Jorge Luis López López
Expediente 576/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 45 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 15/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jorge Luis López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días, que el artículo 202 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de inconformidad, contra el auto de nueve de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 386 y 387), mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, sin que la parte interesada lo hubiese hecho valer; en consecuencia, se tiene por consentida dicha determinación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión provisional y la definitiva.
- Principal
(AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: "Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal y original del incidente, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha. 3. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la suspensión provisional y la definitiva
- Principal
MESA 1-B.- AVISO DE NOTIFICACIÓN).- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, INCISO C), Y 29, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN:"Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de veintidós de junio de dos mil diecisiete (fojas 193 a 206), se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Inconforme, la autoridad responsable Subdirectora de Área en la Dirección de Amparo y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión, en contra de la referida sentencia, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión 137/2019 (foja 271). Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en mención, dictada en sesión de dos de mayo de dos mil diecinueve (fojas 281 a 324), el cual confirmó la sentencia dictada por ese juzgado en la que se concedió la protección constitucional al quejoso Jorge Luis López López, para el efecto de que las autoridades responsables realicen lo siguiente: "i. Dejen insubsistente la orden de traslado de cinco de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/05798/2016, que autorizó el ingreso del aquí quejoso Jorge Luis López López, del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con residencia en esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, signado por el Coordinador General de Centros Federales en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. ii. Ordenen y realicen el inmediato regreso, traslado e ingreso del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado". Por lo tanto, en proveído de diecisiete de mayo de la presente anualidad (fojas 325 a 327), se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. En acuerdo de veintidós de agosto de dos mil diecinueve (foja 381), se tuvo por recibido el oficio signado por Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, del Órgano de Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió los oficios con folios OADPRS/17943/2019 y OADPRS/17944/2019 (foja 369 a 372); así como las actas administrativas de egreso número 212/2019 (foja 377); de las que se desprende que se dejó sin efecto la orden de traslado reclamado de cinco de febrero de dos mil dieciséis, y se ordenó el regreso del aquí quejoso, al Centro Estatal de Reinserción de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad (foja 364 y 370); asimismo, a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del treinta y uno de julio de esta anualidad, se ejecutó el egreso del impetrante, del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CPS-CHIAPAS", en Villa Comaltitlán, Chiapas al Centro Estatal de Reinserción de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad, mediante oficio OADPRS/17944; de los cuales se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; asimismo, fue notificado de manera personal en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda, dejando un avisó de notificación. En consecuencia, se aprecia que las autoridades responsables han dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito al seguir los lineamientos establecidos en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, por lo que, proceden declarar cumplida la sentencia de mérito, en términos del artículo 77 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Notifíquese personalmente y cúmplase."
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