Jorge Luis González Hernández

Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
179/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
22/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Luis González Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese en autos escrito del quejoso Jorge Luis González Hernández, con el que se da cuenta, recibido vía electrónica; sin necesidad de hacer pronunciamiento legal al respecto, toda vez que de su lectura se advierte que el mismo se encuentra dirigido al Juzgado Primero de Control del Primer Departamento Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, y no a éste órgano judicial y en el que hace manifestaciones y solicitudes que no guardan relación con el presente asunto, sino que versan sobre un procedimiento penal que no fue materia de análisis en este juicio, por no versar sobre el acto reclamado en el expediente en que se actúa, el cual ya fue archivado como asunto concluido.. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Pamela Medina Sánchez, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que en resolución de veinticuatro de mayo del año en curso, se resolvió el incidente de nulidad de notificación planteado en este asunto, sin que hasta esta fecha la parte quejosa se hubiera inconformado contra la misma. En ese tenor, dado que no existe diligencia pendiente en este asunto, y que por acuerdo de veintiséis de abril del año en curso, causó ejecutoria la sentencia dictada en el mismo, y se ordenó su archivo como concluido; por tanto, remítase nuevamente el presente expediente al archivo de este Juzgado; para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia incidental. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia relativa al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso Jorge Luis González Hernández; con fundamento en los artículos 32 y 66 a 68 de la Ley de Amparo, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia incidental. La Secretaria hace constar que llegada la hora de esta audiencia se realizaron diversos llamados en la sala de espera de este juzgado y se voceó anunciando la audiencia en diversas ocasiones por un lapso de diez minutos, sin que persona alguna respondiera al respecto. Finalmente, se hace relación de las constancias de autos inherentes a la incidencia planteada, entre las que destacan el escrito con el que se planteó el incidente de nulidad respecto de la notificación correspondiente al auto de diecisiete y veinte de abril del año en curso. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la presenta audiencia sin la asistencia de las partes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que integran el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de referencia, atento a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que la parte promovente no hizo uso de este derecho, por lo que se cierran las mencionadas fases de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el multicitado artículo 67 y al no haber diligencias por desahogar ni promociones pendientes por acordar, se procede a dictar la resolución que corresponde. Doy fe. Visto, para resolver el incidente de nulidad de notificaciones planteado en el juicio de amparo 179/2023; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. El dos de febrero de dos mil veintitrés, se recibió en este juzgado vía electrónica la demanda promovida por JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y conforme a lo solicitado por el propio quejoso, se le tuvo señalando la vía de las notificaciones electrónicas por conducto del usuario que proporcionó "JHERNADEZ75", al tenor de lo siguiente: ".Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es "JHERNANDEZ75", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con su nombre de usuario "JHERNANDEZ75", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. ." Mediante resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, misma que se notificó por lista, al no ser una de las determinaciones que deben realizarse de modo personal, al haberse emitido la sentencia en la misma fecha en que se celebró la audiencia constitucional. En fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, un escrito escaneado con firma del directo quejoso Jorge Luis González Hernández, con el cual pretendía interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este asunto; sin embargo, dicho escrito carecía de firma electrónica y evidencia criptográfica, no obstante su presentación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, en relación con el 2 de la Ley de Amparo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, se previno a la parte quejosa, para que al momento de la notificación, o dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído, ratificara el contenido del su escrito de revisión, en el entendido que de realizarlo vía electrónica, el memorial relativo debería contar con la correspondiente firma electrónica, a fin de que se genere la evidencia criptográfica que a dicho envío y firma corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría por no hecha la solicitud a que se contrae en el referido escrito, y consecuentemente, no se daría trámite al recurso intentado. Por diligencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el actuario adscrito, hizo constar que a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el citado acuerdo de diecisiete de abril referido, en esa fecha, se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, y requirió la presencia del quejoso Jorge Luis González Hernández; sin embargo, no le fue posible realizar la notificación ordenada, ya que fue atendido por Marco Antonio Cámara, quien dijo ser Jefe del archivo de dicho centro y le manifestó que el aludido González Hernández no se encontraba recluido en dichas instalaciones, en razón de que el quince de abril en comento se le otorgó su libertad. No obstante ello, también se realizó la notificación del citado acuerdo de diecisiete de abril pasado, por la vía electrónica como lo solicitó el quejoso en el escrito de demanda y que fue autorizado en acuerdo admisorio de dos de febrero de la presente anualidad. En fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, en mérito de la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, se tuvo por hecha la notificación a la parte quejosa del auto de diecisiete de abril referido, conforme a la notificación electrónica que se realizó de dicho acuerdo. Posteriormente, en fecha veintiséis de abril del año en curso, al no haber cumplido el directo quejoso la prevención del diverso auto de diecisiete de abril en comento, se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por presentado el recurso de revisión y causó ejecutoria la sentencia de amparo emitida en este juicio, ordenándose el archivo correspondiente. SEGUNDO. Incidente de nulidad de notificaciones. Por escrito recibido vía electrónica en este Juzgado Tercero de Distrito, el dos de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso Jorge Luis González Hernández, promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto de las correspondientes a los autos de diecisiete y veinte de abril del año en curso. TERCERO. Admisión del incidente. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el citado incidente y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. CUARTO. Fecha y hora para la celebración de la audiencia interlocutoria. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, la cual se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver del presente incidente de nulidad de notificaciones planteado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo; en virtud de que dicho incidente se planteó contra la notificación de actuaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, realizadas por los actuarios judiciales de la adscripción. SEGUNDO. Estudio de fondo del incidente planteado respecto a los motivos de inconformidad. La parte incidentista aduce sustancialmente en su escrito de nulidad, que las notificaciones de fechas diecisiete y veinte de abril del año en curso, devienen ilegales, por los siguientes motivos. Por cuanto a la notificación del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, refiere que al no haberse encontrado el dieciocho de abril siguiente al quejoso en el Centro de Reinserción Social en el que presuntamente se encontraba recluido, el Actuario debió constituirse en su domicilio para llevar a cabo la notificación ordenada, pues señala que en su demanda proporcionó un domicilio; ello, sin perjuicio de que se hubiere realizado la notificación de forma electrónica, señalando de igual forma, que la constancia que levantada por el Actuario en la que señaló que el quejoso ya no se encontraba detenido, se encuentra en términos idénticos a una practicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, siendo que el fedatario de la adscripción se encontraba obligado a constituirse en el domicilio de la parte quejosa. Por otra parte, respecto de la notificación del auto de veinte de abril en comento, refiere que no se advierte que se hubiere notificado de forma electrónica o bajo ninguna de las reglas de notificación contempladas en los artículos del 24 al 31 de la Ley de Amparo Ahora bien, a efecto de resolver el presente incidente, conviene precisar que la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero, el contenido de una resolución judicial. De igual forma, resulta trascendente traer a colación el contenido del artículo 26 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; c) Los requerimientos y prevenciones; d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento; e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental; h) La aclaración de sentencias ejecutorias; i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; II. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales. III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica." El citado precepto establece un listado de las notificaciones que deberán realizarse de manera personal en los juicios de amparo, entre las cuales destaca la hipótesis relativa a los requerimientos y prevenciones realizados por el órgano jurisdiccional a cualquiera de las partes. De igual modo señala, que todas aquellas notificaciones que no encuadren en los supuestos contenidos en las fracciones I (notificaciones personales), ni II (por oficio), deberán realizarse por lista que se publique en los estrados. Asimismo, la fracción IV del numeral en comento, señala que las notificaciones por la vía electrónica, se practicarán a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Amparo, los quejosos que hubieren optado por las notificaciones electrónicas están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado; de no ingresar al aludido sistema dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ahora bien, por cuanto a las notificaciones electrónicas, al resolver la Contradicción de tesis 361/2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Lo anterior, ya que las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. De igual forma, señaló que el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa refiere el Máximo Tribunal de la Nación, es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, sostiene la Suprema Corte, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable; en tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Lo anterior, quedó plasmado en la Jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, de la Undécima Época, con registro digital 2026122, con el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Conforme a todo lo anterior, debe señalarse que cuando alguna de las partes señale como medio para notificación la vía electrónica, ello procederá únicamente por cuanto a aquellas que deban realizarse de modo personal; entendiéndose que cuando una determinación se deba comunicar a las partes, y no encuadre en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 26, fracciones I y II, deberá realizarse por medio de lista. Ahora bien, de la confrontación de las hipótesis normativas antes trascritas y las constancias que obran en autos, se advierte que este incidente de nulidad debe declararse infundado. En efecto, como puede advertirse de autos, la notificación del acuerdo de fecha diecisiete de abril del año en curso, se ordenó se realizara de forma personal -en mérito de lo cual, en primera instancia, debía realizarse vía electrónica como solicitó la parte quejosa desde su escrito de demanda y se acordó en el auto inicial-; sin embargo, en virtud de las manifestaciones del propio quejoso, quien señaló que se encontraba privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado, se comisionó al Actuario de este Juzgado para que, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, comunicara al quejoso lo proveído en fecha diecisiete de abril del año en curso, salvaguardando los derechos de la parte quejosa. Ahora, de la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se advierte que éste se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, a efecto de notificar al quejoso el auto de diecisiete de abril de la presente anualidad; sin embargo, ahí fue informado que el quejoso González Hernández ya no se encontraba recluido, pues había sido puesto en libertad desde el quince de abril en comento, por lo que no fue posible realizar la notificación ordenada en el citado centro de reclusión. Sin embargo, como se señaló anteriormente y como consta en autos del presente expediente, el citado auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, además fue notificado vía electrónica a la parte quejosa, en fecha dieciocho de abril referido, como consta del "Acuse de Recepción de Notificación", mismo que se genera a partir de que quien está autorizado para ello, en el caso, el usuario "JHERNANDEZ75", correspondiente al propio quejoso JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ al ingresa al Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación a notificarse de lo proveído, lo que se advierte de la propia constancia que a continuación se inserta. Es por lo anterior, que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la notificación del auto de diecisiete de abril del año en curso, se realizó con pleno apego a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al haber solicitud expresa de la parte quejosa para que las notificaciones en el presente asunto de carácter personal se le realicen por la vía electrónica. Y si bien se comisionó al Actuario para que llevara a cabo la notificación en el Centro de Reinserción Social, toda vez que se encontraba interno en el citado Centro, según lo informó; ello solo se hizo en aras de salvaguardar sus derechos y como una medida adicional a la notificación electrónica autorizada por el propio quejoso desde el escrito inicial de demanda; esto es, sin que exista obligación legal de ordenar dicha notificación personal en el Centro de Reinserción, porque existe una solicitud expresa de hacerlas por medios electrónicos; notificación que incluso se generó hasta el dieciocho de abril, cuando el quejoso ingresó al sistema por medio del usuario que proporcionó y que se autorizó en el auto inicial. Ahora bien, por cuanto a la diversa notificación del auto de veinte de abril del año en curso, de la lectura del referido auto, se advierte que lo acordado en dicha fecha no constituyó una determinación que modificara el estado procesal del juicio, ya que únicamente se hizo constar que acorde a lo asentado por el Actuario en su razón de dieciocho de abril del presente año y advirtiéndose que el auto que se pretendía notificar por conducto del fedatario ya había sido comunicado al interesado -parte quejosa- en mérito de la notificación electrónica que se realizó y cuyo acuse se generó, no resultaba necesario ordenar nuevamente comunicar dicha determinación a la parte quejosa, por lo que al no contener requerimiento o prevención alguna al quejoso en términos del artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, no era exigible su notificación a las partes. Es por ello, que al versar dicho auto únicamente sobre el resultado de la diligencia llevada a cabo por el actuario, no se ordenó su notificación personal al peticionario. Es por todo lo anterior, que resulta infundado este incidente atento a que la notificación del auto de diecisiete de abril del año en curso, se realizó en estricto apego a la normativa del Juicio de amparo y la jurisprudencia aplicable y por cuanto al diverso auto de veinte de abril, no se ordenó llevar a cabo notificación alguna, ya que como se sostuvo en el acuerdo de esa fecha y se estableció en párrafos precedentes, lo proveído en dicho auto únicamente fue para efecto de acordar sobre la razón de imposibilidad de dieciocho de abril de dos mil veintitrés levantada por el Actuario. Aunado a que la parte quejosa no logró desvirtuar la fe pública de la que se encuentra investido el Actuario de la adscripción, quien en ejercicio de sus funciones y facultades legales, asentó en su razón de dieciocho de abril del año en curso, que sí se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado a fin de comunicar al quejoso el auto de diecisiete de abril del año en curso; notificación que sin embargo se perfeccionó en la vía electrónica en fecha dieciocho de abril de la anualidad en curso. Por lo antes expuesto, es convicción de este órgano de control constitucional que el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra la notificación de los autos de diecisiete y veinte de abril del año en curso, deviene infundado, en virtud de los razonamientos expuestos en la presente determinación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Es infundado el incidente de nulidad promovido por JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, contra la notificación relativa a los proveídos de diecisiete y veinte de abril de dos mil veintitrés, dictados en el presente juicio de amparo; lo anterior, por los motivos establecidos en la última consideración de esta sentencia interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe. Audiencia incidental. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con veintinueve minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia relativa al incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por el quejoso Jorge Luis González Hernández; con fundamento en los artículos 32 y 66 a 68 de la Ley de Amparo, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, declara abierta la audiencia incidental. La Secretaria hace constar que llegada la hora de esta audiencia se realizaron diversos llamados en la sala de espera de este juzgado y se voceó anunciando la audiencia en diversas ocasiones por un lapso de diez minutos, sin que persona alguna respondiera al respecto. Finalmente, se hace relación de las constancias de autos inherentes a la incidencia planteada, entre las que destacan el escrito con el que se planteó el incidente de nulidad respecto de la notificación correspondiente al auto de diecisiete y veinte de abril del año en curso. La Jueza acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y celébrese la presenta audiencia sin la asistencia de las partes. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que integran el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 67 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de referencia, atento a su propia y especial naturaleza. En el periodo de alegatos, la Secretaria hace constar que la parte promovente no hizo uso de este derecho, por lo que se cierran las mencionadas fases de la audiencia. Finalmente, con fundamento en el multicitado artículo 67 y al no haber diligencias por desahogar ni promociones pendientes por acordar, se procede a dictar la resolución que corresponde. Doy fe.Visto, para resolver el incidente de nulidad de notificaciones planteado en el juicio de amparo 179/2023; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. El dos de febrero de dos mil veintitrés, se recibió en este juzgado vía electrónica la demanda promovida por JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. Por acuerdo de dos de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo y conforme a lo solicitado por el propio quejoso, se le tuvo señalando la vía de las notificaciones electrónicas por conducto del usuario que proporcionó "JHERNADEZ75", al tenor de lo siguiente: ".Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, formular promociones y se le notifique los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello su nombre de usuario, que es "JHERNANDEZ75", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, promover y que le sea notificado en el mismo con su nombre de usuario "JHERNANDEZ75", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. ." Mediante resolución de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se emitió la sentencia correspondiente, misma que se notificó por lista, al no ser una de las determinaciones que deben realizarse de modo personal, al haberse emitido la sentencia en la misma fecha en que se celebró la audiencia constitucional. En fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido a través del portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, un escrito escaneado con firma del directo quejoso Jorge Luis González Hernández, con el cual pretendía interponer recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este asunto; sin embargo, dicho escrito carecía de firma electrónica y evidencia criptográfica, no obstante su presentación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que con fundamento en el artículo 297, fracción II, en relación con el 2 de la Ley de Amparo, a efecto de no dejar en estado de indefensión al promovente, se previno a la parte quejosa, para que al momento de la notificación, o dentro de los tres días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho proveído, ratificara el contenido del su escrito de revisión, en el entendido que de realizarlo vía electrónica, el memorial relativo debería contar con la correspondiente firma electrónica, a fin de que se genere la evidencia criptográfica que a dicho envío y firma corresponda. Con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendría por no hecha la solicitud a que se contrae en el referido escrito, y consecuentemente, no se daría trámite al recurso intentado. Por diligencia de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el actuario adscrito, hizo constar que a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el citado acuerdo de diecisiete de abril referido, en esa fecha, se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado, con sede en esta ciudad, y requirió la presencia del quejoso Jorge Luis González Hernández; sin embargo, no le fue posible realizar la notificación ordenada, ya que fue atendido por Marco Antonio Cámara, quien dijo ser Jefe del archivo de dicho centro y le manifestó que el aludido González Hernández no se encontraba recluido en dichas instalaciones, en razón de que el quince de abril en comento se le otorgó su libertad. No obstante ello, también se realizó la notificación del citado acuerdo de diecisiete de abril pasado, por la vía electrónica como lo solicitó el quejoso en el escrito de demanda y que fue autorizado en acuerdo admisorio de dos de febrero de la presente anualidad. En fecha veinte de abril de dos mil veintitrés, en mérito de la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, se tuvo por hecha la notificación a la parte quejosa del auto de diecisiete de abril referido, conforme a la notificación electrónica que se realizó de dicho acuerdo. Posteriormente, en fecha veintiséis de abril del año en curso, al no haber cumplido el directo quejoso la prevención del diverso auto de diecisiete de abril en comento, se le hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por presentado el recurso de revisión y causó ejecutoria la sentencia de amparo emitida en este juicio, ordenándose el archivo correspondiente. SEGUNDO. Incidente de nulidad de notificaciones. Por escrito recibido vía electrónica en este Juzgado Tercero de Distrito, el dos de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso Jorge Luis González Hernández, promovió incidente de nulidad de notificaciones respecto de las correspondientes a los autos de diecisiete y veinte de abril del año en curso. TERCERO. Admisión del incidente. Por auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el citado incidente y se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. CUARTO. Fecha y hora para la celebración de la audiencia interlocutoria. Mediante acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 67 de la Ley de Amparo, la cual se celebró en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora es legalmente competente para conocer y resolver del presente incidente de nulidad de notificaciones planteado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 66, 67 y 68 de la Ley de Amparo; en virtud de que dicho incidente se planteó contra la notificación de actuaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, realizadas por los actuarios judiciales de la adscripción. SEGUNDO. Estudio de fondo del incidente planteado respecto a los motivos de inconformidad. La parte incidentista aduce sustancialmente en su escrito de nulidad, que las notificaciones de fechas diecisiete y veinte de abril del año en curso, devienen ilegales, por los siguientes motivos. Por cuanto a la notificación del auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, refiere que al no haberse encontrado el dieciocho de abril siguiente al quejoso en el Centro de Reinserción Social en el que presuntamente se encontraba recluido, el Actuario debió constituirse en su domicilio para llevar a cabo la notificación ordenada, pues señala que en su demanda proporcionó un domicilio; ello, sin perjuicio de que se hubiere realizado la notificación de forma electrónica, señalando de igual forma, que la constancia que levantada por el Actuario en la que señaló que el quejoso ya no se encontraba detenido, se encuentra en términos idénticos a una practicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, siendo que el fedatario de la adscripción se encontraba obligado a constituirse en el domicilio de la parte quejosa. Por otra parte, respecto de la notificación del auto de veinte de abril en comento, refiere que no se advierte que se hubiere notificado de forma electrónica o bajo ninguna de las reglas de notificación contempladas en los artículos del 24 al 31 de la Ley de Amparo Ahora bien, a efecto de resolver el presente incidente, conviene precisar que la notificación es el medio legal por el cual se da a conocer a las partes o a un tercero, el contenido de una resolución judicial. De igual forma, resulta trascendente traer a colación el contenido del artículo 26 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 26. Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones; b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable; c) Los requerimientos y prevenciones; d) El acuerdo por el que se le requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento; e) Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional; f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional; g) Las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental; h) La aclaración de sentencias ejecutorias; i) La aclaración de las resoluciones que modifiquen o revoquen la suspensión definitiva; j) Las resoluciones que desechen la demanda o la tengan por no interpuesta; k) Las resoluciones que a juicio del órgano jurisdiccional lo ameriten; y l) Las resoluciones interlocutorias que se dicten en los incidentes de reposición de autos; II. Por oficio: a) A la autoridad responsable, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como tal, en cuyo caso se observará lo establecido en el inciso b) de la fracción I del presente artículo; b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y c) Al Ministerio Público de la Federación en el caso de amparo contra normas generales. III. Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores; y IV. Por vía electrónica, a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica." El citado precepto establece un listado de las notificaciones que deberán realizarse de manera personal en los juicios de amparo, entre las cuales destaca la hipótesis relativa a los requerimientos y prevenciones realizados por el órgano jurisdiccional a cualquiera de las partes. De igual modo señala, que todas aquellas notificaciones que no encuadren en los supuestos contenidos en las fracciones I (notificaciones personales), ni II (por oficio), deberán realizarse por lista que se publique en los estrados. Asimismo, la fracción IV del numeral en comento, señala que las notificaciones por la vía electrónica, se practicarán a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Amparo, los quejosos que hubieren optado por las notificaciones electrónicas están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado; de no ingresar al aludido sistema dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ahora bien, por cuanto a las notificaciones electrónicas, al resolver la Contradicción de tesis 361/2021, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Lo anterior, ya que las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. De igual forma, señaló que el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa refiere el Máximo Tribunal de la Nación, es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, sostiene la Suprema Corte, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable; en tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso. Lo anterior, quedó plasmado en la Jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, página 2405, de la Undécima Época, con registro digital 2026122, con el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar casos en donde los quejosos y los terceros interesados solicitaron ser notificados por la vía electrónica, sostuvieron criterios discrepantes, pues mientras un órgano jurisdiccional estimó que dicha solicitud sustituye a las que se realizan por lista, el diverso órgano determinó que únicamente es aplicable para las de carácter personal. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando las partes quejosa o tercera interesada (particular) en un juicio de amparo soliciten ser notificadas por vía electrónica, esto implica que el órgano jurisdiccional deberá sustituir, con esa forma de notificación, únicamente aquellas que son de carácter personal. Justificación: Las notificaciones judiciales, como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el órgano jurisdiccional con motivo del juicio o recurso sustanciado ante éste, tienen cuatro vías previstas en el artículo 26 de la Ley de Amparo: personal, por oficio, por lista y a través de la vía electrónica. Por su parte, el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, distingue el acceso al expediente electrónico, como aquel que solicitan las partes en un procedimiento jurisdiccional, por sí o por conducto de sus representantes legales, para sí o para un tercero, a fin de poder descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Dicha normativa es específica al señalar que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo cuando se solicita expresamente autorización para esa finalidad y la misma se haya acordado favorablemente. Asimismo, en relación con las notificaciones electrónicas, el Acuerdo General establece que las partes, sus representantes o los autorizados que cuenten con facultades expresas, podrán solicitar ante el órgano jurisdiccional en el que se tramite el asunto de su interés, que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y particularmente distingue que la solicitud para ser notificado electrónicamente lleva implícita la obligación de consultar el expediente electrónico respectivo. Por tanto, las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente. Atento a ello, de la interpretación realizada a los preceptos citados de la Ley de Amparo y del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, esta Segunda Sala determina que si la finalidad de establecer la notificación vía electrónica resulta en la implementación de una modalidad alterna a las que tradicionalmente se han utilizado, entonces la vía electrónica debe verse como herramienta optativa para agilizar la comunicación entre el órgano jurisdiccional y el justiciable. En tal sentido, es dable sostener que la elección de esta modalidad por el quejoso o el tercero interesado debe entenderse aplicable únicamente a las notificaciones que dentro del juicio se deban realizar de forma personal, pues éstas obedecen a la necesidad de comunicar fehacientemente determinados actos o resoluciones de importancia y relevancia para el interés de su destinatario, sin que su alcance pueda sustituir la operatividad de las notificaciones que se ordenan fijar en una lista que se publica en el local del órgano jurisdiccional, en lugar visible y de fácil acceso." Conforme a todo lo anterior, debe señalarse que cuando alguna de las partes señale como medio para notificación la vía electrónica, ello procederá únicamente por cuanto a aquellas que deban realizarse de modo personal; entendiéndose que cuando una determinación se deba comunicar a las partes, y no encuadre en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 26, fracciones I y II, deberá realizarse por medio de lista. Ahora bien, de la confrontación de las hipótesis normativas antes trascritas y las constancias que obran en autos, se advierte que este incidente de nulidad debe declararse infundado. En efecto, como puede advertirse de autos, la notificación del acuerdo de fecha diecisiete de abril del año en curso, se ordenó se realizara de forma personal -en mérito de lo cual, en primera instancia, debía realizarse vía electrónica como solicitó la parte quejosa desde su escrito de demanda y se acordó en el auto inicial-; sin embargo, en virtud de las manifestaciones del propio quejoso, quien señaló que se encontraba privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social del Estado, se comisionó al Actuario de este Juzgado para que, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, comunicara al quejoso lo proveído en fecha diecisiete de abril del año en curso, salvaguardando los derechos de la parte quejosa. Ahora, de la constancia levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado, el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se advierte que éste se constituyó en las instalaciones del Centro de Reinserción Social del Estado, a efecto de notificar al quejoso el auto de diecisiete de abril de la presente anualidad; sin embargo, ahí fue informado que el quejoso González Hernández ya no se encontraba recluido, pues había sido puesto en libertad desde el quince de abril en comento, por lo que no fue posible realizar la notificación ordenada en el citado centro de reclusión. Sin embargo, como se señaló anteriormente y como consta en autos del presente expediente, el citado auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, además fue notificado vía electrónica a la parte quejosa, en fecha dieciocho de abril referido, como consta del "Acuse de Recepción de Notificación", mismo que se genera a partir de que quien está autorizado para ello, en el caso, el usuario "JHERNANDEZ75", correspondiente al propio quejoso JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ al ingresa al Sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación a notificarse de lo proveído, lo que se advierte de la propia constancia que a continuación se inserta. Es por lo anterior, que contrario a lo manifestado por la parte quejosa, la notificación del auto de diecisiete de abril del año en curso, se realizó con pleno apego a lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, en relación con el 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, al haber solicitud expresa de la parte quejosa para que las notificaciones en el presente asunto de carácter personal se le realicen por la vía electrónica. Y si bien se comisionó al Actuario para que llevara a cabo la notificación en el Centro de Reinserción Social, toda vez que se encontraba interno en el citado Centro, según lo informó; ello solo se hizo en aras de salvaguardar sus derechos y como una medida adicional a la notificación electrónica autorizada por el propio quejoso desde el escrito inicial de demanda; esto es, sin que exista obligación legal de ordenar dicha notificación personal en el Centro de Reinserción, porque existe una solicitud expresa de hacerlas por medios electrónicos; notificación que incluso se generó hasta el dieciocho de abril, cuando el quejoso ingresó al sistema por medio del usuario que proporcionó y que se autorizó en el auto inicial. Ahora bien, por cuanto a la diversa notificación del auto de veinte de abril del año en curso, de la lectura del referido auto, se advierte que lo acordado en dicha fecha no constituyó una determinación que modificara el estado procesal del juicio, ya que únicamente se hizo constar que acorde a lo asentado por el Actuario en su razón de dieciocho de abril del presente año y advirtiéndose que el auto que se pretendía notificar por conducto del fedatario ya había sido comunicado al interesado -parte quejosa- en mérito de la notificación electrónica que se realizó y cuyo acuse se generó, no resultaba necesario ordenar nuevamente comunicar dicha determinación a la parte quejosa, por lo que al no contener requerimiento o prevención alguna al quejoso en términos del artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, no era exigible su notificación a las partes. Es por ello, que al versar dicho auto únicamente sobre el resultado de la diligencia llevada a cabo por el actuario, no se ordenó su notificación personal al peticionario. Es por todo lo anterior, que resulta infundado este incidente atento a que la notificación del auto de diecisiete de abril del año en curso, se realizó en estricto apego a la normativa del Juicio de amparo y la jurisprudencia aplicable y por cuanto al diverso auto de veinte de abril, no se ordenó llevar a cabo notificación alguna, ya que como se sostuvo en el acuerdo de esa fecha y se estableció en párrafos precedentes, lo proveído en dicho auto únicamente fue para efecto de acordar sobre la razón de imposibilidad de dieciocho de abril de dos mil veintitrés levantada por el Actuario. Aunado a que la parte quejosa no logró desvirtuar la fe pública de la que se encuentra investido el Actuario de la adscripción, quien en ejercicio de sus funciones y facultades legales, asentó en su razón de dieciocho de abril del año en curso, que sí se constituyó en el Centro de Reinserción Social del Estado a fin de comunicar al quejoso el auto de diecisiete de abril del año en curso; notificación que sin embargo se perfeccionó en la vía electrónica en fecha dieciocho de abril de la anualidad en curso. Por lo antes expuesto, es convicción de este órgano de control constitucional que el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto contra la notificación de los autos de diecisiete y veinte de abril del año en curso, deviene infundado, en virtud de los razonamientos expuestos en la presente determinación. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Es infundado el incidente de nulidad promovido por JORGE LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, contra la notificación relativa a los proveídos de diecisiete y veinte de abril de dos mil veintitrés, dictados en el presente juicio de amparo; lo anterior, por los motivos establecidos en la última consideración de esta sentencia interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés.********************Vista la cuenta que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes en proveído de tres de los corrientes, respecto de la vista que se les dio con el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto por la parte quejosa, toda vez que ya obran las notificaciones realizadas a las partes.********************Por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 67 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con veintinueve minutos del veinticuatro de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia relativa al incidente de nulidad de notificaciones promovido por el quejoso ********************Finalmente, agréguese a estos autos el escrito signado por el referido quejoso, con el que hace diversas manifestaciones respecto del incidente de nulidad de notificaciones planteado, y en atención a lo que solicita, dígase que se esté a lo acordado en líneas precedentes.********************Notifíquese personalmente a las partes y al Actuario adscrito a este Juzgado.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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