Jorge Luis Hernandez del Angel
Expediente 2418/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2418/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Jorge Luis Hernandez del Angel
Actuaciones
- Principal
MESA 1-A.- Agréguese a los autos el oficio recibido vía interconexión signado por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, mediante el cual acusa recibo del diverso 71657/2019, con el que este órgano jurisdiccional, le devolvió los autos originales del diverso juicio de amparo 565/2019, al no haber aceptado la competencia planteada, por lo que informa que no insiste sobre la misma y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Por otra parte, toda vez que mediante auto de diecinueve de diciembre actual, se reservó proveer lo que en derecho procedía, respecto del informe de suspensión de plano rendido por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, hasta en tanto obra el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, ante lo manifestado por la autoridad oficiante, desglósese el oficio de cuenta, previa copia que se agregue en autos y remítase al similar, para los efectos legales procedentes.
- Principal
MESA 1-A.- Téngase por recibido el oficio signado por el encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Tapachula, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remite el diverso signado por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, con el que remite el informe de suspensión de plano rendido por la Directora General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; únicamente agréguese a sus autos para que obre como corresponda y resérvese proveer lo que en derecho proceda, una vez que el similar de aquélla ciudad, acuse recibo del oficio 71657/2019, con el que se le devolvieron los autos originales del diverso juicio de amparo 565/2019, al no haber aceptado la competencia este órgano jurisdiccional.
- Principal
Con apoyo en el artículo 3 de la ley de amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, por medio del cual inserta el auto de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el cual se declara incompetente para conocer del juicio de amparo 565/2019 de su índice, promovido por Jorge Luis Hernández del Ángel, contra actos del Juez Gobernador del Estado de Veracruz con sede en Xalapa y otras autoridades, y remite los autos originales. La parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "IV ACTO RECLAMADO: Del Director General del Centro de Readaptación Social del Estado de Veracruz del Distrito Judicial de Tantoyuca, Veracruz, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz, a un CEFERESO ya que en estos momentos me encuentro en el CEFERESO número 15 de Villa Comaltitlán, Chiapas y bajo protesta de decir verdad se me ha manifestado que aún me van a trasladar a otro CEFERESO, traslado que fue indebidamente, en virtud de que la misma no reúne los requisitos establecidos en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las ejecutorias, se reclama la ilegal ejecución, la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz, a un CEFERESO ya que en estos momentos me encuentro en el CEFERESO número 15 de Villa Comaltitlán, Chiapas y bajo protesta de decir verdad se me ha manifestado que aún me van a trasladar a otro CEFERESO, traslado que fue indebidamente, que hicieron en fecha siete de noviembre del año dos mil diecinueve." De la anterior transcripción se advierte que, contrario a lo que sustentó la juez declinante, el acto objetivamente reclamado, lo constituye: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y de éste a un diverso Centro Federal de Readaptación Social, ejecutada el siete de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxpan de Rodríguez Cano, remite el juicio de amparo 565/2019, porque afirma que el acto reclamado es la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 15 de Villa Comaltitlán. Chiapas, a otro CEFERESO y su ejecución, y que en ese sentido, la ejecución de dicho acto se deberá llevar a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social Número 15, residente en Villa Comaltitlán, Chiapas, puesto el hoy quejoso ahí se encuentra recluido; y que por tal motivo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es este órgano jurisdiccional quien debe conocer sobre el asunto. Decisión que este resolutor de amparo no comparte porque del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir, como antes se dijo, en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Tantoyuca, Veracruz al Centro Federal de Readaptación Social Número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y de éste a un diverso Centro Federal de Readaptación Social, la cual comenzó a ejecutarse en Tantoyuca, Veracruz, desde el siete de noviembre de la presente anualidad. De ello se colige que, se está en presencia de actos que requieren de ejecución material, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, y que de facto, ya se realizó, pues de la simple lectura de la demanda de amparo se advierte que la orden de traslado ya fue ejecutada. En tal virtud, respecto a la competencia, los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, establecen: Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . . .VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. . . "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo. Reglas que para una mejor comprensión técnica se puntualizan de la siguiente manera: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) En tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Sólo cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. A mayor abundamiento, el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aduce que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente. Ahora bien, la orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica es un acto de tracto sucesivo, ya que desde su emisión hasta su conclusión se suscitan hechos continuos tendentes al traslado material de la persona; esto es, sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, pues la autoridad que ordena dicho traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. De tal manera que, si en amparo indirecto se reclama una orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro y dicho acto comienza a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, se actualiza la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 citado y, por ende, al tratarse de un acto de tracto sucesivo, la competencia para conocer del juicio de garantías se surte a favor del Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte que el acto reclamado comenzó a ejecutarse desde el siete de noviembre de dos mil diecinueve, en un Distrito diverso -Tantoyuca, Veracruz-, continúa ejecutándose en el territorio en el que este juzgado ejerce competencia, se advierte además que seguirá ejecutándose en otro diverso distrito; luego, si la demanda de amparo fue interpuesta ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, es inconcuso que no compete a este órgano de control constitucional, el conocimiento de la demanda de amparo, sino al referido órgano jurisdiccional, de ahí que no se acepta la competencia planteada por la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, sito en Tuxpan de Rodríguez Cano. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 37, segundo párrafo y 48 de la Ley de Amparo, se reitera que no se acepta la competencia declinada. Por tanto, con apoyo en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 52 y 54 párrafo segundo, primera parte, de la Ley de Amparo, remítase el expediente 565/2019, del índice de este juzgado a la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan de Rodríguez Cano, a través del servicio de mensajería denominado estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; se solicita atentamente se sirva acusar el recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea el caso de ordenar la notificación personal del presente proveído al promovente de amparo, en virtud de que será el Juez declinante quien hará de su conocimiento el acuerdo que recaiga al emitido por este órgano de control constitucional. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 71, 103, 110, 113 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, en vinculación al artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada, aplicable según el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del primer ordenamiento invocado; así como los artículos 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación del primero de los ordenamientos en cita, publicado en el citado medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día cinco del mes y año indicados, por el cual se derogó el Acuerdo General 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como las reformas que adicionaron los artículos 2º, 8º, 9º y 13, modificaron los numerales 7º, 8º, 33, 35 y 36, y reformaron el diverso 32, todos del citado reglamento, publicadas en el medio de difusión oficial referido, el doce de diciembre de dos mil siete, que entró en vigor al día siguiente; hágase saber a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus "datos personales" (cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas identificadas o identificables) y el de manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo. En el entendido que de no existir oposición, la unidad administrativa correspondiente generará la versión pública de la resolución o de las demás constancias del expediente, suprimiendo cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que dicha supresión no impida conocer el criterio de este órgano jurisdiccional. Sin embargo, tratándose de los datos sensibles, que se definen en el artículo 2º del citado reglamento, en la forma siguiente: "el dato personal que revela el origen racial o étnico, la convicción religiosa, filosófica o de otro género, la opinión política, la adhesión a un partido, sindicato, asociación u organización de carácter religioso, filosófico, político o sindical, o cualquier otro dato personal que revele el estado de salud o la vida sexual del titular de los datos personales"; serán suprimidos de la versión pública de las sentencias ejecutoras, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado. Procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido, excepción hecha de las constancias que debido a su voluminosidad, dificulten su manejo en los sistemas electrónicos de captura con que cuenta este tribunal, y en uso de la facultad discrecional que le otorga el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, las cuales, en su caso, quedarán a disposición de las partes en esta secretaría, para su consulta, hasta en tanto llegue el momento de proveer sobre su destino final.
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