Jorge Manuel Valladares Lavin
Expediente 753/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 01/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Manuel Valladares Lavin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por Erika Aurora Martínez de Gante, en su carácter de tercero interesado, mediante el cual solicita la expedición de copias certificadas de todo lo actuados; al respecto, dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual, se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada el proveído de diecinueve del mes y año en curso, como se encuentra ordenado mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el último plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual realizó la parte quejosa con antelación mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cinco del mes y año en curso. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a********************Inconforme con dicha determinación el referido quejoso interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, revocó la sentencia combatida para el su lugar conceder el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".La responsable Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número ********************, hasta el emplazamiento. Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Asimismo, en acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de cinco de diciembre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio número 10879/2022, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual informó que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil ********************-VIII, a partir de la diligencia de emplazamiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Posteriormente, con el oficio sin número signado conjuntamente por el Juez, Secretario y oficial administrativo en funciones de actuario, todos adscritos al Juzgado de lo Familiar responsable, anexando copia certificada de la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, de la cual se aprecia que determinó que la diligencia de emplazamiento realizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, incumple con las formalidades de ley. Lo anterior, tomando en consideración lo estipulado por el Máximo Tribunal respecto al emplazamiento realizado a ********************, el cual resultó ilegal; toda vez que de la citada diligencia se aprecia que el actuario omitió describir los anexos entregados a la persona con quien a tendió la misma. Es decir, en el acta el acuario notificador omitió indicar y establecer cuáles son los anexos documentales con lo que corrió traslado, lo cual constituye violación procesal que da origen a la omisión de las formalidades del procedimiento, como el derecho de audiencia, debido proceso y certeza jurídica, de conformidad con las normas constitucionales. Asimismo, consideró relevante lo estipulado en artículo 76 de Código Procesal Civil, que dispone que en los casos de emplazamiento, deben dejarse copias simples de la demanda, así como de los documentos que acompañan, como son propuestas de convenio en términos del artículo 142 del Código Civil Estado, acta de registro civil y de nacimiento. Lo anterior adquiere relevancia si consideramos que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento es precisamente que el demandado tenga conocimiento cierto y completo, para estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la adecuada defensa. En ese sentido, el Juez de lo Familiar determinó que la diligencia realizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no cumple con la formalidad de describir los anexos que se entregaron en el acto de la diligencia, incumpliendo con lo establecido en el numeral 76 de Código Procesal Civil. Finalmente, se aprecia que se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio ********************, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, y todas aquellas diligencias derivadas del citado llamamiento a juicio; asimismo, ordenó librar oficio al encargado del Registro Civil de Minatitlán, Veracruz, dejando sin efectos la orden de inscripción de sentencia de divorcio, al resultar de la nulidad del acto procesal. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento, a partir de la multicitada diligencia, dejando sin efectos las actuaciones subsecuentes, ordenando el emplazamiento del aquí quejoso en el domicilio señalado en actuaciones, en términos del auto de veintiséis de febrero y diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por el quejoso, en la que refiere que se le tenga como domicilio ********************y como autorizado a los profesionistas ********************a fin de que el juzgado responsable, le notifique las actuaciones siguientes, dígase que dicha solicitud deberá gestionarla en dicha instancia, puesto que este órgano de control constitucional únicamente se ocupara de los lineamientos marcados en la ejecutoria de amparo y que a consideración se encuentran cumplidos por los motivos que aquí quedaron precisados. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, (definitiva) tal como se aprecia de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 753/2021, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que concluyó el último plazo otorgado a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, lo cual realizó la parte quejosa con antelación mediante escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el cinco del mes y año en curso. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora, en sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Manuel Valladares Lavín. Inconforme con dicha determinación el referido quejoso interpuso recurso de revisión, el cual por cuestión de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con sede en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, revocó la sentencia combatida para el su lugar conceder el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: ".La responsable Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 320/2021, hasta el emplazamiento. Reponga el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Asimismo, en acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de cinco de diciembre siguiente, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Ello es así, toda vez que obra en autos el oficio número 10879/2022, signado por el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia con sede en Veracruz, Veracruz, con el cual informó que ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil 320/2021-VIII, a partir de la diligencia de emplazamiento de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Posteriormente, con el oficio sin número signado conjuntamente por el Juez, Secretario y oficial administrativo en funciones de actuario, todos adscritos al Juzgado de lo Familiar responsable, anexando copia certificada de la resolución de uno de diciembre de dos mil veintidós, de la cual se aprecia que determinó que la diligencia de emplazamiento realizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, incumple con las formalidades de ley. Lo anterior, tomando en consideración lo estipulado por el Máximo Tribunal respecto al emplazamiento realizado a Jorge Manuel Valladares Lavín, el cual resultó ilegal; toda vez que de la citada diligencia se aprecia que el actuario omitió describir los anexos entregados a la persona con quien a tendió la misma. Es decir, en el acta el acuario notificador omitió indicar y establecer cuáles son los anexos documentales con lo que corrió traslado, lo cual constituye violación procesal que da origen a la omisión de las formalidades del procedimiento, como el derecho de audiencia, debido proceso y certeza jurídica, de conformidad con las normas constitucionales. Asimismo, consideró relevante lo estipulado en artículo 76 de Código Procesal Civil, que dispone que en los casos de emplazamiento, deben dejarse copias simples de la demanda, así como de los documentos que acompañan, como son propuestas de convenio en términos del artículo 142 del Código Civil Estado, acta de registro civil y de nacimiento. Lo anterior adquiere relevancia si consideramos que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento es precisamente que el demandado tenga conocimiento cierto y completo, para estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la adecuada defensa. En ese sentido, el Juez de lo Familiar determinó que la diligencia realizada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, no cumple con la formalidad de describir los anexos que se entregaron en el acto de la diligencia, incumpliendo con lo establecido en el numeral 76 de Código Procesal Civil. Finalmente, se aprecia que se ordenó dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio 320/2021, a partir de la diligencia de emplazamiento de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, y todas aquellas diligencias derivadas del citado llamamiento a juicio; asimismo, ordenó librar oficio al encargado del Registro Civil de Minatitlán, Veracruz, dejando sin efectos la orden de inscripción de sentencia de divorcio, al resultar de la nulidad del acto procesal. Asimismo, ordenó reponer el procedimiento, a partir de la multicitada diligencia, dejando sin efectos las actuaciones subsecuentes, ordenando el emplazamiento del aquí quejoso en el domicilio señalado en actuaciones, en términos del auto de veintiséis de febrero y diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Sin que pase inadvertido para el suscrito las manifestaciones vertidas por el quejoso, en la que refiere que se le tenga como domicilio en la Calle Medellín número 75, de la Colonia formando hogar en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, y como autorizado a los profesionistas Heidy Prieto Domiguez y/o Claudia Juzrez Armenta, a fin de que el juzgado responsable, le notifique las actuaciones siguientes, dígase que dicha solicitud deberá gestionarla en dicha instancia, puesto que este órgano de control constitucional únicamente se ocupara de los lineamientos marcados en la ejecutoria de amparo y que a consideración se encuentran cumplidos por los motivos que aquí quedaron precisados. Sirve de apoyo a lo anterior, las razones expresadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 451/2016, de la que emanó la Jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, (definitiva) tal como se aprecia de la resolución de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por el quejoso Jorge Manuel Valladares Lavín; en atención a su contenido, téngase por desahogada la vista que se otorgó en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós y, por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración al emitir la resolución a que se refiere el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su segundo período vacacional, que comprende del dos al dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; según consta en el oficio CCJ/ST/5520/2022 signado por la Secretaria Técnico de la citada Comisión, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
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