Jorge Luis Reyes Sarzosa
Expediente 1345/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1345/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Jorge Luis Reyes Sarzosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Como se hizo constar no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(IV)
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(IV)
- Principal
Se tiene por notificado el quejoso Jorge Luis Reyez Zarzoza la determinación de cinco de octubre de dos mil diecisiete: "Visto el escrito firmado por Jorge Luis Reyes Sarzosa, por medio del cual da cumplimiento a la prevención realizada el veinticinco de septiembre del año en curso; al efecto, manifiesta que señala como autoridad responsable al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, únicamente por su calidad de autoridad jerárquica de las diversas apuntadas en la demanda; menciona algunas actuaciones relacionadas con la excepción de litisconsorcio propuesta en el asunto de origen y con el acto aquí reclamado; exhibe dos copias de la demanda e indica los efectos para los cuales solicita la suspensión del acto reclamado. - Desechamiento de demanda - Del análisis de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: IV. Actos reclamados: ... En la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V..". De una interpretación integral y en sentido contrario de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte: ... Ahora, de lo expuesto por el quejoso, se evidencia que el acto reclamado consiste en la determinación de treinta de agosto de dos mil diecisiete, recaída al recurso de revocación, en la cual se modificó el auto impugnado y se determinó negar la admisión de la demanda de reconvención promovida por el aquí quejoso en contra de ..., al indicar la juez responsable que dicha figura únicamente procede respecto de la parte actora, entre otras consideraciones. Dado el tema sobre el cual versa el acto reclamado, se toma en consideración la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en la cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, al precisar el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, conlleva a afirmar que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, los que, para ser calificados de esa manera, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Además, refirió que un acto es considerado de imposible reparación, cuando recae sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho Tribunal señaló que la interpretación de la referida porción normativa de la actual Ley de Amparo, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Luego, partiendo de lo expuesto por el Máximo Tribunal de Justicia el acto reclamado que no admite la demanda reconvencional promovida dentro del juicio natural por la parte quejosa, como se dijo, no es un acto de los que alude el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que tiene la naturaleza de un acto procesal. En efecto, la determinación reclamada no es un acto dictado dentro de juicio que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, pues si bien es cierto que el acceso a la jurisdicción constituye un derecho sustantivo, también es verdad que la resolución que decide sobre la no admisión y de la reconvención, no afecta materialmente tal derecho, sino solamente uno de naturaleza adjetiva; de manera que la negativa de no admitir la reconvención no constituye un acto en juicio cuyos efectos afecten materialmente el derecho sustantivo a la jurisdicción, porque no le veda definitivamente el acceso a ella, sino que el afectado tiene a su alcance las figuras procesales que la normatividad le concede para hacer valer sus derechos. Por tanto, se reitera, el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, pues incide en una circunstancia procesal referente a la reconvención, lo que no deja lugar a dudas que dicho aspecto es meramente procesal y no sustantivo; sin que en el particular se reclame la improcedencia del listisconsorcio planteado en el asunto de origen, sino el desechamiento de la demanda reconvencional. Es aplicable, por el principio rector que la informa, la tesis que establece: "RECONVENCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE DESESTIMA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS CODEMANDADOS NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución que desestima llamar a juicio en reconvención a diversos codemandados no podría considerarse de imposible reparación por trasgresión a un derecho sustantivo, pues el hecho de que el efecto del juicio de amparo directo que pudiere promoverse contra la sentencia definitiva, sea retrotraer todo el procedimiento para subsanar deficiencias de origen, no implica indefensión, ni violación a derechos sustantivos de la quejosa. Lo anterior debe entenderse así, porque la dilación del juicio no implica violación al principio de justicia pronta, tal como puede advertirse de la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.". Cabe precisar que al presente asunto es inaplicable la jurisprudencia cuyo rubro es: "RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO"; la cual, se refiere a la interpretación del artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se consideraba dentro del concepto de actos cuya ejecución es de imposible reparación, no sólo a los que violaban de manera cierta e inmediata derechos sustantivos, sino también a aquellas violaciones procesales, cuya naturaleza trascendental o grave, deberían ser analizadas de inmediato mediante el juicio de amparo indirecto, pues sostuvo que el auto que confirmaba la resolución que desechaba la reconvención era un acto procesal de ejecución irreparable, toda vez que al impedir que mediante la reconvención se ejerza el derecho de acción, se comete una violación palmaria y sobresaliente que afecta de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la jurisdicción, pues la sentencia definitiva que se llegara a dictar, aun siendo favorable a los intereses del demandado inicial (actor en la reconvención), no lo restituiría en el derecho, en virtud de que no resolvería sobre la procedencia de la acción ejercida a través de la reconvención, que no formó parte de la litis y que tal proceder era susceptible de violar en forma relevante derechos adjetivos, como es el derecho que tiene el reconvencionista a que el procedimiento se siga ante el mismo juez y no ante otro y que un solo juez sea competente para resolver ambas acciones y que a través de una sentencia se diriman de manera congruente y con criterio unificado, todas las pretensiones planteadas por las partes. Se observa que el criterio invocado interpretó la legislación que ya no se encuentra vigente y como en la especie la demanda de amparo se analiza conforme al texto de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dicho criterio jurisprudencia no resulta aplicable en el caso concreto, al interpretarse una disposición diferente. Por tanto, dada la connotación que el legislador aportó al artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó con base a una legislación que dejaba abierta la posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en este juicio de amparo, iniciado conforme la vigente Ley de Amparo, debe prescindirse de la aplicación de tal jurisprudencia para no incurrir en desacato a este ordenamiento. Apoya lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. IV.
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