Jorge Luis Gómez Villar Ruiz
Expediente 5/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Luis Gómez Villar Ruiz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 2508/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 7/2019 y número de orden 12/2019, por el que se encomendó notificar personalmente al quejoso Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, el contenido del proveído de cuatro de enero del año en curso. Acúsese el recibo correspondiente. Dése de baja el exhorto antes señalado en el libro de Comunicaciones Oficiales Enviadas. Por otra parte, vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 en relación con el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de dieciséis de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio 1899/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual acusa recibo del exhorto 7/2019, que le fue encomendado por este órgano jurisdiccional para notificar al quejoso Jorge Luis Gómez Villar Ruiz. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que en proveído de dieciséis de enero del año en curso, se tuvo al quejoso Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, dando cumplimiento al requerimiento que se le hizo en diverso acuerdo de cuatro de enero de la presente anualidad, el cual se ordenó notificar con el exhorto citado en el párrafo que antecede, ante tal circunstancia no es necesaria la diligenciación del exhorto encomendado; por consiguiente, solicítese a la autoridad exhortada, para que a la brevedad posible devuelva el exhorto encomendado, en el estado en que se encuentre, a efecto de estar en posibilidad de darlo de baja en el libro correspondiente. Por otra parte, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/047/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, signado por el Magistrado Fernando Silva García, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Juez Mario Alberto Gómez Rétiz; en consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, en atención a su contenido, en tiempo, se le tiene cumpliendo con la prevención formulada en auto de cuatro de enero del año en curso, bajo protesta de decir verdad, precisa que promueve la demanda por propio derecho, y que el acto reclamado, consiste en: 1. Se señala el juicio de amparo 516/2018 del Juzgado Sexto de Distrito, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, donde fue impuesta la multa. 2. Ahora bien, referente al punto 2, se señalan dichas autoridades por ser las encargadas de verificar el sistema SISE, ya que de esa omisión se desprende la multa en el juicio de amparo 516/2018. 3. Que promuevo por propio derecho, y como he manifestado, los actos reclamados como asesor jurídico en la causa penal 111/2017 y 364/2017, se ventila en diverso juicio de amparo (507/2018 dentro del juzgado Sexto de Distrito), mismos que no se reclaman en el presente juicio, puesto que solo se hizo referencia a ellos para dar a conocer la génesis de la multa impuesta dentro del expediente de amparo 516/2018, en relación a los juicios de amparo 507/2018 y 508/2018 del juzgado Sexto de Distrito con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. DATOS DE LA DEMANDA. Ahora bien, vista la demanda de garantías promovida por Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca; Secretaria encargada de certificar el juicio de amparo 516/2018, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca; y, Responsable del Módulo de Oficialía de partes del Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE), del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca, todos con residencia en esta ciudad de Salina Cruz. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el presente asunto, procede desechar de plano la demanda constitucional, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual debe ser examinado de oficio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 62 de la misma ley de la materia. En efecto, lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo "indudable", resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 194725, cuyo rubro y texto expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En el caso, el quejoso Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, reclama la multa que le impuso el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo 516/2018, equivalente a cien unidades de medidas y actualización vigente, relatando para ello, los motivos que dieron origen a la imposición de la misma. Respecto de los actos reclamados, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción IX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." De lo transcrito se obtiene, en lo que interesa, que el juicio constitucional es improcedente cuando la acción que se plantea en una demanda, hubiese sido emitida o se derive del trámite de un juicio de amparo o determinaciones que constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata; es así, en virtud de que tales cuestiones forman parte del trámite de un juicio de amparo, o bien de su ejecución, en el cual el gobernado acudió en busca de la protección de la justicia Federal a través del sumario como un medio de control constitucional de legalidad y derechos humanos, de modo tal, que las determinaciones que se emitan en dicho procedimiento no pueden ser combatidas a través de otra instancia constitucional de igual naturaleza. En otras palabras, el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, inclusive, las omisiones en que pudiera incurrir la autoridad que conozca del mismo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio constitucional, ya que se desnaturalizaría la finalidad del juicio de amparo, pues de permitirse tal eventualidad, implicaría el nacimiento de una serie de juicios contra actos o abstenciones originados en otros juicios de control constitucional, pudiendo llegarse al extremo de perder incluso el sentido protector de legalidad y tutela de derechos constitucionales y humanos que previó el legislador a través del sumario constitucional, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Lo anterior encuentra sustento en la tesis número II.2º.C.48 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la página mil doscientos treinta y cinco, Tomo XI, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y nueve, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193061, que establece: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". Lo anterior, no significa que las resoluciones que se dicten en un sumario constitucional o en ejecución del fallo, sean inatacables, definitivas y firmes, pues en contra de ellas las partes intervinientes en el juicio tienen a su favor la promoción y substanciación de uno de los recursos que prevé la propia Ley de Amparo, contemplados substancialmente en sus artículos 66 y 67, 86 a 89, 97 a 103, 104, 192, 199, 200, 202, 204 y 205 (incidentes de nulidad de notificaciones, revisión, queja, reclamación, incidente de inejecución, repetición del acto reclamado, inconformidad e incidencias de cumplimiento sustituto), de tal modo que a través de dichos recursos puede controvertirse o impugnarse una resolución que emana de un juicio de amparo o un acto en ejecución de esas resoluciones, con lo que el legislador evitó así la presencia de una cadena interminable de juicios de amparo, que daría lugar a la incertidumbre jurisdiccional. Lo anterior es así, dado que de aceptar que es dable promover demanda de amparo contra actos u omisiones emanados de otro juicio de amparo, se desnaturalizaría el instrumento de control, pues se permitiría a un órgano de control constitucional analizar los actos de otro de la misma naturaleza, cuando se actúa en ejercicio de esa facultad. Sobre todo, si se considera que la improcedencia que se analiza se explica por la necesidad de proteger la estabilidad y seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo, actos u omisiones derivados de un juicio constitucional, pues la cadena de juicios que en tal supuesto pudieran originarse sería inevitable y se ejercería, un control constitucional sobre otro control constitucional. Se cita como apoyo, la tesis IV.1o.7 K, del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 196832, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En esas condiciones, como los actos reclamados se emitieron en un juicio de amparo, es evidente que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de garantías, promovida por Jorge Luis Gómez Villar Ruiz. Finalmente, como lo solicita el quejoso y en atención a la certificación secretarial, se autoriza al usuario jorgelgovirux, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, para consultar vía internet el expediente electrónico del juicio en que se actúa; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al promovente. I-B
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio 49713/2018, signado por la Secretaria de acuerdos del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 1287/2018, formado con motivo de la demanda de amparo promovido por Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, en cumplimiento al acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, que declina competencia a favor de este órgano jurisdiccional, por las razones expuestas en dicho acuerdo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, admite la competencia declinada a su favor y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad declinante, para los efectos legales procedentes. Acúsese el recibo correspondiente vía interconexión. DATOS DE LA DEMANDA. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Jorge Luis Gómez Villar Ruiz, contra actos del Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca; Secretaria encargada de certificar el juicio de amparo 516/2018, del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Oaxaca y Responsable del Módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, que hace consistir en: PRIMERO. La omisión por parte de la responsable 2 y 3 de verificar que el expediente de amparo 507/2018 y 508/2018 están fechados a la misma hora y día de su presentación, siendo por ende un error del sistema electrónico al momento de registrar la promoción inicial. SEGUNDO. La omisión del responsable del módulo de oficialía de partes y Secretaria del juzgado de verificar si el S.I.S.E. presentó fallas relacionadas con las promociones interpuestas, ya que el acuse que me fue generado a las 10:50 am de fecha 10 de diciembre de 2018 resultó fallido y registró además dos promociones. TERCERO. La imposición por parte del Juez Sexto de Distrito de una multa por considerar a este quejoso que tiene la finalidad de entorpecer la prosecución del procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, bajo el supuesto de promover juicio de amparo de manera reiterada, lo cual deviene en un prejuzgamiento del juzgador en mi perjuicio. Fórmese expediente en los términos del artículo 3° de la ley de la materia; regístrese con el número 05/2019, que le correspondió. A fin de proveer lo que conforme a derecho proceda respecto de su admisión o no, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el 108, fracción IV, y 110, primer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, y bajo protesta de decir verdad, con el número de copias suficientes, una para cada una de las autoridades que señala como responsables, una más para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, una para cada una de los terceros interesados, si los hubiere, y dos para integrar el incidente de suspensión relativo, aclare su demanda en los siguientes términos: PRIMERO. A efecto de establecer la Litis constitucional y en virtud de que los actos reclamados resultan ambiguos, precise el número de la causa penal en la que el juez responsable le impuso una multa, pues en este aspecto fue omiso. SEGUNDO. Así también, indique por qué las omisiones que le atribuye a las autoridades responsables en los puntos primero y segundo de los antecedentes de los actos reclamados, guardan relación con la multa que se le impuso; lo anterior a efecto de acordar lo que en derecho procede. TERCERO. Bajo protesta de decir verdad indique si la demanda de amparo la promueve por propio derecho o como asesor jurídico de la víctima directa Angélica Cruz Mendoza, dentro de las causas penales 111/2017 y 364/2017, del índice del Juzgado de Control en Materia Penal en Puerto Escondido, Oaxaca, pues en los antecedentes de los actos reclamados refiere expresamente que es asesor jurídico de dicha víctima. El citado requerimiento se le formula en términos de lo dispuesto por el artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que en la demanda de amparo, el quejoso expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame, cuya finalidad esencial radica en fijar la litis constitucional, y que las autoridades se encuentren en aptitud de rendir el informe justificado que se les solicite, en relación al acto que se les reclame; asimismo, acompañen las constancias que tengan relación con el mismo. Se apercibe al quejoso que de no cumplir con el requerimiento que en este auto se le formula, de no informar lo conducente, de contestar con evasivas, o de no exhibir las copias requeridas de su escrito aclaratorio, dentro del plazo que se le ha concedido, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como autorizados para oír y recibir notificaciones, así como para exhibir, recibir y recoger toda clase de documentos a las personas que cita. Por otra parte, la anterior determinación hágase del conocimiento del quejoso JORGE LUIS GÓMEZ VILLAR RUIZ, quien señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Independencia 1704, Colonia Postal, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, con número de telefonía celular 9541298924; en consecuencia, con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, y en el numeral 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar a quien corresponda le notifique personalmente el presente auto al aludido quejoso, en el domicilio antes indicado, mismo que se deberá anexar en copia certificada; y lo requiera para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la fecha en que quede notificado de este acuerdo, señale domicilio en esta ciudad de Salina Cruz, Oaxaca, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no señalar domicilio, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente al quejoso vía exhorto. I-B
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