Jorge Luiz Márquez Gallardo

Expediente 1514/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1514/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Luiz Márquez Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, signada por la titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan, de la que se desprende en lo que aquí interesa, que aceptó la competencia para conocer y resolver del juicio de amparo 1514/2022 del índice de este juzgado. En consecuencia, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se desechó la demanda promovida dentro del presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. ...

  2. Principal

    ... Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Adversarial del Octavo Distrito Judicial de Puerto Vallarta, Jalisco y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1514/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COMPETENCIA. Este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer de dicho libelo constitucional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo; para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados, los cuales se hacen consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LA AUTORIDADES RESPONSABLES LO SIGUIENTE: (.) B. DE LA RESPONSABLE SEÑALADA CON EL NUMERO 2: 1. LA NUEVA ORDEN DE APREHENSION GIRADA EN MI CONTRA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGAVCION: D-VIII/4042/2021 INSTRUIDA EN MI CONTRA. 2. LAS ORDENES DE CATEO Y ASEGURAMIENTO SOLICITADOS NUEVAMENTE POP EL AGENTE MINISTERIO PUBLICO DE Delitos de Alto Impacto Distrito VIII, Zona Costa Norte en Puerto Vallarta, Jalisco y Encargado de la Subdirección del Distrito VIII Zona Costa Norte de la Fiscalía del Estado con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: La propiedad ubicada en Avenida Francisco Medina Ascencio 7998, colonia Villas Las Flores, Puerto Vallarta, Jalisco y el aseguramiento de los bienes muebles que se ubican en ese lugar (negocio denominado Grúas Márquez). La casa habitación ubicada Calle pelicanos 135, colonia marina Vallarta y el aseguramiento de los bienes muebles en su interior. NEGOCIO DENOMINADO GRUAS ARIES UBICADO EN: Boca de Tomates 164, 48291 Las Juntas, Jal., México Puerto Vallarta, Jalisco Y LOS BIENES MUEBLES EN SU INTERIOR. C. DE LA RESPONSABLE SEÑALADA CON EL NUMERO 3 FISCAL GENRAL DE JALISCO, LA INSTRUCCION DE VOLVER A EMITIR ORDENES DE CATEO ASEGURAMIENTO Y APREHENSION EN CONTRA DEL QUEJOSO NO OBSTANTE QUE SE ESTA REPITIENDO EL ACTO RECLAMADO Y QUE SE ME OTORGO LA PROTECCION Y JUSTICIA FEDERAL DENTRO DEL AMPARO 3/2022-II POR EL C. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMAPO EN MATERIA PENAL EL ESTADO DE JALISCO. D. DE LA RESPONSABLE SEÑALADA CON EL NUMERO 4 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DE LOS DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA DIRECCION REGIONAL ZONA NORTE, COSTA NORTE RECLAMO: 1. LA NEGATIVA DE RECONOCER COMO MI ABOGADO DEFENSOR AL LIC. SALVADOR LARA MARTINEZ. NO OBSTANTE QUE LO NOMBRE MEDIANTE SENDA PROMOCION ANTE ESA AUTORIDAD NEGANDOME EL DERECHO A UNA DEFENSA TECNICA Y ADECUADA. VIOLACION DE MI DERECHO DE DEFENSA CONSAGRADO EN EL ARTICULO 20 CONSTITUCIONAL, TODA VEZ QUE SE ME NIEGA EL DERECHO DE NOMBRAR ABOGADO DEFENSOR DENTRO DE LA CARPETA D-VIII/4042/2021 INSTRUIDA EN MI CONTRA diciéndome en un estado de indefensión. 2 LAS ILEGALES SOLICITUDES DE NUEVA ORDEN DE APREHENSION GIRADA EN MI CONTRA, POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGAVCION: D-VIII/4042/2021 INSTRUIDA EN MI CONTRA. 3. LAS NUEVAS ORDENES DE CATEO Y ASEGURAMIENTO SOLICITADOS NUEVAMENTE POR EL AGENTE MINISTERIO PUBLICO DE Delitos de Alto Impacto Distrito VIII, Zona Costa Norte en Puerto Vallarta, Jalisco y Encargado de la Subdirección del Distrito VIII Zona Costa Norte de la Fiscalía del Estado con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. (.) E DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO NUMERO 4 DIRECTOR DE LA POLICIA MUNICIPAL DE PUERTO VALLARTA JALISCO LA ORDEN DE DETENER AL SUSCRITO Y NO DEJAR INGRESAR A MI O MIS TRABAJADORES A LOS SIGUIENTES DOMICILIOS: La propiedad ubicada en Avenida Francisco Medina Ascencio 7998, colonia Villas Las Flores, Puerto Vallarta, Jalisco (negocio denominado Grúas Márquez). La casa habitación ubicada Calle pelicanos 135, colonia marina Vallarta. NEGOCIO DENOMINADO GRUAS ARIES UBICADO EN: Boca de Tomates 164, 48291 Las Juntas, Jal., México Puerto Vallarta, Jalisco. DE LA AUTORIDAD DENOMINAD 6. DIRECTOR O COORDINADOR DE LA Policía de Investigación Puerto Vallarta - Distrito 8, FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE DETENCION Y APREHENSION GIRADAS EN MI CONTRA Y LA EJECUCION DE LAS ORDENES DE CATEO." Lo cual es así, toda vez que como se desprende de lo transcrito con anterioridad, los actos reclamados tienen ejecución en el estado de Jalisco, esto es fuera de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional; además de ser un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTÉ EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Ahora de la demanda de amparo se advierte que los actos de molestia que reclama el que quejoso en esta instancia constitucional, tienen ejecución en Puerto Vallarta, Jalisco; lo que pone de manifiesto, que la ejecución del referido acto reclamado, se realizará en dicha entidad federativa; esto es, fuera de la jurisdicción territorial de este juzgado de Distrito. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. (Época: Décima Época, Registro: 2004166, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.), Página: 383) Por tanto, es que se carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************; en consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el artículo 15 de la citada legislación, en su párrafo primero; remítase la presente demanda; remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, con sede en Zapopan; para que, por su conducto, lo turne al órgano jurisdiccional que por razón de turno le corresponda; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias para la comprensión del asunto. Sin que haya lugar a notificar este acuerdo, toda vez que no se está aceptando la competencia ya que el Juzgado declinante, al radicar su expediente hará la notificación correspondiente al quejoso para efecto de que se entere que ahí seguirá el trámite su expediente. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante el diverso Acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea. Notifíquese. ...

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