Jorge Luis Perez Barragan
Expediente 267/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Perez Barragan
- Juez Priimero del Ramo Civil En el Primer Distrito Judicial En Esta Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el auto dictado en este asunto el trece de abril del año que transcurre, en el que se sobreseyó en este juicio fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención; por tanto, comuníquese a las autoridades responsables esta determinación y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por auto dictado en este asunto el trece de abril del año que transcurre, se sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, mismo que causó estado con esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento susceptible de devolución presentado por las partes. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, archívense los cuadernos incidentales por separado y toda vez que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar; en consecuencia, el cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en dicho cuaderno incidental, algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, se declara que el duplicado respectivo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el anexo que remitió como complemento a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término concedido a la tercera interesada Ruth Meza Gallegos, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que hasta la fecha realizara manifestación alguna, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó en proveído de catorce de marzo del año en curso, por lo que con fundamento en el artículo 26, fracción III, de Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó en un tomo a su oficio de cuenta. De conformidad con el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, fórmese un cuaderno auxiliar por separado para su fácil manejo debidamente identificado -respetando folios, sellos y rúbricas que contienen- y comuníquese a las partes que éste queda a su disposición para consulta en la secretaría de este juzgado, por lo que al no obrar en éste expediente, no será digitalizado. Ahora bien, visto el estado de autos se advierte que la parte quejosa reclamó del Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, una orden de arresto, aprehensión, comparecencia o presentación. Dicha autoridad al rendir su informe justificado manifestó que el siete de marzo del año en curso, dentro del juicio extraordinario civil 1590/2016, dictó una orden de arresto en contra del aquí quejoso. Certeza que se corrobora con el tomo de constancias que remitió en copia certificada de dicho juicio la autoridad responsable como justificación a su informe de ley, en el cual obra el proveído de referencia, del que se advierte que el arresto mencionado es de treinta y seis horas. Documentales a la cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, de tales constancias se desprende que dicho arresto se cumplimentó a las trece horas con treinta minutos del catorce de marzo del año en curso, y feneció a la una hora con treinta minutos del quince del mismo mes y año, según lo expuesto por el Agente de la Policía Ministerial del Estado, adscrita a la Primera Coordinación de Aprehensiones, visible a foja 320. Sobre tales bases, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la ley de la materia, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo sustentado en la Jurisprudencia número 814, visible en la página 553, del tomo VI relativo a Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad de la determinación reclamada -orden de arresto- de la Juez Primero Civil en esta ciudad, en caso de concederse el amparo, no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considera violentado, es decir, no se podría retrotraer el tiempo para que el promovente del amparo no sea detenido con motivo de la orden de arresto ejecutada, y se le devuelva el tiempo que permaneció detenido en las instalaciones de la Policía Ministerial. Ello, en virtud de que de las constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales se reseñaron con antelación, se aprecia que dicha orden de arresto se cumplimentó a las trece horas con treinta minutos del catorce de marzo del año en curso, y feneció a la una hora con treinta minutos del quince del mismo mes y año. Luego, es inconcuso que tal orden ya ejecutada quedó irreversiblemente consumada, dado que su finalidad se agotó, máxime que los efectos de una eventual sentencia de amparo no podrían reintegrarle la libertad de que fue privado el aquí quejoso con la consumación del referido acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 171/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 423, que dispone: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar". En ese orden de ideas, al haber sobrevenido la causal de improcedencia analizada respecto de la orden de arresto reclamada, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese orden, al decretarse el sobreseimiento por lo que hace al acto reclamado a la autoridad ordenadora, igual pronunciamiento debe hacerse respecto del Director General de la Policía Ministerial del Estado, en cumplimiento a la jurisprudencia sustentada número 647, visible a fojas 434 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Común, que a la letra dice: "AUTORIDAD EJECUTORA, SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobrase respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de la ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En tal virtud, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional fijada para el día de la fecha en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Incidental
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, se advierte que la parte quejosa no otorgó dentro del término de cinco días, la garantía que le fue solicitada para que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida mediante interlocutoria de veintitrés de marzo del año en curso; por tanto, de acuerdo al apercibimiento contenido en la resolución de mérito, es inconcuso que ha dejado de surtir efectos la medida otorgada, por lo que deberá notificarse dicha circunstancia a las autoridades responsable, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, el hecho de que la parte quejosa haya inobservado el requisito impuesto en la interlocutoria correspondiente, en el caso concreto, el de la garantía exigida, no significa que haya precluido el derecho a hacerlo, sino únicamente que la autoridad responsable tiene expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Lo anterior con apoyo en la tesis XV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado Del Décimo Quinto Circuito, visible en la página 1182, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VII, Enero de 1998, Materia Común, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. NO DEBE DEJARSE SIN EFECTOS POR NO EXHIBIRSE LA GARANTÍA. El hecho de que la parte quejosa no exhiba la garantía que se le fije en la resolución respectiva para que surta efectos la suspensión de los actos reclamados, legalmente no trae como consecuencia que se declare que ésta dejó de surtir sus efectos, sino que en términos del artículo 139 de la Ley de Amparo, la citada omisión únicamente permite que la autoridad responsable, transcurrido el plazo concedido para la exhibición de la garantía, esté expedita para ejecutar el acto reclamado, debiéndose destacar que no tienen el mismo significado "dejar sin efectos la medida de suspensión decretada" y "que ésta deje de surtir efectos", pues al darse el primero de los casos, deja de tener vigencia la suspensión concedida, y en el segundo sigue vigente pero no surte efectos por no haberse cumplido con la condición que para ello se impuso; empero, tales efectos son susceptibles de volverse a surtir si se cumple con esa exigencia antes de que la ejecución de los actos se lleve a cabo; de tal manera que de acordarse que se deja sin efectos la suspensión decretada, de hecho se revocaría la resolución en que se había concedido.". Asimismo, lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada XIX.1o.P.T.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Novena Época, visible a fojas 3206 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXII, octubre de 2010, cuyo rubro y texto es: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SI EL JUEZ DE DISTRITO DECLARA QUE LA MEDIDA CONCEDIDA DEJA DE SURTIR SUS EFECTOS POR INCUMPLIMIENTO DEL INTERESADO A LOS REQUISITOS DE EFECTIVIDAD, ELLO NO IMPLICA QUE EXISTA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DE DICHA PROVIDENCIA CAUTELAR. Si se concede al quejoso la suspensión del acto reclamado -de manera provisional o definitiva- y el Juez de Distrito señala que el interesado deberá cumplir ciertos requisitos de efectividad de la providencia concedida, entonces el hecho de que se incumpla con este segundo aspecto y ello traiga como consecuencia que deje de surtir efectos la medida suspensional, no significa que exista una revocación o modificación de la suspensión, sino únicamente una declaración de que ésta no puede surtir efecto alguno y que, por ello, las autoridades quedan en posibilidad de actuar conforme a sus atribuciones en contra del quejoso; lo anterior, porque dichos autos en ningún momento son revocatorios o modificatorios de la suspensión concedida, la cual permanece incólume; en estos supuestos lo que en realidad ocurre es que, como el quejoso no cumplió la obligación impuesta para que surtiera efectos la suspensión, entonces su comportamiento debe ser observado por la Justicia Federal con cierta susceptibilidad ante la potencial utilización de la suspensión como estrategia que aprovecha los efectos de la medida cautelar; por ello, en tales hipótesis lo que se presenta es que, sin revocar la medida de suspensión decretada, el Juez prudentemente declara que ésta deja de surtir sus efectos; no debe confundirse el otorgamiento de la suspensión con el diverso tema del análisis de efectividad de las medidas, pues en este segundo aspecto, si el quejoso compareciera a probar que cumplió las obligaciones impuestas para la efectividad de la providencia, entonces el Juez de Distrito podría ordenar que se restableciera el surtimiento de efectos de la suspensión que, en ningún momento, fue tocada y se encuentra firmemente concedida, al menos hasta el momento en que la sentencia se pronuncie en el amparo principal y cause ejecutoria, pues mientras la suspensión provisional tiene una existencia comprendida entre su otorgamiento y la resolución firme del fallo sobre la suspensión definitiva, esta última tiene existencia procesal desde su decreto y hasta que la sentencia del juicio en lo principal cause ejecutoria, en el entendido de que si el sentido de dicho fallo fuera concesorio de la protección federal, entonces la suspensión se sustituiría como medio de protección constitucional por la sentencia de amparo misma, y si la ejecutoria fuera en sentido denegatorio del amparo, entonces, acreditada la constitucionalidad de los actos reclamados, la suspensión carecería en sí misma de justificación.". Notifíquese.
- Incidental
V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 267/2018-VI, promovido por Jorge Luis Pérez Barragán, contra actos de la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta ciudad y de otra autoridad, y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de marzo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnada el mismo día a este Juzgado, Jorge Luis Pérez Barragán, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir en: "III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA: 1.- JUEZ PRIMERO DEL RAMO CIVIL EN EL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN ESTA CIUDAD B. COMO EJECUTORA: 1.- DIRECTOR DE LA POLICIA MINISTERIAL DEL ESTADO". "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: NORMA GENERAL VIOLADA: Artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, reclamo de las Autoridades señaladas como Responsables ordenadoras la inconstitucional e inconvencional ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, COMPARECENCIA Y/O PRESENTACION, dictada en contra del suscrito impetrante, desconociendo su origen, esto de manera fuera de todo fundamento, convencionalidad y legalidad, lo que habrá de aparecer en sendo informe que rinda la Autoridad señalada como responsable ordenadora. 2. Con fundamento en lo preceptuado por el artículo 108 fracción IV de la Ley de Amparo, reclamo de la Autoridad señalada como Responsable Ejecutora, la cumplimentación que pretenden llevar a cabo de la ilegal, inconstitucional e inconvencional ORDEN DE ARRESTO, APREHENSION, COMPARECENCIA YIO PRESENTACION, dictada en contra del suscrito impetrante, desconociendo su origen, esto de manera fuera de todo fundamento, convencionalidad y legalidad, lo que habrá de aparecer en sendo informe que rinda la Autoridad señalada como responsable ordenadora. A todas las autoridades responsables, les reclamo, todas las consecuencias jurídicas y de hecho, que derivan de los anteriores actos mencionados, particularmente los daños y perjuicios que se ocasionarían al suscrito de ejecutarse fatalmente los actos de Autoridad violatorios a mis Derechos Fundamentales". SEGUNDO. Es cierto el acto reclamado de la Juez Primero del Ramo Civil en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo. Por otra parte, no obstante que el Titular de la Coordinación de Apoyo Legal de la Dirección General de la Policía Ministerial, al rendir su informe previo negó el acto de ejecución que se le atribuye, el mismo debe tenerse cierto para los efectos del presente incidente de suspensión, pues al tener el carácter de autoridad ejecutora, es inminente el acto que se le reclama. Es aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, del tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, octava época del Semanario Judicial de Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO.- Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado.". TERCERO. Teniendo en consideración, que se encuentran reunidos los requisitos de procedencia previstos en los artículos 124, de la Ley de Amparo de anterior vigencia y 128 de la Ley de la materia, se decreta la suspensión en los siguientes términos: Respecto de la orden de aprehensión reclamada de la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, con fundamento en los artículos 163 y 166, de ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no se ejecute, hasta en tanto se notifique a las autoridades de mérito que la sentencia definitiva que se dicte en el fondo del amparo ha causado ejecutoria, siempre y cuando no se traten de delitos graves así catalogados por la ley o delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional; pues en ese caso la suspensión sólo producirá el efecto de que ejecutada la orden reclamada, la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad personal se refiere y a disposición de la responsable ordenadora para la continuación del procedimiento. Tampoco surtirá efecto alguno la suspensión decretada si se le sorprende en flagrante delito o bien, si se trata de actos de autoridades diversas a las señaladas como responsables en el presente juicio, o si se trata de actos que sean materia de otro juicio constitucional o producidos en ejecución, como consecuencia de la resolución de amparo. b) Por otra parte, en lo relativo al acto reclamado consistente en la orden de arresto y comparecencia, reclamadas de la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, con fundamento en los artículos 147, en relación con el 162, ambos de la Ley de la materia, se decreta la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; es decir, para que no se ejecuten tales mandamientos por conducto de la autoridad policíaca correspondiente. c) Por otra parte, en lo relativo al diverso acto consistente en la orden de presentación reclamada de la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, teniendo en cuenta que el objetivo de tal orden es que el procesado que se encuentra en libertad bajo caución otorgada por el Ministerio Público, se presente por sí mismo ante el Juez penal al que corresponda el conocimiento del proceso, con fundamento en los artículos 147, en relación con el 162, ambos de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se hagan efectivos los apercibimientos con que en su caso, se haya conminado al quejoso en caso de incumplimiento, como sería su reaprehensión. Medidas de aseguramiento: 1. La medida cautelar que se concede surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte agraviada, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, no otorga ante este juzgado, una garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, de preferencia en billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito de la serie "N". En la inteligencia que de no otorgarse la aludida garantía este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 136 de la citada legislación, de oficio o a instancia de parte, lo hará del conocimiento de las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. 2. Adicionalmente, dentro del término de tres días; el quejoso deberá presentarse ante la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, para la continuación del procedimiento correspondiente, por ser éste insuspendible; lo anterior, con fundamento en el artículo 168 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales vigente, apercibido que de no efectuar tal comparecencia en el término indicado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y se hará efectiva la caución que en su caso se exhiba, en favor del erario federal. Requiriéndose a la Juez Primero del Ramo Civil en el Primer Distrito Judicial en esta Ciudad, para que una vez que el quejoso realice dicha presentación, informe de inmediato a este Tribunal la fecha en que se efectuó, así también al agraviado para que exhiba ante este órgano jurisdiccional el documento idóneo con el que acredite haber cumplido con tal exigencia. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo en los artículos 144, 146 y demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jorge Luis Pérez Barragán, respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando primero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el diverso tercero. Notifíquese.
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