Jorge Luis Hernandez Aguilar
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Luis Hernandez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, en que desechó la demanda promovida por Jorge Luis Hernández Aguilar, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME. Ahora, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación del quejoso. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 121/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento demanda. En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, de la lectura íntegra del escrito de demanda constitucional se obtiene que el acto que por esta vía reclama el solicitante de la protección de la justicia federal consiste en el acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el expediente laboral ....de su índice, en el que no aceptó la competencia para sustanciar la demanda laboral promovida por el quejoso en contra del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. Debiendo precisarse que dicho acuerdo, el requirente de protección constitucional manifiesta "bajo protesta de decir verdad" que le fue notificado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro de los juicios que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra la determinación de una autoridad en la que inhibe o declina la competencia, o el conocimiento de un asunto; sin embargo, dicho precepto legal no debe interpretarse en forma aislada, sino en forma sistemática, esto es, con lo que establece el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción V del artículo 107 de la propia Ley de Amparo, que prevén el supuesto general de procedencia para actos dentro del juicio, cuya condición necesaria es que sean de imposible reparación; es decir, cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos. De ahí que, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza no genera contra la esfera jurídica de derechos del promovente una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, el acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el expediente laboral 1369/2020/JE1-2 de su índice, en el que no aceptó la competencia para sustanciar la demanda laboral promovida por el quejoso en contra del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, este acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el tribunal de arbitraje al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta y al margen de que puede darse el caso de que éste estime que tampoco sea competente o, incluso, también podría generarse un conflicto competencial entre ambas autoridades laborales; de ello se sigue que el acto reclamado consistente en la declaratoria de incompetencia de una Junta local no es un acto de imposible reparación, al no establecerse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Bajo ese contexto, se advierte que al acto que por esta vía reclama el promovente, no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo indirecto. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en el destinatario de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 121/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de marzo de dos mil veintiuno. Demanda de amparo e identificación del quejoso. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 121/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento demanda. En principio, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, de la lectura íntegra del escrito de demanda constitucional se obtiene que el acto que por esta vía reclama el solicitante de la protección de la justicia federal consiste en el acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el expediente laboral ....de su índice, en el que no aceptó la competencia para sustanciar la demanda laboral promovida por el quejoso en contra del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí. Debiendo precisarse que dicho acuerdo, el requirente de protección constitucional manifiesta "bajo protesta de decir verdad" que le fue notificado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. En tales condiciones, por lo que ve al acto que se reclama descrito con antelación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Los artículos y fracciones en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte En este orden de ideas, se evidencia que existen otro tipo de actos dentro de los juicios que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, pero no de imposible reparación que hagan procedente el amparo indirecto en su contra de modo inmediato, los cuales, por ende, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En efecto, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente el Pleno de nuestro máximo órgano jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderle por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían de ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión juridica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes juridicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desgloce del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así pues, como se adelantó, el referido acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación que haga procedente el amparo indirecto en su contra de manera inmediata, toda vez que no reviste la categoría de un derecho "sustantivo", consagrado en la Constitución Federal o en los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. En efecto, el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra la determinación de una autoridad en la que inhibe o declina la competencia, o el conocimiento de un asunto; sin embargo, dicho precepto legal no debe interpretarse en forma aislada, sino en forma sistemática, esto es, con lo que establece el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción V del artículo 107 de la propia Ley de Amparo, que prevén el supuesto general de procedencia para actos dentro del juicio, cuya condición necesaria es que sean de imposible reparación; es decir, cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos. De ahí que, el acto reclamado constituye un acto procesal, por tanto, dada su propia naturaleza no genera contra la esfera jurídica de derechos del promovente una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, el acuerdo dictado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en el expediente laboral 1369/2020/JE1-2 de su índice, en el que no aceptó la competencia para sustanciar la demanda laboral promovida por el quejoso en contra del Organismo Público Descentralizado Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí, este acto no conlleva una ejecución irreparable, dado que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el tribunal de arbitraje al que se declinó la competencia, aún no se ha pronunciado sobre ésta y al margen de que puede darse el caso de que éste estime que tampoco sea competente o, incluso, también podría generarse un conflicto competencial entre ambas autoridades laborales; de ello se sigue que el acto reclamado consistente en la declaratoria de incompetencia de una Junta local no es un acto de imposible reparación, al no establecerse aún, en la época de la promoción del amparo, cuál es la autoridad que deberá conocer del asunto, pues será hasta que asuma la competencia la autoridad a la que se le declinó, o se resuelva, en su caso, el conflicto competencial, que se podrá determinar si existe o no afectación de derechos sustantivos, aspecto que podrá ser impugnado mediante el juicio de amparo. Bajo ese contexto, se advierte que al acto que por esta vía reclama el promovente, no constituye, por regla general, un acto dentro de juicio que ostente la naturaleza de imposible reparación y, en consecuencia, en contra del cual proceda el juicio de amparo indirecto. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en el destinatario de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Jorge Duarte Martínez455/2023
- Jorge Eduardo García Torres611/2022
- Jorge García Martínez160/2019
- Jorge Hernández Núñez58/2022
- Jorge Ivan Ojeda Flores169/2019
- Jorge Luis Gerardo Gallardo Beltrán515/2016
- Jorge Luis Salinas Salinas100/2020
- Jorge Luis Salinas Salinas23/2018
- Jorge Luis Sánchez García208/2023
- Jorge Luna Carlos576/2021
- Jorge Martin Mendoza Castillo122/2019
- Jorge Montalvo Villeda364/2018