Jorge Luis Briceño Martínez

Expediente 659/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
659/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
19/10/2017

Partes del expediente

  • Jorge Luis Briceño Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos que indica a la parte quejosa, previa copia certificada que de los mismos quede agregada en autos y constancia de su entrega. I

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Se hace constar que no obran documentos originales ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica o histórica.(I)

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.(I)

  4. Principal

    Se notifica por lista al quejoso...Visto el escrito signado por el quejoso Jorge Luis Briceño Martínez, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado por este juzgado, el dos de mayo de dos mil diecisiete, al efecto manifiesta con quién se entendió la diligencia de embargo; qué fue lo que firmó ese día y en qué calidad y que no promovió recurso o medio de defensa con motivo del embargo que refiere en su demanda. Ahora bien, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de la demanda, en consecuencia, del análisis integral de dicha demanda de amparo y del escrito aclaratorio se advierte que: ? El acto que reclama el quejoso, se hace consistir en la falta de llamamiento al procedimiento y como consecuencia, la nulidad de las actuaciones siguientes, entre ellas la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente ejecutivo mercantil 1600/2016 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, con sede en esta ciudad. Precisado lo anterior, es menester acotar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y anexos, a fin de que de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1º.A.J/4, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin De conformidad con el artículo 145 de la Ley AMPARO de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En cuanto a la interpretación de los términos "manifiesta" e "indudable", también cobra aplicación la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, página 403, novena época, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." En la especie, este juzgador advierte de oficio que la demanda de amparo de que se trata, es improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIII y 62 de la Ley de Amparo. En efecto los numerales invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.] XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de ésta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De los preceptos transcritos, se desprende que los actos consentidos expresamente o por manifestaciones que entrañen ese consentimiento, no pueden ser impugnados en la vía constitucional y que si de oficio se advierte esa circunstancia por parte del juzgador debe ser analizado de oficio en cualquier parte del procedimiento, incluyendo el acuerdo inicial. De esta forma a juicio de quien esto resuelve, se presentan las citadas causales de improcedencia, que impiden dar trámite a la demanda de amparo, en razón de que el acto que reclama el quejoso, se hace consistir en la falta de llamamiento al procedimiento y como consecuencia, la nulidad de las actuaciones siguientes, entre ellas la sentencia de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, dentro del expediente ejecutivo mercantil 1600/2016 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Estado de Aguascalientes, con sede en esta ciudad. De los antecedentes del acto reclamado que narró el quejoso en el antecedente denominado Primero, en su tercer párrafo, el quejoso indica que el cinco de enero del presente año, le fue embargado un inmueble de su propiedad, por un adeudo que tenía su esposa que hasta el momento él desconocía, que en ese momento le indicaron que tenía que firmar de conformidad y que derivado de esa orden de embargo se emitió la sentencia que también reclama. Posteriormente, en el escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad el quejoso precisa, que la diligencia de embargo de referencia la entendió su esposa, tal como se aprecia de la copia del acta de embargo que acompañó a la demanda y que aunque desconocía qué era lo que firmaba, se le hizo saber que era deudor solidario y que firmara de conformidad. Además el quejoso acompañó a su demanda, el acta de embargo de cinco de enero del año en curso (foja 18), documental que hace fe de la existencia del original, en términos del artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso cuestionara su exactitud, sino que por el contrario la aportó como elemento de convicción para apoyar su pretensión. De la citada documental, se puede advertir que: a) A las veintidós horas con veinticinco minutos del cinco de enero de dos mil diecisiete, se entendió la diligencia de embargo con la demandada María Guadalupe Gómez Hernández (esposa del quejoso, de acuerdo al acta de matrimonio que acompañó y que obra en la foja 7 de autos), que se identificó con credencial para votar y de quien además se señaló su media filiación. b) Se le requirió del pago de la cantidad de $18,900.00 (dieciocho mil novecientos pesos 00/100 moneda nacional), y manifestó que si era su firma la que aparece en la copia del fundatorio de la acción, aunque no reconoció deber esa cantidad. c) La demandada manifestó no tener bienes para embargo, pero que su esposo estaba de acuerdo en señalar el domicilio en que se estaba llevando la diligencia como deudor solidario. d) De igual manera se observa, en ese momento se hizo presente el ahora quejoso, que se identificó con credencial para votar clave BRMRJR86120501H200, y que manifestó que bajo su responsabilidad señala los derechos de propiedad que le corresponden respecto del inmueble en que se actúa (Palma Llorona número 112 de la colonia o fraccionamiento Villa Las Palmas de esta ciudad); de la misma forma, aparece al reverso de la citada acta, que el ahora quejoso firma junto con su nombre y la leyenda deudor solidario. Es menester hacer la precisión, que el quejoso en su demanda y escrito aclaratorio, no cuestiona la falsedad de la firma, incluso reconoce que firmó ante la petición de la funcionaria actuante, en su carácter de deudor solidario. En ese sentido, en el caso particular, nos encontramos ante lo que se conoce como la figura que la doctrina y jurisprudencia denominan como "expromisión", que no es otra cosa que un pacto por el cual un tercero se compromete con el acreedor de una obligación -que acepta- a asumir las obligaciones del deudor; en tanto que dicho pacto implica el consentimiento del acreedor para que el tercero sea deudor, de manera solidaria, mancomunada o subsidiaria; en dicho supuesto, da su voluntad tácita para el caso de que el obligado principal llegue a adquirir el carácter de ejecutado y el bien de su propiedad quede sujeto a la garantía de lo reclamado por el actor ejecutante, con conocimiento previo de que si el demandado resulta vencido en el juicio, dicho bien será rematado o dado en venta judicial, como un efecto del embargo para cubrir las prestaciones demandadas en el propio procedimiento. Sirve de apoyo a la anterior concepción, la tesis: XI.1o.A.T.159 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página 2753, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "EXPROMISIÓN. SUS EFECTOS. La expromisión es un pacto por el cual un tercero se compromete con el acreedor de una obligación -que acepta- a asumir las obligaciones del deudor; sin embargo, ello no trae como efectos la sustitución de la persona de quien hasta entonces ha tenido este carácter de deudor, en tanto que dicho pacto sólo implica el consentimiento del acreedor para que el tercero sea deudor, de manera solidaria, mancomunada o subsidiaria; esto es, que anticipadamente da su voluntad tácita para el caso de que el obligado principal llegue a adquirir el carácter de ejecutado, el bien de su propiedad quede sujeto a la garantía de lo reclamado por el actor ejecutante, con conocimiento previo de que si el demandado resulta vencido en el juicio, dicho bien será rematado o dado en venta judicial, como un efecto del embargo para cubrir las prestaciones demandadas." Cabe aclarar que en la figura de expromisión, se presentó cuando el ahora quejoso compareció a la diligencia de embargo y consintió responder como obligado solidario por lo reclamado en el juicio a su esposa y ahí, consintió de manera expresa ingresar a la relación procesal, aceptando el embargo del bien inmueble de su propiedad. Sin ser necesario que se entable nuevo juico en su contra o que se le llame a juicio, en razón de que aquella persona ocurrió espontáneamente al que ya había promovido. Tal consideración encuentra sustento, en la tesis: III.3o.C. J/7, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Materia Común, visible en la página 617, Tomo V, Junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "EXPROMISIÓN, EFECTOS DE LA. Si en la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento, practicada en juicio ejecutivo mercantil del que derivan los actos reclamados, aparece que un tercero extraño se solidarizó expresamente con el adeudo de las demandadas, e inclusive señaló para su embargo un vehículo que dijo era de su propiedad, esa manifestación indudablemente lo coloca como deudor solidario y mancomunado, comprometiéndolo a pagar la cantidad reclamada, puesto que por esas circunstancias surgió la figura jurídica denominada expromisión, que no viene a ser otra cosa que la obligación, contraída voluntariamente, de pagar por otro. Consecuentemente, a partir de la reclamada diligencia en que dicho tercero intervino, quedó sustituido en la personalidad que hasta entonces habían tenido las demandadas, no habiendo, por tanto, necesidad de que se entablara nuevo juicio en su contra, en razón de que aquella persona ocurrió espontáneamente al que ya se había promovido." En ese orden de ideas, si el quejoso Jorge Luis Briseño Martínez en la diligencia de cinco de enero de dos mil diecisiete otorgó su consentimiento como deudor solidario, por lo tanto aceptó su participación y se integró al juicio de donde deriva el acto reclamado, en razón de que firmó como deudor solidario de la demandada Mará Guadalupe Gómez Hernández, sin ser necesario que se entable nuevo juico en su contra o que se le llame a juicio, en razón de que aquella persona ocurrió espontáneamente al que ya había promovido, en consecuencia no puede ahora reclamar la falta de llamamiento, pues desde el día de la diligencia se enteró de la existencia del juicio y aceptó integrarse a él como deudor solidario. Entonces, al configurarse la figura jurídica de expromisión, este juzgador considera que dicho acto fue consentido expresamente, es decir el embargo sobre el bien inmueble de su propiedad, por lo que se encuentra en la hipótesis de la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En lo que toca al acto reclamado destacado, consistente en la sentencia dictada en el juicio el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, específicamente su resolutivo séptimo, en el que se establece que se remate el inmueble embargado, en el caso de que no se cumpla voluntariamente con la sentencia; debe decirse que al aceptar ser obligado solidario de la demandada, otorgó su consentimiento para el caso de que el obligado principal llegue a adquirir el carácter de ejecutado, el bien de su propiedad quede sujeto a la garantía de lo reclamado por el actor ejecutante, con conocimiento previo de que si el demandado resulta vencido en el juicio, dicho bien será rematado o dado en venta judicial, como un efecto del embargo para cubrir las prestaciones demandadas en el propio procedimiento. Lo anterior, ocurrió en la especie, pues ahora no puede reclamar el resolutivo séptimo de la sentencia dictada en el juicio el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, que establece el remate del inmueble embargado, pues al adquirir la naturaleza de deudor solidario, consintió el embargo, con el riesgo de que al dictarse sentencia y resultara perdedora la demandada tendría de rematarse el bien de su propiedad; en ese sentido, respecto de la sentencia se configura la causal de improcedencia derivada de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en que nos encontramos ante un acto derivado de otro consentido. Esto es así, en razón de que el resolutivo séptimo de la sentencia, es una consecuencia directa e inmediata del embargo consentido por el quejoso, desde la diligencia de cinco de enero de dos mil diecisiete; pues era previsible desde que aceptó ser deudor solidario, que si resultaba vencida la demandada, se ordenaría el remate del inmueble embargado. Cobra aplicación a lo anterior, la Tesis de jurisprudencia: II.3o. J/69, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en la página 45, Marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Así mismo es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 2060, Tomo XXVII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Contra ellos es improcedente el amparo, debiendo sobreseerse." Con independencia de lo anterior, es menester indicar que el quejoso no reclamó la sentencia reclamada por vicios propios, sino como consecuencia de la falta de llamamiento a juicio, que como ya se dijo, fue consentido. En esas condiciones, se han actualizado las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII y XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Briceño Martínez. Cobra aplicación al caso por analogía y al no oponerse a la disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación."(I)

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