debe desestimarse, ya que no obstante que el citado reglamento en su artículo 83 prevé "El interno, sus familiares, defensor, representante común, persona de confianza o cualquier otra persona al efecto designada, podrán inconformarse por escrito ante el Coordinador General en contra de la corrección disciplinaria impuesta, en un término de tres días hábiles contados desde el de su notificación"; lo cierto es que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Sirve de apoyo, sólo en cuanto a los efectos que produce la imposición de un correctivo disciplinario como el reclamado, la jurisprudencia siguiente: CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada Ley. [Época: Décima Época, Registro: 2000039, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 4/2011 (10a.), Página: 2479] Dado que las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y que este órgano de control constitucional no advierte de oficio su actualización, procede entrar al estudio de los actos reclamados, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa ya que con ello no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo. QUINTO.- Estudio de los conceptos de violación.- Los conceptos de violación deben desestimarse, por las razones que a continuación se exponen. El quejoso afirma que el acto reclamado vulnera sus derechos constitucionales, toda vez que los integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario lo castigaron a setenta y seis días de suspensión total de estímulos con restricción de tránsito a los límites de su estancia, sin darle oportunidad de defenderse, lo que estima injusto y perjudicial para su adecuada reinserción social. Lo anterior es infundado. Para demostrarlo, resulta necesario destacar que de las copias certificadas que remitió la Encargada del Despacho de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, relativas al acta, mediante la cual, el Consejo Técnico Interdisciplinario del penal, le impuso al quejoso el correctivo disciplinario reclamado, se advierte: a) El citatorio sin número, de catorce de agosto de dos mil quince signado por la Encargada de la Dirección General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA" y Presidenta del Consejo Técnico Interdisciplinario, por el que notificó en forma personal al interno José Rodrigo Arias Medina la fecha en que fue convocado el referido Consejo Técnico para sesionar con el fin de conocer y resolver sobre los actos y conductas que se le atribuyeron al ahora quejoso, que infringieron el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y Manuales Correspondientes, según el contenido del reporte de incidencia que el personal de la Dirección de Seguridad dirigió al Director General de esa Unidad Administrativa, respecto de los hechos suscitados el treinta de junio de dos mil quince, a las 20:15 horas; por lo que se le requirió para que compareciera ante dicho órgano colegiado a las 10:00 horas del veintiocho de agosto de dos mil quince, a fin de que manifestara lo que a su interés y derecho conviniera, así como para su defensa y descargo de pruebas. b) El acta de veintiocho de agosto de dos mil quince, levantada con motivo de la sesión del Consejo Técnico Interdisciplinario en cita, de la que se aprecia que se le explicó al quejoso la conducta infractora que se le atribuía, se le dio intervención a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera e incluso ofreciera pruebas, y que en vista de ello, la autoridad determinó imponerle una corrección disciplinaria consistente en setenta y seis días de suspensión total de estímulos y restricción de tránsito a los límites de su estancia, para finalmente hacerle saber que contaba con un plazo para inconformarse con tal resolución. Expuesto lo anterior, en el caso, se advierte que el acto reclamado consistente en el correctivo disciplinario que se le impuso al quejoso, reúne las formalidades establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque fue dictado por autoridad competente, por escrito y debidamente fundado y motivado; y en el procedimiento del que emanó se observaron los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, reconocidos en el primero de los preceptos constitucionales citados y en el artículo 82 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. Ello es así, toda vez que entre la fecha en que se entregó el citatorio al día de la sesión del Consejo Técnico Interdisciplinario de que se trata, mediaron más de tres días hábiles para que el quejoso preparara su defensa, esto es, se respetó el plazo a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual resulta aplicable supletoriamente al Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, acorde con los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que dispone que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá como tal el de tres días. Sirve de apoyo, la tesis siguiente: SANCIONES IMPUESTAS EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO QUE TIENE EL PROBABLE INFRACTOR PARA PREPARAR SU DEFENSA Y CONTESTAR POR ESCRITO LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN (APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 82, párrafo primero, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, establece que para la imposición de las sanciones disciplinarias, se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia para que conteste por escrito los hechos que se le atribuyen, sin embargo, no fija un término específico para hacerlo; por tanto, debe acudirse al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado reglamento, acorde con los artículos 1 y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual dispone que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá como tal el de tres días; consecuentemente, ese término debe concederse al probable infractor, a fin de que prepare su defensa contra el correctivo disciplinario impuesto y quede satisfecha su garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [Época: Décima Época, Registro: 2000666, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Penal, Tesis: VI.3o. (II Región) 1 P (10a.), Página: 1963] De igual manera, consta en el acta levantada por el referido Consejo Técnico Interdisciplinario, que el infractor (aquí quejoso) estuvo presente al momento en que ésta se levantó, se le dio oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniera respeto de la conducta que se le imputó y de ofrecer pruebas, e incluso la posibilidad de inconformarse contra la sanción impuesta. En ese estado de cosas, es patente el cumplimiento a los derechos fundamentales relativos a las formalidades esenciales del procedimiento y audiencia, reconocidos en el artículo 14 constitucional, al haberse hecho del conocimiento del afectado el inicio del procedimiento seguido en su contra, se le dio la oportunidad de alegar, ofrecer pruebas en su defensa, e incluso de impugnar la sanción impuesta. Así también, se advierte que el acto reclamado cumple las exigencias del artículo 16 constitucional, en tanto fue emitido por una autoridad competente y se encuentra fundado y motivado, ya que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", es competente para resolver las correcciones disciplinarias a internos infractores, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción VII, en relación con el 82 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; además, los numerales 75, fracción XIV, 79, fracciones II y IV, y 80, fracción III, del reglamento en cita, invocados en la resolución materia de reclamo, son los preceptos que rigen el correctivo disciplinario, habiéndose precisado la hipótesis actualizada que en el caso es: "SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 20:15 HORAS DEL FECHA 30 DE JULIO DE 2015; EL OFICIAL SE ENCONTRABA CENANDO EN EL CUBÍCULO MÉDICO, LO CUAL RECIBIÓ UNA LLAMADA DEL CENTRO DE CONTROL COBRA 35, PARA INFORMARLE QUE EL INTERNO DE NOMBRE SERRANO GONZÁLEZ JORGE LUIS CON NÚMERO DE EXPEDIENTE __ UBICADO EN LA ESTANCIA __ NIVEL __ SECCIÓN __, LE ESTABA PASANDO UN OBJETO AL INTERNO DE NOMBRE ____ CON EXPEDIENTE ____ UBICADO EN LA ESTANCIA __ NIVEL __ SECCIÓN __. AL SUBIR POR LAS ESCALERAS ME PERCATE QUE TODAVÍA SE ENCONTRABA CON EL OBJETO EN LAS ESCALERAS, EL CUAL ERA UN CALCETÍN ENROLLADO LO CUAL RECOGÍ Y AL PREGUNTARLE AL EXPEDIENTE __ QUE SE ENCONTRABA FRENTE A SU ESTANCIA QUE DE QUIEN ERA EL CALCETÍN ME RESPONDIÓ CON TOMO DE VOZ FUERTE Y CON AMENAZAS "FÍJESE BIEN PINCHE OFICIAL, NO SE PASE DE VERGA, ADEMÁS SI ME VAS A REPORTAR CHINGUE A SU MADRE OFICIAL", LO CUAL ME RETIRÉ E INFORMÉ A CONTROL, ASÍ MISMO A COBRA 35, REVISANDO EL VIDEO ME CONFIRMA QUE EL EXPEDIENTE ___ LE ESTABA PASANDO EL OBJETO AL EXPEDIENTE ___ UBICADO EN LA ESTANCIA __ NIVEL __ SECCIÓN __, LO CUAL AL REVISAR EL CALCETÍN ME PERCATÉ QUE TENÍA CAPSULAS DE COLOR AMARILLO CON LOGOTIPO 6/SO LILLY 3233, POR LO CUAL ME COMUNICO AL ÁREA MÉDICA PARA DARLE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDICAMENTO Y ASIMISMO SABER QUE TIPO DE MEDICAMENTO ES LO CUAL ME INFORMA JIMÉNEZ ARIAS JOSÉ, DE ENFERMERÍA QUE AL PARECER ES MEDICAMENTO CONTROLADO DE NOMBRE OLANZAPINA/FLUOXATINA." Respecto de lo cual, el quejoso manifestó: "Yo no fui quien tenía eso, por eso le dije eso al oficial le dije que no se pusiera verga, si lo ofendí de esa manera pero no (tres palabras ilegibles) porque él se aferró a que yo había sido"; sin ofrecer prueba alguna de su dicho. De ahí que efectivamente cobró aplicación el artículo 75, fracción XIV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, dado que en tales circunstancias debe tenerse por acreditado que alteró el orden y la disciplina del centro de reclusión; conducta que altera el orden y disciplina en dicho centro de reclusión, y que se encuentra sancionada por el diverso numeral 80, fracción III, de tal norma; además, de que la sanción que se le impuso fue la mínima. Artículo 75.- Son infracciones cometidas por los internos: [.] XIV. Alterar el orden y la disciplina del Centro Federal; [.] Artículo 80.- Las infracciones cometidas por los internos serán sancionadas según su naturaleza mediante: [.] III. Restricción de tránsito a los límites de su estancia, suspensión total de estímulos incluyendo la visita familiar e íntima durante un período de 76 a 120 días, cuando se trate de las infracciones señaladas por las fracciones I, XII a XXXIV del artículo 75 del Reglamento. Por último, en cuanto a lo que aduce el quejoso en el sentido de que sufrió discriminación y maltrato verbal, psicológico y físico; también se estima infundado tal argumento, puesto que de las constancias de autos ello no se advierte, ya que, como se vio, la corrección disciplinaria que se le impuso obedeció a la infracción que cometió al Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, razón por la que se inició un procedimiento que se sujetó a las normas generales aplicables, en el que la autoridad responsable le otorgó la garantía de audiencia y que culminó con el dictado de una resolución fundada y motivada, con relación a la cual también se le hizo saber el derecho que tenía para inconformarse. En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación, y no advertirse queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado por la parte quejosa. SEXTO.- Vista al Ministerio Público de la Federación.- Dado que el quejoso alegó en la demanda que fue víctima de tortura física, moral y psicológica por parte de las responsables; con fundamento en el artículo 11 de la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, se ordena dar vista al Ministerio Público Federal, al tratarse de una conducta ilícita atribuida a servidores públicos federales, para que proceda conforme a sus atribuciones; por lo que notifíquese por oficio esta sentencia al Agente del Ministerio Público adscrito. Por lo expuesto y fundado, se Resuelve Primero.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Luis Serrano González, contra los actos reclamados Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y otras autoridades, por las razones dadas en considerando quinto de esta sentencia. Segundo.- Se da vista al Ministerio Público de la Federación, por las razones dadas en considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe, el veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, en que concluyó el engrose de esta sentencia. Conste.
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