Jorge Luis Dominguez Menendez
Expediente 1319/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Luis Dominguez Menendez
- Maria Cristina Navarrete Perez
- JORGE EDUARDO NAVARRETE PEREZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio judicial de la resolución pronunciada el catorce de marzo del presente año, por ese Cuerpo Colegiado en la queja 180/2018, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por el quejoso Jorge Eduardo Navarrete Pérez, Carolina de San Martín Pérez Arce, Andrés Torre Lima, Jorge Luis Domínguez Menéndez, María Cristina Navarrete Pérez, María Carolina Navarrete Pérez y Jorge Carlos Navarrete Narváez, por conducto de su defensor particular Miguel Bargas Díaz, contra el auto dictado el trece de noviembre del dos mil dieciocho, de la que aparece que la citada Superioridad en su único punto declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Por ende, con apoyo en el artículo 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el expresado acuerdo en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Asimismo, como lo solicita la Superioridad, acúsese recibo de la referida resolución. Por otra parte, en cumplimiento al punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número uno de dos mil nueve, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, y que por ende, no se tramitó el incidente de suspensión, este expediente se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él.
- Principal
MESA VI. Vista la cuanta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos el oficio 11767/2018, firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa lo relativo a la recepción del oficio VI-29652/2018 del índice de este Juzgado, con el que se remitió el original del escrito del recurso de queja interpuesto en estos autos por Miguel Bargas Díaz, quien se ostenta defensor particular de los directos quejosos, contra el acuerdo de trece de noviembre de dos mil dieciocho, así como las copias certificadas de las constancias deducidas del presente juicio, con el que se formó el toca 180/2018; lo cual se toma en consideración para los efectos legales conducentes.
- Principal
MESA VI. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos el escrito signado por Miguel Bargas Díaz quien se ostenta defensor particular de los directos quejosos Jorge Eduardo Navarrete Pérez, Carolina de San Martín Pérez Arce, Andrés Torre Lima, Jorge Luis Domínguez Menéndez, María Cristina Navarrete Pérez, Carolina Navarrete Pérez y Jorge Carlos Navarrete Narváez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado en estos autos En tal virtud, con apoyo en lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del artículo 97 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó de plano la demanda de amparo, que promovió al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, se ordena remitir a la Superioridad copia certificada de las constancias conducentes, para que acuerde lo que legalmente corresponda. Asimismo, obténgase copia certificada del escrito de interposición del recurso de queja aludido y agréguese a estos autos, lo anterior a fin de que se pueda constatar la fecha en la que se interpuso tal recurso.
- Principal
MESA VI. Vista la demanda de amparo promovida por Miguel Bargas Díaz quien se ostenta defensor particular de los directos quejosos Jorge Eduardo Navarrete Pérez, Carolina de San Martín Pérez Arce, Andrés Torre Lima, Jorge Luis Domínguez Menéndez, María Cristina Navarrete Pérez, Carolina Navarrete Pérez y Jorge Carlos Navarrete Narváez, contra los actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; en tal virtud, fórmese el expediente respectivo, dese de alta y regístrese con el número 1319/2018 En ese tenor, el suscrito procede a resolver acerca de la procedencia o no de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 112 de la ley de la materia; por lo que se estima que se actualiza la improcedencia del amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de mérito, por los motivos que se exponen en líneas siguientes: El acto combatido por esta vía de control constitucional consiste en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez responsable en el expedientillo 275/2018, en la cual revocó el no ejercicio de la acción penal dictado a favor de los quejosos por el delito de fraude en cualquiera de las hipótesis que pudiera contemplar el artículo 324 del Código Penal del Estado en vigor, dictada el ocho de septiembre de dos mil dieciocho, por la Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Tramitación Masiva de Casos del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad. Como se ha dicho, el suscrito estima que la demanda de amparo debe desecharse, al existir la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ésta última interpretada a contrario sensu, ambas de la Ley de Amparo. Los citados preceptos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia establece que el juicio de amparo es improcedente cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En principio, cabe hacer énfasis sobre la evolución del concepto de actos de "imposible reparación"; sobre el particular, el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación; de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores, a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) Cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia o laudo favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate, y: b) Cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto, en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo. También era cierto, que se consideró que tal criterio no era absoluto, pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también respecto de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad o incluso tratándose de la excepción de cosa juzgada), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación ésta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, durante un tiempo prolongado, un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia; así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone, como se ha dicho antes, lo siguiente: ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean "de imposible reparación, entendiéndose por ellos "los que afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política "de los Estados Unidos Mexicanos y en los "tratados internacionales de los que el Estado "Mexicano sea parte. De la literalidad del artículo antes trascrito, se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, y definió que son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, pues establece, como se ha dicho, una regla general de procedencia, tratándose sólo de violaciones a derechos sustantivos, con la clara exclusión de los de naturaleza procesal. Lo anterior, al proporcionarse mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal, se estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos, cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación" o de "afectación en grado predominante o superior", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, que estatuye: ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO. La "jurisprudencia integrada conforme a la ley "anterior continuará en vigor en lo que no se "oponga a la presente Ley. Bajo este contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no, materialmente, un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los tratados internacionales; asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico, ampliar la procedencia del amparo bi-instancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación "pro personae" para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado, que sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. Ahora, como ya se expuso, en la Ley de Amparo aplicable, se define con precisión lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, señalando que son aquéllos que "afecten materialmente derechos "sustantivos tutelados en la Constitución Política de "los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados "internacionales en los que el Estado Mexicano sea "parte." En efecto, el legislador estableció que un acto para ser calificado como irreparable, debe originar una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no solamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además, que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera de leyes adjetivas. En este orden de ideas, la afectación que pudiera ocasionar la resolución reclamada, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no causar un daño irreparable dentro de la causa de origen, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado previstos en la Constitución Federal. Además, no concurren circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión dependerá la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Esto es así, en virtud de que si bien el Juez de Control, revocó la determinación del no ejercicio de la acción penal, para el efecto de que se desahoguen diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, no es un acto de imposible reparación, toda vez que no le causa un perjuicio directo a los quejosos, pues es de orden público que se investigue y esclarezcan los hechos y, en su caso, sería el ejercicio de la acción penal, en caso de estimarse procedente, lo que cause perjuicio, pudiendo hacer valer sus medios de defensa ante la autoridad jurisdiccional. Apoya lo anterior, la tesis de la Décima Época, con número de registro: 2015983, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "REVOCACIÓN DEL ACUERDO QUE DETERMINA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y REAPERTURA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN ORDENADAS POR EL JUEZ DE CONTROL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON LAS FRACCIONES III, INCISO B) Y V, AMBAS DEL DIVERSO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA. Cuando el Juez de control determina revocar el acuerdo de no ejercicio de la acción penal ordenando la reapertura de la carpeta de investigación, con la finalidad de que el Ministerio Público practique las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, no se causa perjuicio al quejoso en su calidad de imputado, ya que no son actos que puedan causar un daño irreparable dentro de la carpeta de investigación, pues no se refieren a actos de imposible reparación que trasciendan la afectación a un derecho sustantivo, al ser meros actos intraprocesales que no afectan su esfera jurídica. En efecto, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto sólo procede contra actos intraprocesales, cuyos efectos sean de imposible reparación y que afecten materialmente un derecho sustantivo, entendidos éstos como los derechos humanos a que alude el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que comprenden tanto los reconocidos en la propia legislación federal como aquellos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, constituyendo -junto con sus garantías- un parámetro de control de regularidad constitucional. Consecuentemente, aun cuando en el caso se refieran a actos derivados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), mencionado, si no trasciende a una afectación material de derechos sustantivos, el juicio de amparo es improcedente, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Miguel Bargas Díaz quien se ostenta defensor particular de los directos quejosos Jorge Eduardo Navarrete Pérez, Carolina de San Martín Pérez Arce, Andrés Torre Lima, Jorge Luis Domínguez Menéndez, María Cristina Navarrete Pérez, Carolina Navarrete Pérez y Jorge Carlos Navarrete Narváez,, con fundamento en los artículos 107, fracción V, en sentido contrario, en relación con el 61, fracción XXIII y 113, de la Ley de Amparo. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de quien esto resuelve, existe la certeza de su existencia, pues no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegarse las partes. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de mérito, y como sus autorizados para tal fin en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pablo Enrique Hernández Herrera e Iván Toribio Medina Contreras, no así a Juan Carlos Lara Pérez, Emma Eugenia Magaña Vallejo y Miguel Ángel Mota Rivero, a quienes se les autoriza con las limitaciones que establece el citado numeral, lo anterior hasta que acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a Fabiola Bargas Ochoa, Mariela Paulina López Angulo, Grace Allison Castro Soto y Georgina Belem Cante Rodríguez, con las referidas limitaciones del citado numeral por así solicitarlo la parte promovente. Asimismo, y respecto a la solicitud de uso de medios electrónicos durante la consulta del expediente; de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para que haga uso de aparatos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, así como a sus autorizados. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.
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