Jorge Manzo Bedolla

Expediente 681/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
681/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Jorge Manzo Bedolla

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable; atento a su contenido, téngasele por acusando recibo respecto del diverso oficio 7020, relativo al acuerdo de archivo, mediante el cual se le remitió el expediente -; lo cual será tomado en consideración para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a siete de julio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial, se aprecia que el término de cinco días que establece el numeral 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de garantías ha fenecido, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia se declara que dicho acuerdo queda FIRME, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial existe un expediente original pendiente de devolver a la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvase al Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el expediente -, que remitió como anexo a su informe con justificación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.

  3. Principal

    Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el auto de quince de mayo del año en curso que señala "Morelia, Michoacán, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio número 4108/2023, que remite el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia relativo al juicio de amparo directo número 230/2023, promovido por -, apoderado jurídico de -, propietario del hospital -", la demanda de amparo promovida por éste, informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, al que adjuntó el juicio laboral - y constancia de emplazamiento a la parte tercero interesada. En consecuencia, de conformidad con el numeral 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de garantías de que se trata. Acúsese el recibo correspondiente, anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-681/2023-2. Ahora, del análisis de la demanda de garantías y constancias que remitió la autoridad responsable para apoyar su informe justificado, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".la resolución interlocutoria dictada dentro del expediente número -, de fecha 09 nueve de marzo del 2023 dos mil veintitrés." Resolución en la que se determinó lo siguiente: ".PRIMERO.- Se declara procedente el incidente de reposición de autos tramitado por ésta Junta respecto del expediente ordinario laboral número -, acorde con los razonamientos establecidos en el considerando tercero de ésta resolución. SEGUNDO.- Se declaran repuestos los autos del contencioso número -, para los efectos legales correspondientes, de acuerdo con los argumentos plasmados en el considerando tercero de ésta resolución. TERCERO. Se ordena levantar la suspensión trabada sobre el procedimiento y consumar el acto procesal que en derecho corresponda en la presente contienda.". Razonamientos señalados en el considerando tercero de la resolución reclamada que son: ".TERCERO.- En este apartado se estudiaran las constancias aportadas por la parte actora: DOCUMENTALES PROVINIENTES DE PARTE consistentes en: (.) DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en: (.) Una vez estudiada la totalidad de las documentales en cita, se está en condiciones de establecer que se encuentran íntimamente vinculadas con el presente conflicto de trabajo y se les concede pleno valor demostrativo en términos del artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, para tener acreditado que son constancias duplicadas de las originales que formaron parte del contencioso -. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA e INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. (.) Una vez que han sido valoradas las pruebas ofrecidas por la actora, este Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, determina que de la constancias que fueron ofrecidas por la parte actora se llega al convencimiento que se encuentran glosadas en autos las principales constancias que integran el expediente -, por lo tanto resulta procedente el incidente de reposición de autos como ya se refirió, de manera que deberá de continuarse el presente procedimiento consumándose el acto procesal que en derecho corresponda.". Asimismo, del contenido del juicio de origen en comento, se aprecia que con fecha veintisiete de marzo del año en curso, la autoridad responsable despacho auto de ejecución en contra de la parte demandada y comisionó al actuario de su adscripción a efecto de que realizara la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Ahora bien, el artículo 113 de la ley de amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Para aclarar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto legal 113 de la Ley de Amparo. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". El numeral trascrito autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que se exponen, la tesis de jurisprudencia número 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En efecto, respecto del citado acto reclamado a la autoridad responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, del texto literal siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: " (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior..." Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. En este sentido, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama la interlocutoria dictada dentro del expediente número -, con fecha nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que se declaró procedente el incidente de reposición de autos, declaró repuestos los autos del referido juicio y ordenó levantar la suspensión para consumar el acto procesal que en derecho correspondiera. Acto procesal relativo a la etapa de ejecución, pues con fecha veintisiete de marzo del año en curso, la autoridad responsable despacho auto de ejecución en contra de la parte demandada y comisionó al actuario de su adscripción a efecto de que realizara la diligencia de requerimiento de pago y embargo. De modo tal que, en concepto del suscrito, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de amparo, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento de ejecución, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En ese contexto, como se anticipó, la demanda de amparo respecto del acto antes referido deviene improcedente, toda vez que el hecho de que la autoridad responsable, haya ordenado levantar la suspensión del procedimiento, para consumar el acto procesal que en derecho correspondiera, con motivo del incidente de reposición de autos, haya despacho auto de ejecución en contra de la parte demandada y comisionado al actuario de su adscripción a efecto de que realizara la diligencia de requerimiento de pago y embargo, no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución dentro de dicho juicio, para los efectos de procedencia del juicio de amparo, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, dicho acto reclamado no es el último dictado en el procedimiento de ejecución de laudo, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar el laudo dictado en el juicio natural; sin embargo, el acto reclamado no constituye la última resolución; de ahí que, si se ha determinado que no procede el amparo contra los actos que tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar el laudo dictado en el juicio natural, sino hasta que se dicta la última resolución del procedimiento de ejecución, entonces, la resolución combatida es de la misma naturaleza jurídica de aquéllos; por lo que, se insiste, será hasta en tanto se emita la resolución en la que se declare el cumplimiento total a lo sentenciado en el juicio de origen, o bien la imposibilidad de su cumplimiento, cuando podrá acudir al juicio de amparo, en la que podrá combatir todas las violaciones que estime se cometieron durante ese periodo de ejecución. En ese contexto, la demanda de amparo, respecto del acto multicitado, resulta improcedente habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de laudo, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de laudo gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por el quejoso aún no se emite. Aplica a lo anterior la jurisprudencia con número de registro 163152, publicada en la página 6, Tomo XXXII, Enero de 2011, sustentadas por el Pleno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Así como, la tesis aislada XVII.2o.C.T.23 L (9a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 159885, Materias(s): Común, Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 2067, de rubro y texto: "INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS EN MATERIA LABORAL. SI DE LAS CONSTANCIAS EXHIBIDAS POR LAS PARTES NO OBRAN LAS RELATIVAS AL DESAHOGO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y, NO OBSTANTE LA JUNTA RESUELVE, ELLO ORIGINA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DICHA OMISIÓN AFECTE LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCIENDA AL RESULTADO DEL FALLO. Del artículo 726 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que el objeto del incidente de reposición de autos es recabar todos los elementos, constancias y copias que obren en poder de las partes, a fin de restaurar total o parcialmente, con la mayor exactitud, fidedignamente y sin alteración o sustituciones, el estado que tenía el expediente antes del extravío, siendo la premisa fundamental la precisión y fidelidad de los autos repuestos, lo cual responde a una finalidad de seguridad jurídica e impide que sean repuestos documentos apócrifos. Por tal motivo, durante el trámite de la incidencia, la Junta no está obligada a desahogar pruebas que hayan sido recibidas en el juicio y cuyas constancias no obren en el expediente por no haberse exhibido por las partes, atento a que el desahogo o "reposición" de una diligencia no es el objetivo del incidente de reposición de autos. Sin embargo, tal circunstancia no exime a la Junta de realizar las gestiones necesarias a fin de lograr el esclarecimiento de la verdad y de los hechos controvertidos, en términos de la facultad que para mejor proveer le otorgan los artículos 782 y 886 de la citada ley, ello a fin de contar con elementos que le permitan resolver la litis sometida a su potestad. En ese contexto, si de las constancias repuestas se advierte la admisión de diversas pruebas ofrecidas por las partes, no así de las relativas a su desahogo y, pese a ello la Junta resuelve la controversia, dicho actuar origina una violación a las leyes del procedimiento análoga a la prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, al no recibir las pruebas ofrecidas por alguna de las partes, siempre y cuando esa omisión afecte sus defensas y trascienda al resultado del fallo." En tales circunstancias, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, motivo por el que debe desecharse de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo en análisis. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene a la parte quejosa por señalado domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y por autorizados para tal efecto, a la abogada que indica, toda vez que no cumple con los requisitos que establece el numeral 12 de la ley de la materia, como se aprecia de la constancia secretarial que antecede. Notifíquese personalmente." Lo anterior con fundamento el artículo 27 fracción I inciso c de la ley de Amparo

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