Jorge Ivan Ojeda Flores
Expediente 169/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 169/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 09/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Ivan Ojeda Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de julio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, por el cual acusa recibo del legajo de copias certificadas que acompañó a su informe justificado, que le fue devuelto en atención a lo ordenado en acuerdo de tres de julio de dos mil diecinueve. En virtud de lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y la definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURABLE. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de julio de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado no haya realizado el computo a efecto de saber si ya transcurrió el término a las autoridades responsables y terceras interesadas, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no le irroga perjuicio alguno. Resulta aplicable la tesis número I.1o.A.37 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el viernes 10 de Agosto de 2018 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017556, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES CARECEN DE ÉSTA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NEGÓ LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL RESPECTO DE LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYERON. Conforme al artículo 87, primer párrafo, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les reclame. Así, de la interpretación de esa disposición se colige que cuando el Juez de Distrito niega la protección de la Justicia Federal respecto de los actos que a aquéllas se atribuyeron, carecen de legitimación para instar el medio de defensa indicado, pues esa determinación no les depara perjuicio. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que los agravios propuestos estén encaminados a demostrar la improcedencia del juicio, ya que aun cuando se pudiera considerar que el sobreseimiento tendría consecuencias jurídicas de diversa naturaleza que les reportarían un beneficio distinto, ese examen sólo sería posible si el quejoso interpone el recurso para impugnar la negativa del amparo, supuesto en el que las responsables estarán en posibilidad de hacer valer, vía revisión adhesiva, motivos de improcedencia o robustecer los que abordó y desestimó el juzgador, en virtud de que, de prosperar los alegatos del promovente, se dejaría insubsistente la decisión que, en principio, les favoreció." Por otra parte, devuélvase al Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copia certificada del juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad número 104/2019/2°, de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. En ese orden de ideas, una vez que obre en autos el acuse referido se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez de junio del año en curso (fojas 69 y 70) y al efecto allega copia certificada del acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del procedimiento de origen, en el cual declaró firme el diverso de veintinueve de mayo de este año, en el que tuvo a la actora Martha Laura Cruz Maldonado, aquí tercera interesada, desistida en su perjuicio de la acción ejercida en el juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad número 104/2019, de su índice, instaurado en contra del quejoso Jorge Iván Ojeda Flores, de los que derivan los actos aquí reclamados. Documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el quejoso son los siguientes: "La admisión de la prueba pericial consistente en la genética molecular (ADN), en muestra de saliva de cavidad bucal para reconocimiento de paternidad, esto al calificarla de procedente en el acuerdo de veintitrés de abril del presente año, dictado en los autos del expediente número 104/2019/2 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y la notificación de dicho auto." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad de los actos reclamados, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese contexto, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así, expone la referida sala del máximo tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese orden de ideas, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de algún acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el particular, de las documentales aportadas por el juez responsable anexas al oficio 1212/17 (foja 55), se desprende que en fecha veintinueve de mayo del año en curso, la parte actora (aquí tercera interesada) compareció ante la responsable (foja 59), para efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el veintisiete de mayo de este año en el Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (foja 57), en el que se desistió de la acción ejercida en el juicio de origen instaurado en contra del quejoso Jorge Iván Ojeda Flores, del que derivan los actos reclamados lo que acordó el juez responsable de conformidad, esto es, se le tuvo por desistida de la acción ejercida en el juicio de origen (fojas 59 vuelta y 60); máxime que por medio de auto de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 80 a 82), declaró firme el citado acuerdo de veintinueve de mayo del presente año, al no haber sido recurrido a través de algún medio ordinario de defensa. Documentales que al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que las autoridades responsables han dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico del quejoso, lo cual en el caso no acontece, pues al haberse desistido la parte actora (aquí tercera interesada) de la acción ejercida en el juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad número 104/2019, del índice del juzgado responsable, instaurado en contra de Jorge Iván Ojeda Flores, queda insubsistente la posibilidad de exigir y hacer valer algún derecho dentro de un nuevo procedimiento, ya que implica la renuncia a los derechos sustantivos dentro del juicio natural. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA CATORCE DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez de junio del año en curso (fojas 69 y 70) y al efecto allega copia certificada del acuerdo de doce de junio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del procedimiento de origen, en el cual declaró firme el diverso de veintinueve de mayo de este año, en el que tuvo a la actora Martha Laura Cruz Maldonado, aquí tercera interesada, desistida en su perjuicio de la acción ejercida en el juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad número 104/2019, de su índice, instaurado en contra del quejoso Jorge Iván Ojeda Flores, de los que derivan los actos aquí reclamados. Documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que los actos que reclama el quejoso son los siguientes: "La admisión de la prueba pericial consistente en la genética molecular (ADN), en muestra de saliva de cavidad bucal para reconocimiento de paternidad, esto al calificarla de procedente en el acuerdo de veintitrés de abril del presente año, dictado en los autos del expediente número 104/2019/2 del índice del Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí y la notificación de dicho auto." En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia constitucional; ello en virtud de que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad de los actos reclamados, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. En ese contexto, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal establece que los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Así, expone la referida sala del máximo tribunal de este país que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho humano exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese orden de ideas, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de algún acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el particular, de las documentales aportadas por el juez responsable anexas al oficio 1212/17 (foja 55), se desprende que en fecha veintinueve de mayo del año en curso, la parte actora (aquí tercera interesada) compareció ante la responsable (foja 59), para efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes el escrito presentado el veintisiete de mayo de este año en el Juzgado Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (foja 57), en el que se desistió de la acción ejercida en el juicio de origen instaurado en contra del quejoso Jorge Iván Ojeda Flores, del que derivan los actos reclamados lo que acordó el juez responsable de conformidad, esto es, se le tuvo por desistida de la acción ejercida en el juicio de origen (fojas 59 vuelta y 60); máxime que por medio de auto de doce de junio de dos mil diecinueve (fojas 80 a 82), declaró firme el citado acuerdo de veintinueve de mayo del presente año, al no haber sido recurrido a través de algún medio ordinario de defensa. Documentales que al ser expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que las autoridades responsables han dejado de afectar la esfera jurídica del peticionario de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejaron huella alguna en la esfera jurídica del justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la justicia federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que el juicio de amparo sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico del quejoso, lo cual en el caso no acontece, pues al haberse desistido la parte actora (aquí tercera interesada) de la acción ejercida en el juicio ordinario civil por reconocimiento de paternidad número 104/2019, del índice del juzgado responsable, instaurado en contra de Jorge Iván Ojeda Flores, queda insubsistente la posibilidad de exigir y hacer valer algún derecho dentro de un nuevo procedimiento, ya que implica la renuncia a los derechos sustantivos dentro del juicio natural. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, deviene incontrovertible que este juicio debe sobreseerse con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V del ordenamiento legal invocado. Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. En tales condiciones, déjese sin efectos la hora y fecha señaladas para celebrar la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE). Notifíquese personalmente.
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