Jorge Mariano Arellano Guzman

Expediente 937/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
937/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Mariano Arellano Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, como de la constancia secretarial se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, suscrito por el promovente precisado en supra líneas, a través del cual hace suya la demanda de garantías promovida por su menor hijo -; asimismo, manifiesta que no cuenta con inconveniente alguno para acudir ante este órgano jurisdiccional a solicitar el amparo y protección de la justicia de la unión, respecto de los actos de autoridad precisados en el escrito inicial de demanda; en tal virtud, se procede a proveer en relación con la demanda de amparo. Atento a lo anterior, del análisis del líbelo constitucional, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "Los autos de fechas 26 veintiséis y 30 treinta de agosto de 2022 dos mil veintidós, emitidos dentro de la Orden de Protección Verbal número - e indebidamente dentro del Juicio Especial Oral Familiar enumero -, que sobre GUARDA Y CUSTODIA y Otras prestaciones promoviera mi señora madre-, en ese entonces actuando como mi Representante Legal, frente a mi señor padre -." Ahora, toda vez que por auto de veintiséis de agosto del presente año, el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, determinó que la autoridad competente para conocer de la solicitud de orden de protección,custodia del menor quejoso en favor de -, así como escuchar para ello a éste, era la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por existir estrecha relación entre la medida solicitada, con el asunto - de su índice; y por su parte, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, con data treinta siguiente, proveyó que el cambio de guarda y custodia, implica un aspecto netamente autónomo, por lo que debe para ello promoverse un juicio al ,que por fuerza recaiga una sentencia constitutiva que determine el nuevo estado jurídico, como se pretende, por lo que dejó expeditos los derechos del promovente para que los haga valer en la forma que mejor convenga a sus intereses. Precisado lo anterior, el suscrito considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el 107 fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, por lo siguiente: En efecto, el ordinal 61, fracción XVIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, en lo conducente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Por tanto, el juicio de amparo intentado deviene improcedente, pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Con relación a este principio, el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en su libro "El Juicio de Amparo", 27a. Edición, Editorial Porrúa, página 383, manifiesta lo siguiente: "El principio de la definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente." Así encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso ordinario que proceda. Para explicar los alcances de dicha disposición resulta aplicable en lo conducente el criterio establecido en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De la lectura de la fracción en comento y del criterio jurisprudencial trascrito, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia que: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. De lo anterior se colige, que el medio de defensa que debe tener a su alcance el quejoso para impugnar la determinación del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la determinación impugnada. Expuesto lo anterior, se está en posibilidad de indicar que los actos combatidos en la presente vía constitucional no tienen el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto de éstos pudo hacerse valer el recurso previsto en el numeral 1092 Código Familiar para el Estado de Michoacán, aplicable al juicio de origen. Se sostiene lo anterior, en base al contenido del ordinal invocado, que dice: "Artículo 1092. Solo la sentencia definitiva, los autos y las sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento son apelables, con las excepciones previstas en este Código. Para la sentencia definitiva, se admitirá en efecto devolutivo; para los autos y sentencias interlocutorias que pongan fin al procedimiento, será admisible en ambos efectos. La impugnación contra las demás resoluciones que se pronuncien durante el procedimiento, se hará valer como agravio simultáneamente con los que se expresen contra la sentencia definitiva." Del precepto legal trascrito, resulta evidente que en el presente caso, procede el recurso antes aludido, el cual constituye un medio ordinario de defensa idóneo que tiene por objeto anular las determinaciones impugnadas, y por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que hayan comparecido al juicio, a fin de que las autoridades responsables, se pronuncien específicamente al respecto. Motivo por el cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa mediante el cual pudieron ser nulificados los actos de autoridad de que se duele. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en dicho precepto legal, ya que: 1. El acto reclamado es proveniente de un tribunal judicial; 2. El citado recurso se encuentra previsto en la ley que rige el acto; 3. Ese medio de defensa, se da dentro del procedimiento en que se emitieron los actos reclamados y, 4. Por virtud de los mismos, los actos reclamados pueden ser nulificados por las autoridades responsables. Sentado lo anterior, es incontrovertible que antes de promover el juicio constitucional, el impetrante de amparo tenía la obligación insoslayable de acudir a tal medio revisor; para que con ello, se pudiere confirmar, o nulificar el acto aquí reclamado, lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, el recurso ordinario previsto en el cuerpo de leyes normativo. Puntualizado lo anterior, es permisible sostener que el medio idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama es el recurso previsto en el artículo 1092 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y al no haber procedido así la parte quejosa, no se agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracciones XVIII, y 107 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías que nos ocupa, contra los actos reclamados a los Jueces Tercero y Sexto, ambos de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial, por las razones que precisadas quedaron en líneas que anteceden. En términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo al correo oficial de este órgano jurisdiccional (2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual es menester que realice el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que genere un nombre de usuario, de conformidad con los artículos 3, fracción I, 6, 16 y 18 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene al promovente por señalado domicilio en esta Ciudad para recibir notificaciones y como autorizado para tal efecto en términos del numeral 12 de la Ley de la Materia, al licenciado -, toda vez que como quedó asentado en la constancia secretarial, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Como se desprende de la constancia secretarial de cuenta, que el proveído de siete de septiembre del año en curso, pronunciado dentro del presente juicio de amparo, no se encuentra publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; por tanto, se ordena la publicación del mismo en esta data. Notifíquese.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., contra actos de los Jueces Tercero y Sexto, ambos Orales Familiares de este Distrito Judicial, regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-937/2022-2. Ahora bien, previo a determinar lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción I, 112 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Que... acredite con documento idóneo, estar impedido o bien indique si se niega a promover el presente asunto. Lo anterior a efecto de satisfacer los extremos del numeral 8º. Del Ordenamiento Legal de la materia, que a la letra dice: "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda." No pasa desapercibido para ésta autoridad que el líbelo constitucional de mérito, fue suscrito por ... en cuanto promovente y firmado en forma conjunta por J..., sin especificar en calidad de qué asienta su firma; no obstante, lo anterior pone de manifiesto que éste último, no se halla ausente, no se desconoce su existencia o identidad, ni está impedido para acudir al presente juicio, además, de que no invoca razón alguna respecto a posible conflicto de intereses. APERCIBIMIENTO En la inteligencia que de no cumplir con la prevención que en este acuerdo se le formula, se procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del citado numeral 114 de la ley de la materia, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Notifíquese personalmente.

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