Jorge Jiménez Cruz
Expediente 656/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 656/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Jiménez Cruz
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que Jorge Jiménez Cruz, no interpuso recurso de queja, contra el auto de veintisiete de diciembre del año pasado, en el que se desechó la demanda de amparo, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como con el estado procesal de los presentes autos, se advierte que***, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de quince de diciembre del año en curso, notificado por lista el dieciséis de ese mismo mes y año, habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto, sin que haya dado cumplimiento; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, se procede a proveer la demanda por la autoridad que señaló en el apartado denominado como tal. DESECHAMIENTO Ahora bien, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: "II.-LA OMISIÓN DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO, y el cual desde luego fue omiso por parte del actuario ya que en el escrito inicial de demanda de fecha doce de diciembre del dos mil diecinueve firma y sello que obra en el mismo de la oficialía de partes." PROCEDENCIA Con base en lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que el órgano jurisdiccional examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por lo que, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, por analogía la jurisprudencia I.1º.A.J./4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, el juzgador de amparo está facultado para invocar como hechos notorios las actuaciones en los expedientes que se tramitan en el órgano jurisdiccional de su adscripción, conforme lo dispone el artículo 88 Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que para invocar como un hecho notorio dictado por el propio órgano jurisdiccional, o bien por uno distinto, deban agregarse copias certificadas de las constancias relativas, ya que bastará que al momento de invocar esa figura, se tengan a la vista aquéllas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 2018, Materia Común, del rubro y texto literal siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE) Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Así como la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." En relación con ello, el artículo 62 de la legislación de la materia, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. El precepto transcrito faculta al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia referente a que la demanda de amparo fue presentada en forma extemporánea en atención a los motivos que se exponen: Los artículos 61 fracción XIV, 17 y 18, de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo señalado en primer lugar establece que el término para interposición del juicio de amparo es de quince días. Luego, como puede advertirse, del texto del precepto legal señalado en segundo término el plazo para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De la interpretación del artículo 18 de la ley de la materia, se advierte que se hacen las tres distinciones precisadas para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el legislador distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al que el quejoso se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.115/2010 del Pleno, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, Enero de 2011, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. Contradicción de tesis 57/2008-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 22 de junio de 2010. Mayoría de siete votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Encargada del engrose: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala. El Tribunal Pleno, el treinta de noviembre en curso, aprobó, con el número 115/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta de noviembre de dos mil diez." Esto es, tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto del acto reclamado, no deben aplicarse invariablemente para empezar a contar a partir del día siguiente, cualquiera de las tres hipótesis, pues de lo contrario, si el legislador no hubiera querido hacer tal distinción, habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición del quejoso respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que el agraviado se haga sabedor del acto reprochado, por lo que el problema se presenta cuando la notificación del acto reclamado al quejoso o el conocimiento que éste tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que el tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que el propio conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, pues al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En tal virtud, no cabe duda que cuando el citado artículo 18 de la Ley de Amparo, se refiere al conocimiento o a la fecha en que se ostente sabedor del acto reclamado, desde luego que tiene que ver con los medios de comunicación en los procedimientos para dar a conocer un acto. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 30/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Luego, si en el particular ****, reclama la omisión de emplazamiento a juicio, y el cual desde luego fue omiso por parte del actuario ya que en el escrito inicial de demanda de fecha doce de diciembre del dos mil diecinueve firma y sello que obra en el mismo de la oficialía de partes, del que tuvo conocimiento, el diez de diciembre de dos mil veinte, en virtud que se desprende del diverso juicio de amparo 442/2020 del índice de este Juzgado, que en esa data presentó en el buzón judicial de la oficialía de partes de los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, el escrito inicial de demanda en el que señala como acto reclamado de igual forma en antes señalado, lo cual dio origen al precitado sumario constitucional; asimismo, que una vez turnada y por razón de dicha circunstancia le correspondió conocer a este juzgado, el que por auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, fue radicada, previniendo al justiciable para los efectos ahí señalados; sin que realizará manifestación alguna; por tanto, es inconcuso que el promovente del amparo consintió tácitamente el acto reclamado al haber presentado extemporáneamente el juicio de control constitucional, es decir, fuera del plazo de quince días que al efecto prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues desde ese momento, la parte quejosa ya tenía conocimiento del mismo. En efecto, en el caso de que se trata, el término de quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo, para tenerla como oportunamente recibida, debe computarse a partir del día siguiente en que la parte quejosa haya tenido conocimiento, esto es al día siguiente del diez de diciembre de dos mil veinte. En tales condiciones, sí la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado el diez de diciembre de dos mil veinte, fecha de la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo 442/2020, del índice de este Juzgado; por tanto, resulta inconcuso que fue a partir del día siguiente hábil que comenzó a computarse el plazo de quince días que se tiene para la promoción del juicio de amparo, es decir, del once de diciembre veinte al quince de enero de dos mil veintiuno, en razón de dicho plazo, se vio interrumpido por la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal a partir del veintiuno de diciembre del año pasado y hasta el once de enero de esta anualidad, con motivo de la entrada en vigor de la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, y SECNO/1/2021, de ocho de enero del actual, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal que aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual se adoptaron las medidas de ampliación de los plazos previstas en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la aludida contingencia. Ahora, si el juicio constitucional en que se actúa, se presentó hasta el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, según se acredita con el sello que aparece visible en la primera hoja de la aludida demanda, es claro que el escrito inicial se presentó fuera del plazo que prevé el numeral 17 de la ley de la materia vigente y, por tanto, el juicio de amparo es improcedente por extemporáneo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado a la autoridad que señaló como responsable, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo cobra aplicación a lo anterior, la tesis que aparece publicada en la página 235, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XXI.2°.P.A.J/32 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Enero 2010, Página: 1931, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Así como, en lo conducente la Jurisprudencia P./J. 27/96 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996, Página: 5, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA presentada por Jorge Jiménez Cruz, por notoriamente improcedente. Notifíquese por lista a la parte quejosa como está ordenado por auto de quince de diciembre de esta anualidad. .
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Actuario de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente: ********** ANOTACIONES Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese con el número 656/2021, que le correspondió. PREVENCIÓN Ahora, previo a acordar lo procedente, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114 de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. [.] De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del numeral 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de amparo contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. Sobre ese contexto, a fin de acordar lo procedente, con fundamento en los normativos 108, fracciones III, así como 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: a) Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable ordenadora a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, y el acto que en su caso le atribuye. Lo anterior, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda se desprende que el quejoso refiere que el Actuario de la citada Junta Especial ha sido omiso en emplazar al demandado José Luis Fernández Prieto; sin embargo, cabe precisar que el fedatario judicial no actúa de manera autónoma, sino que lo hace en función de un mandato dictado por una autoridad ordenadora, como en el caso lo es la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca, la cual no fue señalada como responsable, pese a tener injerencia en el acto reclamado. *********En consecuencia, deviene indispensable que manifieste de manera clara y concreta si es su deseo señalar como autoridad responsable ordenadora a la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Santa María Huatulco, Oaxaca; esto, para un mejor proveer y, a efecto de no dejar en estado de indefensión al aquí quejoso. b) En virtud de que el motivo de prevención se considera como irregularidad de la demanda de amparo, deberá exhibir copias suficientes del escrito de demanda y con ocurso aclaratorio a efecto de correr traslado a las partes (autoridades responsables, tercero interesado, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito). *********** APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente, que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido en el plazo señalado, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se admitirá la demanda únicamente por lo que respecta a la autoridad señalada como responsable en su escrito inicial de demanda. Cabe destacar que el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el quejoso, no así por alguna persona que autorice en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, se advierte al ocursante que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: [.] Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] Por otra parte, sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente para su práctica en la dirección electrónica que menciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, lo cierto es que en la especie de la consulta realizada al "Reporte de autorizados para consultar expediente electrónico" visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dicho correo no está asignado a usuario alguno, siendo obligación de las partes gestionarlo de manera expresa y proporcionar el usuario que asignaron al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo previsto en los numerales 35 en relación con el 55 del Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, no ha lugar a proveer de conformidad la solicitud del promovente de tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. ******** DOMICILIO Por otra parte, el promovente señaló como domicilio los estrados del Juzgado, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena practicar la notificación de este acuerdo y los subsecuentes, aún los de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado. En el entendido que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el precepto 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.
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