Jorge Manuel Valladares Lavín

Expediente 858/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
858/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Manuel Valladares Lavín
  • Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado en Materia de Amparo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de octubre de dos mil veintitrés. Atento al estado procesal de autos, se advierte que en proveído de treinta y uno de agosto de la presente anualidad, se señaló audiencia constitucional para el diecinueve de octubre del año que transcurre; sin embargo, el suscrito juzgador se encontrará de licencia del dieciocho al veinte del mes y año en curso, y el encargado del despacho en términos del artículo 44, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, no se encuentra autorizado para resolver en definitiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, SE DIFIERE ANTICIPADAMENTE la audiencia constitucional señalada para el diecinueve de octubre próximo y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva fecha para su verificativo. Notifíquese en términos de ley.

  2. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 858/2023, promovido por ********************, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se tienen: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda. A lo anterior, el juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que ni las partes, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado, los formularon, por lo que se cierra este período, y el juez, procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 858/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia familiar con residencia en Veracruz, Veracruz 46 Cierto Resuelto 2. Actuaria Adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz. 74 Cierto 3. Delegado de la Policía Estatal Región XXIII, Conurbación Veracruz-Boca del Río, con residencia en Boca del Río 78 Niega Desvirtuar De las que reclama: La orden de protección de emergencia otorgado a favor de la aquí tercero interesada ********************en contra del aquí quejoso, para que no se acerque al domicilio donde habita la tercero interesada en compañía de sus menores hijos. En acuerdo del pasado treinta y uno de agosto, este Juzgado negó la suspensión provisional del referido acto, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. SEGUNDO. En interlocutoria de trece de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado resolvió la suspensión definitiva en relación con el acto reclamado de la autoridad identificada con el número 1; reservándose por las autoridades 2 y 3. Por acuerdos del pasado dieciocho y veintiuno de septiembre, se recibieron los informes previos de las autoridades marcadas con los números arábigo 2 y 3, por lo que la presente audiencia se resolverá en torno a la suspensión solicitada respecto del acto reclamado a estas. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia es el que ha quedado precisado en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 2. Actuaria Adscrita al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, reconoció la existencia del acto reclamado, como se advierte de su informe previo. Por otro lado, la autoridad responsable 3. Delegado de la Policía Estatal Región XXIII, Conurbación Veracruz-Boca del Río, con residencia en Boca del Río, negó el acto que se le imputa; sin embargo, ya que tiene el carácter de autoridad ejecutora, y por la naturaleza jurídica de las funciones que tiene encomendadas, debe tenerse el acto como de inminente ejecución, pues en cualquier momento puede recibir la orden para su ejecución, respecto del aquí quejoso ya que la autoridad ordenadora 1. Juez Octavo de Primera Instancia en Materia familiar con residencia en Veracruz, Veracruz, reconoció el acto que se le imputa; lo anterior, en observancia además a la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que lo solicite la parte quejosa; Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como aspectos básicos relacionados con la figura de la suspensión de los actos reclamados, cabe señalar que, por regla general, su objeto es detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias se consumen destruyendo la materia del amparo o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, desde luego, siempre que reúnan los requisitos de procedencia; asimismo, otro de dichos aspectos, estriba en que la suspensión puede otorgarse cuando la naturaleza del acto lo permita y siempre que no se afecte al interés general ni se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; además de que dichas figuras se ven afectadas, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Así también, debe ponderarse que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y que cuando se trata de resolver sobre la suspensión del acto reclamado el juzgador debe ponderar simultáneamente el interés del quejoso frente al perjuicio social o al orden público, atendiendo justamente a los principios mencionados de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Aquí conviene precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, al definir el orden público y el interés social, estableció, que esa función le corresponde al legislador al dictar una ley, pero la misma no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar la existencia en los casos concretos que se les someta para su fallo; y que el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 129 de la Ley de Amparo, para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez ha señalado el Alto Tribunal en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo expuesto se advierte de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del informe 1973, parte II, de la Séptima Época, página 44, la cual es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría". De lo anterior se sigue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que ambos conceptos (orden público e interés social) se encuentran íntimamente vinculados, y que estos se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría; pero sobre todo, que tanto la Constitución como la propia Ley de Amparo conceden primacía al interés social y al orden público sobre el interés de los particulares. En efecto, al respecto ha puntualizado que fuera de los casos que expresamente se consignan en la ley de la materia, el legislador deja al prudente arbitrio del juzgador determinar, atendiendo a las características del caso concreto, cuándo debe entenderse que se afecta el orden público o el interés social, a fin de resolver sobre la suspensión del acto reclamado, sin que lo anterior quiera decir que la determinación correspondiente sea arbitraria, ni que, en su caso, esté vedado recibir las pruebas que la Ley de Amparo autoriza en el incidente de suspensión. Por su parte, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social". De lo expuesto deriva que el órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. Asimismo, el primer precepto legal transcrito (128), condiciona la concesión de la suspensión, entre otros requisitos, a que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; de tal manera que, para determinar si existe ese tipo de afectación, basta que el acto de autoridad persiga un beneficio de necesaria consecución para la colectividad, toda vez que en ese supuesto, y únicamente para efectos del incidente de suspensión, se justifica la restricción a derechos de los gobernados mientras se resuelve en el fondo el juicio de amparo. Por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo, basta con que el acto reclamado se refiera a alguna de las hipótesis que de manera ejemplificativa señala dicho numeral, o alguno otro análogo a los mismos, para que la suspensión sea improcedente; pues, como ya se dijo, al no estar definidos en la Constitución ni en la aludida ley reglamentaria todos los casos en los que se afecta el orden público o el interés social, fuera de los que expresamente se enuncian dicho precepto legal, el legislador deja al prudente arbitrio del juzgador, atendiendo a las características del caso concreto, resolver sobre la suspensión del acto reclamado y, en ese sentido, es menester sopesar el perjuicio que podría sufrir el interés colectivo perseguida con los actos de autoridad, frente al perjuicio que podría resentir la parte quejosa con la ejecución de estos y el alcance o la irreparabilidad de la afectación a los derechos en disputa, en caso de que sea concedido el amparo a la parte quejosa. Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se aprecia que se solicitó la medida cautelar respecto del acto reclamado consistente en: El acuerdo de ocho de agosto del año en curso, que decretó la medida de protección de emergencia, solicitada por la parte actora del juicio natural, para el efecto de que el ahora quejoso, no se acerque al domicilio que habita ********************en compañía de sus menores hijos, ante un aducido caso de violencia ejercido en contra de los demandantes dentro del juicio natural. En este contexto, resalta que para el otorgamiento de la suspensión, además de observarse los requisitos contemplados en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite la parte quejosa, que con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; así como los requisitos naturales consistentes en que el acto reclamado sea cierto en términos del informe que rinda la autoridad responsable y de las constancias de autos que acompañe al efecto, y que sea susceptible de ser suspendido, es decir, que se trate de un acto positivo o negativo con efectos positivos. El Juez de Amparo debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de conformidad con el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, mientras se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, se dicte sentencia ejecutoria en el amparo. Ilustra lo anterior, la tesis XXIII/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de mayo de 2016, página 1376, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." Así, la apariencia del buen derecho implica para el juzgador una vista al fondo del asunto, previendo la irreparabilidad de los derechos que se aducen vulnerados por el acto de autoridad reclamado, sin que ello implique un estudio de fondo de la litis constitucional, que sólo puede ser materia de la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de amparo respectivo. Por su parte, el artículo 4° Constitucional establece el interés superior del niño, el cual también está previsto en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en algunas legislaciones que rigen los derechos de los menores en los Estados de la Federación. Este principio implica en el ámbito legislativo, que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; en tanto que en el ámbito jurisdiccional, es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor, de manera que, conforme a este principio, se debe hacer una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Sirve de apoyo a lo anteriormente apuntado la jurisprudencia 1a./J 44/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 270, que señala lo siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional." En la especie, atento a los criterios relevantes para la determinación del interés superior del menor, en todos aquellos casos en que esté de por medio su situación familiar y que se mencionan en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes inserta, a saber: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así como, con base en las circunstancias específicas del caso en concreto, con el fin de llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para los menores, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, este órgano jurisdiccional considera que se debe NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada, pues como el propio quejoso lo manifiesta en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, el Juez responsable otorgó la medida de protección de restricción de acercarse al que fuera el domicilio conyugal, y que actualmente habitan ********************en compañía de sus menores hijos, ante la aducida conducta desplegada por el ahora quejoso, de agresión en contra de su cónyuge por conducto de sus menores hijos, a través de manifestaciones verbales, que le provocan miedo y zozobra ante el temor de que llegue a la agresión física en cualquier momento. Con base en lo anterior, este Juzgador considera que lo más conveniente, a este momento, es que subsista la determinación del Juez responsable en el sentido de que subsista la medida de restricción decretada, puesto que se estima que con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se pretende evitar algún grado de riesgo para el bienestar y desarrollo de los menores de edad y su progenitora, ante un posible hecho generador de violencia, que ponga en riesgo el desarrollo psicológico, físico y emocional de los infantes y su progenitora; caso contrario, de otorgarse la medida suspensional para el efecto de suspender la medida de protección reclamada, existe la posibilidad de riesgo de que los menores involucrados y su madre, puedan sufrir algún trastorno emocional o incluso alguna afectación física. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis l.4o.C 252 C del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 2236, registro 165382, materia civil, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA TRATÁNDOSE DE CUSTODIA DE MENORES. PARA CONCEDERLA O NEGARLA DEBE ATENDERSE AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. De lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en relación con los párrafos sexto a noveno del artículo 4o. constitucional, se obtiene que para valorar si se satisfacen los requisitos para conceder la suspensión definitiva, consistentes en no seguir perjuicio al interés social ni contravenir disposiciones de orden público, o no causar daños y perjuicios de imposible reparación, en casos de custodia de menores de edad, el Juez de Distrito debe inclinarse por el mayor beneficio para el interés superior del menor. De esta manera, concederá la medida cautelar, si la situación de los menores sin la ejecución de los actos reclamados representa mayores garantías para sus intereses y, el surtimiento de los efectos del acto reclamado genera mayores riesgos para su bienestar y desarrollo; y debe negarla, si con el mantenimiento de las cosas en el estado en que se encuentran, se produce algún grado de riesgo para tal bienestar y desarrollo. Lo anterior, considerando que la sociedad ha manifestado su permanente interés en que se proporcionen a los niños los satisfactores, los cuidados y la asistencia necesarios para lograr su crecimiento y desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, el cual se ha erigido en interés superior de la Nación, en la legislación mexicana y en la normatividad del orden internacional, por lo que, si el interés superior tutelado por distintas normas jurídicas de orden público radica en dirigir todas las acciones, programas y decisiones de las autoridades, y de los gobernados inclusive, en pro del bienestar y mejor desarrollo familiar y social de la niñez, es inconcuso que los tribunales competentes para conocer y decidir sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, deben obrar en igual sentido, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por tanto a este momento, se concluye que es prudente que los niños y su madre, permanezcan un ambiente sano libre de violencia, pues dicha decisión se rige por el principio del interés superior del menor, así como el mandato de protección específico al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 31/2014 (10a ), que es visible en la página 451 del Libro 5, Abril de 2014, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto prevén: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales; y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social." No se desatiende que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su numeral 9.1, dispone que uno de los derechos primordiales de los menores, radica en no ser separado de sus padres, no obstante ello, dicha circunstancia puede acontecer siempre y cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del niño, de ahí que, si existen datos o indicios que hacen suponer que su estadía de los menores con los demandados no resulta benéfico para éstos, o bien, perjudicial, y por el contrario que existen motivos que reflejan que los menores deben encontrarse en custodia y guarda, se estima que por el momento deben proseguir dichas medidas de guarda y custodia, así como de protección. Es importante destacar que como el mismo quejoso lo refiere, el Juez responsable ordenó convivencias por medios electrónicos con sus menores hijos, y con esta forma se preserva el derecho de mantener contacto directo con ellos, salvaguardando las relaciones familiares y por otro lado, se satisface la obligación de proteger de manera preventiva a los menores. En ese sentido, la convivencia entre los menores con el ahora quejoso, no sólo busca facilitar la convivencia entre éstos, sino, además, proteger a los menores contra toda forma de perjuicio emocional y psicológico que les pudieran ocasionar por parte de su progenitor; no se desatiende que el impetrante de amparo señala que en algunas expresiones de los menores se advierte aleccionamiento por parte de su madre, sin embargo, debe priorizarse la posibilidad de riesgo hacía los menores en caso de variarse la medida de protección decretada. Sobre el particular, se resalta que cuando se advierta un riesgo, por mínimo que este sea, que comprometa la seguridad o integridad del niño, niña, adolescente, debe la autoridad tomar las medidas preventivas de protección con la inmediatez que la urgencia y peligro del caso concreto requiera. En consecuencia se niega la suspensión definitiva solicitada por el impetrante del amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA a ********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.Así lo resolvió y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ana Guadalupe Mexía Andrade, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el 3. Delegado de Policía Estatal Región XXIII, Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el 3. Delegado de Policía Estatal Región XXIII, Conurbación Veracruz, con sede en Boca del Río; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su INFORME PREVIO; por tanto, hágase del conocimiento a las partes, así como su relación al celebrarse la audiencia incidental respectiva, como lo establece el artículo 144 de la mencionada ley. Notifíquese en términos de ley.

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