Jorge Luis Vega Pérez

Expediente 695/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
695/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Jorge Luis Vega Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    El suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICO QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para la parte quejosa del siete al veintidós de marzo del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de febrero del año en curso, dentro del juicio de amparo número 695/2017-5; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. No existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en tal virtud, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda y de la sentencia emitida en autos. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    El uno marzo de dos mil dieciocho, se da cuenta con la razón actuarial que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada el veintiocho de febrero del año actual, por el actuario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que no le fue posible notificar a al tercero interesado Jorge Sánchez, la resolución del veintisiete de febrero del año en curso, dictada por este órgano jurisdiccional, toda vez que no obra domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; no obstante haber sido emplazado al presente juicio de amparo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en proveído de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete y se ordena notificarle la citada sentencia, así como las subsecuentes de carácter de personal, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y artículo 29, de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante María Concepción García Jacobo, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. gfp

  3. Principal

    SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JORGE SÁNCHEZ, LA DETERMINACIÓN DE FECHA VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, inciso b) Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Luis Vega Pérez contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, Jueces Primero y Tercero del Ramo Mercantil, así como Jefe de la Central de Actuarios, todo del Distrito Judicial de la Capital, consistentes en el auto de exequendo y su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Luis Vega Pérez, contra los actos reclamados de la Juez Segundo Mercantil de la capital, por las razones asentadas en el considerando séptimo de la presente resolución"

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: "inciso b) Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 695/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. En escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Jorge Luis Vega Pérez presentó demanda de amparo indirecto, contra las autoridades, actos, y por violación a los derechos fundamentales que enseguida se precisan: Autoridades responsables: Ordenadoras: a) Juez Primero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. b) Juez Segundo del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. c) Juez Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital. Ejecutora: d) Ministro Ejecutor y/o actuario adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Acto reclamado: "La ORDEN DE EMPLAZAMIENTO Y EMBARGO, en contra del suscrito emitida por la ORDENADORA un Juez del ramo Mercantil del Distrito Judicial dela capital, así como la ejecución de la misma por parte de la señalada como ejecutora". SEGUNDO. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular dictó proveído de uno de agosto de dos mil diecisiete, en que ordenó su registro bajo expediente 695/2017, y se previno al quejoso para que exhibiera una copia más de su demanda, apercibiéndolo que de no hacerlo en el término que para tal efecto se le concedió se proveería lo conducente respecto a la demanda de mérito y en caso de admitirla, se postergaría el trámite del incidente de suspensión hasta en tanto exhibiera la copia faltante. Luego, atendiendo a que el impetrante del amparo no dio cumplimiento al anterior requerimiento, por auto de dieciséis de agosto citado, se admitió a trámite la demanda de que se trata, sin tramitar incidente de suspensión; se pidieron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 53, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos de autoridad residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: De los Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital: El auto de diecinueve de junio del dos mil diecisiete, que contiene la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, emitido en el juicio ejecutivo mercantil 324/2017, del índice del Juzgado Segundo Mercantil de la Capital. Del Jefe de la Central de Actuarios del distrito judicial de la capital: La ejecución de la orden antes mencionada. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Las autoridades responsables Jueces Primero y Tercero del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de la Capital, al rendir su informe con justificación negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que el quejoso hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. Por su parte, el Jefe de la Central de Actuarios del Distrito Judicial de la Capital, al rendir su informe justificado, admitió la existencia del acto reclamado consistente en la ejecución de la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento contenida en el auto de diecinueve de junio del dos mil diecisiete, pues refirió, que dentro del expediente número 324/2017, relativo al juicio mercantil ejecutivo promovido por Roberto González López, endosatario en procuración de Jorge Eduardo Sánchez Gamboa, en contra de Jorge Luis Vega Pérez, del índice del Juzgado Segundo del Ramo Mercantil del distrito judicial de la Capital, el once de julio del año en cita, al no haber encontrado al demandado en el domicilio proporcionado para ese efecto se le dejó citatorio para las trece horas del día doce siguiente, y al acudir para cumplimentar el citatorio en dicho domicilio, se encontró cerrado, pero acudió una persona en una camioneta de la policía ministerial que dijo ser Jorge Luis Vega Pérez, el cual, al informarle sobre la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se opuso a la misma, alegando que no vivía en ese domicilio porque es de su señora madre. Por tanto, el acto relativo a la ejecución del auto de exequendo debe declararse inexistente, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba alguna para acreditar la mencionada circunstancia, ya que sólo se limitó a manifestar en su escrito inicial de demanda y bajo protesta de decir verdad, que el once de julio de dos mil diecisiete, su señora madre le dijo que se presentaron en su domicilio dos personas que se identificaron como abogado y actuario de los juzgados mercantiles, pretendiendo realizar un embargo en el domicilio de ella, en el cual, el quejoso no habita, ya que radica en Jerez, Zacatecas. Además, de las constancias remitidas por el Juez Segundo del Ramo Mercantil de la capital, se advierte que el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda presentada por Roberto González López, endosatario en procuración de Jorge Eduardo Sánchez Gamboa, promovida en la vía ejecutiva mercantil, contra el aquí quejoso Jorge Luis Vega Pérez; asimismo, que en el propio auto se emitió la orden de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, diligencia que no pudo llevarse a cabo el mencionado doce de julio, por las razones asentadas anteriormente. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia de los actos reclamados en cuanto a las autoridades responsables antes mencionadas, lo procedente es decretar, en cuanto a las mismas, el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;". Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Segundo Mercantil de la capital, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que la mencionada juez remitió con su informe justificado, consistentes en copias certificadas de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil 324/2017; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En tal virtud se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado de la mencionada juez, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para la plena comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado. a) Roberto González López, endosatario en procuración de Jorge Eduardo Sánchez Gamboa, promovió en la vía ejecutiva mercantil, demanda contra el aquí quejoso Jorge Luis Vega Pérez, de quien requirió el pago de cuarenta y siete mil pesos, como importe de la suerte principal y demás anexidades legales (fojas 43 a 45). b) A la citada demanda recayó acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, por el que se ordenó requerir al demandado por el pago de las prestaciones reclamadas y de no efectuarse en el momento de la diligencia, se le embargaran bienes de su propiedad, suficientes para garantizar dichas prestaciones, poniéndose lo embargado en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designara el actor; y, se le emplazara al juicio, corriéndole traslado con las copias de ley, haciéndole saber que disponía del término de ocho días hábiles para hacer pago de lo reclamado, o bien, oponerse a la ejecución si para ello tuvieren excepciones legales que hacer valer (foja 49). El proveído antes referido constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. c) En cumplimiento al mencionado auto, el once de julio de dos mil diecisiete, la ministro ejecutor adscrita a la central de actuarios de los juzgados civiles, familiares y mercantiles del distrito judicial de la capital, en compañía del autorizado de la parte actora, se constituyó en el domicilio proporcionado en la demanda como del demandado, habiendo sido atendida por Ma. de los Ángeles Pérez Almaraz, quien dijo ser mamá de la persona buscada, y al requerirle de la presencia del demandado, aquí quejoso, manifestó que de momento no se encontraba, que estaba trabajando y no sabía a qué hora regresaba, por lo que dejó citatorio dirigido al demandado, por conducto de su informante, a efecto de que esperara a la ministro ejecutor a las trece horas del día siguiente, para practicar una diligencia que en materia mercantil le concernía (foja 53). d) En atención a lo anterior, el día doce de julio de dos mil diecisiete, a la hora indicada, se constituyó de nueva cuenta la ministro ejecutor de mérito, acompañada del autorizado del actor, en el domicilio que se había proporcionado como del demandado, donde al requerir de la presencia de este último, se presentó una persona del sexo masculino de aproximadamente trece años, a quien al solicitarle la presencia de un adulto le manifestó que no había nadie más en el domicilio, pero enseguida el autorizado del actor recibió una llamada de quien dijo ser el demandado, pidiéndole que solicitara lo esperaran unos minutos, lo que así hicieron, habiendo llegado una persona del sexo masculino en una camioneta de la policía ministerial, quien dijo llamarse Jorge Luis Vega Pérez y ser el demandado, sin que se hubiera identificado por no ser su voluntad hacerlo, por lo que la ministro ejecutor asentó la descripción física del mismo, quien les manifestó que no les permitía el acceso al domicilio, ya que es la casa de su mamá y él no vive ahí; al respecto, la ministro ejecutor le hizo saber que ante su negativa acudirían posteriormente con el auxilio de la fuerza pública y cerrajero, asimismo asentó que en virtud de su oposición para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento ordenada por auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, dentro del juicio mercantil ejecutivo a que se ha hecho referencia, se daba por terminada dicha diligencia y se redactaba el acta respectiva para debida constancia (foja 54). Esta es la última actuación que obra en el legajo de copias certificadas remitidas por el juez responsable. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia, tampoco este Juez de Distrito, después de analizar las actuaciones de este juicio de garantías, advierte su existencia de manera oficiosa. SÉPTIMO. Del contexto integral de la demanda se desprende que, el quejoso señala, como derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, asimismo, que como conceptos de violación aduce únicamente, según se desprende del capítulo relativo, así como del punto cuarto de hechos, que la Juez Segundo Mercantil de la capital, al dictar el acto reclamado y el actuario o ministro ejecutor responsables, al pretender ejecutar el embargo en el domicilio de su señora madre, vulneran sus garantías constitucionales, provocando un daño de difícil reparación. Por su parte, en el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete que en esta instancia se reclama, se determinó lo siguiente: ". se tiene por presentado en tiempo y forma legal al licenciado ROBERTO GONZÁLEZ LÓPEZ, en su carácter de endosatario en procuración de JORGE EDUARDO SÁNCHEZ GAMBOA, promoviendo en la Vía Mercantil Ejecutiva Acción Cambiaria Directa en contra de JORGE LUIS VEGA PÉREZ, en su carácter de titular y deudor principal, quien tiene su domicilio para efectos del emplazamiento en CALLE AVENIDA GAVILANES NÚMERO CIENTO DIECISIETE, DE LA COLONIA GAVILANES DE LA CIUDAD DE GUADALUPE, ZACATECAS, y de quien reclama el pago de la cantidad de $47,000.00 (CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.), como importe de la suerte principal y demás anexidades legales. Por lo que encontrándose la demanda ajustada a derecho, se admite la misma en la vía, forma y términos propuestos; en esa virtud, fórmese el expediente respectivo, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que legalmente le corresponde, dese aviso de inicio a la superioridad; y por fundarse la acción en un título de naturaleza ejecutiva, pase el Ministro Ejecutor al domicilio de la parte demandada y requiérase el pago en el momento de la diligencia, a continuación embárguensele bienes de su propiedad suficientes para garantizar esas prestaciones, poniéndose lo embargado en depósito de persona que bajo su responsabilidad designe el actor, observándose las disposiciones relativas a embargos; surtiendo este auto efectos de mandamiento de ejecución en forma. Hecho el embargo, emplácese a la parte demandada, corriéndole traslado con las copias de ley debidamente selladas y cotejadas, haciéndose saber de que dispone del término de OCHO DÍAS HÁBILES, para que haga el pago de lo reclamado o bien para oponerse a la ejecución si para ello tuviere excepciones legales que hacer valer; Asimismo prevéngasele para que en el término concedido ofrezca pruebas y los documentos en que funde sus excepciones y que deben servir como pruebas de su parte, acompañando las copias simples o fotostáticas de tales documentos; además del (RFC) Registro Federal de Contribuyentes, de la (CURP) Clave Única de Registro de Población, tratándose de persona física, en ambos casos cuando existe la obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, manifestándolo en caso contrario bajo protesta de decir verdad en el mismo escrito de contestación de demanda, así como de la identificación oficial, para correr traslado a la contraria de conformidad con lo establecido por los artículos 1061, 1380 y 1401 del Código de Comercio reformado. En el mismo acto prevéngasele para que en igual término señale domicilio en esta ciudad para oír todo tipo de notificaciones.." Los conceptos de violación que hace valer el impetrante son inoperantes, en atención a las consideraciones que enseguida se expondrán. Al confrontar las consideraciones que sostuvo la Juez responsable en el auto de diecinueve de junio de dos mil diecisiete que constituye el acto reclamado, con las alegaciones que vierte el promovente del amparo en su libelo constitucional, se pone de relieve que no se controvierten las consideraciones en que el juez responsable se apoyó para su emisión. Es así, pues en sus motivos de disenso el quejoso señala solamente, como quedó asentado en párrafos precedentes: Que al pretender ejecutar el embargo en el domicilio de su señora madre, vulneran sus garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, con lo que se le provoca un daño de difícil reparación. Sin embargo, en el caso, el quejoso omitió señalar en qué consisten las violaciones a los mencionados artículos 14 y 16, concretamente, cuál de las formalidades esenciales del procedimiento dejó de analizar la autoridad responsable y en su caso, si el acto reclamado carece de fundamentación o motivación, o de ambas. De igual forma, dejó de señalar el impetrante del amparo, las razones por las que estima, que al pretender ejecutarse el embargo en el domicilio de su señora madre, se le provoca un daño de difícil reparación. Son inoperantes los aludidos motivos de disenso, pues, además de incurrir el quejoso en las anteriores omisiones, no combate los razonamientos del acto reclamado relativos al embargo ordenado en bienes de su propiedad, ni lo tocante al domicilio en que se ordenó requerirlo del pago de lo reclamado y su emplazamiento. Así, la inoperancia estriba en que el quejoso se limita a manifestar que se violan los artículos constitucionales referidos, y que el pretender realizar el embargo en el domicilio que pertenece a su madre le causa daño de difícil reparación, sin embargo, no emitió argumentos lógico jurídicos tendentes a evidenciar que lo señalado por la responsable en el acuerdo de diecinueve de junio del año próximo pasado, transgrede sus derechos fundamentales, o bien, que obró de manera equivocada. Es aplicable la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada con el número XX.J/25, en la página 113, del Tomo 61, Enero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUÁNDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación del quejoso, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que solicita, pues además cabe destacar, que en el caso concreto no se actualiza ninguno de los supuestos a que se refiere el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que este Tribunal Federal estuviera en aptitud de suplir la deficiencia de los conceptos de violación, pues siendo un caso no permitido por la ley, en el supuesto de que se realizara su estudio, se atentaría contra la técnica del juicio constitucional. Además, debe concluirse que en el caso concreto subyacen las razones medulares que en que se apoyó la Juez responsable para la emisión del auto por el que se ordenó requerir al quejoso por el pago de las prestaciones reclamadas, y de no realizarlo, se le embarguen bienes de su propiedad suficientes para garantizar dichas prestaciones. Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la Jurisprudencia número 723, consultable en la página 486, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES SI NO ATACAN TODAS LAS CONSIDERACIONES QUE SUSTENTAN LA SENTENCIA RECLAMADA. Cuando no se advierta la existencia de queja deficiente que suplir y el acto reclamado se sustente en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otras, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo de tal forma, la resolución subsistiría con apoyo en aquellas que no fueron impugnadas y por tanto, los conceptos de violación deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados". Asimismo, las consideraciones expuestas encuentran apoyo en la Jurisprudencia II.3o. J/22, publicada en la página 48 del Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Son inoperantes los razonamientos expresados como conceptos de violación, si no atacan debidamente las consideraciones de la sentencia reclamada, puesto que al no estar facultados los tribunales de amparo a suplir la deficiencia de la queja, con excepción de los casos permitidos por la ley de la materia, no se puede analizar oficiosamente la inconstitucionalidad de la resolución combatida". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Luis Vega Pérez contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, Jueces Primero y Tercero del Ramo Mercantil, así como Jefe de la Central de Actuarios, todo del Distrito Judicial de la Capital, consistentes en el auto de exequendo y su ejecución; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Luis Vega Pérez, contra los actos reclamados de la Juez Segundo Mercantil de la capital, por las razones asentadas en el considerando séptimo de la presente resolución"

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