Jorge Manuel Almendares

Expediente 556/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
556/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • JORGE MANUEL ALMENDARES y Otros.
  • Jorge Manuel Almendares
  • Titular de Oficina de Representacion del Instituto Nacional de Migracion En el Estado de San Luis Potosi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Visto el escrito de cuenta signado por Sofía del Rocío Ruiz Padrón, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en desahogo a la vista concedida en auto de doce de mayo de dos mil veintitrés, manifiesta que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, ya que la autoridad responsable no restituyó íntegramente las cantidades actualizadas que le corresponden a la aquí quejosa por concepto de pensiones de jubilación y viudez. Estado de autos. Del estado de autos, en específico el oficio 024.300.302.6.1125/2023 de diez de mayo del año en curso, signado por el Jefe de Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual realizó un desglose de los rubros y cantidades que integraron el pago de $711,869.80 (setecientos once mil ochocientos sesenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), realizado a la parte quejosa en enero del año en curso, con motivo de la ejecutoria de amparo, no se advierte tópico alguno referente a la actualización de tales cantidades. Requerimiento. En consecuencia, con copia autorizada del escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe si las cantidades que integraron el pago de $711,869.80 (setecientos once mil ochocientos sesenta y nueve pesos 80/100 moneda nacional), realizado a la parte quejosa en enero del año en curso, se encuentran debidamente actualizadas en términos de ley, y remita copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Debiendo tener en cuenta la autoridad responsable que en el punto 3, del considerando décimo, de la ejecutoria de amparo, se otorgó la protección constitucional para que ordenara el pago íntegro de las cantidades que correspondan a la quejosa por las pensiones de jubilación y viudez a las que tiene derecho y que indebidamente le han sido ajustadas por virtud de la aplicación del precepto declarado inconstitucional, en la inteligencia que debía reintegrarle la cantidad que dejó de pagarle que se hubieren ejecutado al amparo de la normativa declarada inconstitucional, lo cual conlleva que dichas diferencias se entreguen debidamente actualizadas, pues solo así es como se restituiría a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente". Apercibimiento. En caso que de no hacerlo así sin causa justificada, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 del ordenamiento legal en cita, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Noveno Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su cargo y su consignación, de conformidad con lo previsto en el artículo citado en primer término. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Ténganse recibidos los autos del juicio de amparo 635/2020-III, el testimonio de la ejecutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, pronunciada por el citado Tribunal en el amparo en revisión administrativo 486/2022 y tres cuadernos de pruebas. Acúsese el recibo de estilo, glósese el cuaderno de antecedentes previo desglose de las copias certificadas, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la ejecutoria que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: "...PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida. SEGUNDO. Es infundado el incidente de falsedad promovido por la parte tercero interesada, y por ello se deja insubsistente la vista ordenada al Agente del Ministerio Publico de la Federación, para que proceda conforme a sus atribuciones legales y con base en lo establecido en el artículo 261, fracción II, de la Ley de Amparo. TERCERO.- Se sobresee en el juicio de amparo indirecto número 635/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta Ciudad de San Luis Potosí, promovido por Erik Luna Fierro, contra la autoridad y por los actos precisados en el resultando primero de este fallo." Tomos de pruebas. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo del Ramo Civil de esta ciudad, los tomos de pruebas que remitió en vía de justificación al juicio en que se actúa. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el expediente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó el presente juicio, misma que mediante ejecutoria de trece de abril del año en curso, el cual fue reiterado por el Tribunal de Alzada, este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Documentos originales. Toda vez que la parte quejosa exhibió en el presente asunto un documento que por sus características debe ser devueltos, por tanto, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple de los mismos a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichas documentales podrán ser destruidas junto con el expediente. Destino de los incidentes. Ahora bien, toda vez que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo se concedió la suspensión definitiva; archívese por separado el cuaderno original del referido incidente, con la indicación de que es susceptible de susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años): conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En el mismo orden de ideas, con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Devolución de billete. Sin que haya lugar a devolver por el momento los billetes de depósito número N 870466, N 923948, N 897580 y N 897582, que exhibió el quejoso para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que a partir del uno de diciembre del dos mil veintidós, en el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a presentar promociones de forma electrónica. Asimismo, se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese por medio de lista; por oficio a las autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese únicamente a estos autos el oficio signado por la Directora General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional, toda vez que ya se resolvió en definitiva la suspensión en el presente incidente. Notifíquese por medio de lista.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Se acuerda oficio. Agréguese el oficio de cuenta que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Noveno Circuito, por medio del cual transcribe el acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, por el que causo estado el auto por el cual se desechó el recurso de queja 8/2023 interpuesto por la parte quejosa. Levanta suspensión de procedimiento. En virtud de lo resuelto por dicho Tribunal Colegiado, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se levanta la suspensión del procedimiento decretada por auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por lo que se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES, para la celebración de la audiencia constitucional. Estado de autos. Del estado de autos se advierte que en virtud de la suspensión del procedimiento decretada en auto de treinta de septiembre del año en curso, se reservó proveer sobre la recepción de la devolución del exhorto 494/2022, del índice de este juzgado, y toda vez que no compareció el perito ***, a las instalaciones del Juzgado exhortante, a aceptar el cargo conferido. En consecuencia, téngase a ***, como perito oficial en materia de grafoscopía; en tal virtud, hágase de su conocimiento el cargo conferido y requiérasele al referido perito para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, (i) se presente debidamente identificado con documento oficial, en las instalaciones que ocupa este juzgado federal, a efecto de que acepte y proteste el cargo que le ha sido conferido; y (ii) señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de San Luis Potosí. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de la materia. Notificación a perito oficial. Tomando en consideración que el perito propuesto por el Coordinador Estatal de Servicios Periciales en Zacatecas, tiene su domicilio fuera de esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, le notifique el presente auto. En la inteligencia de que en caso de entender personalmente la diligencia encomendada con el referido diestro, se faculta al diligenciario a efecto de que recabe la diligencia de aceptación del cargo que le fue conferido y levante la protesta respectiva, haciéndole saber que el capítulo V del Título Falsedad, del Código Penal Federal, correspondiente al delito de falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, específicamente en el artículo 247 Bis, establece una sanción de cinco a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al que examinado por autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho que se trate de averiguar o aspectos o cantidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando, u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal, o que aumente o disminuya su gravedad, o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden de técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie resolución sobre la materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan. Asimismo, deberá requerirlo para que en el acto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de San Luis Potosí. Para tal efecto, envíese copia del presente proveído, así como del cuestionario respectivo. Con apoyo en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Notifíquese por lista, personalmente al perito oficial ***, en los términos propuestos y a las partes que así lo ameritan, y por oficios al Tribunal Colegiado citado y autoridades responsables; y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

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